La directora general de Pesca de la Comisión Europea (DG Mare), Charlina Vitcheva, ha reiterado el compromiso comunitario de “tolerancia cero” frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Su respuesta llega tras la recomendación conjunta emitida el pasado mayo por los consejos consultivos para los Mercados (MAC) y para las Regiones Ultraperiféricas (CCRUP), que instaban a reforzar la acción contra esta práctica en territorios como Canarias, Azores, Madeira y la Guayana Francesa.
Refuerzo de la cooperación internacional
Vitcheva destacó que, en el último año, Bruselas ha intensificado el diálogo con terceros países cuyas flotas operan cerca de las RUP y que están potencialmente implicados en actividades INDNR, como Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. En abril, la Comisión realizó una misión a Surinam para evaluar su sistema de control pesquero, enviando posteriormente una nota de observación con recomendaciones. Se espera un informe de progreso en seis meses.
“Si la cooperación no avanza, no dudaremos en aplicar medidas previstas en el Reglamento INDNR, incluida la posible identificación de países no cooperantes”, advirtió la directora general.
Control en aguas y en los mercados
Aunque el seguimiento de las actividades pesqueras en aguas de las RUP recae en los Estados miembros, la Comisión ha reiterado su disposición a actuar cuando se documenten actividades ilegales realizadas por terceros países.
En materia de importaciones, Vitcheva subrayó la importancia de la herramienta electrónica CATCH, que será obligatoria a partir del 10 de enero de 2026. Este sistema permitirá certificar digitalmente las capturas y facilitará la detección de productos procedentes de pesca ilegal antes de su entrada en el mercado europeo. Bruselas promueve, además, que países vecinos de las RUP utilicen CATCH o integren sus sistemas para garantizar la trazabilidad.
Pesca recreativa y armonización normativa
La carta de Vitcheva también aborda el impacto de la pesca recreativa no controlada, como el detectado en Canarias. Recuerda que la nueva obligación de notificación para esta actividad entrará en vigor en 2026, con el objetivo de homogeneizar datos y reforzar el control a escala comunitaria.
En paralelo, la Comisión trabaja para armonizar el Reglamento sobre flotas pesqueras externas (SMEFF) con la Política Pesquera Común y la normativa INDNR, garantizando que los buques no comunitarios autorizados a faenar en aguas de la UE cumplan las mismas reglas que las embarcaciones europeas.
Con este mensaje, Bruselas pretende dar una señal clara: la pesca ilegal en las regiones ultraperiféricas es una prioridad, y las acciones contra ella combinarán cooperación diplomática, vigilancia tecnológica y control estricto del mercado.
