Francia buscará consensos con agentes relacionados con la industria pesquera y costera en el mapeo del desarrollo de la energía eólica marina y de las zonas de fuerte protección, publicado por el Estado el 18 de octubre, después de un ejercicio de debate público de cinco meses, hasta abril, una vez que no satisfizo a todos los actores marítimos. Reunidos en la Conferencia sobre la Economía del Mar el martes 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Burdeos, discutieron sus expectativas en materia de planificación marítima.
El gobierno publicó a mediados de octubre mapas de áreas prioritarias para el futuro despliegue de la energía eólica marina con un objetivo de 18 GW en servicio en 2035 y 45 GW en 2050, lo que representaría el 20% de nuestro consumo eléctrico. El gobierno también ha publicado mapas de áreas de estudio para áreas de fuerte protección de la biodiversidad. Un trabajo a largo plazo.
«Es un ejercicio largo y complicado», admite Eric Banel, director general de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura (DGampa), «porque aborda múltiples cuestiones en un espacio cada vez más reducido. Pero aceptamos el desafío y se cumplió el cronograma. A día de hoy, todavía queda por trabajar en la hoja de ruta energética decenal de Francia (programación energética plurianual, cuyo proyecto fue puesto a consulta el 4 de noviembre). Desde septiembre, y hasta el próximo verano, los prefectos marítimos proseguirán las evaluaciones medioambientales para que los documentos estratégicos de la fachada estén ultimados en septiembre de 2025», confirma Eric Banel.
Hacer de la energía eólica flotante una tecnología competitiva
La visibilidad que ofrece este calendario es apreciada por el sector eólico marino. Tener una visión general de lo que podría suceder dentro de diez años es una ventaja para el sector, comenta Matthieu Monnier, delegado general adjunto de Francia Renovables. Al igual que ya no hay espacios entre las licitaciones. Si la prevalencia de la energía eólica flotante en tierra puede haber preocupado al sector, la prioridad dada por el Estado a esta tecnología podría constituir en última instancia un desafío industrial que estamos dispuestos a afrontar, comenta Aymeric Ducrocq, director de energías marinas de EDF renovables. Esto puede incluso convertirse en una tecnología competitiva si se considera en particular la construcción de flotadores en serie.
La conexión constituye otro desafío importante para los fabricantes, particularmente para el Atlántico Norte y el Canal de la Mancha con limitaciones de instalación. Las expectativas con respecto a los estudios de reducción de riesgos son altas. Nos gustaría que se programaran estudios medioambientales a corto plazo, confirma Régis Boigegrain, director ejecutivo de interconexiones y redes offshore de RTE. Para evaluar el coste que generará la conexión, el plan decenal en estudio estará listo a finales de año; podemos contar con un presupuesto general de 100 mil millones de euros para los próximos quince años. Para el PPE 3, podemos imaginar que el coste ascenderá a unos diez mil millones de euros. Pero será necesario estar seguros de los costes calculados por los fabricantes, precisa Régis Boigegrain.
Usos del impuesto eólico por especificar
La elección de zonas de fuerte protección todavía plantea dudas. Especialmente en Bretaña, donde el mapa sólo indica zonas de estudio que deben especificarse. Los profesionales no siempre han participado en los debates y algunas zonas aún no están preparadas para ser estabilizadas, como es el caso de las Islas del Canal, vinculadas a los acuerdos de renovación del Brexit en 2026, comenta Olivier Le Nézet. Para el presidente de la comisión de pesca, la estrategia del sector pesquero y el apoyo al plan de transición energética de la flota también son inseparables del despliegue de las energías marinas.
Volviendo a las declaraciones del presidente de la República, Emmanuel Macron, durante la Conferencia sobre la Economía del Mar en 2023, Olivier Le Nezet cuestiona la aplicación del contrato estratégico nacional para el sector pesquero, prometido por el Estado, que prevé en particular que se complementará con los beneficios del impuesto eólico para apoyar el plan de transición energética de la flota. O 700 millones de euros por adelantado. Se trata de dinero público que empieza a llegar a las arcas pero que no puede utilizarse para un tema como la renovación de la flota, vinculado al reglamento europeo, comenta Eric Banel, precisando que se necesita una estrategia específica.
