Gobiernos y empresas planean su explotación para extraer materiales básicos para la transición energética. Greenpeace denuncia «los peligros de una industria en pruebas»
En abril del año pasado Greenpeace daba la voz de alarma. La organización ecologista envió el Rainbow Warrior a la zona Clarion-Clipperton, una vasta extensión del océano Pacífico situada entre Hawai y México. Allí una empresa minera belga realizaba pruebas con un enorme robot, el Patanial II, capaz de descender a más de 4.000 metros de profundidad para recoger nódulos, pequeñas acumulaciones de minerales. «Con esta acción, Greenpeace denuncia los peligros de una nueva industria, que hoy está aún en fase de pruebas, pero que amenazará a todo un ecosistema marino si le dan luz verde», explicó la ONG.
Empresas y gobiernos están acelerando proyectos para explotar yacimientos de profundidad, en busca de metales estratégicos para la transición energética; materiales presentes en el suelo oceánico o incluso por debajo de él, situados entre 200 y 5.000 metros bajo la superficie del agua. Una cuestión crucial para los ecosistemas marinos que, sin embargo, ha estado ausente del orden del día en la One Ocean Summit, reunión internacional celebrada la semana pasada en el puerto bretón de Brest. Francia, organizador de la cumbre, posee el segundo mayor patrimonio marítimo del mundo -gracias a los territorios de ultramar, como las Antillas y a la Polinesia- y es uno de los países más interesados en la nueva industria de los recursos minerales que yacen en el fondo del océano.
«Tenemos en nuestras zonas económicas exclusivas la posibilidad de realizar estas exploraciones, una palanca extraordinaria para entender los organismos vivos, quizás para acceder a ciertos metales raros, para entender el funcionamiento de nuevos ecosistemas, para innovar en el ámbito de la salud», declaraba hace unos meses Emmanuel Macron durante la presentación de su plan Francia 2030. Aunque el presidente puso especial atención en utilizar el término exploración y no explotación, el Gobierno galo se ha declarado favorable a utilizar los recursos contenidos en los nódulos y sulfuros hidrometálicos del fondo marino, que incluyen molibdeno, litio, titanio y niobio.
La mayoría de esos yacimientos se encuentran más allá de las aguas territoriales, por tanto bajo la autoridad de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), una organización compuesta por 168 miembros que tiene su sede en Kingston (Jamaica). La ISA se creó en los años 90 para organizar y controlar todas las actividades relacionadas con los minerales. De momento la autoridad ya ha concedido 30 permisos de prospección, en los que participan 22 países y un puñado de empresas. Un informe de Greenpeace publicado en 2020 señalaba que tres corporaciones privadas están dominando el sector a través de filiales y asociaciones: la canadiense The Metals Company (antes conocida como DeepGreen), el grupo belga DEME y la estadounidense Lockheed Martin.
El verano pasado, la isla de Nauru -pequeño estado de Micronesia- activó la llamada regla de los dos años: una cuenta atrás que arranca cuando un miembro notifica a la autoridad su intención de comenzar a explotar la minería de profundidad (en este caso en favor de The Metals Company). La ISA tiene hasta el verano de 2023 para finalizar una normativa reguladora o comenzar a tramitar solicitudes de explotación sin ese marco legislativo.
Creciente demanda de minerales
«La minería de los fondos marinos se presenta a veces como una consecuencia inevitable de la creciente demanda de minerales, especialmente para suministrar ciertos metales para la transición ecológica·, explica la doctora Kirsten Thompson de la Universidad de Exeter, autora de un artículo publicado en la revista Frontiers in Marine Science. «Ésta es la narrativa de las empresas mineras, que también presentan la minería de los fondos marinos como el ‘menor de los males’, en comparación con la terrestre, pero es imposible comparar el valor de los ecosistemas terrestres y los de los fondos marinos. Y si nos estamos planteando ‘¿qué industria destructiva es mejor?’, es que nos estamos haciendo la pregunta equivocada«.
Además, la cuestión de la redistribución equitativa de los beneficios es especialmente espinosa. Las empresas privadas deben recibir el patrocinio de varios países y las pequeñas naciones insulares están muy solicitadas en este sentido. Algunos, como la República de Fiyi y Vanuatu, se han pronunciado en contra, por el impacto que tendrá en el medio ambiente, pero otros, como Kiribati, Nauru y Tonga, no han querido dejar pasar la oportunidad.
Consecuencias Las consecuencias en los ecosistemas submarinos a largo plazo son difíciles de prever. En parte porque se trata de zonas en las que nunca ha habido presencia o actividad humana, en parte porque el estudio de las profundidades es complejo y la información, a día de hoy, escasa. En 1989 investigadores alemanes simularon perturbaciones provocadas por la minería en un campo de nódulos de manganeso, situado a 4.000 metros bajo la superficie del océano, atravesando una zona de 3,5 km de ancho del lecho marino con una pala.
Recientemente, un equipo internacional ha vuelto a la zona para analizar las consecuencias a largo plazo y ha publicado sus resultados en la revista Progress in Oceanography. Los autores explican que el flujo total de carbono en el ecosistema se redujo considerablemente y la vida microbiana se ha visto muy afectada. «Mucho más de lo que esperábamos», explican los autores.
«También hay que tener en cuenta que la perturbación causada por la minería real de los fondos marinos será mucho mayor que la que estamos viendo aquí», explica Daniëlle de Jonge, investigadora de la Universidad de Edimburgo. «Dependiendo de la tecnología aplicada, probablemente se eliminarán los 15 centímetros superiores del sedimento en un área mucho mayor, multiplicando así el efecto y aumentando sustancialmente los tiempos de recuperación«.
De Jonge y los otros autores se preguntan también sobre los efectos de las grandes cantidades de sedimentos que moverán las actividades industriales, que podrían asfixiar a esponjas y corales y comprometer la viabilidad de las cadenas alimentarias. Además, el ruido, la contaminación lumínica y las posibles fugas hidráulicas de los elevadores mecánicos de mineral también afectarán a los ecosistemas oceánicos.
