El sector pesquero y acuícola, encuadrado en Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). ha elaborado una serie de peticiones en las que pide al ejecutivo comunitario el valor que quiere dar a su sector primario y a la soberanía alimentario. Reforzará sus peticiones ante el Gobierno español porque como país líder pesquero de la
Unión Europea debe hacer valer y defender los intereses de su sector primario, sentirse
orgulloso de él y no frustrar a las nuevas generaciones de profesionales su acceso a una
actividad con un alto componente de tradición familiar
El sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación spañol, que ya expresó su solidaridad con agricultores y ganaderos desde el inicio de sus movilizaciones, manifiesta mantener este apoyo de manera “inquebrantable” y deja en manos de las asociaciones y agrupaciones que integran los distintos órganos representativos del sector, la capacidad de acometer acciones apelando a la responsabilidad y a la no vulneración de los derechos de los ciudadanos. El sector, que ha mantenido intensas reuniones durante las últimas 48 horas, ha tomado esta decisión teniendo en cuenta la diversidad de pesquerías y realidades de su cadena de valor.
Además, ha acordado por unanimidad fortalecer los esfuerzos de su reivindicación de cara a las elecciones europeas del 9 de junio ya que, a su juicio, el próximo ejecutivo europeo deberá dilucidar “de una vez por todas” qué tipo de sector primario quiere y qué valor quiere otorgarle frente al resto del mercado y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria de los ciudadanos del Viejo Continente.
El sector ha manifestado que ante estas elecciones reforzará sus peticiones al Gobierno español porque, a su juicio y como país líder pesquero de la Unión Europea, debe hacer valer y defender los intereses de su industria primaria española, sentirse orgullosa de ella y no frustrar a toda una nueva generación de profesionales su acceso a una actividad con un alto componente de tradición familiar.
Sobre este particular, el sector, desde la extracción y la producción acuícola hasta la
comercialización, manifiesta que la UE, y en particular la Comisión Europea (CE), está muy lejos de la realidad, primando en sus políticas el componente medioambiental “de manera obsesiva”, lo que ha provocado, apunta, unos niveles de control y burocracia administrativa asfixiantes que comprometen “seriamente” la viabilidad de las empresas.
Cabe recordar que el sector pesquero español cuenta con más de 8.500 buques, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos y factura en primera venta 2.000 millones de euros. Por su parte, la cosecha de acuicultura en España fue de 326.520 toneladas con un valor en primera venta de 760,7 millones de euros y los 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados agrupados en FEDEPESCA emplean a más de 23.000 personas.
El sector también cree que estas políticas debilitan “irresponsablemente” los intereses de los ciudadanos y apunta que Europa está poniendo en juego su soberanía al depositar su capacidad para alimentar a su ciudadanía en las importaciones. De hecho, el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y, según el sector, facilitando la entrada de estos productos, sobre todo de origen asiático, sin exigirles los mismos estándares que a los productores comunitarios, por lo que son más competitivos en precios al no estar sometidos a las mismas exigencias.
En el caso español, esta realidad de un saldo exterior negativo es creciente en el tiempo (-3.581 millones de euros en 2022, según el MAPA), con una tasa de cobertura que en la última década se ha situado en torno al 60% (60,5% en 2022). A modo de ejemplo, en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El sector también llama la atención sobre la inacción de Europa ante la reducción del consumo de productos pesqueros, en vez de valorarlo y promocionarlo, no sólo por su contribución a una alimentación saludable, sino por ser los de menor huella de carbono e hídrica en su producción.
Cabe destacar que en nuestro país se ha perdido un tercio del consumo en hogares en los últimos 10 años, pasando de 27,2 kilos por persona y año en 2013 a 18,5 kilos a octubre de 2023. En este contexto, el sector recuerda que sus productos están gravados con un IVA del 10% sin que el Gobierno haya accedido a la petición de toda la cadena de producción y comercialización de la pesca, a reducir o eliminarlo, al igual que ha hecho con otros alimentos y tal como se ha aprobado en los países de nuestro entorno.
Peticiones de la cadena de valor de la pesca
La pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación solicitan que la UE cambie el rumbo de sus políticas, en particular de la Política Pesquera Común (PPC) y de la política medioambiental, y que tenga en cuenta el impacto socioeconómico derivado de la adopción de sus normas para buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.
Igualmente, demandan que se simplifique el marco legal y se reduzcan las cargas administrativas innecesarias, tanto europeas, como nacionales y autonómicas, y que los productos procedentes de las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción comunitaria. Por su parte, frente a la bajada del consumo, el sector pide mayor inversión en campañas de promoción, así como la eliminación del IVA en los productos pesqueros.
Por último, solicitan, tanto a España como a Europa, reflexionar y dar un giro a sus percepciones sobre sus sectores primarios de los que a su juicio debe sentirse orgullosa. Así, según manifiesta el sector, no se debe olvidar su carácter esencial y estratégico, tal como fue declarado durante la pandemia, al producir y hacer llegar de manera eficiente y sostenible a la población la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono e hídrica. A este respecto, recuerda que las capturas pesqueras de nuestro país originan cerca de 10 millones de raciones de pescado saludables al día y más de 3.700 millones de comidas al año, que representan el 25% de la UE.
El sector también recuerda que es parte de la historia, la cultura, la tradición y la gastronomía nacionales, su capacidad de fijación población en zonas costeras y rurales y que, en calidad de “guardianes del mar”, es el más interesado en preservar los ecosistemas de los que depende su actividad. A este respecto, subraya que la gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Nordeste se encuentra en niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), tras la reducción un 50% de la presión pesquera en los últimos 13 años y que, según la CE y el Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la UE se pescaron de forma sostenible.
SOLICITUDES DESDE EL SECTOR DE LA PESCA
Que se reconozcan los sacrificios realizados en los últimos años por los pescadores, gracias a los cuales se ha podido llegar a uno de los objetivos medioambientales prioritarios de la PPC, esto es, que la mayoría de las poblaciones de peces se exploten de forma sostenible desde el punto de vista biológico, es decir, en niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), sobre todo en el Atlántico Nordeste.
Que se deje de aplicar esa obsesión medioambiental, reflejada, entre otras, en el Pacto Verde, en la Estrategia de Biodiversidad, en los compromisos de descarbonización de la flota, que no tiene en cuenta las consecuencias económicas y sociales y que les lleva a aprobar normas que son imposibles de cumplir (obligación de desembarque); normas que generan un daño socio-económico tremendo a las comunidades pesqueras (el cierre de las 87 zonas por supuesta presencia de ecosistemas marinos vulnerables; el plan de acción que pretende prohibir el arrastre en el 30% de las aguas de la UE; el plan plurianual del Mediterráneo, que en apenas tres años ha reducido los días de pesca en un
31,5% y que al final de 2024 podría llegar al 40%; la Ley de la Restauración de la Naturaleza, etc.)
Que se revise la PPC, como era preceptivo en 2022, en aspectos tan importantes como la obligación de desembarque, y que la Comisión Europea deje de aprobar normas de imposible cumplimiento y arremeter contra el sector.
Que se desarrollen políticas activas para solucionar los problemas de relevo generacional y de escasez de tripulantes existente.
SOLICITUDES DESDE EL SECTOR DE LA ACUICULTURA
Que los planes de vigilancia ambiental de las instalaciones de acuicultura se adapten a los riesgos reales de cada granja y no se exijan controles irrelevantes pero costosos.
Que el principio de precaución en temas medioambientales solo se aplique cuando existan pruebas científicas razonables de un riesgo y no por defecto ante la ausencia de conocimiento.
SOLICITUDES DESDE EL COMERCIO MINORISTA
Que en las revisiones de la PPPC no se incluyan nuevos requisitos de información al consumidor final incomprensibles tanto para los vendedores como para los consumidores.
Que se proporcionen, garanticen, instrumenten y financien sistemas de transmisión digital de la trazabilidad pesquera para que la información al consumidor final llegue adecuadamente al canal comercializador.
Se tenga en cuenta la especificidad de las microempresas que se dedican a la comercialización de productos pesqueros, eliminando exigencias burocráticas inasumibles para los autónomos (ejemplos a nivel nacional Registro de Productores de Envases, Revisión de Instrumentos de Pesaje cada 2 años).
Que no se desvirtúe el valor real de los productos pesqueros y sea respaldado con el precio justo para permitir la viabilidad de todos los eslabones de la cadena, impedir y controlar la venta a pérdidas.
Que se promueva una dieta saludable y sostenible, garante de la calidad de vida de los ciudadanos con una estrategia integral que incluya la eliminación del impuesto de valor añadido a nivel europeo, la educación nutricional y la promoción institucional de los alimentos saludables.
Que se reconozca el papel del comercio especializado en la venta de productos pesqueros como garantes de un consumo responsable.
Que se defina y proteja la artesanía alimentaria.
Que se prestigien las profesiones relacionadas con la comercialización de alimentos con oferta de formación pública que garantice el relevo generacional.
