El Observatorio de Eólica Marina, integrado por distintos departamentos del Gobierno gallego, junto al sector pesquero y la industria, parece tener acordada una de las principales alegaciones que presentará al Real Decreto que regula la eólica marina. El acuerdo está en que esa regulación lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica pondera poco los beneficios sociales a la hora de adjudicar espacios de explotación, un criterio dispar sobre la Ley de Recursos Naturales de Galicia que está en tramitación. La regulación estatal limita al 30% la valoración de criterios no económicos.
La conselleira de Economía en funciones, María Jesús Lorenzana, afirmó que la postura del Observatorio es clara a favor del «apoyo al desarrollo de la energía eólica marina siempre garantizando su compatibilidad con los recursos pesqueros, el medio marino y el medio ambiente, e incidiendo en la repercusión de los beneficios sociales y económicos que se tienen que quedar en Galicia».
Lorenzana también ha avanzado la intención de la Xunta de promover una declaración desde el Observatorio para solicitar el Gobierno que apoye el proyecto de la plataforma experimental de Punta Langosteria. «Es esencial, porque va a permitir experimentar sobre la convivencia y la afección que puedan tener los elementos e infraestructuras de la eólica marina flotante en el sector pesquero y las nuevas tecnologías», ha explicado.
