El ‘recorte’ a la anchoa en un 54 %, en aguas del Golfo de Cádiz, indigna a España que consigue el apoyo de otros 13 países para que la Comisión no encoja las cuotas después de calificar el ministro Planas de «carecer de sentido político» la propuesta.

La mitad de Estados miembros de la UE están contra la propuesta de la Comisión Europea sobre el recorte las cuotas de pesca de anchoa en el golfo de Cádiz. Es un grupo de países liderado por España, que además ha dejado clara su posición este lunes ante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas. «Hace cuarenta años que me dedico a esto y no he visto una propuesta tan carente de sentido político como la que tenemos ante nosotros», avisó desde el principio el ministro Luis Planas, al tiempo que encontraba la coincidencia en la preocupación de Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta Países Bajos y Portugal. Todos ellos hablan de que se puede dar «un peligroso precedente».

Bruselas plantea un ‘tijeretazo’ del 54% a las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas, algo que desde el Gobierno español ni mucho menos comparten porque, dice Planas, no tiene en cuenta la Comisión «las consecuencias» que puede tener esta medida desde el punto de vista socioeconómico. Además, critican el momento elegido para poner la idea sobre la mesa. «No sé quién pilota esta propuesta políticamente, ¿la Comisión Von der Leyen I o Von der Leyen II?», se pregunta el titular de Agricultura. 

Según España, la propuesta de Bruselas supone una reducción de las cuotas que llevaría al cierre de la pesquería prácticamente inmediato y obligaría a la flota a estar amarrada en puerto hasta junio del próximo año. La realidad es que el de la anchoa es un ‘sector’ clave para la pesca española, pues el país produce más de 12.000 toneladas de conservas de anchoas, que generan más de 100 millones de euros al año, según las cifras que maneja el Ministerio.

La Comisión sugiere implementar una disposición particular que limite las capturas en la zona del TAC al sur de la línea en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica a un máximo de 969 toneladas, de acuerdo con el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). Además, se plantea que tanto el TAC como esta condición especial tengan efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2024. Es decir, los Estados miembros quedan sin margen de maniobra en torno a una política cuya competencia está manos de la Comisión Europea. 

Mientras, la presidencia húngara del Consejo pide «encontrar una solución responsable» al tiempo que el Ejecutivo comunitario insiste en que los países no pueden ir a lo concreto y pide aplicar «el mismo rasero» a la hora de hablar de cuotas.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, pide al Gobierno que sea «vehemente» en su oposición a la propuesta de Bruselas. «La postura de la Junta de Andalucía es precisamente esa. Pedimos al ministro que sea todo lo vehemente posible, que sea todo lo beligerante que haga falta para que esa propuesta de la Comisión no llegue a cristalizarse porque supondría un mazazo a una comarca que ya de por sí ha sufrido demasiados varapalos en materia de agua», comentó.

El impacto medioambiental, económico y social es clave para España y el resto de países críticos, algo que, insisten, no tiene en cuenta ahora mismo la Comisión Europea. En este sentido, Portugal afirma que las quejas tienen todo el sentido y ha mostrado «su apoyo incondicional» a España. «La interrupción de las pesquerías debe ser el último recurso», expresó por su parte el ministro de Países Bajos, quien dijo entender «la preocupación» del Gobierno español. «Esperamos que la Comisión rectifique», apuntó Jean Rummenie.

En esa misma línea habló el ministro italiano de Pesca, Francesco Lollobrigida, que incluso matizó que aunque a su país no le afecta la medida, entiende las protestas de España. «El sector de la pesca europea ha sido destruido por decisiones que consideramos erróneas. No pensamos que los pescadores destruyan el medio ambiente sino que lo protegen con su actividad», sentenció, en una posición compartida por Francia, país también ajeno a los efectos del plan de la Comisión pero que asegura que comparte las preocupaciones del Gobierno.