Un acuerdo de 55 millones de dólares (39 millones de libras esterlinas) alcanzado por el gobierno de Sierra Leona con China proyecta construir un puerto pesquero industrial en 100 hectáreas (250 acres) en una zona de playa y bosque tropical protegido y que ha sido criticado como «un desastre humano y ecológico catastrófico» por conservacionistas, propietarios de tierras y grupos de derechos.
Las arenas doradas y negras de la playa de Black Johnson bordean el parque nacional de la Península de la Zona Occidental de la nación africana, que alberga especies en peligro de extinción como el antílope duiker y los pangolines. Las aguas son ricas en sardinas, barracudas y meros, capturados por los pescadores locales que producen el 70% del pescado para el mercado nacional.
Después de que empezaran a circular por las redes sociales informes sobre una planta de harina de pescado respaldada por China, un comunicado que parecía provenir del Ministerio de Pesca de Sierra Leona confirmó el acuerdo, pero negó que la construcción prevista fuera una «fábrica de pescado». La instalación sería un puerto para buques atuneros y de «otras pesquerías mayores» que exportan a los mercados internacionales, decía. Incluiría un «componente de gestión de residuos» para «reciclar los residuos marinos y de otro tipo en productos útiles».
El gobierno afirmó que la playa, una de las muchas que hay a lo largo de las 250 millas (400 km) de costa del país, era el «lugar más adecuado» para la construcción, y reveló que el Ministerio de Hacienda había reservado un paquete de compensación de 13.760 millones de leones (950.000 libras) para los propietarios afectados. Pero la declaración deja más preguntas que respuestas, dicen quienes se oponen al plan.
Dos grupos de campañas legales, el Instituto de Investigación Legal y Defensa de la Justicia (ILRAJ) y Namati Sierra Leona, han escrito al gobierno, en virtud de la Ley de Derecho de Acceso a la Información de 2013, exigiendo ver los estudios de evaluación de impacto ambiental y social, y el informe que muestra que la playa era, como se afirma, el lugar más adecuado para la construcción «en términos de batimetría, salvaguardias sociales (costos mínimos de reasentamiento) y cuestiones ambientales». También solicitan una copia del acuerdo de subvención entre China y Sierra Leona.
Basita Michael, abogado del ILRAJ, dijo: «El comunicado de prensa era muy vago. Nos deja preguntándonos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es que nos enteramos de esto ahora. Tenemos derecho a saber más».
James Tonner ha escrito una carta abierta al presidente, Julius Maada Bio, pidiéndole que intervenga y detenga la construcción, que según Tonner sería «desastrosa para el país y el planeta».
Destruiría la selva tropical prístina, saquearía las poblaciones de peces y contaminaría las zonas de cría de peces y varios ecosistemas, dijo Tonner. La playa está en la Bahía de las Ballenas, llamada así porque allí se ven ballenas y delfines.
Tonner, que vive en Londres, ha creado una página de crowdfunding para financiar una revisión judicial del acuerdo. El gobierno podría estar actuando de forma inconstitucional si adquiere los terrenos de forma obligatoria, dijo, porque la Constitución exige que cualquier medida de este tipo sea de interés público. La indemnización declarada por el gobierno también era injusta, alegando que la tasa era unas 30 veces inferior al valor de mercado del terreno.
«Según la Constitución, el gobierno puede expropiar tierras si es de interés público», dijo Tonner. «Aunque se trate de un puerto de aguas profundas, no es de interés público porque no es un sitio adecuado. Hay lugares de cría de peces en la laguna. Acabará con los peces locales de los que vive la gente».
