Cancelaciones, sanciones y presiones: consecuencias crecientes ante la ofensiva en Gaza
El gobierno español ha cancelado recientemente un contrato valorado en casi 700 millones de euros para la compra de lanzacohetes de diseño israelí, como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza.
También ha suspendido otro contrato para misiles antitanque, fabricados bajo licencia de una empresa israelí, por valor de alrededor de 287 millones de euros.
Se prevé además que España lleve adelante una revisión más amplia para eliminar progresivamente equipos armamentísticos o tecnología israelí en las fuerzas armadas.
La Comisión Europea ha propuesto suspender el tratado de libre comercio con Israel, lo que significaría aplicar aranceles estándar a bienes exportados actualmente con ventajas, si bien esa propuesta aún no cuenta con apoyo unánime de los Estados miembros.
También se están barajando sanciones dirigidas a figuras políticas israelíes y restricciones que afectarían al acceso a contratos públicos y protección de propiedad intelectual entre entidades israelíes con la UE.
A pesar de estas iniciativas, la industria de defensa israelí registra una fuerte resiliencia, en parte porque varios de sus productos son ya parte del equipamiento de ejércitos europeos y por la existencia de asociaciones y filiales dentro de Europa, lo que complica aplicar medidas sin afectar también intereses internos.
Dilemas de política exterior, ética y seguridad
Los países europeos enfrentan un dilema: equilibrar la presión ética y humanitaria con las obligaciones de seguridad nacional, que incluyen dependencia tecnológica en algunos casos de sistemas aportados por empresas israelíes.
El boicot en el sector defensa puede tener repercusiones en la competitividad industrial europea mismo, pues obliga a buscar proveedores alternativos, lo que puede suponer mayores costos, demoras u operar con tecnologías menos maduras o más caras.
ONG, organizaciones civiles y algunos parlamentarios presionan para que la UE aplique mecanismos como cláusulas sobre derechos humanos en acuerdos comerciales, lo cual podría legitimar cancelaciones o recortes de contratos si se considera que Israel ha violado ciertos estándares humanitarios. CEPS+1
Las empresas de defensa israelíes, como Elbit Systems y Rafael, han advertido que un boicot podría afectar sus ingresos y su capacidad de exportación, pero sostienen que muchos de sus contratos ya en curso y asociaciones con empresas europeas y filiales les dan cierta amortiguación frente a sanciones directas.
También alegan que muchos productos ya han sido licitados o comprados, lo que hace difícil el retroceso sin generar repercusiones legales o contractuales.
