«Tenemos las manos atadas y estamos deseando poder gastar el dinero que nos han asignado, pues si no tendremos que devolverlo a Europa y al Plan Estatal de Investigación». Con estas palabras expresó el director del Centro Oceanográfico de Gijón, Javier Cristobo, la situación límite que están viviendo a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, según señala El Comercio de Gijón.
Hasta el momento tienen paralizados proyectos como el SponGES, que estudia los ecosistemas vulnerables en la zona del Atlántico Norte, incluyendo el Cachucho y el Cañón de Avilés. La Unión Europea concedió a España 773.000 euros de un presupuesto total de diez millones en el que participan veinte socios comunitarios. «Debemos ejecutarlo, es de obligado cumplimiento. Nos pedirán los deberes para ver en qué hemos invertido el dinero concedido y parte de él no se ha gastado porque tenemos muchas trabas con la Administración. Hemos tardado casi un año en poder contratar a una sola persona», detalló Cristobo.
De hecho, desde hace cinco años el Oceanográfico de Gijón «ha perdido un capital humano fundamental» para desarrollar las investigaciones, pues han pasado de ser cincuenta a treinta empleados. Además, denuncian los continuos retrasos en la resolución y publicación del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación, la ausencia de alternativas para los científicos jóvenes que se van al exterior y los crecientes recortes.
Han pasado de cincuenta a treinta investigadores en solo cinco años
«En un limbo»
La presidenta de los populares de Asturias, Mercedes Fernández, visitó ayer las instalaciones del Oceanográfico y recogió las reclamaciones de su director. «Vamos a pensar que el sentido común se establezca en el Congreso y en el Senado y deseo que los presupuestos tengan un acento investigador», señaló. «También espero que salgan adelante en Asturias y en Gijón», añadió.
«Estamos en una especie de limbo investigador», apuntó Fernández, quien recordó que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado expiró el 31 de diciembre de 2017. «Me hubiera gustado que no hubiera un paréntesis y que se produjera una consecución natural y coherente como hacen los buenos administradores. Aunque parece que decírselo a algunos es una tarea complicada», espetó Fernández.
