Las principales organizaciones de la flota de altura española que opera en aguas comunitarias del Gran Sol han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que reconsidere los cambios que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre en el Diario Electrónico de Abordo (DEA).

La medida obliga a los barcos a declarar especies concretas en lugar de los códigos genéricos utilizados hasta ahora para peces como el gallo, el rape, los rubios o los salmonetes. Según el sector, este cambio es innecesario y muy difícil de aplicar en el mar, ya que las diferencias entre especies se determinan normalmente en tierra, tras la descarga, o directamente no son relevantes en el mercado.

Las organizaciones alertan de que esta obligación:

·       Sobrecarga el trabajo de las tripulaciones, ya de por sí exigente.

·       Aumenta las dificultades para atraer relevo generacional a un sector que ya sufre falta de mano de obra.

·       Perjudica la competitividad de la flota española, al exigirle más que a sus homólogas de Francia o Irlanda, que seguirán operando bajo la normativa comunitaria actual.

“Lo que pedimos es simplemente mantener el sistema actual, que es el que reconoce el propio reglamento europeo de cuotas”, señalan las organizaciones, que advierten del riesgo de que España pierda aún más terreno frente a otras flotas comunitarias, si se imponen estas nuevas obligaciones.

La International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ha actualizado en febrero de 2025 su mapa global de influencia y colaboración en torno a la pesca sostenible del atún. El documento destaca cómo, a partir de una red de 23 grandes empresas pesqueras y comercializadoras de productos del mar y en conexión con pesquerías certificadas por el Marine Stewardship Council (MSC), así como proyectos de mejora pesquera (FIPs), se ha tejido una red de alianzas de gran alcance que impacta en los principales océanos donde opera la flota atunera.

Una red de alcance mundial

La organización visualiza en este informe el entramado de relaciones y asociaciones que configuran su “red de influencia” en cuatro grandes regiones de pesca de atún bajo la cobertura de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs o RFMOs, por sus siglas en inglés).

El trabajo de ISSF no se limita a promover estándares ambientales, sino que busca que las propias flotas y compañías líderes actúen como ejemplo en la aplicación de buenas prácticas, desde la gestión de dispositivos agregadores de peces (FADs) hasta la mitigación de capturas accesorias o el control de los transbordos en alta mar.

El papel de la incidencia política

Las acciones de incidencia (advocacy) son el núcleo de la estrategia. ISSF y sus socios participan activamente en los procesos regulatorios de las OROPs mediante la presentación de datos científicos, el envío de cartas y recomendaciones, su presencia en comités técnicos o la asistencia directa a reuniones de decisión.

De este modo, cada actor de la red —empresas, pesquerías certificadas o proyectos en desarrollo— refuerza la voz de los demás, generando un efecto multiplicador frente a los organismos de gestión internacional.

Regulaciones que difieren por regiones

El informe también recuerda que la efectividad de las normas sobre pesca de atún varía de una región a otra. Mientras algunas OROPs han avanzado en medidas estrictas para controlar los límites de captura, otras aún muestran carencias en materia de cumplimiento, mitigación de capturas incidentales o trazabilidad.

ISSF insiste en que la armonización de estas regulaciones es clave para garantizar un modelo sostenible a largo plazo y evitar que las diferencias normativas entre regiones generen desigualdad competitiva o vacíos legales.

Hacia un futuro más sostenible

La actualización de 2025 muestra, en definitiva, cómo la combinación de ciencia, compromiso empresarial y presión coordinada sobre las OROPs puede acelerar la adopción de políticas pesqueras sostenibles.

Para la ISSF, la colaboración con la industria atunera —uno de los sectores más relevantes de la economía pesquera mundial— no solo refuerza la credibilidad de las demandas de sostenibilidad, sino que también demuestra que es posible alinear los intereses económicos con la conservación marina.

La Low Impact Fishers of Europe (LIFE Platform) ha instado al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius Kadis, a que la Comisión Europea priorice de forma clara a la flota artesanal de pequeña escala en la asignación de cuotas pesqueras. La organización, que agrupa a pescadores de bajo impacto de distintos países europeos, recuerda que este segmento del sector representa la mayor parte de la flota comunitaria, emplea a un número significativo de tripulantes y, al mismo tiempo, genera menos impacto ambiental en los ecosistemas marinos.

Desde LIFE subrayan que los barcos artesanales son más selectivos en sus artes de pesca, tienen una huella de carbono reducida y están profundamente arraigados a las comunidades costeras, contribuyendo a mantener empleo y actividad económica en zonas con escasas alternativas.

“La política pesquera común debe garantizar un acceso equitativo y justo a los recursos. Dar prioridad a las flotas de bajo impacto no es solo una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad a largo plazo”, señalan desde la organización.

Una demanda frente a los retos del sector

El llamamiento a Bruselas llega en un momento de gran incertidumbre para la pesca europea, marcada por la reducción de cuotas en algunas especies, la competencia de la flota industrial y la necesidad de adaptar la gestión pesquera a los objetivos de sostenibilidad ambiental.

LIFE recuerda que, pese a su peso social y económico, la flota artesanal ha estado tradicionalmente en desventaja en el acceso a las cuotas, que se reparten en su mayoría entre grandes operadores industriales. La organización considera que ha llegado el momento de revertir esta situación para asegurar la viabilidad de miles de pescadores costeros.

El papel de la Comisión

Ahora, la decisión recae en la Comisión Europea y en el propio comisario Kadis, a quien LIFE reclama que actúe de manera decidida en favor de un modelo de pesca más justo y sostenible. “El futuro de nuestras comunidades costeras y de los océanos depende de decisiones que pongan a las personas y al medio marino en el centro”, sostienen desde la plataforma.

La propuesta de LIFE refuerza el debate sobre cómo compatibilizar la conservación de los recursos pesqueros con la supervivencia de las comunidades costeras, un asunto que estará en el centro de las discusiones de cara a los próximos consejos de ministros de Pesca de la UE.

El grupo ecologista GEN ha lanzado una propuesta que califica de “oportunidad histórica” para ampliar dos de las reservas marinas más emblemáticas de Baleares: es Freus de Ibiza y Formentera, con 15 353 hectáreas, y Punta de sa Creu, en Menorca, con 986 hectáreas.

Desde su creación, estas áreas han mostrado una mejora significativa en la biodiversidad, consolidándose como espacios clave para la regeneración de hábitats marinos y la recuperación de especies. Según GEN, su ampliación supondría reforzar ese efecto positivo y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible del mar balear.

Pesca artesanal, sí; submarina, no

El colectivo ecologista sostiene que la pesca artesanal y recreativa puede seguir coexistiendo con estas medidas, siempre que se mantengan limitaciones claras y un control riguroso. Sin embargo, plantea la necesidad de prohibir la pesca submarina, argumentando que esta modalidad ejerce una presión directa sobre especies vulnerables y compromete la estabilidad del ecosistema.

“Las reservas marinas han demostrado su eficacia para recuperar poblaciones de peces y proteger la riqueza biológica. Ampliarlas es un paso natural para garantizar su futuro”, señaló GEN en un comunicado.

Postura del Consell de Formentera

La propuesta, sin embargo, no ha estado exenta de matices. El Consell de Formentera ha pedido una paralización temporal del proceso con el fin de abrir un diálogo más amplio con los sectores implicados —pescadores, buceadores, asociaciones locales y administraciones— antes de avanzar en una decisión que afectará a la economía y la actividad cotidiana de la isla.

Un reto de equilibrio

El debate refleja la complejidad de conjugar la protección ambiental con los usos tradicionales del mar. Mientras los ecologistas destacan la urgencia de actuar frente al deterioro de los ecosistemas marinos, las instituciones locales insisten en que las medidas deben aplicarse con consenso social y sensibilidad hacia quienes dependen directamente del mar para su sustento.

Lo que nadie cuestiona es que las reservas marinas de Baleares son ya un ejemplo de gestión reconocida internacionalmente. Su posible ampliación marcaría un nuevo capítulo en la estrategia de conservación del Mediterráneo, donde la presión turística y pesquera obliga a tomar decisiones cada vez más firmes para garantizar el futuro del ecosistema.

Una investigación de la Universidad de St Andrews ha arrojado nueva luz sobre la interacción entre la pesca con redes fijas en el Reino Unido y los mamíferos marinos, identificando factores clave que influyen en las capturas incidentales de estas especies. El trabajo, publicado en el ICES Journal of Marine Science, se apoya en un extenso conjunto de datos recopilados entre 1996 y 2023 dentro del Programa Británico de Monitoreo de Capturas Incidentales (Bycatch Monitoring Programme, BMP).

El estudio ha analizado registros de casi tres décadas, lo que lo convierte en una de las evaluaciones más exhaustivas realizadas hasta ahora sobre el impacto de las redes fijas en cetáceos, marsopas y focas en aguas británicas. Este volumen de información ha permitido detectar patrones de ocurrencia y establecer correlaciones entre las tasas de capturas accesorias y diversos factores ambientales y operativos.

Factores de riesgo identificados

Los investigadores señalan que las capturas incidentales no son uniformes, sino que dependen de variables como la ubicación geográfica de la pesquería, la estacionalidad, el tipo de red fija y la intensidad del esfuerzo pesquero. Algunas zonas y épocas del año presentan mayor vulnerabilidad para ciertas especies de mamíferos marinos, lo que, según los autores, refuerza la necesidad de aplicar medidas de gestión espacial y temporal más específicas.

La investigación enfatiza que, aunque la Directiva Hábitats de la UE y los compromisos internacionales obligan a minimizar las capturas accidentales de mamíferos marinos, los avances dependen de la integración de la ciencia en la gestión pesquera. Los autores subrayan que disponer de datos tan detallados abre la puerta a políticas más efectivas, desde ajustes en las artes de pesca hasta cierres temporales en áreas sensibles.

Un reto pendiente

Las capturas incidentales representan una de las principales amenazas para especies como la marsopa común, catalogada como vulnerable en algunas áreas del Atlántico nororiental. El estudio concluye que es imprescindible mantener y reforzar los programas de monitoreo, al tiempo que se fomenta la innovación en técnicas de pesca más selectivas que reduzcan al mínimo la mortalidad de fauna marina protegida.

Las principales organizaciones ecologistas con presencia en el mar Báltico han dado su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca para 2026. Entidades como Deutsche Umwelthilfe (DUH), FishSec, la Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) y el WWF Baltic Sea Programme han valorado positivamente que Bruselas apueste por medidas más estrictas de gestión pesquera, en línea con las recomendaciones científicas para garantizar la recuperación de los ecosistemas marinos.

Una región en estado crítico

El mar Báltico lleva años figurando entre las zonas más presionadas de Europa por la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. Especies clave como el bacalao o el arenque han mostrado caídas drásticas en sus poblaciones, lo que ha obligado a la Comisión a aplicar cierres parciales y reducciones de cuotas en ejercicios anteriores.

La propuesta para 2026 mantiene esa línea de prudencia, con limitaciones adicionales a las capturas en las poblaciones más vulnerables y con una apuesta clara por ajustar los Totales Admisibles de Captura (TAC) a los dictámenes científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

El respaldo de las ONG

Las ONG destacan que, por primera vez en años, la propuesta comunitaria refleja de manera coherente la urgencia de actuar en el Báltico. Para FishSec, supone “un paso firme hacia la recuperación de especies que han sufrido un deterioro alarmante en las últimas dos décadas”.

Desde Deutsche Umwelthilfe, subrayan que la gestión pesquera no puede desligarse de los compromisos medioambientales de la UE: “La salud del Báltico está en juego, y limitar las capturas es esencial para restaurar el equilibrio ecológico”.

El WWF Baltic Sea Programme considera además que las medidas planteadas contribuirán a reforzar la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, mientras que la SSNC valora que la Comisión ponga el foco en la sostenibilidad a largo plazo frente a las presiones económicas de corto alcance.

Expectativas para el Consejo de Ministros

La propuesta de la Comisión será debatida en los próximos meses por los ministros de Pesca de la UE, que tendrán que alcanzar un acuerdo definitivo antes de final de año. Para las ONG, el reto ahora es que los Estados miembros mantengan la orientación marcada por Bruselas y no diluyan las medidas en la negociación política.

“El Consejo tiene la oportunidad de demostrar que la sostenibilidad no es un eslogan, sino un compromiso real con el futuro del Báltico y de las comunidades que dependen de él”, señalan desde el bloque de organizaciones.

Un punto de inflexión

Si la propuesta se aprueba en los términos actuales, 2026 podría marcar un punto de inflexión en la gestión del mar Báltico, donde la recuperación de especies y ecosistemas sigue siendo frágil pero aún posible. Para las ONG, el mensaje es claro: la pesca sostenible no es solo una necesidad ambiental, sino también la única vía para garantizar el futuro económico y social de la región.