A partir del 1 de junio, ha entrado en vigor en toda la Unión Europea una nueva normativa que modifica los tamaños mínimos permitidos para las mallas de pesca, una medida que busca proteger la biodiversidad marina y favorecer la sostenibilidad de los caladeros, pero que está generando profunda preocupación entre los pescadores de la provincia de Castellón.

La nueva legislación, impulsada por la Comisión Europea, forma parte de un paquete más amplio de reformas dentro de la Política Pesquera Común (PPC) y se centra en la protección de especies vulnerables o en regresión, como la merluza y el salmonete, dos de las especies más capturadas en las aguas mediterráneas próximas a Castellón. Las nuevas mallas, de tamaño mayor, están diseñadas para permitir que los ejemplares jóvenes escapen, asegurando así una reproducción más eficaz.

Aunque el objetivo medioambiental de la normativa es bien recibido desde algunos sectores, el impacto económico y operativo sobre la flota artesanal y de arrastre es motivo de preocupación generalizada. “Estamos de acuerdo en proteger el mar, pero no a cualquier precio ni de espaldas al sector”, apuntan desde una de las cofradías locales.

Una de las principales críticas de los pescadores es que el cambio, que ha requerido inversiones considerables para la adquisición e instalación de las nuevas redes, se ha producido sin que se hayan liberado aún las ayudas prometidas por el Gobierno español, que debían compensar los costes de adaptación. En muchos casos, estas redes suponen miles de euros por embarcación, a los que hay que sumar la necesidad de modificar las técnicas de pesca y afrontar una reducción previsible del volumen de capturas.

La normativa también establece penalizaciones importantes para quienes no cumplan con los requisitos, incluyendo la reducción del número de días de faena autorizados. De los actuales 130 días anuales, quienes no utilicen las mallas reglamentarias podrían verse limitados a tan solo 27 días de actividad, lo que para muchos pescadores supone prácticamente la ruina operativa.

A pesar de las dificultades, la mayoría de la flota de Castellón ya ha comenzado a adaptarse a los nuevos estándares. Desde las cofradías aseguran que han hecho “un esfuerzo enorme”, tanto económico como organizativo, para cumplir con los plazos establecidos por Bruselas. Sin embargo, reclaman ahora que las administraciones públicas cumplan también su parte, activando las ayudas comprometidas y ofreciendo una mayor asistencia técnica y acompañamiento durante el periodo de transición.

Además, el sector advierte del riesgo de pérdida de competitividad frente a embarcaciones de otros países que, si bien están sometidas a las mismas normas en teoría, en la práctica pueden operar con menos controles o sanciones más laxas. “Si todos no jugamos con las mismas reglas, los que cumplimos salimos perdiendo”, señalan.

Mientras tanto, los pescadores de Castellón siguen saliendo a faenar en medio de la incertidumbre, intentando compatibilizar las exigencias legales con la necesidad de mantener una actividad que representa un sustento económico y cultural para cientos de familias en la provincia.

Desde la Generalitat Valenciana se ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a agilizar las transferencias y desbloquear las ayudas lo antes posible, en coordinación con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). El objetivo, aseguran, es evitar el colapso de un sector que ya se enfrenta a elevados costes energéticos, reducción de caladeros y falta de relevo generacional.

La próxima semana se ha convocado una reunión entre representantes del sector, técnicos del Ministerio y autoridades autonómicas para evaluar la situación y definir medidas de urgencia. Mientras tanto, la nueva temporada avanza con cautela, a la espera de que el equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica sea algo más que una declaración de intenciones.

La organización ecologista denuncia capturas masivas de especies vulnerables por parte de la flota industrial y reclama el fin de métodos pesqueros destructivos como el palangre y el arrastre

Por su parte, asociaciones pesqueras gallegas han mostrado su malestar ante la acción, que califican de “irresponsable” y “teatral”. Argumentan que la flota española es una de las más reguladas del mundo, con exigentes sistemas de trazabilidad y supervisión, y que la demonización de ciertas técnicas pone en riesgo cientos de empleos en comunidades que dependen del mar.

La polémica ha vuelto a rodear a la pesca industrial tras una acción directa de Greenpeace Internacional en aguas del Pacífico Sur, cerca de Nueva Zelanda. A bordo del icónico barco Rainbow Warrior, activistas de la organización ambientalista interrumpieron las faenas de un buque palangrero con base en Vigo, dedicando varias horas a recuperar líneas de pesca y liberar fauna marina, en una intervención que ya ha generado reacciones enfrentadas tanto en el sector pesquero como en la opinión pública.

Según el comunicado difundido por Greenpeace, la operación permitió confiscar unos 20 kilómetros de línea palangrera con más de 200 anzuelos y rescatar más de una docena de tiburones, entre ellos especies en peligro de extinción como tiburones azules (Prionace glauca), marrajos y tintoreras. Las imágenes difundidas por la ONG muestran a los activistas actuando en coordinación para retirar los aparejos de pesca del mar y liberar los escualos, muchos de ellos atrapados vivos en el momento de la intervención.

La organización ecologista acusa a este tipo de buques de actuar bajo el pretexto de pescar atún o pez espada, cuando en realidad “realizan capturas indiscriminadas de tiburones y otras especies vulnerables”, afectando gravemente al equilibrio ecológico de los océanos. “El palangre es una de las artes de pesca más dañinas para la biodiversidad marina”, denuncia Greenpeace, que pide una prohibición progresiva de esta técnica, similar a su campaña contra el arrastre de fondo.

En este contexto, Greenpeace ha lanzado su nuevo Modelo Alimentario Sostenible, una propuesta global que plantea la reconversión del sistema pesquero industrial hacia un enfoque basado en la pesca de bajo impacto ambiental, impulsando flotas artesanales, cupos adaptativos, trazabilidad y protección de ecosistemas clave.

“Queremos un sistema que anteponga los océanos y las personas a la lógica del beneficio a cualquier precio”, explican desde la organización. La propuesta también hace hincapié en la necesidad de una transición justa, con apoyo institucional a los pescadores que deseen cambiar de arte de pesca o reconvertirse hacia modelos más sostenibles.

En respuesta, Greenpeace insiste en que no se trata de atacar al sector pesquero en su conjunto, sino de exigir una transformación urgente y justa, dado el deterioro acelerado de los ecosistemas marinos. Recuerdan que, según la FAO, más del 35% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas, y los tiburones han visto reducida su población global en un 70% en los últimos 50 años.

La acción del Rainbow Warrior en aguas del Pacífico sur marca, en definitiva, un nuevo episodio en la lucha entre los modelos de pesca industrial y conservación marina. Un conflicto que va mucho más allá de un anzuelo o una red: en juego está el futuro de los océanos, la biodiversidad y la propia sostenibilidad del consumo humano de productos del mar.

El Congreso del la Red deMujeres ha dado a conocer proyectos de emprendiemiento. Así, la Federación de Mujeres del Mar de Euskadi ha conoce proyectos de emprendimiento litoral en Catalunya

La delegación de la Federación de Mujeres del Mar de Euskadi–Itsas Emakume Langileen Federazioa que asiste al 8º Congreso Nacional de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) ha participado en un debate sobre los “casos de éxito de los proyectos de emprendimiento y territorio en Catalunya”.

Junto al viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Gobierno Vasco, Leandro
Azkue y la directora Ixone Soroa, participan en el congreso 16 rederas de Getaria,
Orio y Hondarribia, empacadoras y neskatilak de toda la costa vasca
Iris Triola. pescadora, divulgadora de la pesca sostenible y fotógrafa, Alba Aguilera pescadora y armadora en los Puertos de Arenys de Mar y Barcelona, Lourdes León Sech, gerente de “Mar i Lourdes”, Marta Carretón, investigadora, Irene Álvarez de Quevedo, investigadora del Centro Tecnológico BETA, Anna Nebot Fundadora y directora de Aigua Natura dels Ports y Anna Bozzano directora de El Peix al Plat, han explicado diversas iniciativas empresariales protagonizadas por mujeres dentro del desarrollo litoral de Catalunya.

Después Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya y Aurora de Blas presidenta de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero, clausurarán las jornadas en las que ha participado
la delegación vasca. Todas ellas visitarán Món Natura Delta y la Lonja de La Ràpita.
Según Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco, “nuestra
delegación ha fortalecido alianzas con otras organizaciones litorales visibilizando
el trabajo e iniciativa de las mujeres del mar en los procesos de transformación del
sector”.

El congreso se ha centrado en el Relevo generacional en el sector pesquero, la
Visibilización y liderazgo femenino, y las Oportunidades y nuevas iniciativas
para el futuro

El sector pesquero español, a través de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha valorado positivamente la publicación del Pacto Europeo del Océano, considerándolo una iniciativa estratégica hacia un futuro marítimo más resiliente y sostenible para la Unión Europea. Cepesca se suma así al respaldo mostrado por Europêche y la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), subrayando el papel esencial de la pesca dentro de la gobernanza marina europea.

Para Cepesca, este pacto supone un reconocimiento explícito de la pesca como actividad económica clave, alineando sus objetivos con la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y al mismo tiempo garantizar la competitividad del sector, fomentar la innovación tecnológica y contribuir al bienestar de las comunidades costeras.

“La Visión 2040 para la pesca y la acuicultura es una guía clara hacia un modelo más moderno y sostenible”, ha declarado Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche. En ese marco, destaca también la propuesta de una estrategia de renovación generacional azul, que busca asegurar el relevo en un sector clave para la seguridad alimentaria de Europa.

Asimismo, el sector celebra que el pacto incluya iniciativas largamente reivindicadas, como una campaña europea sobre alimentos marinos, una Estrategia Industrial Marítima y un enfoque reforzado para la resiliencia de las comunidades costeras, cuya economía depende directamente del mar.

En el ámbito medioambiental, Cepesca valora el impulso a la investigación científica y la innovación tecnológica, así como la revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, que según el sector debe aplicarse “caso por caso y basada en evidencia científica”, especialmente en lo que respecta a la gestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Críticas al anexo y falta de financiación

No obstante, Cepesca también ha expresado preocupaciones relevantes. En primer lugar, denuncia la ausencia de fondos adicionales para respaldar las medidas anunciadas. Aunque instrumentos como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) aportan cierto apoyo, el sector sostiene que su dotación es insuficiente para cumplir los ambiciosos objetivos del pacto. En consecuencia, se pide un refuerzo del FEMPA en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y la creación de un plan específico de renovación de la flota europea.

Además, el sector advierte sobre incoherencias entre el cuerpo del pacto y su anexo. Mientras el texto principal plantea una posible revisión de la Política Pesquera Común (PPC), el anexo sigue refiriéndose a objetivos obsoletos de 2020. Una contradicción que, en palabras de Cepesca, genera “confusión y frustración” entre los profesionales del sector.

Especial inquietud provoca la referencia al Plan de Acción Marino de la UE, incluido en el anexo, que plantea la eliminación progresiva de la pesca de fondo en las Áreas Marinas Protegidas para 2030. Cepesca considera que esta propuesta revive narrativas críticas del pasado, injustamente centradas en señalar a la pesca de fondo como la actividad más perjudicial para el fondo marino, a pesar de avances recientes en sostenibilidad y control.

“El pacto representa una gran oportunidad para armonizar la política pesquera con una gobernanza oceánica moderna”, concluye Garat, “pero esa ambición debe ir acompañada de recursos suficientes y de un alejamiento de la retórica negativa. La prioridad debe ser reforzar la resiliencia del sector y asegurar un suministro estable de productos pesqueros para Europa”.

El Gobierno gallego experimenta una significativa reestructuración tras la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar, motivada por su implicación en una investigación judicial por presunta agresión sexual. La denuncia fue presentada por la presentadora ferrolana Paloma Lago, refiriéndose a hechos ocurridos el 27 de diciembre de 2024

Villares anunció su renuncia en una comparecencia sin preguntas, donde afirmó ser «absolutamente inocente» y expresó su deseo de defenderse sin la condición de aforado, para evitar que el caso afecte a la Xunta o a las instituciones autonómicas . Con su dimisión, el caso será devuelto al juzgado de Ferrol, donde se presentó inicialmente la denuncia, al perder Villares su aforamiento .

En respuesta a esta situación, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha nombrado a Marta Villaverde Acuña como nueva conselleira do Mar. Villaverde, licenciada en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, es funcionaria de carrera del cuerpo facultativo superior de la Xunta desde 2006. Hasta su nombramiento, ocupaba el cargo de directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro desde abril de 2024. Anteriormente, desempeñó funciones como subdirectora xeral de Pesca e Mercados da Pesca y subdirectora xeral de Valorización dos Produtos do Mar

La oposición gallega ha reaccionado con preocupación ante la dimisión de Villares. El BNG y el PSdeG han exigido explicaciones al presidente Rueda, destacando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una respuesta institucional clara. Noa Presas, del BNG, ha subrayado que «las mujeres ya no callan», mientras que Paloma Castro, del PSdeG, ha calificado los hechos de «absolutamente inadmisibles» en cualquier cargo público

La toma de posesión de Marta Villaverde está prevista para el jueves 5 de junio en el Pazo de Raxoi. Con su incorporación, el Gobierno gallego alcanza la paridad de género, contando con seis mujeres y seis hombres en el Consello de la Xunta