La empresa Albacora celebra su 50 aniversario dando un paso más en sus compromiso con la pesca sostenible con la incorporación de una nueva unidad a nuestra flota.

El Beti Aurrera enarbolando el pabellón de Seychelles, faenará en el océano Índico una vez concluyan los trabajos de adecuación y mejora que se están llevando a cabo actualmente. Con una eslora de 84,5 metros y un tonelaje bruto de 2.040,42 GT, este buque se suma a los 22 barcos que conforman esta flota operando en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Este nombre no es casualidad, Beti Aurrera, «siempre adelante», es un homenaje al legado del fundador de la empresa, Iñaki Latxaga, y a la visión de futuro que guía desde hace cinco décadas esta importante empresa atunera.

El presidente de OPAGAC, Alfonso Beitia, ha presentado la película 1: 17 que constituye una mirada íntima a la vida de los pescadores y su lucha por la sostenibilidad

Beitia Lachaga, el presidente de OPAGAC, la Asociación de grandes atuneros congeladores, ha presentado  la travesía cinematográfica de la flota atunera vasca, para visibilizar el trabajo y los desafíos de los pescadores. 

El presidente de OPAGAC, ha destacado la necesidad de promover la pesca sostenible y responsable, así como la importancia de innovar en las artes de pesca para reducir el impacto ambiental. Por ultimo, ha destacado la necesidad de adaptarse a los cambios climáticos y a las nuevas exigencias de los consumidores, así como la importancia de seguir invirtiendo en investigación y tecnología para garantizar la viabilidad de la pesca de atún a largo plazo.

La travesía cinematográfica de la flota atunera vasca se proyectará el jueves, 27 de febrero de 2025 a las 16:30 horas en Cinesa Zubiarte, en Bilbao.

El Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, inauguró el primer Diálogo sobre Pesca y Océanos, un paso crucial para dar forma al Pacto Europeo para los Océanos. La mesa redonda de alto nivel reunió a una amplia variedad de responsables políticos, partes interesadas y expertos para debatir el futuro de la gobernanza de los océanos de la UE.

El Pacto por los Océanos tiene como objetivo promover un enfoque holístico y coherente de todas las políticas relacionadas con los océanos (gobernanza, océanos sanos y productivos, protección de la biodiversidad, economía azul sostenible, resiliencia de las comunidades costeras, desarrollo del conocimiento científico, etc.).

Fue una oportunidad para que nuestro presidente Sergio López hablara, así como los demás Consejos Asesores. Planteó 5 puntos:

✔️ Una actualización necesaria de la PPC para resolver la crisis de confianza en el sector
✔️ Los impactos no calificados y no regulados de las actividades terrígenas sobre la calidad del agua que contaminan las actividades de pesca en pequeña escala
✔️ Priorizar la producción de alimentos para el consumo humano en la Economía Azul
✔️ La promoción de los Consejos Consultivos como vectores de conocimiento entre los científicos y las partes interesadas
✔️ Apoyar la resiliencia y la sostenibilidad de las comunidades costeras mediante el establecimiento de una competencia leal entre los productos de la UE y los importados.

En la reunión, organizada por el Comisario Kadis, participaron personalidades clave, entre ellas ministros de las presidencias del Consejo de la UE y de Francia (país anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en junio), Carmen Crespo Díaz, presidenta de la Comisión PECH del Parlamento Europeo, Thomas Bajada, vicepresidente del intergrupo SEARICA del Parlamento Europeo, los excomisarios Maria Damanaki y Karmenu Vella, así como representantes de consejos consultivos, ONG, think tanks, la industria y la comunidad investigadora.

Los participantes abordaron cuestiones urgentes a las que se enfrenta el modelo de gobernanza de los océanos de la UE, incluidos los desafíos y las prioridades para abordarlos. Exploraron medidas para proteger la biodiversidad y promover la gestión del océano basada en los ecosistemas, así como oportunidades para el crecimiento sostenible y la creación de empleo en la economía azul de la UE. El diálogo también se centró en apoyar la resiliencia y la sostenibilidad de las comunidades y ciudades costeras en las distintas cuencas marinas de la UE. Los debates servirán de base para el desarrollo del Pacto Europeo para los Océanos, una iniciativa clave destinada a aportar más coherencia a los distintos ámbitos de políticas vinculados al océano.

Los diálogos sobre pesca y océanos continuarán con las Jornadas Europeas de los Océanos en Bruselas el 5 de marzo.

Esto supone un avance significativo en la configuración del Pacto Europeo para los Océanos, que se espera que desempeñe un papel crucial en la gobernanza de los océanos.

Según las consejerías de Desarrollo Rural de ambos territorios, esta medida «mejorará el rendimiento económico de este tipo de pesca»

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y su homóloga del País Vasco, Amaia Barredo, han pedido a la Secretaría de Ordenación de Pesca del Ministerio que reparta en 2025 la asignación de la pesca de la anchoa por comunidades autónomas para mejorar el rendimiento económico de este tipo de pesca. Según Susinos, esta medida también servirá para «poner solución a los problemas de bajada de precios y de agotamiento prematuro de la cuota».

La titular del ramo aprovechó su participación el jueves en el acto de presentación de la ‘Visión de la agricultura y alimentación de la Comisión Europea’, con la asistencia del comisario europeo del ramo, Christophe Hansen; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los representantes de todas las comunidades autónomas en un acto celebrado en la sede del Ministerio, para trasladar la postura de las organizaciones de pesca del Cantábrico.

La iniciativa pretende «poner solución a los problemas de bajada de precios y de agotamiento prematuro de la cuota»

El encuentro sirvió para que los representantes de las comunidades autónomas conocieran la postura de la Comisión Europea, a través de Hansen, en materias de especial relevancia para el sector primario como la PAC y las exigencias medioambientales de Bruselas. De esta manera, según apunta el Gobierno de Cantabria, Susinos se mostró optimista con los planteamientos expuestos por el comisario europeo, ya que se alinean con los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo regional «a la hora de impulsar un sector agrícola atractivo, competitivo y sostenible que trabaje de la mano con la naturaleza y sea capaz de hacer frente a los retos del sector, como el relevo generacional o la lucha por unos precios justos».

Cantabria y País Vasco presentan un plan para que la distribución de cuotas de anchoa se haga por comunidades autónomas a partir de 2025

Tras el verdel vendrá la anchoa. En esta dirección, en un reciente evento en Madrid, las consejeras de Cantabria y País Vasco propusieron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se asignen las cuotas de pesca de la anchoa por comunidades autónomas a partir de 2025. La medida busca resolver problemas de sostenibilidad y rentabilidad del sector.

Revisión de cuotas por comunidades

Maria Jesús Susinos, de Cantabria, y Amaia Barredo, del País Vasco, plantearon la necesidad de una distribución más equitativa y específica que beneficiaría a sus regiones frente a los desafíos actuales de la pesca de la anchoa, incluyendo la volatilidad de precios y el agotamiento prematuro de la cuota. La propuesta se discutió en presencia de Luis Planas, ministro del ramo, y del comisario europeo, Christophe Hansen, durante la presentación de la ‘Visión de la agricultura y alimentación de la Comisión Europea’.

Durante el evento, también se abordaron temas críticos como la Política Agraria Común (PAC) y los requisitos medioambientales de la Unión Europea, lo que generó un diálogo sobre cómo alinear las políticas europeas con las necesidades locales, buscando un sector más competitivo y sostenible.

Susinos expresó optimismo frente a las reflexiones de Hansen, quien apoyó la idea de una PAC simplificada y centrada, particularmente beneficiosa para las pequeñas y medianas producciones. Asimismo, el comisario reconoció los desafíos específicos de Cantabria, como el significativo problema relacionado con el lobo.

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato ha expuesto este miércoles durante una reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo que es necesario reforzar la protección de la pesca artesanal por parte de todos los Estados miembros, por ser una actividad fundamental para la sostenibilidad y el equilibrio del ecosistema marino.

En el transcurso del debate de un informe sobre la modificación del Reglamento relativo a la conservación de las poblaciones de peces, el eurodiputado, según resume su formación política en una nota de prensa enviada a este diario, recordó que “han sido numerosas las ocasiones en las que la Eurocámara ha mostrado su apoyo a los pescadores artesanales”. “Sin embargo, los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento, han sido ignorados por completo”, dijo y lamentó que “las palabras no se traducen en medidas concretas”. 

En concreto, el eurodiputado canario pidió la modificación del artículo 17 del Reglamento, “porque no cumple con las expectativas del sector, ya que solo menciona de manera genérica la necesidad de incentivar prácticas sostenibles, sin establecer obligaciones claras para los Estados miembros”. 

“También tenemos que lamentar que no se haga referencia explícita a los barcos de pequeña escala, dejando al margen a uno de los sectores más sostenibles y beneficiosos para el medio ambiente y la economía local”, añadió y detalló que “los Estados miembros deben contemplar la pesca artesanal en la asignación de cuotas y otras medidas de apoyo”.

Para Gabriel Mato, “otro de los problemas es la excesiva burocracia que dificulta el acceso a financiación para los barcos artesanales a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura”. Además, alertó una vez más de que “las trabas administrativas y la imposibilidad de modernizar embarcaciones obsoletas, sumadas a la falta de incentivos para la descarbonización, ponen en riesgo el relevo generacional en la pesca”. 

También hizo alusión al Pacto sobre los Océanos y afirmó que debe incluir una definición clara y específica de la pesca artesanal que permita una verdadera protección del sector. “No debemos olvidar que la pesca artesanal es una actividad fundamental para la conservación de los ecosistemas marinos y la economía local, por lo que su protección debe ser una prioridad en la política pesquera europea”.

Bienestar animal durante el transporte

Respecto a la propuesta de la Comisión para garantizar el bienestar animal durante el transporte, Gabriel Mato aseveró que, en ningún caso, “debe perjudicar a la viabilidad económica, ni a la competitividad de los pescadores y acuicultores de la Unión Europea”.  “Tampoco podemos añadir más cargas a los operadores europeos, que ya afrontan un exceso de burocracia y falta de competitividad, especialmente frente a productos importados”.

Explicó que la prioridad debe ser reforzar las normas para las importaciones, en lugar de imponer más restricciones a los de la Unión Europea, “porque sólo vamos a provocar un aumento de importaciones de países con estándares mucho más bajos en bienestar animal y en sostenibilidad”

Según el eurodiputado, las medidas también tienen que reconocer las limitaciones geográficas y climáticas de los distintos Estados miembros, en especial de las regiones ultraperiféricas. “Es necesario encontrar un equilibrio que permita mejorar el bienestar animal, pero sin comprometer la seguridad y el futuro de los operadores”, sostuvo.

El armandor danés Svend-Erik Andersen, presidente de la Asociación Danesa de Pesca pospone el impuesto al CO2 para que haya una verdadera transformación de la pesca
Es frívolo utilizar las cifras de aterrizaje para criticar la decisión del gobierno de pausar el impuesto al CO2. La razón es la falta de opciones de conversión.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la propuesta del Gobierno de posponer el impuesto al CO2 en la pesca danesa. Me gustaría afirmar que es una decisión acertada. La realidad es que la pesca no tiene opciones rentables para adaptarse. Y cuando esto no es así, el impuesto al CO2 se convierte en un impuesto más, que en casos extremos puede asfixiar la pesca. Por lo tanto, debemos elogiar al gobierno por asumir su responsabilidad y luchar para garantizar que la pesca realmente tenga la oportunidad de adaptarse.

En el acuerdo sobre la reforma fiscal verde, donde se decidió el impuesto al CO2, se dijo negro sobre blanco que:

Al mismo tiempo, la industria pesquera tiene pocas oportunidades de adaptarse. Esto significa que se estima que un impuesto elevado al CO2 resultará principalmente en una disminución de la producción y del comercio transfronterizo, y no en una conversión.

Una amplia mayoría del Parlamento danés firmó el acuerdo.

Ése es precisamente el quid de la cuestión. Los medios de comunicación han intentado convertir el debate en una discusión sobre cómo fueron exactamente los desembarques en enero y si ese patrón puede justificar la decisión del gobierno. Es una tontería. Tanto porque es erróneo sacar conclusiones basándose en un solo mes cuando el impuesto aún no se ha aplicado plenamente. Pero también en gran medida porque se trata del hecho de que la pesca no dispone de opciones de conversión rentables.

No hay soluciones rentables
DTU Aqua y el Instituto de Economía de Alimentos y Recursos (IFRO) han creado un catálogo de instrumentos que pueden reducir las emisiones de CO2 de la pesca. Es un catálogo interesante, pero dice directamente que no saben nada sobre si se trata de soluciones rentables. La incertidumbre es, pues, enorme y nadie sabe realmente cómo funcionan las distintas soluciones en las distintas partes de la pesca danesa.

Antes de las negociaciones sobre la reforma del impuesto verde, la Asociación Danesa de Pesca encargó a la consultora Implement Consulting que analizara la importancia de un impuesto al CO2 en la pesca. Concluyeron que sería más barato para la pesquería simplemente pagar el impuesto al CO2 que invertir en soluciones verdes, ya que aún no son rentables.

Implement Consulting también pudo demostrar que la pesca contribuye sólo con el 0,5 por ciento de las emisiones totales de CO2 de Dinamarca. Y que el impuesto al CO2 en la pesca sólo contribuirá a una reducción de las emisiones de CO2 del 0,05 por ciento. Así que cuando las organizaciones verdes creen que esto es un enorme revés para la lucha contra el clima, han olvidado por completo las proporciones.

Debemos desarrollar la pesca
Me complace que el Gobierno esté ahora emprendiendo un camino en el que el desarrollo de la pesca es más importante que garantizar reducciones marginales del CO2 en el corto plazo. Espero que ahora podamos colaborar para encontrar soluciones que puedan garantizar una transición verde de la pesca, de modo que podamos gestionar el impuesto al CO2 cuando se introduzca gradualmente en 2030.

En el sector pesquero, debemos estar preparados para abrir nuevos caminos y probar tecnologías y soluciones que puedan reducir potencialmente nuestras emisiones de CO2.

Y nuestro nivel de ambición sigue siendo que ofreceremos alimentos saludables y neutrales en CO2 en el futuro. Tenemos potencial para ello en la pesca danesa y es una prueba contundente de por qué es necesario desarrollarla.

Efectivos de la Inspección Pesquera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con agentes de la Guardia Civil (Seprona), han llevado una importante actuación contra el marisqueo ilegal de coquina en la provincia de Huelva. En concreto, esta operación ejecutada a principios de febrero tuvo lugar entre los términos municipales de Lepe e Isla Cristina. Se trataba de una operación ejecutada entre Lepe e Isla Cristina conlleva el levantamiento de 17 actas y el decomiso de ocho rastros de mano

En el transcurso de la actuación se levantaron un total de 17 actas. De ellas, 16 incluyen propuesta de sanción por mariscar sin la obligatoria licencia o autorización y en ocho se propone también la imposición de otra multa por obstruir la labor inspectora. Además, como resultado de esta misma operación se han intervenido ocho rastros de mano y 4,5 kg de coquinas que se devolvieron al mar inmediatamente.

Esta actuación forma parte de los mecanismos para luchar contra el marisqueo ilegal y furtivo en las playas de la provincia de Huelva que están ejecutando de forma organizada la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y la Guardia Civil. El objetivo final de las operaciones es combatir la pesca ilegal y velar por el cumplimiento de la norma en beneficio de una actividad legal pesquera que sea viable y rentable económica y socialmente.

La coquina (Donax trunculus) es una especie muy valorada en la gastronomía andaluza, sobre todo en los municipios costeros donde se captura. Su extracción contribuye de manera significativa al desarrollo de la economía local de estas zonas al conllevar creación de puestos de trabajo directos (licencias de marisqueo a pie) e indirectos. Además, también es relevante la incidencia de este recurso pesquero por su comercialización en locales de restauración y establecimientos minoristas, entre otros destinos.

La pesquería de esta especie se encuentra regulada por distintas normas para asegurar una explotación sostenible del recurso y proteger su biodiversidad. Para ello se ha establecido, entre otras medidas, una cantidad máxima de captura por mariscador y día; horarios y jornadas autorizadas para el desarrollo de la actividad; talla mínima de captura (25 mm) y período de veda anual. De esta forma, se facilita la reproducción de la especie y se hace posible el mantenimiento de su desarrollo en unos niveles que permiten la continuidad de una actividad marisquera por parte de los profesionales que se dedican a la explotación sostenible de este recurso marino.

Medios de control y licencias

Durante los últimos años, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está reforzando las actuaciones encaminadas a mantener una vigilancia continua de la actividad marisquera en la costa andaluza. Entre otras medidas, la Junta ha invertido de 2022 a 2023 más de 1,6 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para adquirir seis vehículos (dos motos de agua y cuatro embarcaciones) que se emplean en labores de inspección pesquera. Además del control de la extracción de los recursos pesqueros, desde el Gobierno andaluz se vigilan también las demás fases de la cadena, entre las que se encuentra el transporte, la trazabilidad de los productos o su comercialización.

Por otro lado, entre 2019 y 2023 la Consejería ha abierto convocatorias para solicitar licencias de marisqueo a pie y de inmersión que han permitido aumentar los carnés oficiales de forma notable, incidiendo así en la profesionalización del sector y la luchar contra la práctica ilegal de esta actividad. En concreto, las licencias de marisqueo a pie genéricas se han incrementado en un 67% al pasar de 143 a 239 autorizaciones; y en el caso del marisqueo a pie de coquina, los carnés se han multiplicado por seis en sólo dos años al elevarse de 4 a 30 licencias entre 2019 y 2021. Por su parte, las autorizaciones de marisqueo de inmersión se han duplicado desde las 15 licencias anteriores a 2019 hasta los 30 permisos que se encuentran actualmente en vigor.

Además, estas acciones dirigidas al sector se complementan con campañas anuales que persiguen concienciar a la sociedad andaluza en general sobre la obligatoriedad de contar con una licencia profesional para poder realizar esta actividad manual de carácter artesanal y sostenible.

Respaldo a los mariscadores

Entre las herramientas del Gobierno andaluz para apoyar directamente al sector destacan el impulso de la Federación Andaluza de Mariscadores a Pie y la inclusión de representantes de esta actividad en la Mesa de Interlocución Pesquera de la comunidad autónoma. Asimismo, también resulta relevante el asesoramiento que la Consejería ofrece a los mariscadores sobre el proceso de solicitud de la marca registrada ‘Coquinas de la Costa de Huelva’ o sobre proyectos acuícolas para nuevos cultivos marinos de ostión y ostra.

Por otro lado resaltan las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) que gestiona el Gobierno andaluz para respaldar a los mariscadores durante los períodos de veda establecidos para la coquina del Golfo de Cádiz o la captura de chirla con draga hidráulica y rastro remolcado. Otro ejemplo de ayudas que benefician a los mariscadores son las concedidas a proyectos acogidos a estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero de Andalucía (Galpa). Concretamente, se enmarcan aquí las subvenciones que facilitan la adquisición del equipo técnico y de inmersión que necesitan los buzos con licencia de marisqueo de inmersión para poder realizar esta actividad.

La Comisión Europea (CE) no excluye una «posible enmienda» del plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental, del que depende la pesca en esas aguas.

«No excluiría la posible enmienda del plan multianual del Mediterráneo occidental. Examinaremos las diferentes opciones que son posibles y que están disponibles», declaró el comisario europeo de pesca, Costas Kadis, en una comparecencia ante la comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

Añadió que la «posible enmienda» del plan «requiere un análisis de impacto» y advirtió que dicho análisis «lleva tiempo».

Kadis dijo ser consciente de las preocupaciones que genera el plan multianual para la pesca en el Mediterráneo occidental.

«Recibí cartas del sector, de los ministros del área, y sé que hay mucha preocupación. Tomamos nota de estas preocupaciones», comentó.

El pasado diciembre se evitó en la práctica la disminución del 79 % en los días en los que la flota española podía salir a faenar al Mediterráneo occidental este 2025, frente al año pasado.

La Comisión Europea propuso en un primer momento para el Mediterráneo occidental esa reducción del 79 %, pero el acuerdo final logrado por los ministros de Pesca en diciembre permite a la flota española salir al mar los mismos días que en 2024 si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como las relacionadas con mallas.

Para evitar que Bruselas vuelva a proponer disminuciones tan drásticas, España ya propuso el mes pasado reformar el reglamento del plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental.