La flota atunera española ha reivindicado la ratificación del Convenio 188 de la OIT como la única norma válida para garantizar los derechos sociolaborales a bordo y avanzar así hacia la sostenibilidad integral de la pesquería del atún tropical, que debe contemplar, en su opinión, las mejores prácticas en tres vertientes: social, medioambiental y de control.
Estos postulados ha hecho defensa a través de Julio Morón, director gerente de OPAGAC (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores), en la conferencia Infofish World Tuna Trade Conference & Expo. Bangkok Tuna 2018, la más importante del mundo de esta pesquería que acoge la capital de Tailandia, país apercibido con una tarjeta amarilla por la Comisión Europea en aplicación del Reglamento de lucha contra la pesca IUU.
Morón ha abogado además por el cumplimiento del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, en vigor desde junio de 2016 a iniciativa de la FAO, para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como por la colaboración con los sindicatos. Además, ha llamado especialmente la atención sobre la necesidad de que las ecoetiquetas más extendidas, como la de la organización Marine Stewardship Council (MSC), contemplen las condiciones laborales, como sí hacen, por ejemplo, la Aquaculture Stewardship Council, que certifica la sostenibilidad de los productos de acuicultura y la Forestry Stweradship Council, que certifica los productos forestales.
Según Morón, “lamentablemente, seguimos compitiendo con flotas que no respetan los derechos humanos más básicos y que incluso practican la trata de personas, la esclavitud moderna y el trabajo infantil. Para garantizar la dignidad y los derechos sociolaborales de los tripulantes, no es necesario que las instituciones reguladoras definan nuevos estándares sociales. Bastaría con ratificar y aplicar el Convenio 188 de la OIT, algo que hasta el momento tan solo han hecho 10 países”.
A este respecto, la flota atunera española tiene como objetivo prioritario para 2018 potenciar su norma Atún de Pesca Responsable (APR) como un estándar de exigencias a las importaciones de la Unión Europea, mediante el desarrollo de una norma del Comité Europeo de Normalización (CEN).
Cabe recordar que la norma APR es la única del sector pesquero mundial que garantiza los derechos sociolaborales a bordo y que, en el caso de la flota de OPAGAC, afecta a 2.000 tripulantes, 1.100 de terceros países. Basadas en el Convenio 188 de la OIT, las prácticas recogidas en la norma APR incluyen el reconocimiento médico previo al embarque, la firma de un contrato en el que se establezca un periodo máximo de embarque, un salario mínimo marcado por la OIT, así como los periodos de descanso y vacaciones retribuidas.
La norma APR también establece el derecho a cobertura médica y seguridad social, un seguro de indemnización en caso de enfermedad, lesión y muerte, así como la repatriación. Asimismo, exige que el buque cuente con un certificado expedido por el estado de pabellón que garantice la disponibilidad de una tripulación mínima para su actividad, así como con la experiencia, el conocimiento y las competencias necesarias para su operación en condiciones de seguridad.
Desde diciembre de 2017, las 380.000 toneladas de atún tropical capturadas por los 46 buques que integran la flota de OPAGAC y que representan el 8% del volumen mundial, cuentan con el certificado Atún de Pesca de Respo
