El sector denuncia una “situación de quebranto inminente”, critica haber quedado fuera de las rebajas fiscales a otras economías regionales y advierte de cierres de plantas y miles de empleos en riesgo si no se eliminan las retenciones a los productos pesqueros.
La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la industria pesquera argentina ha escalado en los últimos meses. Cámaras empresariales, plantas procesadoras y armadores de todo el litoral marítimo coinciden en una misma exigencia: la eliminación de los derechos de exportación —las conocidas retenciones— que gravan los productos del mar y que, según el sector, están empujando a la actividad “al borde del quebranto”.
Mientras el Ejecutivo ha anunciado rebajas o eliminación de retenciones para distintas economías regionales y productos agropecuarios, la pesca ha quedado fuera de ese alivio fiscal, lo que ha generado malestar y un duro frente de presión política y empresarial. Medios argentinos y europeos se hacen eco de la inquietud del sector, que reclama un trato similar al concedido a otros complejos exportadores.
Un impuesto pequeño para el Estado, enorme para las empresas
Según datos de la propia industria, los derechos de exportación que paga la pesca suponen, en promedio, unos 120 millones de dólares anuales para el fisco, sobre un volumen de exportaciones que ronda los 2.000 millones de dólares en un año bueno de capturas y precios internacionales.
Los productos pesqueros tributan entre un 3 % y un 9 % de retenciones, en función del grado de elaboración: no se grava igual un langostino entero congelado a bordo que un filet de merluza procesado en planta. Cuanto más valor añadido incorpora el producto, mayor es la alícuota, una estructura que los empresarios juzgan “regresiva” porque penaliza el empleo y el procesamiento en tierra, justamente la parte de la cadena que más trabajo genera en puertos como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson o Comodoro Rivadavia.
A las retenciones se suma además el Derecho Único de Extracción (DUE), una tasa que cobra el Estado por cada tonelada capturada y que el Consejo Federal Pesquero incrementó de forma significativa a finales de 2024. La combinación de ambos tributos, en un contexto de caída de precios internacionales y costos internos disparados, ha encendido todas las alarmas en el sector.
“Situación límite” y riesgo de cierre de plantas
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) emitieron un duro pronunciamiento en enero, en el que expresaban su “sorpresa y profunda preocupación” por haber sido excluidas del régimen de reducción de retenciones y advertían que la actividad se encuentra “en una situación límite, al borde del quebranto”.
Las cámaras recuerdan que la pesca es la principal economía regional de varias provincias del litoral marítimo —Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y el octavo complejo exportador del país, con especies como langostino, calamar y merluza que concentran el 80 % de las ventas al exterior.
En medios locales de Mar del Plata, empresarios han llegado a hablar de plantas “al borde del colapso” y líneas de producción paradas, en parte por conflictos laborales, pero también por la pérdida de competitividad derivada de la carga tributaria y de un tipo de cambio que no acompaña. Desde la industria se advierte que la continuidad de miles de empleos directos e indirectos —en plantas, astilleros, logística e insumos— está en juego si no se alivia rápidamente la presión fiscal.
El reclamo salta al terreno político
El descontento empresarial encontró eco en el Congreso. El senador nacional Maximiliano Abad (UCR, provincia de Buenos Aires) reclamó públicamente la eliminación total de las retenciones a la pesca, calificando la medida como “clave” para reactivar una industria que, según subrayó, atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia”.
Abad recordó que varias plantas de Mar del Plata tienen sus líneas de producción prácticamente detenidas y sostuvo que mantener el esquema actual de retenciones “agrava un escenario ya crítico” de caída de precios internacionales y aumento de costos internos. “El sector pesquero necesita crecer, exportar y generar trabajo. Y para eso, eliminar las retenciones es un paso imprescindible”, declaró el senador tras recorrer una planta procesadora.
El Gobierno, entre la urgencia fiscal y la presión sectorial
En paralelo, el Gobierno ha dejado trascender que estudia alguna forma de reducción de retenciones para la pesca, aunque sin definiciones concretas ni plazos. Fuentes del sector señalan que Economía maneja con cautela cualquier baja de impuestos que suponga resignar recaudación en un contexto de fuerte ajuste fiscal, pero admiten que el debate está abierto.
Las empresas rechazan que la discusión se reduzca a un mero cálculo de ingresos tributarios. Sostienen que la recaudación por retenciones “no supera los 120 millones de dólares”, una cifra que, aseguran, “es insignificante” si se la compara con el riesgo de perder divisas por menor nivel de exportaciones y, sobre todo, con el impacto social de un eventual cierre masivo de plantas en ciudades altamente dependientes de la actividad pesquera.
Eco internacional: la mirada desde Galicia
La inquietud de la pesca argentina no pasa desapercibida fuera del país. Medios como La Voz de Galicia han recogido el malestar del sector por haber quedado fuera de las rebajas de derechos de exportación concedidas a otros rubros, subrayando que la situación genera preocupación también en Galicia, región estrechamente vinculada a la flota y a la industria pesquera argentina a través de inversiones y acuerdos empresariales.
El seguimiento desde la prensa gallega refleja hasta qué punto la crisis de la pesca argentina trasciende lo local: afecta a cadenas de valor transnacionales, desde marineros y estibadores en puertos patagónicos hasta empresas mixtas y comercializadoras en Europa.
Una pulseada abierta
Por ahora, la pulseada entre el Gobierno y las firmas pesqueras sigue abierta. El sector reclama la eliminación total de las retenciones y una revisión del DUE; el Ejecutivo, con la mira puesta en el equilibrio fiscal, evalúa alternativas sin comprometer la caja.
En el medio, miles de trabajadores, ciudades portuarias enteras y una de las principales economías regionales del país observan con preocupación cómo se define el futuro de un impuesto que, para el Estado, representa una porción relativamente pequeña de su recaudación, pero para la pesca puede ser la línea que separa la supervivencia del cierre definitivo.
