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martes, diciembre 30, 2025
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Noruega ofrece una “recompensa” millonaria para desvelar el misterio de la vitamina D en el salmón de cultivo

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Fishermen Røst


El fondo FHF destina hasta 1,27 millones de euros a proyectos que aclaren cómo influyen la luz y el manejo en las necesidades de vitamina D del salmón atlántico.

La llamada “vitamina del sol” vuelve a situar al salmón en el centro del debate científico. El fondo noruego para la investigación pesquera y acuícola FHF (Norwegian Seafood Research Fund) ha lanzado una convocatoria dotada con hasta 15 millones de coronas noruegas —unos 1,1 millones de libras— para financiar estudios que aclaren cuál es realmente la necesidad de vitamina D del salmón de cultivo en distintos sistemas productivos.

El objetivo es mucho más que académico: de las respuestas que arroje esta investigación pueden depender la formulación de los piensos, la salud de los peces y, en última instancia, el contenido nutricional de uno de los productos estrella del mercado mundial de pescado.

Por qué preocupa la vitamina D en el salmón

FHF recuerda en la convocatoria que la vitamina D es esencial para el desarrollo óseo, el sistema inmunitario y la salud general del salmón, del mismo modo que lo es para los seres humanos. Sin embargo, el conocimiento disponible sobre sus necesidades “es limitado y en parte inconsistente”.

La preocupación no es teórica. Datos recientes muestran que el salmón de cultivo en Noruega contiene menos vitamina D que hace unos años, un descenso que los expertos vinculan al cambio de dieta: menos ingredientes marinos clásicos (aceites y harinas de pescado) y más materias primas vegetales, con menor contenido natural de esta vitamina y de omega-3.

En paralelo, estudios comparativos han constatado grandes diferencias entre salmones salvajes y de cultivo: mientras la carne de ejemplares salvajes puede alcanzar valores de vitamina D3 por encima de 9–18 μg/100 g, en los salmones de piscifactoría los niveles suelen ser sensiblemente inferiores.

Para una industria que vende el salmón como fuente de omega-3 y vitamina D, la cuestión no es menor: ¿están recibiendo los peces la dosis adecuada para su bienestar? ¿Y qué significa “adecuada” en sistemas modernos donde el acceso al sol es muy distinto al del medio natural?

Sol, radiación UV y una vieja pregunta con nueva respuesta

En mamíferos está claro: la vitamina D se sintetiza en la piel gracias a la radiación ultravioleta del sol. De ahí el apodo de “vitamina del sol”.

En los peces, en cambio, se asumía tradicionalmente que dependían casi por completo de la vitamina D aportada en la dieta. Esa idea está cambiando. FHF cita estudios recientes que muestran que varias especies de peces —incluido el salmón— son capaces de producir vitamina D cuando se exponen a radiación UVB, en mucha mayor medida de lo que se pensaba.

Ensayos realizados en Noruega han demostrado que los salmones aumentan su contenido de vitamina D cuando se les expone a luz UVB controlada, aunque estos experimentos plantean a la vez preguntas sobre bienestar —intensidad de la luz, duración, efectos sobre la piel y los ojos— que no están del todo resueltas.

La combinación de piensos diferentes, sistemas cerrados en tierra (RAS), jaulas marinas con fotoperíodos artificiales y variaciones estacionales extremas de luz natural crea un rompecabezas biológico: la relación entre sol, vitamina D y salud del salmón ya no puede darse por supuesta.

Una convocatoria “XL” para responder a preguntas concretas

Para afrontar ese rompecabezas, FHF ha abierto una convocatoria internacional de proyectos con las siguientes claves:

  • Presupuesto: hasta 15 millones de coronas noruegas (aprox. 1,12 millones de libras) para uno o varios proyectos.
  • Objetivo central: determinar qué niveles de vitamina D garantizan una salud y un crecimiento óptimos del salmón bajo distintas condiciones de cultivo y de luz.
  • Alcance: sistemas tradicionales en mar abierto, jaulas cerradas, instalaciones en tierra y contextos con acceso limitado o nulo a luz natural.
  • Prioridad: proyectos con estrecha conexión con la industria, capaces de transferir resultados de forma continuada a productores, fabricantes de pienso y autoridades.
  • Plazo: fecha límite para presentar propuestas: 12 de marzo de 2026.
  • Contacto científico: Sven Martin Jørgensen, responsable de salud de peces en FHF.

FHF subraya que los trabajos deberán integrar fisiología, nutrición, manejo de la luz y bienestar animal, evitando respuestas simplistas. No se trata solo de “subir la vitamina D en el pienso”, sino de entender cómo interactúan dieta, radiación UV, metabolismo y diferentes fases del ciclo productivo.

Qué está en juego para la acuicultura y para el consumidor

La decisión noruega llega en un momento en el que la acuicultura del salmón vive bajo la lupa: bienestar animal, huella ambiental, uso de ingredientes alternativos en el pienso y valor nutricional final del producto son cuestiones cada vez más presentes en la agenda pública.

Si esta investigación aclara que el salmón de cultivo necesita más vitamina D de la que hoy recibe, las consecuencias podrían ser múltiples:

  • Reformulación de piensos, incorporando ingredientes marinos o suplementos específicos de vitamina D en dosis ajustadas.
  • Rediseño de regímenes de luz en sistemas cerrados y jaulas, para aprovechar la capacidad natural del pez de sintetizar vitamina D sin comprometer su bienestar.
  • Revisión de datos nutricionales en el etiquetado, algo especialmente relevante para los mercados europeos donde el salmón se promociona como fuente de esta vitamina.
  • Refuerzo del argumentario de salud pública, en un contexto en el que muchas poblaciones humanas —sobre todo en latitudes altas— presentan déficits de vitamina D y recurren al pescado graso como fuente dietética.

Para el sector, además, está en juego una cuestión de credibilidad: demostrar que la intensificación productiva y el uso de dietas más sostenibles no se hace a costa de la calidad nutricional ni del bienestar del pez.

Noruega, laboratorio abierto para la “vitamina del sol”

Con esta convocatoria, Noruega vuelve a situarse como uno de los grandes laboratorios vivos de la investigación acuícola, poniendo dinero sobre la mesa para responder a una pregunta aparentemente simple —¿cuánta vitamina D necesita un salmón de cultivo y de dónde debe obtenerla?— que, en realidad, condensa muchos de los dilemas actuales del sector.

Para productores, nutricionistas y autoridades de todo el mundo, los resultados que salgan de estos proyectos marcarán un precedente: cómo equilibrar piensos más sostenibles, sistemas cada vez más cerrados y un salmón que siga siendo, también para el consumidor, un auténtico “pescado del sol” en términos de vitamina D.

Francia apuesta por electrificarse rápido: RTE pide acelerar la descarbonización en lugar de frenar las renovables

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El gestor de la red eléctrica ve en la actual sobrecapacidad de electricidad baja en carbono una ventaja competitiva y propone usarla para descarbonizar usos, reindustrializar el país y desplegar 13 GW de eólica marina de aquí a 2035.

Francia vive hoy una situación que muchos países europeos envidiarían: tiene más electricidad baja en carbono disponible de la que consume. Lejos de ver en esa sobrecapacidad un problema, el gestor del sistema eléctrico, RTE, la presenta como una “ventana de oportunidad” para acelerar la descarbonización de la economía francesa y reforzar su industria, en lugar de pisar el freno al desarrollo de las energías renovables.

El mensaje se recoge en el Bilan prévisionnel 2025-2035, el informe de prospectiva que RTE presentó el 9 de diciembre y que actualiza las perspectivas del sistema eléctrico francés para la próxima década.

Abundancia de electricidad limpia y consumo estancado

Tras la crisis sanitaria y el choque energético de 2022-2023, Francia ha recuperado la producción de su parque nuclear y ha acelerado el despliegue de renovables. Solo en 2024-2025, el país alcanza un ritmo de unas 7 GW anuales de nuevas instalaciones solares y eólicas terrestres y marinas, lo que ha reforzado su capacidad de generación baja en carbono.

Al mismo tiempo, la demanda eléctrica se mantiene estable, por debajo de los niveles previos a la covid, gracias a la combinación de eficiencia energética, cambios de hábitos y el impacto de los altos precios de la energía durante la crisis. El resultado: una “abundancia de electricidad descarbonizada” que ha permitido a Francia batir en 2024 su récord de exportaciones netas de electricidad y situarse con una mezcla eléctrica ya descarbonizada en torno al 95 %.

RTE calcula que este episodio de sobrecapacidad puede prolongarse al menos dos o tres años. Pero en lugar de proponer un frenazo brusco en las inversiones, el operador señala otra vía: usar esa abundancia como palanca para electrificar rápidamente transportes, industria, edificios y nuevos usos como los centros de datos.

Dos caminos: descarbonización rápida o lenta

El informe plantea dos grandes trayectorias para el consumo de aquí a 2035:

  • Escenario de descarbonización rápida: la demanda eléctrica subiría hasta unos 510 TWh en 2030 y 580 TWh en 2035, apoyando los objetivos europeos del paquete Fit for 55 y la reindustrialización del país.
  • Escenario de descarbonización lenta: el consumo apenas aumentaría hasta unos 470 TWh en 2030 y 505 TWh en 2035, con menos sustitución de combustibles fósiles y menor impacto económico positivo.

RTE es claro: desde el punto de vista económico y climático, es mucho más eficaz activar cuanto antes el escenario de descarbonización rápida que limitar el desarrollo de las renovables para “ajustar” la oferta a una demanda casi plana.

El operador cuantifica incluso los beneficios: electrificar usos permitiría reducir a 2035 cerca de la mitad de las importaciones de hidrocarburos —unos 500 TWh menos—, de los que el 40 % se explicaría directamente por el cambio a electricidad. Eso significaría recortar una factura energética exterior que hoy ronda los 50-70 mil millones de euros al año y reforzar la soberanía energética del país.

Eólica marina, redes y “ajustes finos”

Para sostener ese escenario de descarbonización rápida, RTE da por hecho un mix basado en dos pilares: nuclear y renovables, con un papel creciente de la eólica marina a partir de la década de 2030. El gestor trabaja con la hipótesis de alrededor de 13 GW de eólica offshore instalados en 2035, apoyando tanto la producción eléctrica como el desarrollo de cadenas industriales asociadas. (Dato citado en la prensa francesa especializada).

El informe, sin embargo, introduce matices importantes:

  • No se trata de construir “a cualquier precio”, sino de priorizar las tecnologías y emplazamientos más competitivos desde el punto de vista del coste del sistema: prolongación de la vida útil de los reactores existentes, eólica terrestre y eólica marina fija en zonas con buen recurso de viento y condiciones de suelo favorables, y en menor medida gran fotovoltaica en suelo.
  • RTE sugiere modular la puesta en servicio de los futuros parques de eólica marina, concentrando esfuerzos en los proyectos y áreas más ventajosas y favoreciendo efectos de serie industriales para maximizar el contenido “hecho en Francia”.
  • Ajustar temporalmente el despliegue de determinadas tecnologías —por ejemplo, el “pequeño solar” distribuido o la eólica flotante— es un “margen de maniobra” posible, pero menos eficiente económicamente que acelerar la electrificación. Además, insiste en no usar ese freno de forma excesiva para no debilitar unas filières bajas en carbono que serán imprescindibles a medio plazo.

La otra pieza clave son las redes: RTE recuerda que el éxito de la estrategia depende de reforzar rápidamente el transporte y la distribución para conectar nuevos consumos y producciones. El operador ya ha habilitado “sitios fast track” para grandes consumidores (industria, hidrógeno, centros de datos) y, a partir de 2026, podrá priorizar los proyectos más maduros y dinámicos en el acceso a la red.

De la teoría a los proyectos concretos

Por primera vez, el Bilan prévisionnel detalla el volumen de proyectos de descarbonización e inversión industrial que deberían materializarse para colocar a Francia en la senda rápida:

  • Aproximadamente 2,9 GW de proyectos vinculados a hidrógeno.
  • Unos 3,4 GW asociados a la nueva demanda industrial.
  • En torno a 4,3 GW ligados al crecimiento de los centros de datos.

Si alrededor del 60 % de estos proyectos se concreta de aquí a 2030, la demanda eléctrica industrial podría incrementarse hasta unos 113 TWh anuales, a lo que se sumaría el aumento de consumo en hidrógeno y datacenters.

RTE insiste en que no hay riesgo de “conflicto de usos” entre estos nuevos consumos electrointensivos (hidrógeno para aviación y transporte marítimo, e-combustibles, datacenters) y la descarbonización prioritaria de transporte, edificios e industria: la capacidad de generación y la resiliencia del sistema son suficientes, siempre que se sigan reforzando las redes.

Una sobrecapacidad que ya ha sido una oportunidad antes

El operador recuerda que no es la primera vez que Francia vive un episodio de sobreproducción eléctrica. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, el país ya experimentó largos periodos de excedente, que se tradujeron en:

  • expansión de los usos eléctricos (tarifas valle, calefacción, etc.);
  • mayor flexibilidad de operación del parque nuclear;
  • aumento de las exportaciones;
  • cierre ordenado de centrales térmicas de fuel y carbón muy emisoras de CO₂.

RTE propone repetir la jugada, pero esta vez con un objetivo explícito: aprovechar precios mayoristas relativamente bajos respecto a los países vecinos para atraer nueva industria, electrificar procesos y reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles, en lugar de desperdiciar el “colchón” de capacidad deteniendo el despliegue renovable.

El mensaje central de la propuesta francesa es nítido: mientras otros países temen quedarse cortos de electricidad limpia, Francia se encuentra en una posición “estratégicamente muy ventajosa” para acelerar su transición climática y su reindustrialización apoyándose en un mix nuclear-renovables ya muy descarbonizado.

Para RTE, la prioridad a 2035 no es recortar la ambición renovable, sino poner en marcha cuanto antes un movimiento decidido de electrificación de usos, acompañado de inversiones en red y de una planificación fina de la eólica marina y el resto de tecnologías. Solo si esa electrificación no se materializa al ritmo esperado tendría sentido, según el gestor, ajustar temporalmente el despliegue de ciertas filières, siempre con cuidado de no comprometer la capacidad futura de Francia para producir la electricidad descarbonizada que necesitará el resto del siglo.

CITES tumba la propuesta de la UE para proteger todas las anguilas

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El comité del convenio internacional rechaza por amplia mayoría incluir todas las especies del género Anguilla en el Apéndice II, pese a las alertas científicas sobre su declive global.

El intento de la Unión Europea de reforzar la protección internacional de todas las especies de anguila ha sufrido un duro revés en la 20.ª Conferencia de las Partes (CoP20) de CITES, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán). El Comité I del convenio votó mayoritariamente en contra de la propuesta comunitaria para incorporar todo el género Anguilla al Apéndice II, la lista que obliga a controlar estrictamente el comercio internacional de especies vulnerables.

La iniciativa, presentada por la UE junto con Honduras, perseguía extender a todas las anguilas el mismo estatus que ya tiene desde 2007 la anguila europea (Anguilla anguilla), actualmente incluida en el Apéndice II por su grave estado de conservación. El objetivo era frenar el declive de otras especies muy explotadas, como la anguila japonesa (A. japonica) y la americana (A. rostrata), sometidas a una fuerte demanda comercial en Asia y otros mercados.

Sin embargo, el resultado de la votación fue contundente: 35 países a favor, 100 en contra y 8 abstenciones, según los recuentos hechos públicos tras el escrutinio secreto. La propuesta quedó así enterrada en comité y solo un giro improbable en la plenaria final podría resucitarla.

Japón y Asia lideran el bloque del “no”

Entre los opositores más firmes se situó Japón, uno de los grandes consumidores mundiales de anguila. El gobierno nipón argumentó que las evaluaciones científicas de la FAO y de la propia secretaría de CITES no consideran que la anguila japonesa ni la americana cumplan aún los criterios formales de inclusión por declive poblacional y que, por tanto, la propuesta “no estaba apoyada por la ciencia”.

Tokio advirtió además de que la imposición de controles CITES sobre todas las especies podría disparar los precios internos y alterar un mercado en el que alrededor del 70 % de las anguilas consumidas en Japón son importadas, principalmente desde China, Taiwán y Corea del Sur. Países como China y Corea del Sur —con importantes industrias de acuicultura y engorde de anguila— se alinearon con Japón, preocupados por el impacto económico de nuevas trabas administrativas y comerciales.

El resultado refleja un choque frontal entre los intereses de conservación y los de países con cadenas de valor fuertemente dependientes de la anguila, tanto salvaje como cultivada.

Una familia en declive, pero sin acuerdo sobre la respuesta

El voto negativo no significa que la situación de las anguilas sea buena. Muy al contrario: la literatura científica subraya desde hace años el fuerte declive de muchas especies migratorias de Anguilla a escala global, por la combinación de sobrepesca, destrucción de hábitats fluviales, contaminación, presas, cambio climático y comercio ilegal.

La anguila europea está catalogada como “En Peligro Crítico” en la Lista Roja de la UICN, mientras que la japonesa y la americana figuran como “En Peligro”. Otras especies del Pacífico y del Índico se consideran “Vulnerables”.

Precisamente por ello, varios expertos europeos defendían que la propuesta de la UE se quedaba incluso corta. Investigadores como Miguel Clavero, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), han defendido que las especies más amenazadas deberían pasar directamente al Apéndice I —lo que implicaría un veto casi total al comercio internacional— mientras que el resto del género Anguilla se incluiría en el Apéndice II para evitar que la presión pesquera se “desplace” de unas especies a otras.

El argumento de la UE: sin control, el comercio empuja al colapso

La propuesta comunitaria buscaba precisamente anticiparse a ese efecto de sustitución: si solo la anguila europea está regulada, el mercado tiende a compensar la escasez tirando de otras especies —como la japonesa, la americana o la neozelandesa—, sometiéndolas al mismo patrón de sobreexplotación.

La inclusión en el Apéndice II no habría supuesto una prohibición absoluta, sino la obligación de emitir dictámenes de extracción no perjudicial (los llamados Non-Detriment Findings), certificados por la autoridad científica de cada país exportador, antes de autorizar cualquier envío internacional.

Para Bruselas y los estados miembros que apoyaron la propuesta, se trataba de introducir un nivel mínimo y homogéneo de control sobre un comercio globalizado y difícil de rastrear, muy expuesto a fraudes de etiquetado y al tráfico ilegal de alevines.

Temores comerciales y división Norte-Sur

Los debates en Samarcanda han puesto de relieve, una vez más, las tensiones clásicas en CITES entre países de consumo y de producción, así como entre bloques desarrollados y emergentes.

Los defensores del “no” insistieron en que añadir a todas las anguilas a los anexos de CITES habría introducido costes burocráticos y riesgos de bloqueo comercial que, a su juicio, no se corresponden con el grado de amenaza de todas las poblaciones. También reprocharon a la UE no haber calibrado suficientemente las consecuencias para las pesquerías artesanales y las granjas de engorde en Asia.

Desde el lado europeo, ONG ambientalistas y parte del sector científico lamentan que CITES siga siendo demasiado sensible a las presiones industriales y comerciales. Recuerdan que el propio colapso de la anguila europea se produjo tras décadas de advertencias ignoradas y que el comercio internacional de alevines hacia Asia sigue siendo uno de los factores de riesgo más graves.

¿Y ahora qué?

El rechazo del Comité I no cierra del todo la puerta: la decisión deberá ser confirmada en la sesión plenaria de la CoP20. No obstante, las posibilidades de un giro de guion se consideran muy reducidas, habida cuenta de la amplia mayoría alcanzada en la votación inicial.

De confirmarse el “no”, el mapa regulatorio mundial de las anguilas seguirá prácticamente igual:

  • Solo la anguila europea continuará listada en el Apéndice II de CITES.
  • El resto de especies quedará bajo los marcos de gestión nacionales y regionales, con recomendaciones científicas de la FAO y organismos regionales de pesca, pero sin un paraguas global vinculante para el comercio.
  • Los esfuerzos de conservación dependerán, en gran medida, de políticas internas, acuerdos bilaterales y de la capacidad de los países de origen y destino para controlar el tráfico y aplicar vedas o cierres temporales.

Un mensaje ambiguo para la conservación

El desenlace de Samarcanda lanza un mensaje ambiguo sobre la capacidad del sistema internacional para actuar con anticipación frente al deterioro de especies de alto valor comercial.

Para la UE y los científicos que defendían un mayor nivel de protección, CITES ha perdido una oportunidad de oro para alinear el comercio de anguila con los objetivos de conservación, evitando repetir el “caso europeo” en otros continentes.

Para Japón, China, Corea del Sur y otros países que votaron en contra, la decisión permite ganar tiempo, preservar la estabilidad de un mercado multimillonario y seguir confiando en sus propios sistemas de gestión y en evaluaciones científicas que, por ahora, consideran que un cierre o una restricción severa del comercio sería desproporcionada.

Mientras tanto, el futuro de las anguilas —esos peces migratorios capaces de cruzar océanos enteros entre el mar y los ríos— sigue pendiendo de un equilibrio frágil entre intereses económicos a corto plazo y la necesidad de asegurar la supervivencia de unas poblaciones que, en muchos casos, ya muestran signos claros de agotamiento.

La flota vasca pide el cierre de la pesca de caballa para salvar el recurso y poner fin a un reparto injusto

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El sector pesquero vasco ha dado un paso poco habitual pero contundente: reclama el cierre técnico de la pesquería de caballa o verdel en 2026 en todo el Atlántico nororiental. Prefiere parar y dejar recuperar la biomasa antes que aceptar una reducción drástica de la cuota que, en la práctica, solo castiga a las flotas de España mientras se perpetúa la sobrepesca de los países del Norte.

Según Aurelio Bilbao, de OPESCAYA, «tanto Irlanda como España van en contra del consejo científico de la caballa, que, además, es muy benévolo, ya que tal y como está la biomasa, por debajo de la biomasa límite, debería cerrarse la pesquería a cal y canto. No están mirando el futuro de la pesca, sino las consecuencias cortoplacistas exclusivamente, que habría que afrontarlas desde nuestro punto de vista»

La alarma surge cuando la Comisión Europea propuso para 2026 una reducción del 70 % en el Total Admisible de Capturas (TAC) de caballa, atendiendo a la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Este organismo planteó pasar de 576.958 toneladas en 2025 a unas 174.357 toneladas en 2026, tras constatar que la biomasa se sitúa ya por debajo de los límites biológicos de seguridad.

“No hay reparto justo posible”

Para la flota vasca —especialmente para el cerco y el aparejo de anzuelo— el problema ya no es solo biológico, sino político y de equidad. El sector subraya que nunca ha existido un reparto justo de la caballa en el Atlántico nororiental y denuncia que, de nuevo, la reducción real de posibilidades de pesca se concentra en las flotas española y comunitaria, mientras Noruega, Reino Unido y otros países del Norte mantienen un peso desproporcionado en las capturas.

Las cofradías y organizaciones de productores vascas apuntan que, con un recorte del 70 %, la cuota asignada a España quedaría en niveles tan bajos que no permitirían ni la mínima rentabilidad económica ni una gestión ordenada entre todas las flotas implicadas. En esas condiciones, temen que la campaña se convierta en una “carrera por el último pez”, con más tensiones y sin lograr el objetivo de recuperación.

Mejor un cierre total que una falsa solución

Por ello, el mensaje que sale del País Vasco es claro:

“Es preferible un cierre técnico para todas las flotas que seguir soportando recortes asimétricos que no solucionan el problema”.

El sector recuerda el precedente de la anchoa en el golfo de Vizcaya, cuya veda total durante varios años permitió la recuperación del stock y el posterior relanzamiento de una pesquería hoy considerada modelo de gestión. A su juicio, la caballa se encuentra ahora en una situación similar: biomasa bajo mínimos, riesgo claro para el futuro del recurso y un marco político que no reparte de forma equitativa el esfuerzo de recuperación.

En este contexto, las organizaciones vascas consideran que mantener una cuota simbólica solo serviría para maquillar el problema:

  • No garantizaría la recuperación de la especie.
  • Dejaría al sector español cargando con la parte principal del sacrificio.
  • Y permitiría que continúe la sobrepesca ejercida por los países del Norte, consolidando un reparto desigual del TAC.

Flotas muy dependientes de la caballa

La preocupación es especialmente intensa en las flotas de Galicia, Cantabria y Euskadi, que dependen de la caballa —o “xarda”, como se conoce en buena parte del Cantábrico— para sus campañas de primavera. En el caso vasco, la especie es una pieza clave en la economía de muchas embarcaciones de cerco, que combinan el verdel con la anchoa y otras especies pelágicas para sostener su viabilidad durante el año.

Los armadores y pescadores vascos no cuestionan el diagnóstico científico: aceptan que la caballa necesita una recuperación urgente. Lo que rechazan es que, una vez más, esa recuperación se intente lograr “a costa de los mismos”, mientras otros países siguen fijando cuotas unilaterales por encima de los acuerdos y bloqueando un verdadero reparto equilibrado en las negociaciones internacionales.

Sostenibilidad sí, pero con reglas iguales para todos

En el fondo del debate está la tensión entre sostenibilidad y justicia. El sector vasco insiste en que sin recurso no hay futuro, y por ello muestra disposición a asumir medidas duras, incluido el cierre total. Pero advierte de que la sostenibilidad a largo plazo solo será creíble si el esfuerzo se distribuye de manera proporcionada entre todos los países que explotan la caballa.

Por eso, el posicionamiento que emana del País Vasco combina dos mensajes:

  • Defensa firme de un cierre técnico temporal, suficientemente largo como para permitir la recuperación de la biomasa.
  • Exigencia de un nuevo marco de reparto del TAC, que evite que la flota española siga asumiendo el grueso de los sacrificios mientras otros continúan sobrepescando.

En resumen, el sector pesquero vasco se alinea a favor de la ciencia y de la recuperación de la caballa, pero rechaza una solución que considera desequilibrada e ineficaz. Para los pescadores, la disyuntiva es clara: o cierre ordenado y reparto justo, o seguir por un camino que agota el recurso, castiga siempre a los mismos y pone en riesgo la credibilidad de la gestión pesquera en el Atlántico nororiental.

Noruega y Rusia retoman por vía telemática la negociación clave sobre las pesquerías del Barents y el mar de Noruega

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La 56ª sesión de la Comisión Mixta Noruego-Rusa se celebra del 8 al 12 de diciembre con la participación activa de Norges Fiskarlag, que reclama una gestión compartida y sostenible de los recursos

La Co­mi­sión Mixta Noruego-Rusa de Pesca celebra esta semana su 56ª sesión, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas pero también por la necesidad de mantener vivo uno de los modelos de cogestión pesquera más citados del mundo. Las conversaciones, que se desarrollan de forma digital del 8 al 12 de diciembre, están centradas en el futuro de los recursos compartidos en el mar de Barents y el mar de Noruega, dos de las áreas más productivas del planeta.

Por parte noruega, la delegación negociadora está encabezada por la departementsråd Mette I. Wikborg, del Ministerio de Comercio e Industria y Pesca. En el equipo figura también la organización profesional Norges Fiskarlag, que participa como es habitual con tres asesores: el presidente Jan Roger Lerbukt, el secretario general Sverre Johansen y la responsable de gestión pesquera Synnøve Liabø.

El papel de Norges Fiskarlag: asesorar al Gobierno, no negociar

Lerbukt subraya que la función principal de Norges Fiskarlag en estas reuniones es asesorar al Ministerio desde la experiencia directa del sector. La organización traslada posiciones y prioridades en materia de cuotas, normas de explotación y acceso a zonas, pero deja claro que la voz oficial en la mesa de negociación es la del Gobierno noruego.

“No podremos hacer comentarios durante el proceso; solo cuando haya un acuerdo sobre la mesa”, recuerda el presidente, insistiendo en que cualquier declaración pública corresponde a la jefatura negociadora y no a las partes asesoras.

En la fase preparatoria, el Fiskarlag ya ha remitido a las autoridades una batería de propuestas que incluyen:

  • criterios de fijación de cuotas para las poblaciones compartidas,
  • la evaluación de las reglas de explotación (harvest rules),
  • cuestiones de acceso a zonas de la ZEE rusa y noruega,
  • y el intercambio de cuotas (kvotebytte) para optimizar las posibilidades de pesca.

Cooperación científica y gestión conjunta, pese al “telón de fondo” político

A juicio de Lerbukt, el objetivo central del sector en estas conversaciones es garantizar que “nuestros recursos pesqueros comunes se gestionen lo mejor posible”. Recuerda que el marco de cooperación entre las autoridades pesqueras de Noruega y Rusia ha funcionado durante décadas, incluso en periodos con “telones de fondo complicados”, como el actual.

“Confiamos en que las autoridades noruegas manejen las negociaciones de manera equilibrada y contribuyan a soluciones constructivas que permitan gestionar estos recursos marinos de forma conjunta también en los próximos años”, señala.

Esa cogestión se apoya en un intenso trabajo científico conjunto y en un reparto pactado de las cuotas sobre las principales especies compartidas, como el bacalao del mar de Barents, el arenque del Atlántico Norte o el capelán, entre otras.

“Sería muy grave quedarnos sin acuerdo para 2026”

La relevancia de estas negociaciones fue explicada también por Synnøve Liabø, responsable técnica de gestión pesquera de Norges Fiskarlag, en una entrevista en el programa Nyhetsmorgen de la NRK, la radio pública noruega.

Liabø recalcó que sería “muy desafortunado” que Noruega y Rusia no lograsen un acuerdo para 2026 y los años siguientes. Recordó que el mar de Noruega y el mar de Barents forman uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo, y que una interrupción del trabajo conjunto de investigación y gestión tendría consecuencias no solo para la flota noruega, sino “para otros países pesqueros que dependen de estos caladeros”.

Desde el Fiskarlag se insiste en que existe una obligación compartida de gestionar los recursos de manera sostenible y a largo plazo, al margen de la coyuntura política. Según explicó Liabø, el escenario óptimo es lograr un acuerdo común que permita que tanto los pescadores noruegos como los rusos puedan seguir faenando tras el período de desove, por ejemplo en las zonas tradicionales del entorno de Lofoten y Vesterålen.

Riesgos de una “pausa” en la cooperación

El sindicato pesquero noruego advierte de que una eventual “pausa” en la cooperación científico-técnica y de gestión con Rusia supondría una situación nueva y compleja para el sector.

Sin un acuerdo marco, se abriría la puerta a:

  • solapamientos de esfuerzo pesquero sobre las mismas poblaciones,
  • divergencias en criterios científicos y en las evaluaciones de stock,
  • y una posible pérdida de credibilidad internacional del modelo de gestión del Barents, que hasta ahora se ha presentado como ejemplo de cooperación responsable en aguas compartidas.

Por eso, pese a la presión geopolítica, Norges Fiskarlag defiende que las partes mantengan el canal de diálogo técnico y político centrado en los recursos y la sostenibilidad, separándolo en la medida de lo posible de otros conflictos.

Una semana decisiva para el futuro del modelo noruego-ruso

Las reuniones, que comenzaron con un plenario inaugural el lunes 8 de diciembre liderado por Mette I. Wikborg, continuarán a lo largo de la semana en formato digital, con sesiones técnicas y políticas.

Hasta que no haya un principio de acuerdo, la delegación noruega mantendrá la discreción habitual. El sector, entretanto, sigue la cita con una mezcla de preocupación y esperanza:

  • preocupación, porque cualquier ruptura en la arquitectura de gestión compartida puede afectar directamente a la estabilidad de las cuotas y las reglas de explotación;
  • y esperanza, porque la experiencia de décadas demuestra que la pesca ha sido capaz de tender puentes incluso en tiempos difíciles.

En ese equilibrio se moverán los contactos con Rusia en los próximos días. Lo que está claro para Norges Fiskarlag es que, en un contexto de incertidumbre, la mejor brújula sigue siendo la misma: ciencia sólida, reglas claras y gestión conjunta de unos recursos que no entienden de fronteras políticas, pero sí de responsabilidad compartida.

Las OPP del Cantábrico llevan a Bruselas las preocupaciones de la flota ante el nuevo comisario Kadis

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La Asociación traslada al titular europeo de Pesca sus demandas sobre relevo generacional, renovación de buques, cuotas y simplificación normativa

La Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros del Cantábrico (OPPs Cantábrico) ha realizado esta semana una intensa agenda en Bruselas para defender los intereses de la flota del norte de España ante las instituciones europeas, en un momento clave para el futuro de varias pesquerías estratégicas. Entre las preocupaciones del sector de cerco está la futura cuota de caballa y verdel, en el que se propone la reducción de un 70 por ciento del TAC.

La delegación se desplazó primero al Parlamento Europeo, donde el 3 de diciembre asistió a la reunión de la Comisión de Pesca y mantuvo distintos encuentros con eurodiputados españoles. Al día siguiente, 4 de diciembre, el foco se trasladó a la Comisión Europea, con una entrevista oficial con el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en la que se abordaron los grandes retos del sector a corto y medio plazo.

Reunión con Kadis: relevo generacional, renovación de flota y estabilidad en las cuotas

En la reunión con el comisario, el presidente y el gerente de OPPs Cantábrico estuvieron acompañados por representantes de sus organizaciones miembro: ACERGA, OPROMAR, OPEGUI, OPESCAYA y OPACAN. Sobre la mesa, una batería de asuntos que el sector considera prioritarios para asegurar su continuidad:

  • Relevo generacional en una actividad que tiene dificultades crecientes para atraer a jóvenes.
  • Renovación de la flota, con barcos que necesitan adaptarse a nuevas exigencias ambientales y de seguridad, pero que se encuentran con fuertes trabas administrativas y de financiación.
  • Fondos pesqueros europeos, cuya orientación y gestión serán determinantes para apoyar inversiones, modernización y sostenibilidad.
  • Planes de gestión basados en conocimiento científico, que integren no solo los datos biológicos, sino también los impactos socioeconómicos sobre las comunidades costeras.

La delegación trasladó a Kadis su preocupación por la situación actual de la caballa, especie clave para la flota del Cantábrico, y reclamó que cualquier decisión futura sobre posibilidades de pesca tenga en cuenta tanto la evolución de las poblaciones como el impacto sobre el empleo y la viabilidad económica de las empresas.

Otro de los mensajes centrales fue la necesidad de avanzar en la simplificación y “desburocratización” de las medidas técnicas y de control. Según expusieron, la acumulación de normas, registros y exigencias formales está generando una carga administrativa que recae directamente sobre armadores y tripulaciones, dificultando el trabajo diario a bordo y en tierra sin aportar siempre mejoras reales en la sostenibilidad.

Contacto directo con los eurodiputados españoles

Aprovechando la misión a Bruselas, la delegación de OPPs Cantábrico mantuvo también reuniones bilaterales con los eurodiputados Nicolás González Casares, Carmen Crespo García, Francisco Millán Mon e Idoia Mendia.

En estos encuentros, la Asociación pudo profundizar en sus inquietudes y prioridades para los próximos años: la defensa de las cuotas claves para el Cantábrico, la necesidad de que el Parlamento Europeo escuche a las flotas artesanales y de bajura, y la importancia de que cualquier nueva norma comunitaria se construya en diálogo con el sector y no de espaldas a él.

La presencia de OPPs Cantábrico en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo les permitió, además, seguir de primera mano los debates sobre gestión de recursos, objetivos ambientales y el papel de la pesca en la seguridad alimentaria europea.

Primera AOP de España y referente de pesca sostenible

Constituida en febrero de 2011, la Asociación de Organizaciones de Productores de Pesca del Cantábrico – OPPs Cantábrico fue la primera Asociación de Organizaciones de Productores (AOP) reconocida en España. Su objetivo fundacional es claro: garantizar el ejercicio racional de la pesca mediante la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, integrando de forma equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y sociales, y mejorando al mismo tiempo las condiciones de venta de su producción.

La Asociación agrupa a seis organizaciones de productores y una cooperativa:

  • OPEGUI, Organización de Productores de Pesca de Bajura de Gipuzkoa
  • OPESCAYA, Organización de Productores de Pesca de Bajura de Bizkaia
  • OPROMAR, Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín
  • OPACAN, Organización de Productores Artesanales de Cantabria
  • ACERGA, Asociación de Armadores de Cerco de Galicia
  • Cooperativa de Ribeira – Sta. Eugenia, Asociación de Productores Pesqueros

En conjunto, OPPs Cantábrico agrupa 339 barcos en activo, repartidos en 48 puertos pesqueros del norte de España. Estas embarcaciones operan en nueve modalidades de pesca, siendo las principales el cerco y los artes menores, y capturan una amplia variedad de especies: anchoa, sardina, caballa, jurel, atún blanco, atún rojo, tintorera, bacalao, merluza, rape o pez espada, entre otras.

La Asociación destaca también por su apuesta por la certificación ambiental. Varias de sus pesquerías de referencia —sardina, anchoa y atún blanco— cuentan con el sello MSC, que avala prácticas de pesca sostenibles y una gestión responsable de los recursos.

Un motor económico y social para las costas del norte

Más allá de los datos técnicos, OPPs Cantábrico puso en valor en Bruselas el peso socioeconómico de su flota:
sus asociados desarrollan una actividad pesquera artesanal, con la sostenibilidad como guía, y alcanzan una producción anual de 107.000 toneladas, valorada en 248 millones de euros, generando más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos en las comunidades costeras.

Ese arraigo territorial y ese modelo de pesca de proximidad son, a juicio de la Asociación, argumentos fundamentales que la Comisión Europea y el Parlamento deben tener en cuenta cuando se diseñan nuevas normas, se negocian las cuotas o se fijan los criterios para repartir los fondos pesqueros.

“Coordinar para ser escuchados”

El espíritu de OPPs Cantábrico es precisamente coordinar actuaciones comunes de las organizaciones miembro, para consensuar posiciones y defender objetivos compartidos en materia de gestión, comercialización y sostenibilidad.

La misión a Bruselas ha servido para reforzar esa voz conjunta en el corazón de las instituciones europeas, en un momento en el que se multiplican los debates sobre áreas marinas protegidas, reducción de esfuerzo, transición energética y nuevas exigencias ambientales.

La Asociación considera que solo desde la unidad y el diálogo permanente con la Comisión y el Parlamento será posible encontrar soluciones que compatibilicen la protección del medio marino con la viabilidad de las empresas, la estabilidad del empleo y la continuidad de la cultura pesquera en el Cantábrico.

Con este viaje, OPPs Cantábrico envía un mensaje claro: la flota del norte está dispuesta a seguir avanzando en sostenibilidad y buenas prácticas, pero reclama seguridad jurídica, reglas proporcionadas y decisiones basadas en la mejor ciencia disponible, sin olvidar nunca el impacto sobre los pescadores y las comunidades que viven del mar.

España e Irlanda estrechan su colaboración para evitar el recorte de la caballa en el Consejo de Ministros de la UE

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con el ministro de Estado para Pesca de Irlanda, Timmy Dooley, para reforzar la cooperación bilateral en asuntos pesqueros y avanzar hacia posiciones comunes ante el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que se celebrará la próxima semana en Bruselas.

Planas ha destacado la oportunidad del encuentro en un momento clave para las negociaciones europeas, en particular las relativas al Marco Financiero Plurianual (MFP) y a la revisión de la Política Pesquera Común (PPC). Planas ha compartido con Dooley el «Informe de simplificación de la PPC» elaborado por España, que ya ha recibido el apoyo de Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal.

Ambos ministros han compartido posición respecto a las negociaciones con los Estados costeros. En esta línea, han confiado en que la Comisión Europea se mantenga firme para evitar que se fijen cuotas unilaterales que afecten a la UE y a la recuperación de algunas poblaciones de peces como la caballa y bacaladilla.

Planas ha agradecido el apoyo de Irlanda al recurso presentado por España ante el Tribunal de Justicia de la UE, así como su compromiso de garantizar que las decisiones comunitarias sobre el sector pesquero deben tener en cuenta los impactos socioeconómicos y los estudios de la mejor ciencia disponible.

Ha puesto de relieve la necesidad de progresar en las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026, atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, ya que “estos aspectos son esenciales para garantizar el equilibrio entre la conservación de los recursos marinos y la viabilidad del sector”.

Planas ha trasladado al Gobierno irlandés el pleno apoyo de España ante su próxima Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2026.

“Redes de España”: cuando las redes viejas se convierten en motor de economía azul circular

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Cepesca impulsa, junto a las cofradías y el CTAG, un proyecto que recuperará al menos 100 toneladas de artes en desuso para darles una segunda vida en la automoción y otras industrias

El sector pesquero español quiere demostrar, con hechos, que también es parte de la solución ambiental. Y lo está haciendo no solo en el mar, con medidas de gestión cada vez más exigentes, sino también en tierra firme, donde ha comenzado a transformar un residuo problemático —las redes y artes al final de su vida útil— en una oportunidad industrial y social. Esa es la esencia de “Redes de España”, una iniciativa que la propia Unión Europea presenta como ejemplo replicable de economía azul circular. Committee

El proyecto, coordinado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) junto con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), persigue un objetivo muy concreto: recuperar al menos 100 toneladas de redes y artes desechadas de aquí a 2026 y transformarlas en materia prima para nuevos productos, entre ellos componentes para el sector de la automoción. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y de la asociación Amicos, dedicada a la atención e inclusión de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis o daño cerebral y sus familias.

De obligación ambiental a oportunidad económica y social

En un contexto de creciente presión sobre los océanos por la contaminación marina y los plásticos, el tratamiento de las redes en desuso es a la vez un reto y una obligación. Hasta hace poco, gran parte de estos materiales acababan almacenados sin destino claro o terminaban en vertedero, desaprovechando un recurso con alto potencial de reciclaje.

“Redes de España” plantea un cambio de paradigma: convertir esa obligación de gestión de residuos en una cadena de valor circular, donde el sector pesquero se sitúa en el origen del proceso, pero no es el único beneficiado. Industrias tan alejadas en apariencia como la automoción encuentran en las redes recicladas un insumo de calidad para fabricar nuevas piezas con menor huella ambiental.

Innovación regulatoria: trazabilidad neta por neta

Uno de los elementos más novedosos del proyecto es su dimensión regulatoria y de trazabilidad. Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, a través del programa Pleamar, y la cofinanciación de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), se ha diseñado una regulación técnica específica que permite seguir el rastro de cada red recuperada: desde el momento en que se deposita en el puerto hasta su entrada como materia prima en una planta industrial. European Economic and Social Committee

Este sistema pretende convertirse en modelo replicable para otros Estados miembros, en línea con la Directiva sobre plásticos de un solo uso y con los principios de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, se busca que los fabricantes de materiales plásticos y los agentes de la cadena asuman también su parte en la gestión del residuo, de forma ordenada y certificable.

Menos carga para los pescadores, más eficacia en el reciclaje

Otra de las claves del éxito de “Redes de España” está en su diseño práctico. El proyecto no exige a las tripulaciones complejas tareas de separación de materiales ni operaciones adicionales que resten tiempo a su trabajo en el muelle. Según la propia descripción del programa, la única condición para el pescador es plegar y etiquetar la red, sin necesidad de desmontar sus componentes, y sin ningún coste extra para el armador o la cofradía.

Esta simplicidad operativa es uno de los factores que lo diferencian de otros programas de reciclaje y que explica su potencial de expansión. Si el modelo funciona en España con un esfuerzo asumible para el sector, será más fácil que otros países lo adopten, contribuyendo a construir un estándar europeo para la gestión circular de artes de pesca.

Puertos piloto y formación en primera línea

El despliegue de “Redes de España” se apoya en una red de puertos clave donde ya se han realizado actividades formativas y de sensibilización: Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina, Burela, Celeiro y Almería. En cada uno de estos enclaves, el proyecto ha contado con la implicación directa de cofradías, organizaciones de productores y otros agentes sociales del territorio.

La iniciativa va más allá de la formación técnica sobre cómo gestionar las redes: incorpora una perspectiva de género y un trabajo específico con colectivos en riesgo de exclusión, fomentando su participación en las nuevas cadenas de valor creadas alrededor del residuo marino. Ahí cobra protagonismo la asociación Amicos, que integra a personas con discapacidad en procesos ligados a la recogida, clasificación o apoyo logístico, reforzando así la dimensión social del proyecto. European Economic and Social Committee

Economía azul circular “made in Spain”, exportable a toda la UE

“Redes de España” encarna la idea de economía azul circular que la Comisión Europea y el propio Comité Económico y Social Europeo vienen defendiendo: aprovechar los recursos marinos de forma sostenible, reducir al mínimo los residuos y generar nuevas oportunidades industriales y de empleo de calidad alrededor de esa transición ecológica. European Economic and Social Committee

Desde la perspectiva comunitaria, la iniciativa demuestra que:

  • El sector pesquero puede liderar proyectos de innovación ambiental, y no solo adaptarse a exigencias externas.
  • Es posible articular alianzas sólidas entre pesca, centros tecnológicos, ONG sociales y administraciones.
  • La trazabilidad y la responsabilidad ampliada del productor pueden pasar del papel a la práctica, con sistemas verificables y exportables a otros países.

Un mensaje al debate europeo sobre plásticos y residuos marinos

Firmado por Javier Garat Pérez, secretario general de Cepesca, el artículo que describe “Redes de España” en el portal del Comité Económico y Social Europeo subraya que la pesca no es únicamente una actividad a la que se le exigen esfuerzos ambientales, sino también un actor proactivo en la construcción de soluciones: desde la gestión de las redes en desuso hasta la reducción de basuras marinas y la contribución a la economía circular europea.

En un momento en el que la UE debate nuevas obligaciones en materia de plásticos, residuos y descarbonización, el proyecto lanza un mensaje nítido: cuando se combinan innovación tecnológica, visión regulatoria y compromiso social, la economía azul puede ser verdaderamente transformadora. Y España, con su flota, sus puertos y su tejido industrial, aspira a situarse en la vanguardia de ese cambio.

UE, Noruega y Reino Unido pactan fuertes recortes de cuotas en el Mar del Norte para 2026

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El acuerdo fija las posibilidades de pesca “en línea con el rendimiento máximo sostenible”, introduce un nuevo plan a largo plazo para el arenque y recorta en torno a un 44 % la cuota de bacalao, evitando el cierre total de la pesquería.

La Unión Europea, Noruega y el Reino Unido han cerrado el acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el Mar del Norte para 2026 tras unas negociaciones marcadas por la tensión entre las exigencias de conservación y la presión socioeconómica de las comunidades pesqueras. El pacto establece los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de las principales especies compartidas —bacalao, eglefino, carbonero, merlán, solla y arenque— y asegura para la flota comunitaria varias centenas de miles de toneladas de capturas valoradas en cientos de millones de euros.

Las autoridades implicadas destacan que todas las posibilidades de pesca se han fijado en línea con el rendimiento máximo sostenible (RMS) y que el acuerdo aporta previsibilidad al sector de cara a 2026. Sin embargo, el detalle de las cifras anticipa un año especialmente duro para la pesca demersal del Norte, con recortes de dos dígitos en especies clave y un refuerzo de las medidas de control y recuperación.

Un bacalao al borde del cierre, pero con cuota mínima

El punto más delicado del paquete es el bacalao del Norte, convertido desde hace años en símbolo del conflicto entre ciencia, flota y ecologistas. El asesoramiento científico más reciente había planteado la posibilidad de fijar cero capturas para 2026 en el Mar del Norte, Skagerrak, Canal de la Mancha oriental y aguas adyacentes, ante el estado crítico de una parte del stock.

Esa recomendación de cierre total fue contestada con dureza desde el sector pesquero del Norte de Europa, que advertía de un golpe millonario para comunidades enteras y de un incremento inevitable de los descartes en una pesquería mixta donde el bacalao aparece como captura accesoria en múltiples artes.

El acuerdo final se sitúa a medio camino: no hay cierre total, pero sí un recorte muy severo. El TAC global de bacalao para 2026 se reduce en torno a un 44 % respecto a 2025, con una parte mayoritaria asignada al propio Mar del Norte y un reparto entre las tres partes basado en criterios históricos. Esta rebaja se acompaña de un paquete de “medidas de remediación”: cierres espaciales y temporales reforzados, más cierres en tiempo real y reglas más estrictas sobre capturas accesorias en las pesquerías de arrastre mixtas.

El mensaje político es claro: se evita apagar por completo la pesquería, pero se acepta que la ventana de explotación se estrecha al máximo y que cualquier incumplimiento podría desembocar en restricciones todavía más drásticas en los próximos años.

Arenque: nuevo plan de gestión y recorte del TAC

El arenque de otoño del Mar del Norte y áreas conexas es el segundo gran capítulo del acuerdo. Las tres partes han consensuado una estrategia de gestión a largo plazo para este stock, que se aplicará tanto en el Mar del Norte como en Skagerrak y Kattegat, con el objetivo de estabilizar la biomasa y reducir la volatilidad de los TAC anuales.

Para 2026, el TAC de arenque sufre una rebaja significativa, alineada con las señales de precaución de los últimos años. La reducción se produce en un contexto de costes operativos disparados y de creciente competencia por el espacio marino, especialmente por el desarrollo de parques eólicos offshore, que compiten con la flota por las mejores zonas de pesca.

El acuerdo incluye además una extensión del acceso de buques de una de las partes a aguas de otra en determinadas zonas del Norte, un elemento clave para mantener la viabilidad de algunas pesquerías pelágicas y compensar el declive de otros stocks, como el arenque de ciertas áreas del Báltico.

Recortes generalizados en las demersales mixtas

Más allá del bacalao y el arenque, las posibilidades de pesca de otras especies emblemáticas del Mar del Norte también se endurecen. Los TAC de carbonero y arenque experimentan recortes de dos dígitos, mientras que el eglefino se mantiene prácticamente estable o con ajustes leves, dentro de los márgenes del RMS.

En el caso de la solla y el merlán, las rebajas son más moderadas, pero se inscriben igualmente en una lógica de mayor precaución. En las pesquerías mixtas del Norte, donde un mismo viaje de pesca combina varias especies, el riesgo es que una “especie cuello de botella” con poca cuota —como el bacalao— obligue a detener toda la actividad aunque otras poblaciones presenten un mejor estado biológico.

Las organizaciones del sector llevan años alertando del choque entre un enfoque científico basado en stocks individuales y una realidad operativa construida sobre pesquerías mixtas. Aplicar de forma rígida el consejo mono-específico en este contexto puede traducirse en cierres de facto para flotas que necesitan un mosaico de especies para ser rentables.

Ciencia, flota y ONG: una brecha que crece

El manejo del bacalao del Norte simboliza una brecha creciente. Por un lado, los científicos insisten en que, sin reducciones drásticas e incluso cierres temporales, una parte del stock podría tardar años en volver a niveles seguros. Por otro, las flotas afectadas advierten de que una transición demasiado brusca puede resultar letal para comunidades que ya afrontan la presión del combustible caro, la falta de relevo generacional y la competencia de otros usos del mar.

Las organizaciones ambientalistas, por su parte, subrayan que este stock ya perdió en el pasado certificaciones de sostenibilidad precisamente por haberse permitido durante años cuotas por encima del consejo científico. Desde esta perspectiva, incluso el recorte del 44 % del TAC de bacalao para 2026 se considera insuficiente frente a la recomendación de cierre total, y se teme que la recuperación se retrase más allá de los objetivos inicialmente fijados.

En medio de estas posiciones, los gobiernos enfatizan que el acuerdo de 2026 respeta el RMS, refuerza las medidas de control, apuesta por planes de gestión plurianuales y trata de compatibilizar el rigor científico con una senda de adaptación gradual para la flota.

Impacto para la flota europea y la industria

El acuerdo tiene consecuencias directas para las flotas de varios Estados de la UE con fuerte presencia en el Mar del Norte —especialmente del norte y centro de Europa—, que verán reducidas sus posibilidades sobre especies de alto valor comercial. Para muchas empresas, estas cuotas representan una parte esencial de su actividad y de su capacidad de abastecer a la industria transformadora de productos pesqueros.

En el ámbito comunitario, y también en el británico y noruego, el debate se desplaza ahora hacia el reparto interno de las cuotas reducidas y hacia las posibles medidas de acompañamiento: planes de desguace, ayudas al combustible, incentivos a la modernización de artes, apoyo al relevo generacional o refuerzo de la acuicultura como fuente complementaria de suministro.

Para países con menor presencia directa en el caladero, el impacto se notará sobre todo en el aprovisionamiento de materias primas para fileteado, salazón, congelado y elaborados de bacalao, eglefino o arenque, en un momento en que la industria europea compite con fuerza con las importaciones de terceros países.

Próximos pasos y horizonte político

El siguiente paso será la incorporación formal de estos resultados al reglamento de posibilidades de pesca para 2026 en el seno de la UE y la adaptación de los marcos normativos internos en los otros dos socios del acuerdo. Paralelamente, continuará la discusión sobre cómo integrar de mejor manera las pesquerías mixtas en los modelos de gestión, cómo combinar objetivos biológicos y sociales y cómo coordinar la planificación del espacio marítimo para que la expansión de las energías renovables no estrangule aún más a la flota.

El acuerdo sobre el Mar del Norte para 2026 confirma, en todo caso, un giro que parece irreversible: más disciplina formal respecto al RMS y los planes de gestión a largo plazo, más exigencias de control y más presión sobre los segmentos de flota que dependen de especies sensibles. El reto ahora es que esa transición hacia una pesca plenamente sostenible no se traduzca en una desindustrialización silenciosa de pueblos y puertos que han vivido del mar durante generaciones.

La Global Tuna Alliance aplaude las nuevas reglas para el albacora del Pacífico Sur

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La WCPFC adopta un procedimiento de gestión que promete estabilidad a las flotas y oxígeno a las economías insulares tras años de bloqueo

La gobernanza del albacora del Pacífico Sur ha dado un giro de calado. La Global Tuna Alliance (GTA), alianza internacional que agrupa a grandes minoristas y empresas de la cadena de suministro del atún, ha celebrado la adopción de nuevas reglas de gestión para esta pesquería por parte de la Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), reunida en Manila a comienzos de diciembre. La noticia subraya que se trata de un cambio largamente esperado por flotas, mercados y países costeros.

La decisión llega tras años de debates estancados sobre cómo asegurar un futuro estable para el albacora del Pacífico Sur, una especie clave para la flota de palangre de la región y para el suministro de atún a los mercados internacionales, tanto en conserva como en otros formatos de alto valor añadido.

Manila, punto de inflexión para el albacora

La reunión anual de la WCPFC en Manila (WCPFC22) se presentaba como un examen decisivo para la credibilidad del organismo y para el futuro de esta pesquería. Gobiernos de todo el mundo, incluidos los Estados insulares del Pacífico y los principales países pesqueros, llegaban a la cita con una propuesta impulsada por la Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), que reclamaba un procedimiento de gestión claro, basado en la ciencia y de largo plazo para el albacora del Pacífico Sur., según Global Tuna Alliance

Según ha informado la prensa regional del Pacífico, la Comisión ha terminado adoptando un procedimiento de gestión “histórico” para este stock, tras años de bloqueo y negociaciones fallidas. Esta decisión fija por primera vez un marco previsible para ajustar el esfuerzo y las capturas en función de puntos de referencia biológicos, lo que puede contribuir a estabilizar la pesquería y a reducir la volatilidad que venían sufriendo las flotas.

Liderazgo del Pacífico y negociaciones tensas

La propuesta aprobada se apoya en años de trabajo técnico y político liderado por los Estados insulares del Pacífico, que reclamaban que la gestión del albacora respondiera a sus necesidades como países ribereños y no solo a los intereses de las grandes flotas de aguas distantes.

Durante la semana de negociaciones en Manila se pusieron de manifiesto posiciones muy alejadas: por un lado, quienes pedían incrementar las capturas para aliviar la presión económica inmediata sobre las empresas; por otro, quienes insistían en la urgencia de reaccionar frente a la caída de las tasas de captura y a la progresiva pérdida de rentabilidad de la pesquería.

La nota de Prensa describe una negociación oscilante, sin acuerdo a la vista hasta prácticamente la última jornada, cuando finalmente se alcanzó un compromiso sobre el nuevo procedimiento de gestión para el albacora del Pacífico Sur.

Un recurso que sostiene economías enteras

Más allá de los gráficos científicos y las curvas de biomasa, el albacora del Pacífico Sur es la base económica de gran parte de la flota de palangre de la región. Abastece a industrias procesadoras locales y a grandes cadenas minoristas internacionales, incluidas muchas de las empresas socias de la Global Tuna Alliance.

El caso de Samoa Americana ilustra hasta qué punto esta pesquería es vital. Un representante del territorio explicó a GTA que el atún —y, en particular, el albacora— alimenta la principal conservera local y genera más del 80 % del empleo del sector privado. La caída de las tasas de captura, añadió, ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una cuestión de “supervivencia” económica y social.

Sin reglas de largo plazo, el esfuerzo pesquero ha ido reaccionando de forma errática a los vaivenes del mercado y a los cambios en la disponibilidad del recurso, generando fuertes altibajos en la rentabilidad de la flota y en los ingresos fiscales de los Estados insulares. La adopción del nuevo procedimiento de gestión debería ayudar a amortiguar esas oscilaciones y a ofrecer una senda más previsible tanto para las empresas como para los gobiernos.

La campaña “Anchor Albacore’s Future”

La decisión de Manila no nace de la nada. En las semanas previas a la WCPFC22, la Global Tuna Alliance había lanzado la campaña “Anchor Albacore’s Future”, concebida precisamente para presionar a la Comisión y lograr la adopción de un plan de gestión robusto y liderado por el Pacífico.

En esa campaña, GTA —que agrupa a 41 grandes minoristas y proveedores de productos del mar— advertía de que, aunque el stock de albacora del Pacífico Sur no está actualmente sobreexplotado, la pesquería se encontraba en una situación frágil, con márgenes económicos decrecientes y una gran incertidumbre de un año a otro.

El mensaje a los gobiernos era claro: dejar pasar esta oportunidad supondría prolongar la incertidumbre, erosionar la confianza en los compromisos de la WCPFC en materia de estrategias de captura y aumentar el riesgo para unos mercados que necesitan estabilidad y buenas prácticas para mantener su apuesta por el atún del Pacífico.

La letra pequeña que viene: implementación y reparto

Con el procedimiento de gestión ya aprobado, el foco se desplaza ahora a su implementación práctica. GTA advierte de que el verdadero impacto sobre las flotas dependerá de cómo se concrete la medida de aplicación: cómo se reparte el esfuerzo entre aguas de alta mar y zonas económicas exclusivas, qué niveles de referencia se fijan para activar recortes o incrementos de captura y cómo se gestionan los distintos segmentos de flota.

Para los socios comerciales de GTA —desde cadenas de supermercados hasta grandes marcas de conservas—, la prioridad es contar con reglas claras y estables que permitan planificar compras, inversiones y certificaciones de sostenibilidad a varios años vista. De ahí el compromiso declarado de la alianza de seguir muy de cerca el trabajo técnico y político durante 2026, con el fin de que la letra pequeña del acuerdo responda a las expectativas del mercado y refuerce la confianza en la pesquería.

Ecos para Europa y para la industria española

Aunque el albacora del Pacífico Sur se asocia principalmente a flotas y plantas del propio océano Pacífico, la decisión de Manila también tiene lectura europea. Parte del producto termina en cadenas de suministro globales donde operadores europeos —incluidas empresas españolas— están cada vez más exigidos en materia de trazabilidad, certificación y garantías sociales y ambientales.

En ese contexto, un marco de gestión estable, basado en la ciencia y respaldado tanto por los países ribereños como por el mercado, se convierte en un activo estratégico: reduce el riesgo reputacional, facilita el cumplimiento de las nuevas normativas de la UE sobre productos de la pesca y refuerza el mensaje de que la sostenibilidad no es solo un eslogan, sino una condición necesaria para seguir operando en el comercio internacional del atún.

Para la Global Tuna Alliance, el mensaje es nítido: el caso del albacora del Pacífico Sur debe servir como referencia. Si la WCPFC ha sido capaz de romper años de bloqueo y adoptar un procedimiento de gestión ambicioso, otras organizaciones regionales de pesca y otras pesquerías de túnidos pueden seguir el mismo camino. La credibilidad de la gobernanza internacional del atún —y el futuro de miles de empleos en todo el mundo— dependerán en buena medida de que ese ejemplo se consolide.

La flota pelágica danesa exige a la UE corregir un “error de cálculo” en las cuotas de arenque del mar del Norte

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La Organización Danesa de Productores Pelágicos (DPPO) y la Organización Danesa de Productores Pesqueros (DFPO) han acusado a la Comisión Europea de cometer un “grave error de cálculo” en el reparto de las cuotas de arenque del mar del Norte tras el Brexit, que habría costado a Dinamarca más de 6.000 toneladas desde 2020 y unos cinco millones de euros en oportunidades de pesca.

Según ambas organizaciones, el problema no es una decisión política ni el resultado de la negociación del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) entre la UE y el Reino Unido, sino un fallo técnico en la forma en que Bruselas aplicó la clave de reparto entre los Estados miembros a partir de 2020.

Un error que rompe casi 40 años de “estabilidad relativa”

El núcleo de la denuncia danesa está en la forma en que la Comisión calculó las nuevas cuotas de arenque del mar del Norte para los Veintisiete cuando empezó a aplicarse el TCA. DPPO y DFPO sostienen que un “error sencillo pero grave” distorsionó el reparto interno, alterando la proporcionalidad entre las cuotas nacionales y, en la práctica, rompiendo el principio de estabilidad relativa acordado en 1983, que ha servido de base para décadas de gestión de cuotas en la UE.

Este sistema de estabilidad relativa garantiza a cada Estado miembro un porcentaje predecible de las poblaciones en función de sus pautas históricas de pesca. Para el sector danés, la corrección de ese principio no puede dejarse consolidar como un efecto colateral irreparable del Brexit.

Años reclamando transparencia

La industria pelágica danesa asegura que viene cuestionando desde 2020 el reparto de las cuotas de arenque del mar del Norte, pero durante años no tuvo acceso a las hojas de cálculo y datos de base de la Comisión.

Esben Sverdrup-Jensen, director ejecutivo de la DPPO, subraya que solo ahora, tras la publicación de las cifras de Bruselas, ha quedado claro para el sector que la reducción de la cuota danesa no responde a una decisión política explícita, sino a un error cometido “en pleno caos del Brexit”. A su juicio, ese fallo ha quebrado casi cuatro décadas de reparto “justo y transparente” entre Estados miembros.

El nuevo acuerdo trilateral abre la puerta a la corrección

El desencadenante de esta ofensiva política ha sido el reciente acuerdo trilateral entre la UE, Noruega y el Reino Unido sobre las posibilidades de pesca de arenque del mar del Norte para 2026, basado en un nuevo plan de gestión.

DPPO y DFPO reconocen que este pacto aporta claridad y previsibilidad para la pesquería y celebran disponer al fin de un marco de gestión estable a largo plazo. Sin embargo, insisten en que, precisamente por haber estabilizado la gobernanza internacional del stock, ya no hay excusas para dejar sin corregir los errores de cálculo cometidos durante la transición del Brexit.

Para las organizaciones danesas, la cuestión ahora es puramente interna: ajustar el reparto dentro de la UE para restaurar la proporcionalidad entre Estados miembros, sin necesidad de reabrir el TCA con el Reino Unido.

Llamamiento al Consejo: corregir y compensar

Las organizaciones pesqueras consideran que el Consejo de Ministros de Pesca que se celebra esta semana ofrece “la oportunidad perfecta” para corregir el error y compensar al Estado miembro que lleva cinco años “recibiendo menos de lo que le corresponde”.

Según DPPO y DFPO, bastaría con recalibrar la distribución interna de las cuotas para devolver a Dinamarca la parte de arenque del mar del Norte que habría perdido desde 2020, sin generar un conflicto jurídico con el Reino Unido ni modificar el marco general del acuerdo post-Brexit.

Impacto económico y precedente político

Los más de 6.000 toneladas de arenque no asignadas a la flota danesa desde 2020 suponen, según los cálculos del sector, un impacto económico estimado en unos cinco millones de euros, una cifra significativa para la flota pelágica y para parte de la flota artesanal vinculada a esta pesquería.

Las organizaciones advierten además de que mantener el error sin corregir sienta un precedente peligroso: que errores administrativos cometidos en periodos de transición política puedan acabar convirtiéndose en redistribuciones permanentes de cuota, erosionando la confianza en el sistema europeo de reparto.

Una cuestión de credibilidad institucional

Para Kenn Skau Fischer, director ejecutivo de la DFPO, el debate trasciende el caso del arenque del mar del Norte y toca de lleno la credibilidad del sistema de asignación de cuotas de la UE. En un momento en que a la flota se le exigen mayores controles, menores cuotas y más obligaciones en nombre de la sostenibilidad, el sector espera de las instituciones el mismo nivel de rigor y transparencia.

“Es humano cometer un error, pero es aún más justo asumirlo y corregirlo”, viene a señalar Fischer, resumiendo la posición danesa: no se reclama un trato de favor, sino la vuelta a unas reglas de juego que, en su opinión, se alteraron no por una decisión política asumida, sino por un fallo técnico que ahora debe repararse.

Con el nuevo plan de gestión del arenque en marcha y las cifras de la Comisión sobre la mesa, la pelota está ahora en el tejado del Consejo y de la propia Comisión, que deberán decidir si preservar la confianza en el sistema de reparto pesa más que evitar una incómoda admisión de error ante los Estados miembros y el sector pesquero europeo.

La pesca de fondo europea aplaude los nuevos límites de basura en el fondo marino de la UE

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EBFA reivindica el papel de la flota como “parte de la solución” y pide menos burocracia y más incentivos para retirar residuos del mar

La lucha contra la basura marina da un paso adelante en Europa. Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado por primera vez límites cuantificables para la basura acumulada en el fondo marino, en el marco de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (MSFD). La European Bottom Fishing Alliance (EBFA), que agrupa a parte de la flota de artes de fondo de la UE, ha acogido con satisfacción esta decisión y ha subrayado el papel clave que desempeñan los pescadores en la recogida de residuos del lecho marino.

La medida llega en un contexto inquietante: los científicos estiman que hasta 12 millones de toneladas de plástico entran cada año en los océanos y que la mayor parte no flota, sino que acaba hundiéndose y acumulándose en el fondo, lejos de la vista del público pero con efectos directos sobre la fauna marina, la pesca y la salud humana. Se calcula además que alrededor del 80 % de la basura marina procede de fuentes terrestres, lo que pone el foco sobre la gestión de residuos en tierra y los hábitos de consumo y abandono de residuos.

Primeros umbrales medibles para la basura de fondo

Por primera vez, la Comisión Europea y los Estados miembros han fijado umbrales concretos para la basura en el fondo marino:

  • En las zonas monitorizadas mediante campañas de arrastre científico, no se permitirá ningún incremento de la cantidad de basura con el paso del tiempo.
  • En las zonas monitorizadas visualmente (por cámaras o sistemas de imagen), la densidad de basura no podrá superar un objeto por cada 1.000 m².

Los Estados miembros deberán incorporar estos umbrales en sus estrategias marinas nacionales, junto con otros objetivos de protección de la biodiversidad y reducción de la contaminación, como parte de su obligación de alcanzar el “buen estado ambiental” de las aguas.

Bruselas ya fijó en el pasado un umbral para la basura en playas (un máximo de 20 objetos por cada 100 metros de costa), lo que ha contribuido a una reducción cercana a un tercio de los residuos costeros en los últimos cinco años. Ahora, el foco se desplaza al fondo marino, el gran “agujero negro” de la contaminación marina.

Los pescadores, testigos y actores en primera línea

EBFA destaca que gran parte de los datos disponibles sobre la basura en el fondo marino procede precisamente de las recogidas incidentales que realizan los pescadores durante faenas de arrastre de fondo. Cada vez que una red se cierra sobre el lecho marino, no solo captura peces: también aparecen neumáticos, plásticos, redes perdidas y todo tipo de residuos industriales y urbanos.

La alianza recuerda que la flota de fondo ya ha asumido importantes restricciones y reducciones de esfuerzo en los últimos años para permitir la recuperación de los stocks, mientras que su actividad se ve crecientemente condicionada por presiones externas como la contaminación marina y el cambio climático. En este contexto, la basura de fondo se percibe como una amenaza adicional sobre recursos de los que dependen miles de empleos en la pesca, el procesado y la cadena de valor asociada.

“Parte de la solución”: proyectos como Fishing for Litter

En su reacción a los nuevos límites, EBFA pone el acento en el papel activo que ya desempeñan los pescadores en la retirada de residuos marinos. Cada vez que el arte de pesca se cruza con basura, esta es izada a bordo y descargada en puerto para su gestión, a menudo en el marco de iniciativas voluntarias.

La secretaria de EBFA, Margot Angibaud, recuerda que los pescadores dependen de océanos sanos para poder seguir trabajando y que, de facto, se han convertido en colaboradores clave de muchas iniciativas de recogida, como el programa Fishing for Litter, que ha permitido retirar más de 13 millones de kilos de residuos del mar.

La alianza subraya que esta contribución se hace, en gran medida, de forma voluntaria y añade un esfuerzo adicional a jornadas ya largas y exigentes, sin que siempre exista un reconocimiento económico o administrativo acorde al servicio ambiental que se está prestando.

Menos burocracia y costes, más incentivos

EBFA respalda el establecimiento de límites de basura de fondo, pero advierte de que no deben traducirse en nuevas cargas administrativas o económicas para los pescadores que recogen residuos incidentalmente durante su actividad.

La organización pide simplificar los trámites y los sistemas de notificación para las capturas de basura, así como garantizar que los costes de gestión y tratamiento de esos residuos no recaen sobre la flota, sino que se financian con cargo a los responsables últimos de la contaminación y a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

En ausencia de incentivos claros —por ejemplo, compensaciones económicas, reducciones de tasas portuarias o programas específicos de apoyo— EBFA teme que pueda resentirse la participación voluntaria de una parte del sector, especialmente de las embarcaciones de menor tamaño, que ya soportan una normativa compleja y crecientes costes operativos.

Un problema global que exige una respuesta global

La alianza recuerda, además, que la mayoría del plástico que entra en los océanos no se genera en Europa. Estudios citados en los debates internacionales sobre contaminación marina señalan que entre el 88 % y el 95 % de la carga global de plásticos que llega al mar procede de apenas diez grandes ríos del mundo, ocho de ellos en Asia y dos en África.

Por ello, EBFA insta a las instituciones europeas a acompañar la nueva normativa sobre basura de fondo con una diplomacia oceánica más firme en las negociaciones del futuro Tratado global sobre plásticos. A juicio de la organización, solo si se reducen de forma significativa los vertidos de residuos en esos grandes sistemas fluviales será posible notar, a medio plazo, una mejora real en la calidad ambiental de los mares y en la carga de basura que encuentran las flotas europeas en sus caladeros.

Oportunidad para reforzar la imagen de la pesca europea

Desde la perspectiva del sector pesquero de la UE —incluida la flota española de artes de fondo—, los nuevos límites de basura de fondo representan un desafío, pero también una oportunidad.

Por un lado, obligarán a reforzar la coordinación entre administraciones, puertos y sector para asegurar que la recogida y desembarque de residuos se integra sin fricciones en la operativa diaria. Por otro, ofrecen una ocasión para poner en valor ante la sociedad y los mercados el papel de la pesca europea como aliada activa en la lucha contra la contaminación marina, y no solo como usuaria de los ecosistemas.

Si, como reclama EBFA, los pescadores reciben apoyo real —menos burocracia, más facilidades en puerto, compensaciones justas—, los nuevos umbrales de basura de fondo podrían convertirse en un ejemplo de política ambiental en la que la pesca pase de ser vista únicamente como parte del problema a ser reconocida, con datos y resultados, como una pieza clave de la solución.

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