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Con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza. El resultado provocó aplausos y vítores de los socialistas y los verdes, mientras sus colegas de derechas guardaban silencio.La ley, muy suavizada durante el proceso de negociaciones con los Estados miembros, pasará ahora al Consejo, donde los llevarán a cabo la votación final antes de que entre en vigor.
¿En qué consiste la Ley de Restauración de la Naturaleza?
Se trata de una norma que pretende rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres y el 30 % de las marinas de la Unión Europea para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050.
Establece obligaciones y objetivos en distintos ámbitos de actuación, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y las zonas urbanas, para revertir gradualmente los daños ambientales causados por el cambio climático y la actividad humana descontrolada.
Presentada por primera vez por la Comisión Europea en junio de 2022, cobró mayor importancia tras el histórico acuerdo sobre biodiversidad sellado en la COP15.
La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza, más conocido como Ley de Restauración de la Naturaleza, fue presentada por la Comisión Europea el 22 de junio de 2022 y tiene como finalidad “reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado y devolver la naturaleza a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos».
La Ley establece un marco regulatorio común y cuantificable y los Estados miembros deben poner en marcha un Plan Nacional de Recuperación de la Naturaleza que determine las medidas de restauración necesarias para cumplir los objetivos previstos, distinguiéndose entre ecosistemas marinos, urbanos, fluviales, poblaciones de polinizadores, agrícolas y forestales.
Pero el año pasado, la ley se convirtió en el blanco de una feroz campaña de oposición por parte de los conservadores, en particular del Partido Popular Europeo (PPE), la mayor formación del Parlamento.
El PPE afirmó en repetidas ocasiones que el proyecto de ley pondría en peligro el sustento de los agricultores europeos, interrumpiría las cadenas de suministro establecidas desde hace tiempo, disminuiría la producción de alimentos, elevaría los precios para los consumidores e incluso acabaría con las zonas urbanas para dar paso a espacios verdes.
Los argumentos fueron fuertemente rebatidos por grupos de izquierda, la Comisión Europea, decenas de ONG, miles de científicos del clima, la industria de las renovables y grandes empresas como IKEA, H&M, Iberdrola, Unilever, Nestlé y Danone, que insistieron en que el objetivo de restaurar la naturaleza era compatible con la actividad económica y esencial para garantizar la viabilidad a largo plazo de los suelos europeos.
La presión del PPE para desbaratar la posición común del Parlamento fracasó en julio, después de que un puñado de conservadores se rebelara y rompiera filas para votar a favor del proyecto de ley. Esto permitió a los eurodiputados entablar negociaciones con el Consejo y alcanzar un acuerdo provisional en noviembre, que se esperaba fuera aprobado por ambas instituciones.
La posición de los agricultores respecto a la Ley de Restauración de la Naturaleza
Sin embargo, el estallido en enero de las protestas de los agricultores de toda Europa revigorizó la reacción contra el Pacto Verde, ya que el sector agrario culpó directamente a la normativa medioambiental del bloque como motivo de la excesiva carga burocrática.
La Ley de Restauración de la Naturaleza, que había quedado relegada a un segundo plano, volvió a situarse en el centro de la tormenta política. «Seguimos creyendo que está mal redactada y nunca estuvo a la altura de la tarea que teníamos por delante», declaró el martes Manfred Weber, presidente del PPE, antes de la votación.
«La inflación está hoy impulsada por la subida de los precios de los alimentos en los supermercados. Tenemos que pedir a nuestros agricultores que produzcan más y no menos para estabilizar la inflación».
Pedro Marques, de los Socialistas y Demócratas (S&D), contraatacó y acusó a los conservadores de difundir desinformación. «Esa idea de que votan (contra la ley) porque se preocupan por los agricultores es absolutamente inaceptable. Es populista. Esto es engañar a los europeos y ciertamente a nuestros agricultores», dijo Marques.
