El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por la ONG medioambiental ClientEarth contra el reglamento 2022/109 del Consejo, que fijó las cuotas de pesca (TACs) para 2022. Con esta resolución, la asignación de capturas queda confirmada judicialmente, según clientearth.
De qué trata el recurso
ClientEarth había solicitado la anulación del reglamento ante el Tribunal General, argumentando que los límites de pesca incluidos en la regulación se establecieron de forma insostenible y contraviniendo el enfoque precautorio establecido en la Política Pesquera Común de la UE. La organización alegaba que el Consejo había excedido su margen de discreción y actuado con opacidad.
Decisión judicial y fundamentos
El tribunal concluyó que:
- El procedimiento seguido por el Consejo fue conforme a lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente en el artículo 43(3) TFEU, que establece sus competencias en materia de fijación de oportunidades de pesca.
- Los argumentos de ClientEarth sobre falta de competencia del Consejo, aplicación incorrecta del principio precautorio, o errores manifiestos en la evaluación científica, fueron considerados no fundados. El tribunal confirmó que el Consejo actuó dentro de su ámbito de discreción para equilibrar la sostenibilidad y los intereses del sector.
- En consecuencia, la acción fue desestimada y se impusieron las costas del proceso a ClientEarth.
Implicaciones sobre la gobernanza pesquera
Con esta sentencia, el tribunal refuerza la legitimidad del proceso legislativo que fija las cuotas anuales en la UE, respaldando la facultad del Consejo para tomar decisiones técnicas sobre acceso a los recursos pesqueros. También establece puntos clave en el debate sobre los límites del control judicial en materia de políticas ambientales sensibles.
Reacciones desde el sector ambiental
ClientEarth, por su parte, ha lamentado la decisión y advierte que continuará vigilante ante otros casos, especialmente en ámbitos como la pesca de arrastre de fondo, donde reclama una protección reforzada de ecosistemas marinos vulnerables.
