La Comisión Europea ha publicado las repercusiones que tendrá para el Reino Unido convertirse en un tercer país. En este sentido se enumera el escenario en el que se encontrará así como a qué reglas se someterán sus socios. Así, se convertirá en un tercer país desde 30 de marzo de 2019, «sujeto a todas las disposiciones de transición que podrían incluirse en un acuerdo eventual de retirada, a partir de esa fecha, con lo que las normas de la política pesquera común (PPC ) ya no se aplicarán en el Reino Unido «, dice la Comisión Europea. Si bien el proyecto de acuerdo establece actualmente un período de transición hasta el final de 2020 para aplicar la PPC, aunque todavía esto está si firmar, pero la calificación de tercer país se harán evidentes a partir de marzo del 2019.
La Comisión hace un llamamiento a las empresas de la UE para que se anticipen a esta situación: «La preparación para la retirada no solo es responsabilidad de las autoridades nacionales y de la UE, sino también de las partes privadas. Por ello enumera las consecuencias para la pesca y el comercio de productos del mar, que se tendrán que cumplir en base a estos requisitos sectoriales».
El acceso a las aguas en ambos lados «estará sujeto a una serie de aprobaciones y procedimientos». Pero también el acceso a los puertos para desembarcar. Los buques que enarbolen pabellón de un tercer país no tienen derecho a descargar en la Unión Europea (UE) a menos que cumplan los requisitos del Reglamento CE 1005/2008.
Para exportar a la UE las capturas de buques británicos, el Estado del pabellón del Reino Unido deberá enviar una notificación. Los productos deben ir acompañados de un certificado de captura validado por el Reino Unido, documentado según se requiera, certificando el cumplimiento de las reglamentaciones internacionales. En la otra dirección, exportar de la UE al Reino Unido, estas certificaciones también podrían ser necesarias si este último adopta este sistema.
Para la acuicultura orgánica (caso del salmón escocés, por ejemplo), los certificados emitidos por las autoridades del Reino Unido y los organismos de control ya no serán válidos. Y la UE acaba de imponer el control de la DGCCRF además del control aduanero para productos orgánicos certificados de terceros países, lo que restringe los puertos de entrada.
Finalmente, las organizaciones interprofesionales o de productores británicos ya no serán reconocidas por la UE.
