Primer round técnico tras el mandato del Consejo: Sahara Occidental, tarifas y trazabilidad marcan un protocolo clave para 120 barcos

Las dársenas de varios puertos europeos vuelven a mirar hacia el sur con expectación. Este martes 27 de enero de 2026 se ha puesto en marcha en Rabat el primer round técnico de negociación entre la Unión Europea y Marruecos para renovar el protocolo de pesca que permita recuperar el acceso a las aguas atlánticas marroquíes. No se trata solo de un gesto diplomático: el proceso busca devolver certidumbre operativa a más de 120 buques comunitarios que siguen parados desde la expiración del acuerdo anterior.

El desbloqueo político llegó hace apenas una semana. El 20 de enero, el Consejo de la UE otorgó a la Comisión el mandato formal para negociar un nuevo Acuerdo de Partenariado de Pesca Sostenible (SFPA), un paso jurídico imprescindible para salir del impasse que se prolongaba desde hacía casi tres años. En el trasfondo pesa el giro legal provocado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2024 cuestionaron la validez de los pactos anteriores por las implicaciones vinculadas al Sahara Occidental.

Con el encuentro de Rabat comienza, por tanto, una carrera contra el reloj. La estrategia que se pone sobre la mesa se mueve en un “doble carril”: por un lado, blindar un acuerdo marco con vocación de continuidad; por otro, concretar un protocolo operativo que permita volver a emitir licencias con seguridad jurídica y con reglas alineadas con las nuevas exigencias del derecho internacional.

El nudo de la negociación: dinero, control y sostenibilidad

El diálogo no se prevé sencillo. Marruecos llega con una petición clara: revisar al alza las tarifas de acceso. Rabat argumenta la inflación global y el aumento de los costes de vigilancia marítima para justificar un mayor retorno financiero, en un contexto en el que el protocolo anterior superaba los 100 millones de euros.

La delegación europea, en cambio, pone el acento en la llamada “condicionalidad verde”. Bruselas estaría dispuesta a mantener el esfuerzo económico, pero vinculándolo a criterios estrictos de gestión del recurso y a una trazabilidad total de las capturas. Ese enfoque no solo busca responder a la presión social y normativa sobre la sostenibilidad: también apunta a reforzar el posicionamiento europeo en un tablero geopolítico donde, según se señala, Rusia ha consolidado intereses marítimos en la zona, elevando la competencia y estrechando el margen para las flotas comunitarias.

Qué cambiaría para la flota y la cadena de valor

El protocolo 2026, de cerrarse en los términos planteados, llegaría con novedades estructurales para armadores y operadores:

• Digitalización: seguimiento satelital en tiempo real y diarios electrónicos de nueva generación.
• Etiquetado de origen: mecanismos más robustos para identificar la procedencia del pescado, con modelos ya aplicados en otros sectores.
• Blue Economy: cooperación que iría más allá del acceso al recurso, incluyendo investigación científica y protección de ecosistemas.

El calendario: firma en primavera, licencias en verano

El objetivo de las partes, si el proceso técnico avanza sin sobresaltos, es llegar a la firma del protocolo en primavera. Eso permitiría emitir las primeras licencias para la temporada de verano de 2026, reabriendo el flujo de producto atlántico marroquí hacia los mercados europeos bajo un marco que aspira a ser “indiscutible” en sostenibilidad y legalidad.

En definitiva, Rabat se convierte estos días en el epicentro de una negociación que mezcla pesca, derecho internacional y geopolítica. Para la UE, el reto será recuperar acceso y estabilidad para su flota sin repetir las fragilidades legales del pasado. Para Marruecos, equilibrar mayores compensaciones con un sistema de control y trazabilidad más exigente. Y para el sector, volver a faenar con reglas claras tras años de incertidumbre.

La Política Pesquera Común (PPC) vuelve a colocarse en el centro del debate europeo, pero no por falta de herramientas, sino por una brecha persistente entre lo que se aprueba en Bruselas y lo que ocurre “en el agua”. Esa es la tesis que defienden Maria Damanaki, excomisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, y Christodoulos Charalambous, presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales de Chipre, en un texto que lanza un aviso directo a la UE: reabrir ahora la PPC puede ser un error, porque el problema no está en la ley, sino en su aplicación desigual.

Los autores parten de una frase que resume su diagnóstico: “Las leyes que existen solo sobre el papel no logran nada”. Más de una década después de la última gran reforma (2013), sostienen que el marco actual es “adecuado” y capaz de ofrecer pesquerías sostenibles cuando se aplica con rigor. El fracaso, subrayan, se ve en el compromiso legal de poner fin a la sobrepesca en 2020, un plazo que, según recuerdan, no se ha cumplido.

El argumento se vuelve especialmente visible en el Mediterráneo, que describen como el mar “más sobreexplotado del mundo”, y en países como Chipre y Grecia, donde la presión se agrava por los efectos acelerados de la crisis climática y la expansión de especies invasoras. En ese escenario, la pesca artesanal vive el impacto en primera línea: menos capturas, mayores costes y una incertidumbre que dificulta sostener el oficio. Pero, según el texto, los pescadores no piden “reglas más débiles” ni una nueva política: piden inspección efectiva, cumplimiento real y apoyo de las autoridades nacionales.

Frente a las voces que promueven reabrir la PPC para “modernizar flota” y “reducir burocracia”, Damanaki y Charalambous advierten del riesgo de repetir errores del pasado. Recuerdan que la combinación de exceso de capacidad y controles débiles llevó a stocks al borde del colapso y obligó a correcciones costosas en dinero público y empleos. Y alertan de que una nueva reforma abriría un periodo largo de incertidumbre legislativa justo cuando el sector necesita estabilidad para atraer a una nueva generación: si Europa retrasa la acción, sostienen, corre el riesgo de vaciar economías costeras y perder relevo profesional.

Para sostener que la PPC “funciona cuando se aplica”, citan mejoras reflejadas en evaluaciones comunitarias: en el Atlántico Nororiental, la proporción de poblaciones sometidas a sobrepesca habría caído de alrededor del 40% en 2013 a algo más del 22% en 2025; en el Mediterráneo, del 70% al 51% en ese mismo periodo. Según los autores, esos avances se asocian a la aplicación de límites de captura basados en ciencia, restricciones de esfuerzo y controles de capacidad previstos por la PPC.

También aportan una lectura socioeconómica: las flotas comunitarias se habrían vuelto más eficientes y rentables, con salarios por pescador a tiempo completo creciendo “más de una cuarta parte” desde 2013. Y recuerdan que la propia Comisión, en una comunicación de 2023, concluyó que la PPC sigue siendo un marco legal adecuado, situando la carencia principal en la ejecución y el cumplimiento.

En ese contexto, el texto pone el foco en un momento político concreto: la Presidencia chipriota del Consejo de la UE. Para los autores, es una oportunidad —y una responsabilidad— para orientar el debate hacia “hacer que las reglas existentes funcionen en la práctica” en lugar de abrir un nuevo ciclo legislativo. Ahí, dicen, se medirá la credibilidad de la política pesquera: si los plazos incumplidos no tienen consecuencias y las normas pactadas se tratan como opcionales, se erosiona la confianza del sector y se prolonga la fragilidad.

La conclusión es un llamamiento a la coherencia: la UE “no fue concebida para generar procesos interminables”, sino para ofrecer soluciones comunes y cumplir compromisos. La PPC ya contiene el principio central —“stocks sanos como base de pesquerías viables”— y, rematan, sostenibilidad y medios de vida avanzan juntos o no avanzan. La prueba, sostienen, no está en redactar otra vez la norma, sino en ejecutar la que ya existe con voluntad política y controles consistentes.

El estreno de las nuevas obligaciones del Reglamento de Control —y del sistema CATCH para importaciones— abre una batalla política entre simplificación y rigor, mientras la UE busca respuesta frente a la caballa del Atlántico Norte y el “efecto estrangulamiento” en el Mediterráneo.

Bruselas vivió el lunes 26 de enero un Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Agrifish) atravesado por un mismo nervio: cómo endurecer y modernizar la vigilancia —en el mar, en puerto y en frontera— sin convertirla en una carga imposible para una flota diversa, con especial impacto en segmentos artesanales y mixtos.

En el apartado pesquero, España llevó al debate una preocupación que ya se ha extendido por los muelles desde la entrada en vigor, el 10 de enero, de nuevas exigencias vinculadas al diario de pesca y al margen de tolerancia. El ministerio español explicó que el objetivo no es cuestionar el “pilar” que representa el Reglamento de Control, sino ajustar su aplicación a la realidad operativa y evitar que errores menores acaben castigados como infracciones graves. 

El umbral de los 50 kilos: la propuesta española

El ministro Luis Planas intervino en nombre de una alianza de Estados miembros (entre ellos Bélgica, Chequia, Francia, Letonia, Polonia y Portugal) para pedir cambios que aporten “claridad y flexibilidad”. La idea central: mantener la obligación de registrar capturas desde el “kilo cero”, pero despenalizar desviaciones o errores de estimación en cantidades pequeñas —por debajo de 50 kilos por especie—, de modo que no se consideren incumplimiento y, sobre todo, no se califiquen como infracción grave. 

En la documentación elevada al Consejo se subraya un argumento que conecta con lo que trasladan patrones y tripulaciones: el incremento del detalle administrativo “no es proporcional” al riesgo real, puede disparar incumplimientos no intencionados y, en condiciones reales de pesca, distraer al capitán de su responsabilidad principal, la seguridad de la navegación. 

Bruselas aprieta: soluciones “dentro del marco vigente”

El choque no es solo técnico, sino político. La Comisión insiste en que la reforma del control fue fruto de años de negociación y que existen periodos de transición para adaptarse. En ese marco, el mensaje comunitario a los Estados miembros —y especialmente a quienes buscan alivios inmediatos— es claro: las excepciones “por la cuenta propia” pueden chocar con el reglamento y los tratados, abriendo la puerta a incumplimientos.

A la vez, el Consejo deja constancia de que el debate de “controles de importación” también está en plena ebullición: durante un almuerzo informal, los ministros abordaron el lanzamiento de una nueva task force para mejorar la aplicación y coordinación de esos controles, y la Comisión defendió reforzarlos incluso en origen, en terceros países, para sostener seguridad alimentaria y “level playing field”. 

CATCH: el nuevo “cierre” digital a la pesca ilegal… y una prueba de estrés

La discusión sobre control llega, además, con un gran cambio ya activado en frontera: CATCH, el certificado digital de captura para productos pesqueros que entren en la UE, obligatorio desde el 10 de enero. Bruselas lo presenta como el relevo del sistema en papel para armonizar y hacer más eficaz el control, mejorar la trazabilidad y frenar la pesca ilegal (INDNR), en un mercado donde el peso de las importaciones es decisivo en el consumo europeo. 

Precisamente por eso, el arranque operativo del sistema se ha convertido en un termómetro: si la digitalización funciona, reduce trámites; si falla, bloquea mercancías perecederas y tensiona puertos, operadores y cadenas de suministro. La Comisión defiende que, a medida que se pueble de datos, CATCH acelerará procedimientos y reducirá cargas para los operadores. 

Caballa del Atlántico Norte: “acción urgente” frente a cuotas unilaterales

El Agrifish también miró al Atlántico Nororiental, donde la caballa vuelve a convertirse en símbolo de la “doble velocidad” entre la UE y algunos socios ribereños. Irlanda llevó al Consejo —con apoyo de Polonia y Letonia— una petición formal de respuesta urgente ante terceros países que, según denuncian, fijan cuotas unilaterales y ponen en riesgo la sostenibilidad del stock y el futuro del pelágico europeo. 

En su nota, esos Estados recuerdan que el 15 de diciembre de 2025 cuatro “coastal states” pactaron un TAC de caballa que, a su juicio, ignora el consejo científico “headline” del ICES y deja a la UE fuera pese a su condición de actor clave. También reclaman explorar herramientas jurídicas disponibles, incluida la Unsustainable Fishing Regulation (UE) 1026/2012, y apoyos de emergencia vía EMFAF para amortiguar el golpe sobre comunidades dependientes. 

En paralelo, Planas situó el debate en términos de “igualdad de condiciones”: sanciones o ajuste de umbrales para que quien cumple no quede penalizado frente a decisiones unilaterales. 

Mediterráneo: revisar el plan occidental y evitar el “choke effect”

El tercer gran frente pesquero fue el Mediterráneo. España y Francia reclamaron mejorar el WestMed MAP (plan plurianual para demersales del Mediterráneo occidental) al advertir de problemas en pesquerías mixtas cuando la gestión se “ancla” en la especie más vulnerable, generando el llamado efecto estrangulamiento. El documento pide a la Comisión una propuesta legislativa en el primer trimestre de 2026, para llegar a tiempo antes del Consejo de diciembre de 2026 que fijará oportunidades de pesca para 2027. 

La tesis: una revisión que refleje mejor las realidades del Mediterráneo y equilibre sostenibilidad y socioeconomía, reforzando además la base científica para reducir incertidumbres en el asesoramiento. 

Un Consejo que anticipa más pulso en 2026

El Agrifish dejó, en definitiva, una fotografía de alto voltaje para el primer semestre de 2026: digitalización acelerada, debate sobre proporcionalidad y seguridad a bordo, presión por coherencia entre flota comunitaria e importaciones, y una geopolítica de cuotas (caballa) que obliga a la UE a decidir si pasa de la diplomacia a la palanca comercial.

Para España, el reto inmediato será convertir el apoyo político cosechado en Bruselas en cambios concretos —actos delegados, guías de aplicación o modificaciones normativas— sin cruzar la línea roja que marca la Comisión: la de la unilateralidad.

Tratar de ganar margen

Pesca publica en el BOE la resolución que flexibiliza el diario electrónico tras los amarres y el pulso en los puertos. Entra en vigor el 24 de enero y España llevará el debate a Bruselas el día 26.

La tensión que desde hace semanas recorre los muelles del litoral español —con amarres, cierres de lonjas y concentraciones como la de Ribeira del 19 de enero— encontró este viernes, 23 de enero de 2026, su primera respuesta oficial. La Secretaría General de Pesca formalizó en el Boletín Oficial del Estado una batería de medidas que aterrizan el reglamento europeo de control a la operativa real de la flota de bajura, especialmente la que trabaja cerca de puerto, con jornadas cortas y capturas muy variadas.

La clave del cambio, que entra en vigor el 24 de enero, se resume en una idea que el sector llevaba días repitiendo en voz alta: menos burocracia en el mar y más precisión cuando el barco ya está amarrado. A partir de ahora, los pesqueros de entre 12 y 15 metros ya no tendrán que pesar ni contar con exactitud en el diario electrónico las especies que no superen los 50 kilos en total. Bastará con estimar y registrar esas cantidades. Eso sí, el ajuste fino se traslada al muelle: la declaración de desembarque deberá recoger “la cifra correcta” por especie una vez la pesca esté efectivamente pesada.

El segundo giro responde a una queja tan práctica como delicada: la seguridad. Hasta ahora, el reglamento empujaba a anotar capturas tras cada lance, una exigencia que, en barcos con dos, tres o cuatro tripulantes, obliga a dividir la atención entre maniobras, navegación y papeleo. La resolución permite cumplir la obligación registrando “al menos una vez al día”, antes de la entrada a puerto o el lugar de desembarque. En la práctica, el patrón podrá cerrar la jornada administrativa cuando la faena lo permita, sin convertir cada virada en una carrera contra la pantalla.

También cambia el reloj de la notificación previa. La norma comunitaria fija, con carácter general, un aviso de llegada al muelle con cuatro horas de antelación. España argumenta que esa regla encaja mal con una flota que opera a poca distancia del puerto y cuyas mareas, a menudo, duran menos que ese margen. Por eso, autoriza que los buques afectados comuniquen cuánto pescado llevan y su hora prevista de atraque en el momento en que pongan rumbo a puerto, dejando abierta la posibilidad de modificar las capturas notificadas hasta antes de llegar. La exención, sin embargo, no se aplica a buques españoles de eslora igual o superior a 12 metros que realicen arrastre en el Golfo de Cádiz o en aguas de Portugal.

En el trasfondo de esta resolución late otra de las líneas rojas que encendieron el conflicto cuando, el 10 de enero, entró en vigor una nueva fase de los controles aprobados a finales de 2023: declarar por separado todos los peces, con un margen de error del 20 %. En la bajura, donde una misma marea mezcla especies y tamaños en cantidades pequeñas, la frontera entre un cálculo razonable y una sanción era demasiado fina. El ministerio incorpora aquí una válvula de alivio: si los ejemplares de una especie, en conjunto, no pasan de 50 kilos (en equivalente de peso vivo), la inexactitud dentro del margen de tolerancia no será constitutiva de infracción. Aun así, el muelle vuelve a ser el lugar donde no hay escapatoria: la declaración de desembarque deberá reflejar el peso real por especie.

El Gobierno presenta la resolución como cumplimiento del acuerdo alcanzado el 19 de enero con Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), pacto que ese mismo día llevó a suspender las movilizaciones convocadas. Pero el movimiento en los puertos no se ha apagado del todo. De forma paralela a esta flexibilización, se extiende un discurso que la considera insuficiente y reclama una exención más amplia del diario electrónico para la bajura, al entender que la carga administrativa sigue siendo desproporcionada para flotas pequeñas.

Con el conflicto aún caliente, el ministerio añade un capítulo político inmediato: el lunes 26 de enero, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas, España presentará una propuesta para modificar el reglamento y dotar al régimen de control de “mayor claridad y flexibilidad”, alineada con la operativa de la flota. En su comunicado, el ministro Luis Planas reivindica un equilibrio entre control riguroso y certidumbre para faenar con eficacia.

En los muelles, mientras tanto, la lectura es más terrenal: el pescado podrá pesarse donde siempre se pesó —en tierra—, el cuaderno digital se escribirá sin jugarse una maniobra por teclear, y el aviso al puerto se ajustará al tiempo real de navegación. La bajura no da por cerrado el debate, pero al menos, desde este 24 de enero, deja de sentirse obligada a contar peces como quien cuenta minutos.

El eurodiputado gallego pide corregir la propuesta del Marco Financiero Plurianual, que reduce en un 67% los fondos destinados a la pesca

El eurodiputado del Partido Popular de Galicia Francisco Millán Mon intervino hoy en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo durante el intercambio de puntos de vista con la ministra chipriota de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Maria Panayiotou, en el marco del inicio de la Presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea.

Millán Mon celebró que uno de los objetivos prioritarios de la Presidencia sea garantizar la competitividad de los sectores pesqueros, pero advirtió de que la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (MFP) es «inasumible y totalmente intolerable», al eliminar el FEMPA y recortar en un 67% los fondos europeos destinados a la pesca.

«Espero que esta situación pueda corregirse y que, como colegisladores, podamos remediarla. Desde el Consejo espero la mayor colaboración», señaló.

Millán Mon insistió en que la simplificación normativa «debe aplicarse también a la pesca» y reclamó para ello un paquete legislativo específico («ómnibus»).

En este sentido, afirmó que la implementación del Reglamento de Control plantea problemas como, por ejemplo, la obligación de registrar en el cuaderno electrónico capturas desde el primer kilo, una medida que «se está revelando como inaplicable, especialmente en pesquerías mixtas». En este punto, mencionó las recientes movilizaciones del sector pesquero durante esta última semana en España y, en especial, Galicia, y defendió excluir de los cuadernos diarios las capturas inferiores a 50 kilos.

El eurodiputado popular recordó que en el Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) celebrado ayer en Bruselas, varios ministros, entre ellos el español, expresaron su preocupación y coincidieron en que esta obligación es «simplemente imposible de aplicar».

También preguntó a la ministra Panayiotou si la Presidencia Chipriota está dispuesta a incluir el Reglamento de Control en un «ómnibus» de simplificación.

Por otro lado, Millán Mon hizo referencia al Reglamento de Acceso a Aguas Profundas, cuyo impacto «está haciendo daño a varios países, especialmente España». Reiteró que la exclusión de la pesca de palangre es «totalmente imprescindible».

El eurodiputado popular también mencionó el Reglamento del Plan para el Mediterráneo Occidental. «Es necesario modificarlo. No valen paños calientes. Los recortes de muchos días son inasumibles para el sector». Solicitó que esta reforma se incluya igualmente en el paquete legislativo «ómnibus».

Finalmente, Millán Mon pidió a la Presidencia Chipriota del Consejo de la UE que «impulse a la Comisión Europea a presentar el ómnibus legislativo cuanto antes».

Stéphanie Yon-Courtin reclama indemnizaciones tras la caída “hasta del 70%” del cupo en 2026 y pide a París y a la UE medidas contra la sobrepesca de terceros países

La fuerte reducción del cuota de caballa (verdel) aprobada para 2026 por el Consejo de ministros europeos de Pesca ha encendido las alarmas en Francia. La eurodiputada Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe), vicepresidenta de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha pedido al Gobierno francés que active medidas de urgencia y compense de inmediato el impacto económico que, según advierte, sufrirá el sector tras un recorte “drástico” que podría alcanzar el -70%.

En un comunicado difundido el viernes 23 de enero, Yon-Courtin interpeló a la ministra francesa de Pesca, Catherine Chabaud, para que ponga en marcha un dispositivo de acompañamiento que cubra el “lucro cesante” de las flotas afectadas. La eurodiputada cifra en 1.300 los barcos franceses concernidos por esta pesquería, una de las más importantes para determinadas zonas litorales por su peso en actividad, empleo y primera venta.

“La pesca de la caballa está hoy en crisis. Nuestros pescadores, nuestras flotas y nuestros territorios litorales no pueden asumir solos las consecuencias de una decisión europea brutal”, sostiene Yon-Courtin, que enmarca el recorte no solo en el ajuste comunitario, sino también en un contexto “agravado” por la sobrepesca de algunos Estados terceros. En su mensaje, la eurodiputada pide que los mecanismos de ayuda se adapten a la diversidad de flotas y a la estacionalidad de la pesquería, con el objetivo de proteger a los buques más golpeados y a los puestos de trabajo asociados.

El debate se desplaza, además, al terreno de las relaciones exteriores de la UE. Yon-Courtin se alinea con la posición defendida por la delegación francesa durante el último Consejo, que planteó la posibilidad de medidas de represalia comercial contra países terceros que —según denuncian— mantienen prácticas de sobrepesca en la caballa, citando específicamente a Noruega. La eurodiputada pide que Bruselas “actúe con firmeza” y utilice “todos los instrumentos” disponibles frente a una sobrepesca considerada no sostenible.

La llamada a compensaciones revela un temor que se repite en los puertos: que el ajuste del cupo llegue en un momento especialmente delicado para las economías costeras, con costes operativos altos y márgenes estrechos. En ese escenario, el recorte del TAC no se percibe únicamente como una medida biológica de conservación, sino como un shock de ingresos inmediato para armadores y tripulaciones, con efectos colaterales en lonjas, logística y transformación.

En Francia, la presión política se centra ahora en cómo articular una respuesta rápida sin desdibujar el objetivo de sostenibilidad. Las indemnizaciones, subraya Yon-Courtin, deberían ser “inmediatas” y diseñadas para evitar que el impacto se reparta de manera desigual, penalizando a quienes dependen más de esta especie o cuentan con menos alternativas de actividad.

La controversia también anticipa semanas de discusión en Bruselas: por un lado, la UE busca reforzar la credibilidad del control y la conservación; por otro, varios Estados miembros reclaman que la disciplina sea compartida por todos los actores que explotan el stock, incluidos países terceros. En ese equilibrio —entre biología, diplomacia y economía— se jugará la respuesta a una decisión que, en palabras de la propia eurodiputada, no debería traducirse en que “pescadores y territorios litorales paguen solos la factura”.

El CC SUR, con Sergio López (OPP Burela), reclama diferenciar artes y medir el impacto socioeconómico en las flotas

Los Consejos Consultivos de la pesca europea refuerzan su interlocución científica con el ICES (International Council for the Exploration of the Sea) en un encuentro centrado en uno de los debates más sensibles del momento: cómo proteger los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV/VME) sin convertir las medidas en un castigo indiscriminado para la actividad pesquera. La reunión se enmarca en la dinámica habitual de diálogo entre ICES y los órganos de participación del sector —creados para aportar conocimiento y aterrizar la gestión en la realidad del mar—, una relación que el propio ICES integra en su proceso de asesoramiento con los Consejos Consultivos como observadores y partes interesadas.

Durante los debates, Sergio López, vinculado a la OPP de Burela, interviene en nombre del CC SUR para plantear un objetivo doble: mejorar la base científica que sustenta las decisiones sobre EMV y garantizar medidas proporcionadas, ajustadas al riesgo real y al tipo de flota. En su intervención subraya que “no todos los artes impactan igual” y pide que, a la hora de diseñar cierres o restricciones, se diferencie entre modalidades, con especial atención a los artes fijos, y se incorporen de manera sistemática los impactos socioeconómicos sobre las comunidades pesqueras.

La discusión se produce en un contexto jurídico y político especialmente tenso. España —y parte del sector— mantiene su oposición al marco de cierres asociado a la protección de EMV en el Atlántico nororiental, un debate que se recrudece tras decisiones judiciales europeas que respaldan las restricciones a determinadas artes de fondo en zonas identificadas como vulnerables. En particular, el conflicto se ha focalizado en el veto a la pesca con artes de fondo en 87 áreas, una medida adoptada por la Comisión Europea en 2022 y que España llevó a los tribunales. En junio de 2025, el Tribunal General de la UE desestimó los recursos contra la designación de esas zonas y mantuvo la prohibición de pescar con artes de fondo en las áreas listadas.

En ese escenario, el CC SUR sitúa el foco en el “cómo” además del “qué”: proteger los EMV —corales de aguas frías, esponjas y comunidades bentónicas sensibles— exige medidas, pero también exige que el proceso sea robusto, trazable y transparente, y que no se base en una lógica única para realidades técnicas muy distintas. La propia Comisión y distintos grupos científicos han venido señalando, además, la necesidad de mejorar las herramientas para estimar impactos y desplazamientos de esfuerzo, así como los efectos económicos de los cierres, un trabajo que también se ha abordado en evaluaciones técnicas europeas recientes.

La respuesta del ICES durante la reunión apunta precisamente a ese camino de mejora metodológica. El organismo recuerda que ya está en marcha un amplio trabajo preparatorio de cara al benchmark de EMV previsto para 2027, una revisión clave llamada a afinar los criterios y herramientas con los que se emite el asesoramiento científico sobre la localización y protección de estos ecosistemas. Ese trabajo, según expone ICES, incluye la revisión de datos históricos, la celebración de talleres abiertos —incluidos los dedicados a artes fijos—, la mejora de los índices de EMV, el análisis de la escala espacial y un refuerzo de la transparencia metodológica, en línea con la evolución general hacia marcos más reproducibles y documentados en el asesoramiento científico.

El CC SUR recoge el guante y anuncia que participará activamente en esos trabajos, con la intención de contribuir a un dictamen científico “sólido”, capaz de conciliar dos objetivos que a menudo chocan en el debate público: la protección efectiva de los EMV y la viabilidad de las flotas. La idea, trasladada al terreno práctico, es que el conocimiento científico no sea una caja negra ni un argumento de autoridad, sino un proceso compartido en el que datos, artes, zonas y consecuencias se discutan con rigor.

El cierre del encuentro deja una foto clara: el sector, a través de los Consejos Consultivos, quiere estar dentro del engranaje técnico que decide cierres y restricciones, no solo reaccionar cuando llegan. Y el ICES, por su parte, reconoce que el gran reto no es únicamente emitir recomendaciones, sino sostenerlas con herramientas que resistan el escrutinio científico, jurídico y social. En un mar cada vez más disputado —por conservación, energía, espacio y alimento—, el diálogo entre ciencia y pesca vuelve a ser el punto donde se juega el equilibrio.