La vista oral al recurso que 16 casas armadoras de palangreros de fondo y la organización de productores pesqueros en la que se agrupan (OPP 7 Burela) habían presentado, junto con el Reino de España, contra la Comisión Europea por las 87 vedas que impuso en los cantiles del Atlántico Noriental se tratará el 10 de julio. A partir de ahora el Tribunal General de Justicia de la UE (TGUE), sin que para ello tenga un plazo fijado, tendrá que pronunciarse
Las empresas afectadas —de Burela, pero también de Cariño, Viveiro, Cervo, Tapia de Casariego y Gozón— y sus representantes solicitan al tribunal que anule el artículo 2 y el anexo II del reglamento de ejecución que la UE dictó en septiembre del año pasado que relacionan las zonas «en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan». Asimismo, reclaman que se declare la invalidez de los apartados 6 y 9 del artículo 9 del reglamento 2016/2336, que fija condiciones para la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico nororiental, y que otorga a la Comisión competencias para cerrar áreas a la pesca de fondo. Y, por supuesto, que se condene a costas a la Comisión.
Para demandar al Ejecutivo comunitario, los armadores se aferran a principios generales del Derecho europeo, en concreto el de no discriminación y el de proporcionalidad. Porque trata de forma idéntica artes que son distintas —arrastre y pincho— y porque ha marcado cuadrículas vedadas rebasando los límites de lo que sería adecuado y necesario para alcanzar los objetivos de la política pesquera común. Es decir, que no le ha temblado la mano en dibujar cuadrículas de 25 kilómetros cuadrados sin determinar cuánta superficie ocupan los ecosistemas marinos vulnerables.
López tiene constancia de que la demanda ya se ha comunicado a la Comisión Europea que, sospecha, estará elaborando las alegaciones, mientras la Xunta se prepara para sumarse al recurso.
