La Xunta lamenta la situación de parálisis en la que deja el Gobierno central a Galicia con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral gallega.
En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento sobre la decisión estatal de recurrir la norma, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, censuró la actitud del Ejecutivo central desde el inicio de la tramitación de esta ley, incidiendo en las diferencias de trato demostradas con respecto a otras comunidades y que, en su opinión, Galicia “no merece”.
En la misma línea, la vicepresidenta explicó que el recurso supondrá “un grave perjuicio” para las actividades que se desarrollan en la costa gallega y, por consiguiente, para los municipios litorales, las asociaciones y las empresas vinculadas a la misma.
A modo de ejemplo, se refirió al hecho de que, una vez recurrida la norma, quedan paralizadas todas las solicitudes recibidas desde su aprobación por parte de ayuntamientos que quieren poner en marcha servicios en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
Ante este nuevo revés, la Xunta viene de iniciar una ronda de contactos con los principales sectores perjudicados, tanto públicos cómo privados, para conocer su opinión y analizar las consecuencias del recurso, que, segundo explicó, impide en la práctica desarrollar servicios básicos en los núcleos del litoral y frena nuevos proyectos por parte de la cadena mar-industria.
De hecho, la vicepresidenta aseguró que este sector, clave para Galicia, es uno de los más afectados por la decisión estatal de recurrir la ley ya que, recordó, “desde 2018 no se dio ninguna nueva concesión” en la Comunidad y el único que concedió el Gobierno central en estos últimos años “fueron prórrogas debidas” de instalaciones ya localizadas en DPMT anteriores a 1988 y que, por lo tanto, “no quedaba otra más que otorgarlas”.
Por todo el expuesto, Ángeles Vázquez contrapuso la forma de entender el litoral que aplica el Estado en todo el país, abogando por eliminar cualquier “vestigio humano” de la franja costera, con la gestión integrada que quiere hacer la Xunta y que inspiró precisamente la Ley del litoral gallega, una norma, recordó, avalada por la experiencia “” de los juristas del Observatorio del litoral que colaboraron en la redacción, por el informe del Consello Consultivo y por las competencias exclusivas que le atribuye a Galicia el Estatuto.
