La tramitación de ley de pesca sostenible para la gestión de cuotas será la prioridad del Gobierno central, en 2022. Por ello, el Gobierno impulsará en 2022 la futura ley de pesca sostenible e investigación pesquera que, entre otras cosas, pretende mejorar la gestión de las cuotas logradas por España, afirma en unas declaraciones a Efeagro el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El ministro precisa que el Consejo de Ministros analizará en las próximas semanas y en segunda vuelta el proyecto de ley con vistas a “sustentar todos los elementos relativos a la pesca sostenible, como hoy en día se practica en la Unión Europea (UE) y en los buques de la UE en el mundo”.
Asegura que, con la iniciativa legislativa, se busca lograr “una mejor gestión de las cuotas obtenidas por España en las negociaciones pesqueras para mejorar su aprovechamiento por parte del sector y reforzar la investigación pesquera”.
El principio de sostenibilidad se incorporará de manera transversal, abarcando la conservación de los recursos pesqueros, la cohesión social y el empleo en las zonas costeras, y la actividad económica.
Respuesta a retos medioambientales
Además de dar respuesta a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, la nueva ley apostará por la modernización, la transparencia y la seguridad jurídica del sector pesquero.
Actualmente, tres buques de investigación y uno de formación dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que desarrolla esas actividades junto con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Planas afirma que, a lo largo del año, presentará los borradores de otros dos proyectos que complementarán la legislación en sustitución de la ley de pesca marítima de 2002 con el objetivo de completar así su puesta al día.
Con una flota de unos 8.800 buques pesqueros, 900.000 toneladas anuales de pesca extractiva, 300.000 toneladas de acuicultura y 800.000 toneladas de conservas de pescado, el sector sigue siendo “estratégico” para España, según el ministro del ramo.
El desarrollo de la pesca sostenible implica el cumplimiento de reglas relativas al rendimiento máximo sostenible, lo que supone vincular la actividad pesquera con la conservación de los “stocks” biológicos de las especies, la prohibición de los descartes de las capturas a bordo o la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Negociaciones complejas
Planas reconoce que en 2021 han llevado a cabo negociaciones “muy complejas” en el terreno pesquero, afectadas directamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En las que se refieren a las aguas del Atlántico Noreste y el mar del Norte, apunta que España ha conseguido derechos de acceso a aguas “muy importantes”, si bien se ha visto perjudicada por las negociaciones relacionadas con los “stocks biológicos”.
Entre otras medidas, el último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea de diciembre aprobó una reducción de capturas de merluza ibérica del 8 %, entre otros recortes en el Atlántico, y una rebaja adicional de días en el mar del 6 % para los buques del Mediterráneo.
Además, el pacto alcanzado entre la UE y el Reino Unido sobre la pesca en caladeros compartidos recorta la merluza en aguas del norte (Gran Sol) para España, frente a las subidas para el gallo y el rape.
Planas subraya que la disminución final de la merluza sur en aguas comunitarias fue “muy inferior a la inicialmente propuesta” y hubo un incremento significativo del jurel, dentro de un proceso “muy complicado para una flota potente como la española, con grandes posibilidades de captura”.
España se opuso a recortar todavía más los días de pesca en el Mediterráneo, tras haber propuesto el uso de medidas técnicas que pudieran ser equivalentes a los días de actividad, que ya habían sido reducidos en un 17,5 % en la suma de los dos primeros años, apunta Planas.
En su opinión, la medida finalmente adoptada en el Consejo de la UE no se corresponde con la “sostenibilidad” ni tiene en cuenta los aspectos económicos y sociales, además de los relativos a los “stocks”.
“Hemos pedido a la Comisión Europea que el próximo junio, cuando se cumplen dos años y medio de los cinco de vigencia del reglamento, se efectúe una evaluación de fondo para ver qué consecuencias han tenido las medidas ya adoptadas desde el punto de vista de los ‘stocks’ biológicos”, añade.
La pesca es “un sector con muchas perspectivas de futuro, pero con dificultades vinculadas al nivel y el volumen de su actividad”, recalca el ministro.
Por otra parte, el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), publicado en julio pasado por la UE, seguirá siendo el principal instrumento de apoyo para afrontar retos como el relevo generacional y la mejora de las condiciones de los barcos, e incluye ayudas para la eficiencia energética y el cambio de motores, según el MAPA.
España es el principal perceptor de estos fondos, con una asignación de 1.120 millones de euros, el 21 % del total de la Unión Europea para el periodo 2021-2027
