A partir del 1 de junio, ha entrado en vigor en toda la Unión Europea una nueva normativa que modifica los tamaños mínimos permitidos para las mallas de pesca, una medida que busca proteger la biodiversidad marina y favorecer la sostenibilidad de los caladeros, pero que está generando profunda preocupación entre los pescadores de la provincia de Castellón.
La nueva legislación, impulsada por la Comisión Europea, forma parte de un paquete más amplio de reformas dentro de la Política Pesquera Común (PPC) y se centra en la protección de especies vulnerables o en regresión, como la merluza y el salmonete, dos de las especies más capturadas en las aguas mediterráneas próximas a Castellón. Las nuevas mallas, de tamaño mayor, están diseñadas para permitir que los ejemplares jóvenes escapen, asegurando así una reproducción más eficaz.
Aunque el objetivo medioambiental de la normativa es bien recibido desde algunos sectores, el impacto económico y operativo sobre la flota artesanal y de arrastre es motivo de preocupación generalizada. “Estamos de acuerdo en proteger el mar, pero no a cualquier precio ni de espaldas al sector”, apuntan desde una de las cofradías locales.
Una de las principales críticas de los pescadores es que el cambio, que ha requerido inversiones considerables para la adquisición e instalación de las nuevas redes, se ha producido sin que se hayan liberado aún las ayudas prometidas por el Gobierno español, que debían compensar los costes de adaptación. En muchos casos, estas redes suponen miles de euros por embarcación, a los que hay que sumar la necesidad de modificar las técnicas de pesca y afrontar una reducción previsible del volumen de capturas.
La normativa también establece penalizaciones importantes para quienes no cumplan con los requisitos, incluyendo la reducción del número de días de faena autorizados. De los actuales 130 días anuales, quienes no utilicen las mallas reglamentarias podrían verse limitados a tan solo 27 días de actividad, lo que para muchos pescadores supone prácticamente la ruina operativa.
A pesar de las dificultades, la mayoría de la flota de Castellón ya ha comenzado a adaptarse a los nuevos estándares. Desde las cofradías aseguran que han hecho “un esfuerzo enorme”, tanto económico como organizativo, para cumplir con los plazos establecidos por Bruselas. Sin embargo, reclaman ahora que las administraciones públicas cumplan también su parte, activando las ayudas comprometidas y ofreciendo una mayor asistencia técnica y acompañamiento durante el periodo de transición.
Además, el sector advierte del riesgo de pérdida de competitividad frente a embarcaciones de otros países que, si bien están sometidas a las mismas normas en teoría, en la práctica pueden operar con menos controles o sanciones más laxas. “Si todos no jugamos con las mismas reglas, los que cumplimos salimos perdiendo”, señalan.
Mientras tanto, los pescadores de Castellón siguen saliendo a faenar en medio de la incertidumbre, intentando compatibilizar las exigencias legales con la necesidad de mantener una actividad que representa un sustento económico y cultural para cientos de familias en la provincia.
Desde la Generalitat Valenciana se ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a agilizar las transferencias y desbloquear las ayudas lo antes posible, en coordinación con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). El objetivo, aseguran, es evitar el colapso de un sector que ya se enfrenta a elevados costes energéticos, reducción de caladeros y falta de relevo generacional.
La próxima semana se ha convocado una reunión entre representantes del sector, técnicos del Ministerio y autoridades autonómicas para evaluar la situación y definir medidas de urgencia. Mientras tanto, la nueva temporada avanza con cautela, a la espera de que el equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica sea algo más que una declaración de intenciones.
