La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para incluir a la anguila europea (Anguilla anguilla) —y, por extensión, su alevín la angula— en la categoría de “En peligro de extinción” dentro del marco estatal de protección no ha salido adelante. El Comité de Flora y Fauna, que reúne a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, no ha alcanzado la mayoría necesaria para activar un blindaje que habría supuesto, en la práctica, cerrar la puerta a la pesca y a la comercialización salvo excepciones regladas.
El resultado deja una fotografía política conocida —es el tercer intento fallido, tras los precedentes de 2020 y 2024— pero abre, a la vez, un nuevo carril: la reunión ha acordado crear un grupo de trabajo para elaborar un plan estratégico que aborde causas, planes de gestión existentes y posibles medidas adicionales de conservación, incorporando también la dimensión socioeconómica.
La inclusión en “En peligro de extinción” en el paraguas estatal (LESRPE/Catálogo) es una decisión de alto voltaje: eleva el listón de protección y, con ello, estrecha al máximo el margen para capturas, comercio y consumo. El MITECO venía defendiendo que la medida era proporcional al estado de la especie y a su declive —respaldado por la actualización del Comité Científico que mantiene la recomendación de catalogación—, y recordaba que la anguila se captura en aguas interiores y continentales, donde las competencias autonómicas son determinantes para que la decisión prospere.
Las comunidades costeras con actividad angulera y gestión en marcha han defendido, en cambio, que una prohibición nacional “de golpe” puede resultar injusta para territorios con control y, además, insuficiente si no se acompaña de una acción coordinada a escala internacional y de medidas estructurales (conectividad fluvial, calidad del agua, barreras). Esa tesis —con matices— ha pesado lo suficiente como para bloquear la mayoría.
Un mapa de posiciones: el “no” explícito y la abstención condicionada
Según la información difundida tras la reunión, varias autonomías manifestaron oposición explícita —entre ellas, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares—, mientras que otras optaron por no apoyar la propuesta y vincular cualquier avance al trabajo técnico posterior.
En paralelo, el debate ha dejado un dato que subraya la complejidad territorial: Andalucía mantiene desde hace años una prohibición autonómica de pesca de anguila, con soporte normativo propio, mientras que en otras comunidades el esfuerzo se concentra en planes de gestión, cupos, días, control y trazabilidad.
La ciencia aprieta: ICES insiste en “capturas cero”
Fuera del tablero político interno, el diagnóstico científico europeo continúa endureciéndose. El ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) repite el consejo de “cero capturas” para todos los estadios vitales y hábitats, y lo proyecta también para 2026 bajo un enfoque precautorio.
A este marco se suma la arquitectura normativa comunitaria: el Reglamento (CE) 1100/2007 obliga a planes de gestión con el objetivo de alcanzar, a largo plazo, una “escapada” mínima hacia el mar de al menos el 40% de la biomasa respecto a un escenario sin influencia humana. Y, en el plano de las posibilidades de pesca, el Reglamento (UE) 2026/249 mantiene y contextualiza medidas restrictivas sobre la anguila en aguas marinas y salobres del Atlántico nororiental, incluyendo referencias a vedas ampliadas en la UE.
Un pez, una sola población: la “trampa” del ciclo del Sargazo
La anguila europea es el ejemplo perfecto de especie que desborda fronteras administrativas. Se reproduce en el mar de los Sargazos y sus juveniles colonizan ríos y estuarios europeos y norteafricanos, con un ciclo vital complejo y sensible a múltiples presiones: barreras fluviales, turbinas, contaminación, parásitos, pérdida de hábitat, pesca legal e ilegal y comercio internacional. En la Lista Roja de la UICN, la especie figura como “En Peligro Crítico” desde hace años, un sello que ha acabado convertiéndose en argumento compartido incluso entre quienes discrepan sobre el “cómo” de la respuesta.
Ese es, precisamente, el nudo del desacuerdo: la urgencia es ampliamente reconocida, pero no hay consenso sobre si el instrumento más eficaz es el blindaje nacional inmediato o una batería de medidas más amplia —y sincronizada— que actúe sobre las mortalidades no pesqueras y la conectividad de cuenca a cuenca.
En la antesala del Comité, APROANG y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) impulsaron un manifiesto reclamando una gestión integral: sostienen que la pesca profesional ya opera bajo un marco de control estricto en varios territorios y piden que cualquier decisión se base en datos científicos, experiencia territorial y una evaluación completa de causas y efectos, incluyendo impacto social y económico.
En términos de mensaje, la patronal angulera intenta ocupar un espacio intermedio: reconoce el problema de conservación, pero rechaza que la solución se limite a prohibir la actividad regulada sin atacar, al mismo tiempo, los factores estructurales que siguen penalizando la recuperación.
En el otro lado, organizaciones como WWF han respaldado públicamente el intento del MITECO de elevar la protección y han pedido medidas urgentes. Desde su óptica, la ausencia de mayoría en el Comité no cambia el hecho de que el estado de la especie requiere decisiones contundentes y coherentes con el consejo científico.
¿Y ahora qué? Un grupo de trabajo con reloj
La creación del grupo de trabajo pactado hoy traslada la discusión a un terreno más técnico, con tres tareas que, si se toman en serio, pueden marcar diferencia:
- Revisar resultados reales de los planes de gestión (qué ha funcionado y qué no).
- Jerarquizar causas del declive con evidencia y métricas (mortalidad por barreras, calidad del agua, presión pesquera, furtivismo, etc.).
- Alinear escalas: medidas nacionales/autonómicas que encajen con la gobernanza europea (ICES, reglamentos y vedas) y con la dimensión internacional del ciclo biológico.
La pregunta de fondo es si ese grupo de trabajo servirá para construir una hoja de ruta con medidas verificables —y plazos— o si será, simplemente, una manera de aplazar una decisión políticamente incómoda. Por ahora, el desenlace deja una certeza: la anguila seguirá siendo un campo de batalla donde ciencia, territorio, mercado y cultura gastronómica chocan… y donde la gestión “en solitario” tiene cada vez menos recorrido.
