La flota pesquera de China es responsable de prácticas ilegales en el océano Índico suroccidental y de cometer «abusos sistemáticos» de los derechos humanos en los países de esa zona, según reveló este jueves un estudio de la Fundación de Justicia Medioambiental (EJF, por sus siglas en inglés).
Las conclusiones de esta investigación contradicen la posición del Gobierno de Pekín, que sostiene que sus actividades favorecen el desarrollo sostenible y el avance de las economías de esos países, denuncia la EJF en un comunicado.
La fundación, radicada en el Reino Unido, asegura que todos los entrevistados para este estudio que han trabajado a bordo de barcos atuneros de la flota china -la más grande del mundo- han sido víctimas o testigos de abusos de derechos humanos y/o de pesca ilegal.
Sus «múltiples investigaciones» sobre barcos chinos arrancan en 2020 e incluyen casi 320 entrevistas con antiguos trabajadores de la flota, 96 de las cuales se efectuaron en los últimos seis meses, así como de «fuentes de datos secundarias», según la ONG.
Esta nueva pesquisa constató que cuatro trabajadores fallecieron en pesqueros chinos entre 2017 y 2023, entre los que se incluye el supuesto suicidio de un miembro de una tripulación que cayó por la borda.
Entrevistas a pescadores
En ese periodo, según el informe, los buques chinos estuvieron implicados en 86 «casos singulares» de pesca ilegal o de violaciones de los derechos humanos en la región, mientras que casi la mitad de los 95 atuneros que «supuestamente tienen permiso» para operar en esa zona del Índico está vinculada a esas dos prácticas.
«De los 44 pescadores entrevistados, el 80 % reportó cercenamientos de aletas de tiburón, el 100 % denunció condiciones de vida y trabajo abusivas, el 96 % afrontó horas extra excesivas y el 55 % sufrió violencia física», precisa el estudio.
La EJF indicó, asimismo, que el 73 % de los barcos sospechosos está autorizado para exportar sus capturas a la Unión Europea (UE), mientras que éstas también pueden llegar a otros mercados internacionales, como a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
China, recordó la fundación, ha efectuado cuantiosas inversiones en la región para construir puertos y desarrollar su infraestructura pesquera, si bien las condiciones de ese gasto son «a menudo opacas» y han generado preocupación por su impacto en las comunidades costeras.
«Nuestra extensa investigación plantea un simple interrogante: Estos abusos se cometen por orden de Pekín o por fallos en su responsabilidad para gestionar su flota? El peso de la evidencia es tan innegable que uno u otro debe de ser cierto», expuso en la nota Steve Trent, consejero delegado y fundador de la EJF.
El activista pidió a la comunidad internacional que «preste más atención» a las actividades de China en el océano Índico suroccidental, así como a la de los Gobiernos de los países de la región afectados por «la corrupción» y el peso de «deuda derivada de las inversiones» del gigante asiático.
