El presidente de Europêche y secretario general de Cepesca pide simplificación normativa, prioridad política para la producción pesquera, defensa del acceso a las aguas y medidas eficaces para el relevo generacional en el marco de la futura Visión 2040
La celebración esta semana de los European Ocean Days 2026 en Bruselas ha vuelto a situar a la pesca europea en el centro del debate sobre el futuro de la economía azul. En ese foro, organizado por la Comisión Europea del 2 al 6 de marzo, Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, trasladó un mensaje nítido: la sostenibilidad no puede traducirse en un deterioro estratégico del sector pesquero comunitario, sino en una política capaz de compatibilizar exigencia ambiental, competitividad empresarial y soberanía alimentaria.
Garat participó como ponente, al menos, en la sesión del miércoles 4 de marzo dedicada a la Visión 2040 para un sector pesquero y acuícola próspero, dentro de una mesa redonda titulada “The successful transition of fisheries – practical steps and solutions”, en la que compartió panel con representantes científicos, cooperativos y financieros. Esa sesión forma parte del proceso con el que Bruselas quiere perfilar durante 2026 la orientación futura de la pesca y la acuicultura europeas, una hoja de ruta que, según la propia Comisión, deberá desembocar en la segunda mitad del año en una visión global para un sector “competitivo, resiliente y sostenible”.
En ese marco, el representante español defendió que la flota de la Unión Europea ha asumido durante las dos últimas décadas un esfuerzo de adaptación sin parangón en otras grandes regiones pesqueras del mundo. Su tesis enlaza con los propios datos comunitarios: la Comisión Europea cifra en 53.300 los buques activos de la flota pesquera de la UE en 2023, con más de 155.200 empleos, en un contexto en el que Bruselas subraya tanto la mejora de varios indicadores económicos como la persistencia de problemas estructurales, entre ellos el envejecimiento de los barcos y las dificultades para atraer jóvenes al oficio.
A juicio de Garat, el problema no reside en que el sector no haya hecho sacrificios, sino en que la arquitectura regulatoria europea sigue enviando a los pescadores el mensaje de que deben seguir cambiando su modelo mientras la flota continúa perdiendo tamaño, peso económico y capacidad de producción. Desde esa óptica, su intervención en Bruselas se convirtió en una enmienda de fondo a la dirección de las políticas comunitarias: preguntarse no solo si el sector cumple, sino si las políticas de la UE están funcionando realmente para preservar una flota viable, competitiva y capaz de abastecer de alimento a Europa.
El núcleo de sus peticiones se resume en cuatro grandes ejes. El primero es la aprobación urgente de un Reglamento Ómnibus para simplificar la maraña normativa que pesa sobre la actividad pesquera. Esa demanda no es nueva en el discurso de Europêche y, de hecho, la patronal europea volvió a insistir recientemente en la necesidad de un paquete de simplificación que recorte burocracia, aporte previsibilidad regulatoria y facilite la inversión empresarial, advirtiendo de que la revisión de las grandes estrategias y de la Política Pesquera Común avanza con excesiva lentitud.
El segundo eje pasa por elevar la producción pesquera a la categoría de prioridad política dentro del conjunto de las políticas marítimas europeas. En la práctica, eso implica reclamar que la pesca no quede subordinada a otros usos del mar, especialmente en la planificación espacial marítima, donde el sector denuncia desde hace años una creciente presión derivada de la expansión de áreas protegidas, infraestructuras energéticas y otros aprovechamientos del espacio marino. La propia Comisión reconoce que la futura Visión 2040 deberá definir qué papel quiere otorgar a la pesca dentro del sistema alimentario sostenible, del tejido económico y social y de las políticas ambientales europeas.
La tercera reclamación de Garat se centra en reforzar la diplomacia oceánica y las medidas de mercado para garantizar los derechos de pesca y el acceso a las aguas. Se trata de una cuestión estratégica para una flota como la española y, en general, para la europea, muy dependiente tanto de acuerdos internacionales como de unas condiciones comerciales equilibradas. Europêche viene alertando, en paralelo, de que la apertura comercial no puede traducirse en competencia desleal para los operadores comunitarios, y ha pedido a la Comisión que evite nuevas asimetrías en acuerdos comerciales que permitan la entrada de productos pesqueros elaborados bajo estándares inferiores a los exigidos en la UE.
El cuarto pilar es la adopción de medidas eficaces para favorecer el relevo generacional, uno de los grandes cuellos de botella del sector. También aquí coinciden el diagnóstico empresarial y el institucional. La Comisión Europea admite que muchas flotas siguen teniendo baja rentabilidad, salarios poco atractivos y crecientes dificultades para incorporar jóvenes, mientras el envejecimiento de las embarcaciones y de sus tripulaciones amenaza la continuidad de la actividad en numerosos puertos.
Desde la óptica defendida por Garat en Bruselas, si la Unión Europea mantiene la misma trayectoria sin corregir su enfoque, el resultado será un aumento de las importaciones, una exportación indirecta de la presión ambiental hacia terceros países, una mayor debilidad de la soberanía alimentaria europea y un deterioro añadido de las comunidades costeras. Esa idea conecta, además, con planteamientos que el propio Garat ya había expuesto en foros del Comité Económico y Social Europeo al reclamar una economía azul más competitiva, menos dependiente del exterior y apoyada en reglas más simples, inversión, innovación y condiciones de competencia equivalentes para las importaciones.
La intervención del presidente de Europêche en los European Ocean Days llega en un momento especialmente sensible. Bruselas quiere convertir 2026 en un año de inflexión para redefinir el marco de futuro del sector a través de la Visión 2040, al tiempo que sigue defendiendo que las políticas de conservación y la gestión basada en la ciencia han contribuido a la recuperación económica de parte de la flota. Pero el sector insiste en que esa lectura es incompleta si no se acompaña de instrumentos financieros, simplificación administrativa y una defensa más firme de la pesca como actividad estratégica.
Para Garat, la cuestión de fondo es política: decidir si la Unión Europea quiere seguir teniendo una flota propia fuerte o resignarse a depender cada vez más de terceros para abastecer su mercado. Y esa, en el corazón de los debates de Bruselas, es una pregunta que ya no afecta solo al sector extractivo, sino al conjunto de la economía azul, a la industria transformadora y al futuro de muchas zonas costeras europeas.
