La divergencia regulatoria tras el Brexit abre la puerta a mayores riesgos de importaciones vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en un mercado que depende en más de un 80% del producto exterior
La brecha regulatoria entre el Reino Unido y la Unión Europea en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) empieza a ser motivo de preocupación para organizaciones ambientales y operadores del sector. Mientras Bruselas ha reforzado y modernizado su sistema de control de importaciones pesqueras, Londres mantiene la versión previa al Brexit sin incorporar las últimas mejoras.
La cuestión no es menor. El Reino Unido depende en torno a un 81% de importaciones para cubrir su consumo total de productos del mar, lo que convierte la solidez de sus controles en un elemento estratégico para la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la competencia leal.
Certificados de captura: menos exigencias que la UE
La UE puso en marcha en 2010 el Reglamento 1005/2008 contra la pesca IUU, que introdujo el sistema de certificados de captura, el mecanismo de “tarjetas” a terceros países y obligaciones de reporte. Tras el Brexit, el Reino Unido retuvo esta normativa, pero no ha seguido el ritmo de actualización europea.
Con la revisión del Reglamento de Control (2023/2842), Bruselas ha ampliado el contenido obligatorio de los certificados de captura hasta cubrir 17 elementos clave de trazabilidad. El Reino Unido, en cambio, exige actualmente solo 13.
Entre los datos que Londres no solicita figuran aspectos esenciales como:
- Distinción clara entre zona económica exclusiva y alta mar.
- Puerto de desembarque.
- Tipo de arte de pesca empleado.
- Identificadores únicos obligatorios de los buques.
Estos elementos son considerados fundamentales para garantizar la trazabilidad y verificar la legalidad de las capturas.
Además, la UE ha sustituido el sistema en papel por la plataforma digital CATCH, que permite la verificación electrónica de certificados, cruces de datos automáticos y mejor detección de envíos de alto riesgo. El Reino Unido continúa operando con procedimientos mayoritariamente basados en documentación física.
El sistema de “tarjetas”: una herramienta que el Reino Unido ha dejado inactiva
Uno de los instrumentos más potentes del sistema europeo es el llamado “carding system”, que permite emitir advertencias (tarjeta amarilla) y, en caso de incumplimiento persistente, prohibir exportaciones (tarjeta roja) a países que no combatan adecuadamente la pesca ilegal.
Desde 2021, la UE ha seguido utilizando esta herramienta, imponiendo nuevas tarjetas rojas y amarillas a distintos países. El Reino Unido, sin embargo, no ha activado su propio sistema independiente ni ha emitido nuevas advertencias desde el Brexit.
Como consecuencia, productos procedentes de países sancionados por la UE podrían seguir teniendo acceso al mercado británico, generando una posible vía alternativa de comercialización.
Menos transparencia y menos reporting
Otra diferencia relevante es la eliminación en el Reino Unido de la obligación de presentar informes bienales sobre la aplicación del reglamento IUU, requisito que sí continúa vigente en la UE.
Sin esta obligación, se reduce la sistematización de datos sobre:
- Rechazos de consignaciones.
- Verificaciones adicionales.
- Procedencia de importaciones de riesgo.
Las Autoridades Portuarias británicas tampoco están obligadas actualmente a notificar todos los rechazos a la Marine Management Organisation (MMO), lo que limita la transparencia y la capacidad de análisis global.
Verificaciones y controles: diferencias en la aplicación
Más allá del marco legal, también existen diferencias en la implementación práctica. En el Reino Unido, las autoridades pueden realizar verificaciones reforzadas consultando al Estado de pabellón del buque cuando existan dudas sobre la legalidad de la captura.
Sin embargo, informes recientes apuntan a tasas de verificación relativamente bajas, lo que podría explicar el escaso número de rechazos registrados, incluso en productos procedentes de países considerados de riesgo.
En contraste, algunos Estados miembros de la UE —como España— aplican controles más intensivos y sistemáticos, lo que ha sido señalado como ejemplo de buenas prácticas dentro del bloque comunitario.
Riesgos para el mercado y el sector
La divergencia regulatoria no solo tiene implicaciones ambientales. También plantea cuestiones económicas y estratégicas:
- Posible entrada de producto vinculado a pesca ilegal.
- Distorsiones competitivas frente a operadores europeos sometidos a mayores exigencias.
- Riesgos reputacionales para el mercado británico.
- Debilitamiento de la presión internacional para mejorar la gobernanza pesquera en terceros países.
En un contexto global marcado por la presión sobre los recursos, la criminalidad asociada a la pesca IUU y la creciente exigencia de trazabilidad por parte de los consumidores, la robustez de los sistemas de control se ha convertido en un elemento clave de política marítima.
La divergencia entre la UE y el Reino Unido refleja una consecuencia más del Brexit: la necesidad de definir modelos regulatorios propios. La cuestión ahora es si Londres optará por reforzar su marco de control para equipararse a los estándares comunitarios o si mantendrá un sistema que, según distintas organizaciones, corre el riesgo de quedarse rezagado en la lucha contra una de las principales amenazas para la sostenibilidad pesquera global.
