El TJUE ha dictaminado que la legislación irlandesa que penaliza las infracciones de los controles pesqueros no es incompatible con la legislación de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso de ClientEarth para acceder a los documentos de la Comisión Europea sobre el control de la pesca en Francia y Dinamarca.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea escuchará a Friends of the Irish Environment afirmando que existe una «obligación internacional» de acabar con la sobrepesca para 2020 La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido su dictamen en el asunto C-330/22, el caso de sobrepesca de Irlanda.
ClientEarth, una organización de derecho medioambiental sin ánimo de lucro, que solicitaba el acceso a los documentos de la Comisión Europea sobre la aplicación de las medidas de control de la pesca en Francia y Dinamarca.
El caso, C-249/23 P, surgió de la solicitud de ClientEarth en virtud del Reglamento (UE) n.º 1049/2001, que regula el acceso público a los documentos de la UE. ClientEarth solicitó información relacionada con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, que garantiza el cumplimiento de la política pesquera de la Unión Europea. La Comisión Europea denegó parcialmente el acceso, alegando la protección de las inspecciones y auditorías en curso, lo que dio lugar a la impugnación legal de ClientEarth.
El Tribunal General falló en contra de ClientEarth en febrero de 2023, lo que motivó el recurso de la organización. ClientEarth argumentó que los documentos eran cruciales para la participación pública en el proceso legislativo, especialmente para mejorar la protección del medio ambiente. Sin embargo, la Comisión Europea sostuvo que la divulgación de dichos documentos pondría en peligro las investigaciones en curso y estaba protegida por el artículo 4(2) del Reglamento 1049/2001.
El Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Tribunal General, coincidiendo en que la negativa de la Comisión estaba justificada. El tribunal destacó que ClientEarth no había demostrado un interés público superior que pesara más que la necesidad de confidencialidad en el proceso de auditoría de la Comisión. La sentencia destacó que, si bien la transparencia es vital, debe equilibrarse con la protección de los procedimientos de investigación.
Como resultado, el Tribunal desestimó el recurso de ClientEarth y ordenó a la organización pagar las costas judiciales incurridas durante el procedimiento.
Esta sentencia refuerza la postura de la UE sobre el mantenimiento de la confidencialidad en los asuntos de investigación, incluso frente a las reclamaciones de interés público relacionadas con la legislación medioambiental.
