La Asociación Empresarial Eólica (AEE) presentó el pasado viernes su último Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, un documento en el que repasa exhaustivamente todos los datos clave que nos ha dejado el año 2021, un año en el que la mayoría de los números del sector se han disparado al alza, en lo positivo. Sin embargo, ni la potencia instalada durante ese ejercicio, ni la situación presente del sector en España en diciembre de 2022 está exenta de amenazas. De las luces y de las sombras de la eólica española (y por supuesto de la subasta) ha hablado con claridad, durante la presentación del Estudio Macro, el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz Vega. Por su interés, extractamos a continuación su discurso.
A la subasta de los 3.300 megavatios han concurrido entre 3.600 y 4.000 megas
«Las energías renovables son la única solución para los altos precios de la energía. También son la solución para una mayor seguridad energética, y una menor dependencia del consumo de gas.
Está claro que tenemos que acelerar la implementación. Y tenemos que agilizar los procedimientos administrativos. Y sobre todo debemos aportar seguridad jurídica. Consideramos que en ningún caso la regulación puede ni debe mermar la confianza sobre la viabilidad del futuro de los inversores. Estos son -la agilización de los procedimientos administrativos, la seguridad jurídica- los mejores instrumentos que tenemos para solucionar la coyuntura económica y energética actual tanto en términos de inflación, como de seguridad energética y de competitividad de nuestra economía.
Me gustaría recordar el impacto de cada aerogenerador que se instala en España. Cada aerogenerador que se instala en España reduce las importaciones de gas en 4,2 millones de euros al año. Si cumplimos la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2,2 gigavatios al año, estaríamos hablando de unos 2.000 millones de euros adicionales por las nuevas máquinas.
En ahorro económico y climático, estaríamos hablando que las emisiones evitadas a la atmósfera son del entorno de 435.000 euros al año por aerogenerador. Si además cumplimos esta senda establecida (2,2 GW año) estamos hablando de un ahorro económico de 200 millones de euros al año adicionales por las nuevas máquinas.
Estamos muy por debajo del ritmo necesario para poder cumplir con los objetivos españoles. Y lamentablemente creemos que esto va a tener consecuencias en la cadena de valor en España, ya que es necesario disponer de un volumen mínimo que justifique la ubicación de las capacidades industriales en nuestro país.
España sigue siendo un referente desde el punto de vista de las exportaciones. Seguimos siendo el quinto país en el ránking de países exportadores de aerogeneradores. Y somos número uno en exportación de tecnología eólica flotante, pero, como decía, es necesario un volumen crítico en España para poder garantizar la creación de empleo y posicionar España como un hub industrial.
Las subastas son un mecanismo muy válido para incentivar el desarrollo de las energías renovables. Pero desde luego no es el único. Lo que no podemos hacer es medir el tamaño del mercado en función del éxito o del fracaso de las subastas. El tamaño del mercado lo va a dar el nivel de autorizaciones que consigamos, y sobre todo el nivel de Declaraciones de Impacto Ambiental [DIAs] que podamos conseguir.
Desde el punto de vista de la concurrencia, la subasta no ha estado mal, por los datos extraoficiales, porque de momento no hay datos oficiales. Estamos hablando de entre 3.600 y 4.000 MW que han concurrido para los 3.300 que se subastaban, pero claramente el precio máximo ha sido muy bajo, y ha sido muy bajo para cubrir el coste de inversión actual, es decir, el capex actual, y ha sido muy bajo desde el punto de vista de la gestión de las expectativas del negocio. Hoy mismo, si miramos los futuros del precio de la energía en el año 2030, ese precio está superando los ochenta euros por megavatio hora y por supuesto ese no era el precio de corte.
Está claro que los retrasos en la obtención de los permisos, especialmente en las DIAs, incorporan muchísimo riesgo para los promotores. Vemos un gravísimo riesgo de que un porcentaje muy relevante de proyectos eólicos en tramitación, en el entorno de los 19 GW, puedan perder los permisos de acceso y conexión a finales de enero. Esto añade un riesgo adicional a la participación en la subasta.
Este riesgo desde luego que no depende de la capacidad de gestión de las empresas; está condicionado por la capacidad de las administraciones públicas para realizar su parte del trabajo. Unas administraciones públicas que tienen disparidad de criterios entre comunidades autónomas e incluso posicionamientos políticos totalmente encontrados. Esto al final genera una situación en la que los perjudicados son las empresas, que son las que ponen su capital humano, su capital económico, y las que, si no cumplen un hito, pierden el acceso a la red y las garantías.
Lamentablemente, una de las consecuencias que ha tenido esto ha sido que, con la paralización o la ralentización de las DIAs, los pedidos a fábrica prácticamente se han paralizado. Prácticamente ningún promotor se arriesga a hacer ningún pedido hasta que no tenga una DIA. Esta situación… si en enero de 2023 se produce la caducidad de esos 19 GW… esto agravaría la situación de una industria que se encuentra en una coyuntura tremendamente compleja, con resultados económicos negativos en los últimos trimestres para la mayoría… no, para la mayoría no… para todos los fabricantes
Por ello, y aunque no es la medida óptima, desde el sector eólico hemos propuesto una ampliación de plazo, seis meses, en la obtención del hito de la DIA, y por supuesto la traslación del hito de autorización.
Estas son las malas noticias. Las buenas noticias vienen mirando al futuro. Hace unos días estuvimos en el I Congreso Eólico Marino en Bilbao, que fue un éxito desde todos los puntos de vista. Creo que tenemos una gran oportunidad en el desarrollo de la eólica marina en España para el desarrollo de nuestra economía, para la creación de nuevos empleos, y unas sinergias muy grandes con otras actividades industriales. Tenemos la cadena de valor, las infraestructuras necesarias para abordar este desarrollo de eólica marina y convertirnos en referente en esa tecnología.
Pero para ello es urgente de un marco regulatorio que esté actualizado, y que active en los próximos meses el desarrollo de los parques eólicos que tendrán que estar en operación en el año 2030. También hace unas semanas presentamos el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina, que hace referencia al impacto que la eólica marina va a tener en España. Estamos hablando de cifras muy relevantes, 7.500 empleos en el período 2025-2030, creciendo hasta 17.000 empleos en el período 2045-2050.
Esto va a significar una aportación al PIB del entorno de 2.000 millones de euros ya comenzando desde el quinquenio 2025-2030. Pero tenemos deberes por hacer. Es muy urgente desarrollar los planes de ordenación del espacio marítimo y por supuesto, el tema más importante en el que insistimos, una subasta específica para la eólica marina, que incluya en la subasta la concesión de los derechos administrativos, el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión y de los derechos económicos. Todo ello, esas tres cosas, en la misma subasta.
En paralelo también es necesario establecer un calendario de la eólica marina que facilite la inversión y ofrezca esa visibilidad necesaria para el desarrollo de la eólica marina en el país, y todo ello, con el necesario consenso social que permita la convivencia de la eólica marina con otras actividades en nuestras costas»
