La propuesta de la Comisión para 2026 recorta un 67% los días de pesca y deja a puertos como Almería al borde del “cierre total”
La flota de arrastre del Mediterráneo afronta uno de sus momentos más críticos desde la entrada en vigor del plan de gestión para el Mediterráneo occidental en 2020. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para 2026 una propuesta que limita la actividad a 9,6 días de pesca al año por embarcación, un recorte del 67% en el esfuerzo pesquero, que el propio sector califica de “barbaridad” e “inasumible”. La decisión se debatirá y votará en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de los días 11 y 12 de diciembre.
La medida afecta a unas 557 embarcaciones de arrastre del Mediterráneo comunitario. En España, uno de los casos más extremos es el de Almería, donde más de 55 barcos podrían verse abocados, en la práctica, al “cierre total” si la propuesta saliera adelante sin cambios.
De 220 días a menos de diez: cinco años de tijeretazo
El origen de este escenario está en el Reglamento (UE) 2019/1022, que fijó el plan plurianual para las poblaciones demersales del Mediterráneo occidental. Desde el 1 de enero de 2020 se han ido reduciendo de forma gradual los días de actividad:
- En 2019, muchos barcos podían salir a faenar hasta 220 días al año.
- En 2020, el esfuerzo empezó a recortarse, tomando como referencia los días de pesca entre 2015 y 2017.
- En 2025, la mayoría de buques se movían en torno a los 130 días de actividad, lo que ya supone una merma cercana al 40% respecto a 2020.
Este año, el Consejo de Ministros de Pesca solo autorizó inicialmente 27 días de pesca, que después se ampliaron mediante un “mecanismo de compensación” recogido en el Reglamento (UE) 2025/219: a cambio de introducir medidas técnicas adicionales —como cambios de mallas, instalación de “puertas voladoras” que no tocan el fondo o mejoras tecnológicas (sonares, GPS, etc.)—, los barcos han podido alcanzar 143 jornadas, acercándose a la media de 150 días de 2024.
Para el sector, la propuesta de reducir en 2026 a 9,6 días supone un salto cualitativo: “Hubiera sido más fácil decir que la flota de arrastre comunitaria del Mediterráneo occidental tenía que desaparecer y punto”, denuncian en una carta remitida al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
El caso de Almería: generaciones en la cuerda floja
En Almería, donde la pesca de arrastre sostiene a decenas de familias desde hace generaciones, el recorte se vive como una condena. En 2020, los barcos de la provincia pudieron salir alrededor de 190 días; en 2025, apenas unos 130–143, tras invertir en nuevos equipos y adaptarse a vedas más largas y estrictas.
Ahora, con menos de diez días de faena sobre la mesa para 2026, el sector almeriense habla ya de “cierre total de la flota” y de un golpe directo a toda la economía portuaria: lonjas, comercializadoras, suministros, talleres y servicios asociados.
“Siempre hemos tenido posibilidades de trabajo, con vedas y limitaciones, pero esto es otra cosa”, lamentan desde la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), cuyo presidente, José María Gallart, advierte de que la situación es ya “insostenible” y reclama que el Ministerio “ponga toda la carne en el asador” en Bruselas.
Un sector que ya ha aplicado medidas… y que cuestiona los argumentos
Las organizaciones representativas de la pesca de arrastre subrayan que la flota no parte de cero: lleva cinco años asumiendo reducciones de esfuerzo, cierres espacio–temporales, cambios de artes y mejoras técnicas para reducir el impacto en el ecosistema y permitir la recuperación de las poblaciones demersales.
Tanto CEPESCA como la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) critican que Bruselas haya ido cambiando el foco de la justificación científica: primero los recortes se vincularon al estado de la merluza; ahora, con informes que apuntan a una mejora de este stock, se invoca la situación de la cigala, especie que en algunas comunidades apenas representa una fracción mínima de las capturas (0,4% en la Comunidad Valenciana, 2,6% en Cataluña).
El secretario general de CEPESCA, Javier Garat, considera que las nuevas condiciones que propone la Comisión son “confusas y no siempre aplicables” y que no garantizan, ni siquiera aceptándolas, alcanzar el mismo número de días de 2025. Desde FNCP, Basilio Otero va más allá y afirma que la propuesta demuestra “una nula idea de lo que es el mundo del mar”, reprochando además que la UE regule el Mediterráneo “como si fuera solo europeo”, mientras flotas de terceros países como Marruecos, Argelia o Túnez “cuadruplican sus barcos”.
Técnica contra el cronómetro… y contra la cuenta de resultados
Sobre el papel, Bruselas vuelve a abrir la puerta a sumar algunos días extra por barco si se adoptan más medidas técnicas o cierres adicionales. En la práctica, muchos armadores dudan del recorrido real de ese mecanismo, y sobre todo, de su viabilidad económica.
Una sola puerta voladora, recuerdan, puede costar hasta 80.000 euros, de los que el armador debe asumir al menos un 30% aunque reciba ayudas. A ello se suman cambios sucesivos en mallas, equipos electrónicos y paradas biológicas cada vez más largas. “Menos días y capturas, y más medidas y gastos”, resumen en el sector, que siente que se le exige permanentemente “invertir más para trabajar menos”.
Llamamiento a una minoría de bloqueo en Bruselas
Ante este escenario, las organizaciones pesqueras reclaman una respuesta política fuerte. Tanto Otero (FNCP) como Garat (CEPESCA y Europêche) piden que España, Francia e Italia acudan al Consejo de Ministros de Pesca con una posición conjunta y formen una minoría de bloqueo frente a la propuesta de la Comisión.
“Los sectores francés e italiano están igual que nosotros, estamos alineados”, señalan. Su objetivo es forzar a la Comisión y al resto de Estados miembros a revisar a fondo el borrador, mantener al menos los días de actividad de 2025 y diseñar una senda de reducción del esfuerzo que tenga en cuenta la realidad socioeconómica de los puertos mediterráneos.
Más presión también en el Atlántico
El debate sobre el Mediterráneo se enmarca además en un contexto de tensiones paralelas en el Atlántico, donde España podría enfrentarse a recortes severos en cuotas de especies como la caballa (propuesta de -70%), la bacaladilla (-41%) o la cigala del Golfo de Cádiz (-50%), entre otras.
Para el sector, el mensaje que llega desde Bruselas es claro: menos días de mar, menos cuotas y más condicionantes técnicos al mismo tiempo, lo que dibuja un panorama de gran incertidumbre para la viabilidad de muchas empresas pesqueras, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico.
A la espera del Consejo: entre la esperanza y el hartazgo
En los muelles del Mediterráneo, la sensación es de mezcla entre esperanza contenida y hartazgo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tratado de aliviar la campaña de final de año añadiendo 13 días a los 130 iniciales de 2025, especialmente pensando en la Navidad, pero el horizonte de 2026 con solo 9,6 días deja esa medida en un alivio temporal.
A pocos días del Consejo en Bruselas, los pescadores piden al Gobierno español que “luche por sus derechos” y que exija un replanteamiento de la propuesta. De lo contrario, advierten, el Mediterráneo occidental podría ver desaparecer en cuestión de años no solo una flota histórica, sino también lonjas, mercados y una cultura pesquera que ha marcado la vida de sus puertos durante generaciones.
