Los ecologistas europeos vuelven a cargar contra la pesca de arrastre y Bruselas les sigue en sus tesis. Así, France nature environnement (FNE), la principal federación de organizaciones ecologistas de Francia, afirma que prohibir la pesca de arrastre en las zonas marinas protegidas sería económicamente rentable.
La Estrategia sobre la Biodiversidad de la Unión Europea (UE) marca para el 2030 el objetivo de convertir el 30 % de las aguas comunitarias en áreas marinas protegidas, preservando un 10 % de esas zonas de modo estricto. La Comisión Europea anunció para este año una hora de ruta y un plan de acción que incluirá medidas para limitar la pesca de arrastre de fondo «cuando sea necesario». Se lo recordó a la Comisión el eurodiputado español Adrián Vázquez Lázara (Ciudadanos) cuando le preguntó si se plantea «limitar o prohibir la pesca de arrastre» en ese 30 % del mar comunitario. Virginijus Sinkevicius, el comisario europeo de Pesca, le contesta que estudiarán «cómo conciliar el uso de los artes de pesca de arrastre de fondo con los objetivos en materia de biodiversidad, dado que hoy en día ese tipo de pesca es la actividad más perjudicial para el fondo marino».
El sector pesquero está harto
El sector de arrastre mantiene que «han especialmente castigados por la reducción progresiva de las cuotas de pesca, el brexit y los efectos de la covid-19». Como prueba de los golpes recibidos por los arrastreros gallegos en los últimos años, señala que en el 2006 sumaban 27.780 GTs de arqueo bruto y en el 2019 se habían reducido un 43 %, hasta 12.880.
Por su parte la plataforma que agrupa a unas 3.500 asociaciones ecologistas, ya había pedido en enero, cuando se publicó el apartado marítimo de la nueva estrategia nacional de espacios protegidos, la prohibición de la pesca de arrastre (pelágico y de fondo) en amplias zonas del Golfo de Vizcaya, así como de las redes y el dragado.
Además de las razones medioambientales, la asociación esgrime ahora un argumento económico en un comunicado de prensa. Basándose en un análisis socioeconómico encargado por la ONG europea Seas at Risk y realizado por la New Economics Foundation, afirma que «la prohibición de las técnicas de pesca que destruyen el fondo marino en las zonas marinas protegidas produciría beneficios netos a partir del cuarto año de su aplicación».
Sinkevicius matiza que la delimitación de las áreas protegidas «no implica necesariamente el cierre total» a la pesca, sino medidas de gestión «en función de los objetivos de conservación de las zonas y de acuerdo con los mejores dictámenes científicos disponibles». Sin embargo, admite que la aplicación de esas premisas «puede dar lugar a la prohibición de determinadas actividades pesqueras» en esos espacios. Todo, añade el eurocomisario, pensando en «satisfacer los requisitos ecológicos» de las zonas a preservar.
Según la FNE, que también afirma que «la pesca de arrastre de fondo libera tanto carbono como el transporte aéreo, tras 13 años de prohibición, cada euro gastado reportaría 3,41 euros: en 20 años, esto supondría una ganancia neta acumulada de 8.400 millones de euros». Esta cifra se alcanzaría, en particular, gracias a «la creación de nuevas actividades de ocio y a la presencia de peces más grandes y en mayor número, que podrían ser capturados por los pescadores con métodos de pesca virtuosos».
Sólo el 1,6% de las zonas marinas protegidas francesas están realmente protegidas», concluye Élodie Martinie-Cousty, responsable de la red de Océanos, Mares y Costas de la FNE. La pesca de arrastre de fondo es una de las prácticas más perjudiciales para el medio ambiente marino y debe prohibirse lo antes posible si Francia quiere alcanzar su objetivo de una protección del 10% y comenzar la transición ecológica de la pesca francesa.
