FAAPE reclama volver a una media de 160–180 jornadas al año para garantizar empleo y suministro de pescado fresco y urge a revisar el plan de gestión vigente
El sector pesquero andaluz ha lanzado una crítica frontal a las instituciones europeas por la situación de la flota de arrastre del Mediterráneo. Tras la reunión mantenida esta semana en Málaga con responsables de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) acusa a Bruselas de haber “dado la espalda” a un segmento que considera estratégico para el empleo costero y la seguridad alimentaria. “Esta reunión ha confirmado lo que ya temíamos: la DG Mare ha abandonado a la pesca de arrastre del Mediterráneo”, denunció su presidente, José María Gallart, también vicepresidente de Cepesca para Mediterráneo y Golfo de Cádiz.
La demanda central del sector es clara: recuperar el esfuerzo pesquero y volver a una media de 160–180 días de trabajo al año, frente a los alrededor de 130 días actuales, que califican de “insostenibles” para mantener la viabilidad económica de las empresas y el suministro de pescado fresco local. “Nadie puede sobrevivir con la mitad del trabajo y el doble de incertidumbre. Lo contrario es condenar a las comunidades pesqueras al cierre definitivo”, advirtió Gallart.
FAAPE sostiene que las restricciones aplicadas en los últimos años han roto el equilibrio que, a su juicio, debe existir entre sostenibilidad ambiental, social y económica. “La Política Pesquera Común se ha desviado: se protege el recurso sobre el papel, pero se abandona a quienes viven del mar”, resumen desde la patronal andaluza, que insiste en que la flota de arrastre “no puede seguir siendo el enemigo público número uno” del debate europeo. El mensaje combina reproche y reivindicación: el sector recuerda las inversiones en selectividad y control, reclama “respeto y coherencia” y denuncia que las decisiones “tomadas desde despachos a miles de kilómetros” están “arruinando a familias enteras que llevan generaciones faenando de forma responsable”.
Uno de los puntos más sensibles es la aplicación del Plan Plurianual de Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental (WestMed), en vigor desde 2020. FAAPE afirma que el actual marco “está arrasando con el tejido pesquero”, con una pérdida constante de días de mar y empleo, y critica que la Comisión Europea no haya atendido, por ahora, las peticiones de revisión planteadas por los gobiernos de España, Italia y Francia. “Cada día que se retrasa esta revisión, un barco más queda amarrado y una familia más pierde su sustento”, subrayan.
El sector andaluz también reclama el fin del que califica como “doble castigo” sobre la gamba roja, sometida tanto a limitaciones de esfuerzo como a topes de captura. A su juicio, este doble régimen compromete la rentabilidad de “una de las pesquerías más selectivas y sostenibles del Mediterráneo” y resulta incoherente con el objetivo de premiar las buenas prácticas. “Ninguna especie debería soportar un sistema que asfixia aún más a una flota ya limitada”, sostiene Gallart.
Desde FAAPE insisten en que no cuestionan la necesidad de gestionar los recursos, pero sí el enfoque aplicado. Acusan a Bruselas de legislar “con datos incompletos y metodologías discutidas por la propia comunidad científica” y piden que las decisiones se apoyen en evaluaciones sólidas, transparentes y consensuadas. Reclaman, además, que se tenga en cuenta el impacto en 115 embarcaciones de arrastre andaluzas y 13 núcleos pesqueros, que, según sus cálculos, sostienen directa e indirectamente a más de 17.000 familias.
El comunicado termina con un llamamiento directo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para que intervenga y rectifique el rumbo. “El sector andaluz está plenamente comprometido con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. Pero exige reciprocidad y coherencia. No se puede hablar de sostenibilidad mientras se deja morir a quienes viven del mar”, afirma Gallart, que advierte de que la desaparición de la flota de arrastre del Mediterráneo no sería solo “un fracaso económico”, sino también “un fracaso moral y político para Europa”.
