Eugenio Piñeiro Soler presenta ante el Consejo Pesquero del Atlántico Medio su hoja de ruta: mejorar la base científica, reforzar el papel de los consejos y ampliar la investigación cooperativa, mientras crecen las dudas sobre el impacto de los despidos en los centros científicos
El responsable de NOAA Fisheries, Piñeiro Soler, ha colocado la ciencia en la cima de su agenda. “Mis prioridades cuando asumí este cargo fue, número uno, la ciencia. Tenemos que tener mejor ciencia. Tenemos que mejorar la ciencia… nuestros productos, nuestros resultados. Y esa es la prioridad número uno de esta Administración”, afirmó durante la reunión de diciembre del Mid-Atlantic Fishery Management Council (Consejo de Gestión Pesquera del Atlántico Medio).
En su intervención, Piñero Soler desgranó tres ejes de trabajo para la agencia: ciencia, consejos de gestión pesquera e investigación cooperativa. Un mensaje que llega en un momento de alta sensibilidad política y sectorial en EE. UU., con el debate reabierto sobre cómo se construyen las decisiones de gestión —y con qué recursos humanos— tras meses de ajustes en el empleo federal.
Tecnología “rápida” para acelerar datos y decisiones
Soler estuvo acompañado por Evan Howell, recién nombrado deputy assistant administrator for scientific programs (adjunto para programas científicos) de NOAA Fisheries. Howell, que trabaja en NOAA desde 1997 y ha dirigido la Office of Science Technology, defendió que el nuevo enfoque viene acompañado de una apuesta fuerte por aplicar tecnología con rapidez.
“Creo que verán mucha inversión en aplicar tecnología rápidamente”, aseguró Howell, que describió un objetivo operativo: poner en marcha las herramientas con mayor probabilidad de éxito para mejorar el flujo de información y elevar la calidad de las recomendaciones. En su diagnóstico, parte del trabajo “este año y el siguiente” consistirá en introducir “la tecnología adecuada de la manera adecuada” y aprender a empaquetar la ciencia para que sirva mejor al proceso de toma de decisiones.
Howell añadió que su intención es estrechar la colaboración con los consejos de gestión: no solo para producir ciencia más rápido, sino para entregarla con mayor eficiencia y “armonía” entre los proyectos científicos, el proceso de los consejos y la gestión final de las pesquerías.
La “Gold Standard Science” de Trump y el precedente de la langosta
El giro discursivo se enmarca en una directriz política previa. En mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Restoring Gold Standard Science” (Restaurar la ciencia de estándar oro), que insta a las agencias a practicar transparencia de datos, reconocer incertidumbres, ser claras sobre supuestos y escenarios y comunicar con precisión.
En esa orden, Trump vinculó la medida a una caída de confianza pública: “Durante los últimos cinco años, la confianza en que los científicos actúan en el mejor interés del público ha caído significativamente… En varios casos notables, departamentos y agencias federales han usado o promovido información científica de manera altamente engañosa”, afirmó.
El texto pone como ejemplo una “biological opinion” de NOAA Fisheries de 2021 que estuvo cerca de paralizar la pesquería de langosta de Nueva Inglaterra para proteger a la ballena franca del Atlántico Norte. Ese informe —posteriormente anulado por un tribunal federal— fue criticado por la industria y legisladores por basarse en escenarios de peor caso a la hora de evaluar impactos.
En una audiencia de junio de 2025, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue preguntado por cómo evitar un escenario similar. Su respuesta fue tajante: “Creemos que esta falta caprichosa de rigor en nuestra ciencia tiene que terminar… solo ciencia real, no ciencia basada en opiniones, tiene que ser la regla”.
Dudas por los despidos: “la pérdida de conocimiento es incalculable”
Sin embargo, legisladores demócratas y ex altos cargos de NOAA han cuestionado si el énfasis en la ciencia se corresponde con la práctica, especialmente tras los despidos de científicos en el marco de la reducción del tamaño de la administración federal.
Una solicitud FOIA (acceso a la información) presentada por el Center for Biological Diversity (CBD) reveló que 545 empleados de NOAA Fisheries fueron despedidos o aceptaron salidas incentivadas en febrero de 2025 por un nuevo grupo gubernamental liderado por el empresario Elon Musk, según el propio CBD. El análisis de la organización sostiene que más de la mitad de los afectados trabajaban en apoyo directo a ecosistemas marinos y fauna silvestre, incluyendo numerosos biólogos marinos.
“La aversión de la Administración Trump hacia ballenas, delfines y nuestro mundo natural está golpeando duro a los océanos”, declaró a SeafoodSource Miyoko Sakashita, directora de océanos de CBD, en octubre. En su valoración, recortar equipos que sostienen la salud de especies como el salmón o la nutria marina “saldrá mal” y reducirá la preparación frente al “caos climático”.
Más allá de los posicionamientos, también han aparecido testimonios sobre efectos en los centros científicos. El Southeast Fisheries Science Center, por ejemplo, habría perdido 56 empleados tras los recortes. Y el 18 de diciembre, The New York Times publicó una entrevista con Ana Vaz, bióloga de peces del mismo centro, despedida en abril. “Si no tienes a alguien dedicando tiempo y con conocimiento de oceanografía y biología, es muy difícil”, señaló. Vaz explicó que, entre despidos y jubilaciones anticipadas, el centro habría perdido “cerca de 60 de 200 personas” y lanzó una pregunta que resume la preocupación de parte del colectivo científico: “El conocimiento que se está perdiendo, ¿cómo podemos recuperarnos de eso?”
Entre la promesa de rigor y el reto de sostener capacidades
El mensaje de Soler busca fijar rumbo: mejores evaluaciones, mejor tecnología aplicada y un engranaje más fluido entre ciencia, consejos y gestión. Pero el contexto añade presión: la credibilidad científica y la capacidad real de producir datos y evaluaciones —especialmente en un escenario de plantillas tensionadas— se han convertido en el termómetro con el que el sector y el Congreso medirán si la “prioridad número uno” se traduce en resultados.
