La solicitud de la empresa canadiense TMC para explotar los fondos marinos de Estados Unidos, en aguas internacionales del Pacífico, plantea numerosos interrogantes, sobre todo a nivel medioambiental.
Las discusiones en torno a la minería en aguas profundas están en la agenda para 2025. Estuvieron en la agenda en marzo, en Jamaica, durante las negociaciones para un código minero internacional (que continuarán en julio). Estarán dentro de un mes, en Niza, como uno de los diez puntos discutidos durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (ONUC); y así ocurre desde abril, después de que la empresa canadiense TMC solicitara a la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) una licencia para operar fondos internacionales, lo que fue posible gracias a un decreto de la administración Trump, pese a la primacía teórica de la ISA (Autoridad Internacional de los Fondos Marinos) en este tema.
Pero hay voces que se alzan contra esta autorización que, más allá de las cuestiones jurídicas, parece prematura a la luz de los conocimientos científicos hoy disponibles.
Con total neutralidad científica, no podemos recomendar otra cosa que una moratoria porque aún no disponemos de la información necesaria para evaluar el impacto de la explotación de los fondos marinos, explica Pierre-Antoine Dessandier, investigador en ecología bentónica del Ifremer. Francia tiene contratos de exploración, gestionados por el Ifremer, en dos zonas –en el Atlántico (sulfuros polimetálicos) y Clarion-Clipperton (CCZ) en el Pacífico (nódulos polimetálicos)– que obligan al Estado a facilitar datos anuales al AIFM. Estos datos son complejos y se recogen en misiones largas, distantes y costosas.
La compañía canadiense The Metals Company (TMC) presentó una solicitud a través de su filial estadounidense para obtener permisos que le permitan explotar minerales en aguas internacionales del océano Pacífico. Esta acción busca evitar la regulación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar las actividades mineras en aguas internacionales. La medida ha generado preocupación entre ambientalistas y expertos legales, quienes advierten sobre posibles daños irreversibles a los ecosistemas marinos y la violación de normas internacionales.
Un enfoque unilateral en medio de un vacío regulatorio
TMC ha optado por solicitar permisos bajo la Ley de Recursos Minerales Duros del Fondo Marino Profundo de 1980, una legislación estadounidense que permite a ciudadanos de EE.UU. emprender actividades mineras en aguas internacionales, a pesar de que el país no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta estrategia se produce en un contexto donde la ISA aún no ha finalizado un código de minería para regular la extracción de minerales en el lecho marino. La decisión de TMC de proceder sin esperar estas regulaciones ha sido criticada por socavar los esfuerzos multilaterales para establecer normas ambientales y de gobernanza en la minería submarina.
Preocupaciones ambientales y legales
La comunidad científica y organizaciones ambientalistas han expresado su alarma ante las posibles consecuencias ecológicas de la minería en aguas profundas. Estudios indican que la extracción de nódulos polimetálicos podría perturbar hábitats marinos únicos y causar pérdidas de biodiversidad irreversibles. Además, la falta de un marco regulatorio internacional claro plantea desafíos legales significativos, ya que las actividades unilaterales podrían violar principios del derecho internacional y establecer precedentes peligrosos para la explotación de recursos en áreas más allá de la jurisdicción nacional.
Implicaciones geopolíticas y futuras acciones
La solicitud de TMC también tiene implicaciones geopolíticas, ya que podría incentivar a otros países a seguir enfoques similares, debilitando la autoridad de organismos internacionales como la ISA. La comunidad internacional enfrenta el desafío de equilibrar la demanda de minerales críticos para tecnologías limpias con la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y mantener la cooperación multilateral en la gobernanza de los océanos. La evolución de este caso podría sentar precedentes importantes para el futuro de la minería en aguas profundas y la protección del medio ambiente marino.
