La protesta contra el buque “Nautilus” reaviva el debate sobre la explotación del fondo marino y el impacto de la transición energética en los ecosistemas profundos
El regreso del buque de exploración Nautilus al puerto de Rarotonga, en las Islas Cook, se convirtió el pasado 21 de octubre en el escenario de una de las protestas medioambientales más simbólicas del año. Decenas de activistas de Greenpeace, apoyados por organizaciones locales y líderes comunitarios maoríes, bloquearon pacíficamente la entrada del navío utilizando kayaks, pancartas y banderas con el lema “Don’t Mine the Moana” (“No excaves el océano”).
La acción, que se desarrolló sin incidentes violentos, fue la culminación de una campaña internacional que busca detener la minería en aguas profundas —una actividad que, según los defensores del medio ambiente, amenaza hábitats marinos desconocidos, destruye ecosistemas irreversibles y vulnera los derechos tradicionales de los pueblos isleños del Pacífico.
El Nautilus, buque de investigación oceanográfica con bandera de las Islas Cook, había completado una expedición de tres semanas en áreas concesionadas para la extracción de nódulos polimetálicos, un recurso de enorme interés para la industria tecnológica por su contenido en níquel, cobalto, cobre y manganeso, minerales críticos para la fabricación de baterías eléctricas y sistemas de almacenamiento energético.
Un conflicto entre la transición energética y la protección marina
La protesta pone de relieve una de las grandes paradojas ambientales del siglo XXI: mientras los países promueven la transición hacia energías limpias, crece la presión sobre los fondos oceánicos, considerados por algunos como una “nueva frontera” minera. Según Greenpeace, esta lógica “verde extractivista” reproduce los mismos patrones de sobreexplotación y colonialismo económico, pero trasladados a los océanos.
“El océano no necesita más cicatrices; necesita tiempo para sanar”, declaró en Rarotonga Lisa Williams, portavoz de Greenpeace Pacific. “Las Islas Cook deben liderar la defensa del Pacífico y no abrir la puerta a una industria que puede destruir para siempre ecosistemas que ni siquiera hemos estudiado”.
En contrapartida, el Gobierno de las Islas Cook defiende que la minería en aguas profundas, si se desarrolla bajo protocolos científicos y de monitoreo ambiental, puede proporcionar ingresos sostenibles a una nación dependiente del turismo y vulnerable al cambio climático. El primer ministro Mark Brown ha insistido en que la política de licencias busca “equilibrar la conservación con el desarrollo”, garantizando que los beneficios económicos repercutan directamente en las comunidades locales.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas y varios científicos alertan de que no existe tecnología capaz de extraer nódulos del fondo oceánico sin causar un daño ecológico irreversible. Estudios de la Universidad de Hawái y de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) advierten que las operaciones de minería submarina pueden generar plumas de sedimentos que se expanden cientos de kilómetros, alterando la biodiversidad y la fotosíntesis marina.
Presiones internacionales y repercusiones económicas
El caso de las Islas Cook no es aislado. En el Pacífico central, países como Papúa Nueva Guinea, Tonga o Nauru también han firmado licencias de exploración con empresas vinculadas a consorcios estadounidenses, canadienses y chinos. En particular, el grupo The Metals Company (TMC) y su filial NORI mantienen concesiones activas en la zona de Clarion-Clipperton, un espacio del océano Pacífico controlado parcialmente por la ISA.
El bloqueo al Nautilus se produce precisamente cuando varios Estados insulares —entre ellos Fiyi, Samoa y Palau— han pedido una moratoria internacional sobre la minería en aguas profundas, apelando al principio de precaución.
Las protestas también ponen bajo presión a los países industrializados, acusados de promover la extracción oceánica mientras se presentan como líderes climáticos. Greenpeace y otras ONG exigen que el Consejo de la ISA, que se reúne este mes en Kingston (Jamaica), adopte un compromiso legal de no autorizar nuevas licencias hasta disponer de suficiente conocimiento científico sobre el impacto de estas actividades.
Impacto sobre la industria naval y la regulación internacional
Más allá del activismo ambiental, este episodio tiene consecuencias directas para la industria marítima y los astilleros implicados en la construcción de buques de investigación y apoyo a la minería submarina. Las acciones de bloqueo, litigios ambientales y presiones diplomáticas podrían ralentizar inversiones millonarias y afectar a empresas europeas y asiáticas que fabrican estos buques especializados.
Analistas del sector señalan que el caso de las Islas Cook marca un punto de inflexión en la relación entre sostenibilidad y minería marina, y podría acelerar la adopción de normativas internacionales más restrictivas, similares a las que ya existen en pesca o transporte marítimo.
En definitiva, la imagen de los kayaks bloqueando un barco científico simboliza el dilema de una época: cómo lograr una transición energética sin convertir el océano en la nueva mina del planeta. Las Islas Cook, una pequeña nación en medio del Pacífico, se han convertido así en epicentro del debate mundial sobre los límites ecológicos del progreso verde.
