El acuerdo que ha puesto fin al cierre más largo de la Administración federal de Estados Unidos no solo ha reabierto oficinas y devuelto el sueldo a cientos de miles de funcionarios. Entre las líneas del paquete de financiación aprobado por el Congreso y firmado el 12 de noviembre por el presidente Donald Trump, se esconden varias medidas clave para la industria de los productos del mar: refuerzo presupuestario para inspecciones alimentarias y la creación, por primera vez, de una figura específica de enlace del sector pesquero dentro del Departamento de Agricultura (USDA).
El acuerdo, una resolución de financiación provisional que mantiene al Gobierno en funcionamiento hasta finales de enero, congela en general los niveles de gasto en las cifras de 2025, pero incorpora a última hora una enmienda del Senado con varias reivindicaciones históricas del sector pesquero estadounidense.
Más dinero para la FDA y para los controles de alimentos
Uno de los pilares del nuevo texto es el refuerzo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), encargada de supervisar la seguridad de la mayor parte de los productos del mar que consumen los estadounidenses. La ley fija un presupuesto total de 6.957 millones de dólares para la agencia, de los que 1.170 millones se destinan a su Human Foods Program y a las actividades de campo asociadas: inspecciones, investigaciones y operaciones de control en frontera. Además, al menos 116 millones de dólares deberán ir específicamente a programas de inspección y vigilancia realizados por estados y autoridades locales.
Estas partidas cobran relevancia tras un cierre gubernamental que dejó a FDA y al servicio de inspección de carnes y aves de USDA funcionando a medio gas, centrados únicamente en actividades esenciales y con gran parte de las inspecciones rutinarias pospuestas. En un país donde alrededor del 94 % del pescado y marisco consumido procede de la importación, la paralización parcial de controles ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de consumidores y operadores responsables, que ven cómo la inspección federal apenas alcanzaba ya a una fracción mínima de los cargamentos antes de la crisis.
En paralelo, el sector llevaba años presionando para que los presupuestos incluyeran líneas específicas para reforzar las inspecciones de marisco importado. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han manejado en los últimos ejercicios cifras mínimas de al menos 15 millones de dólares dedicados a este concepto, señal del interés político por aumentar el escrutinio sobre la cadena global de suministro de productos del mar.
Un “embajador” del sector pesquero dentro del USDA
La novedad más simbólica para la industria es, sin embargo, la creación de un nuevo puesto de seafood industry liaison —enlace o representante del sector de productos del mar— dentro de la Oficina del Secretario de Agricultura. El paquete asigna 500.000 dólares para poner en marcha esta nueva oficina, algo menos de los 625.000 previstos inicialmente por el Senado, pero suficiente para que el cargo arranque en 2026.
Según el informe explicativo del Senado, el enlace tendrá el mandato de apoyar al marisco “capturado y procesado domésticamente, tanto salvaje como de acuicultura”, y de coordinar la acción del USDA con el Departamento de Comercio —del que depende NOAA Fisheries— y con la Oficina del Representante de Comercio (USTR). En la práctica, se trata de un interlocutor interno que deberá velar por que el pescado y el marisco reciban un trato similar al de otros sectores agrícolas a la hora de acceder a créditos, programas de compra pública o acciones de promoción.
La creación de esta figura era una vieja aspiración de asociaciones como la National Fisheries Institute o Seafood Harvesters of America, que desde 2023 pedían una oficina específica para integrar la perspectiva del marisco en las políticas agrícolas federales. “Es una gran victoria para las comunidades costeras y para nuestros pescadores”, ha subrayado el senador republicano Dan Sullivan, uno de los principales impulsores de la medida, que la ve como una herramienta para defender mejor los intereses de Alaska y del resto de estados pesqueros en Washington.
Veto al marisco chino en los comedores escolares
La misma enmienda que crea el enlace pesquero incorpora otra disposición de fuerte carga política: a partir de ahora, los fondos públicos destinados al Programa Nacional de Comedores Escolares no podrán utilizarse para comprar pescado o marisco —ni productos avícolas— procedentes de China.
La cláusula, promovida también por Sullivan en anteriores intentos legislativos, había sido aprobada por el Senado en 2023, pero nunca llegó a superar el filtro de la Cámara de Representantes. Su inclusión en la resolución que pone fin al cierre gubernamental supone un giro significativo, en plena escalada arancelaria de Estados Unidos sobre los productos del mar chinos.
El veto no equivale a una prohibición general de importar marisco de China, pero sí cierra la puerta de uno de los grandes compradores públicos del país, los programas de alimentación escolar, y refuerza el mensaje político de priorizar producto doméstico o de aliados en la compra pública de alimentos.
Catfish, etiquetado y otros guiños sectoriales
El paquete de financiación incluye además otros detalles de interés para la cadena de valor de los productos del mar. Entre ellos, una partida de dos millones de dólares en ayudas a procesadores de bagre (catfish), un subsector con fuerte implantación en el sur de Estados Unidos que en los últimos años ha sufrido tanto por la competencia de importaciones como por los vaivenes del coste de la energía y la alimentación.
El texto también ordena a la FDA trabajar con la industria para consensuar un nombre de mercado adecuado para más de una docena de especies de rockfish, un grupo de peces que a menudo genera confusión en el etiquetado y que ha aparecido de forma recurrente en investigaciones sobre fraudes o mal etiquetado de productos del mar.
Todas estas disposiciones se suman a un lenguaje más amplio en los presupuestos federales que insta a las agencias a combatir el fraude alimentario, mejorar la exactitud del etiquetado y revisar sus recomendaciones de consumo de pescado a la luz de la evidencia científica más reciente.
Un respiro para la seguridad alimentaria… con fecha de caducidad
Para la industria pesquera y marisquera, el fin del shutdown y la entrada en vigor de este paquete suponen un respiro tras semanas de incertidumbre regulatoria: se reanudan las inspecciones, se desbloquean procesos de importación y exportación y se refuerza, al menos sobre el papel, la coordinación de políticas pesqueras dentro del USDA.
Sin embargo, se trata solo de una solución temporal. La resolución aprobada mantiene el Gobierno en funcionamiento hasta finales de enero y vuelve a colocar a las agencias frente al abismo presupuestario en apenas unas semanas. La nueva figura de enlace pesquero y el esfuerzo adicional en inspecciones alimentarias necesitarán consolidarse en los presupuestos definitivos de 2026 para convertirse en un cambio estructural y no en una anécdota legislativa nacida al calor de un cierre gubernamental histórico.
