Un mes de parada invernal para reducir las capturas accidentales de cetáceos ha permitido retomar la actividad, pero el sector y las ONG se preparan para un nuevo pulso: si la medida se consolida, se amplía o se sustituye por alternativas tecnológicas y de gestión.
La pesca ha vuelto a abrirse paso en el Golfo de Bizkaia (Golfo de Gascogne/Bay of Biscay) tras un paréntesis de un mes que ha mantenido amarrados —o con actividad muy limitada— a parte de los buques autorizados. La veda, diseñada para reducir la captura accidental de delfines comunes y otros pequeños cetáceos, ha funcionado como una “pausa de emergencia” en uno de los periodos más sensibles del año: el invierno, cuando la coincidencia entre presencia de cetáceos y esfuerzo pesquero eleva el riesgo de mortalidad.
El cierre aplicado este invierno —del 22 de enero al 20 de febrero de 2026— no es un hecho aislado, sino la tercera campaña consecutiva con un esquema de restricción espacio-temporal. La Comisión Europea lo ha enmarcado explícitamente como una herramienta para prevenir capturas accidentales de especies estrictamente protegidas por la normativa comunitaria, y lo ha vinculado a la petición conjunta de varios Estados miembros, entre ellos Francia, España y Portugal, además de Bélgica y Países Bajos.
En la práctica, el diseño de la veda vuelve a pivotar sobre dos elementos: el umbral de eslora (buques de más de ocho metros) y los artes/operaciones consideradas de mayor riesgo en esas semanas. En Francia, el enfoque se apoya también en el plan nacional de acción sobre capturas de cetáceos y en una trayectoria jurídica que ha ido estrechando el margen de maniobra del Gobierno para dejar exenciones amplias.
Alivio operativo… pero con dudas estratégicas
La reapertura supone oxígeno inmediato: permite recuperar mareas, recomponer cadenas de suministro y retomar una normalidad que, para muchos armadores y tripulaciones, se había convertido en un calendario “partido” por decreto. Pero la sensación en los muelles es agridulce: el regreso llega con la incertidumbre de qué ocurrirá a partir de 2027, cuando se reabra el debate sobre si la veda debe continuar, transformarse o desaparecer.
Ahí es donde el conflicto reaparece. Por un lado, organizaciones ambientales han defendido mantener el cierre —incluso ampliarlo— si los indicadores de mortalidad lo justifican. Por otro, la industria pesquera insiste en que la solución no puede convertirse en una “parálisis recurrente” y reclama una salida basada en medidas técnicas, selectividad, acústica y control, que permita pescar reduciendo el riesgo para los cetáceos sin “cerrar el mar” cada invierno.
La ciencia y el corto plazo: “eficaz, pero no suficiente”
En el plano científico, la fotografía es compleja. Institutos como Ifremer han subrayado que los cierres temporales pueden ser eficaces a corto plazo para reducir capturas accidentales, pero a la vez advierten del reto de construir un paquete de medidas robusto y aceptable como solución estructural. Dicho de otro modo: la veda puede “bajar el termómetro” en el pico invernal, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo si no se acompaña de cambios operativos, seguimiento y herramientas de mitigación en el resto del año.
Además, el componente jurídico pesa. El Conseil d’État francés ha intervenido en los últimos años para exigir acciones con impacto real sobre la mortalidad de pequeños cetáceos, y ha cuestionado exenciones demasiado amplias por reducir la eficacia del cierre. Ese precedente ha condicionado el diseño de la medida y eleva el listón de lo que se considerará “suficiente” en el futuro.
El coste económico y la compensación: la otra cara del cierre
La veda también tiene una traducción directa en caja. En Francia, distintas estimaciones difundidas en prensa apuntan a pérdidas del orden de decenas de millones de euros para la cadena de valor en años anteriores y a esquemas de apoyo público para amortiguar el golpe en 2026, con niveles de compensación que se han descrito en el entorno del 80%-85% del volumen de negocio por buque en determinados casos.
Aun así, parte del sector considera que la compensación “no cubre el coste real” (por estructura empresarial, empleo, compromisos comerciales y pérdida de dinámica en los puertos), y reclama que, si la administración exige parar, el sistema de ayudas sea más ágil, más previsible y mejor ajustado al impacto real por flota y territorio.
¿Qué se decide ahora pensando en 2027?
El debate de fondo ya no es si el riesgo existe —nadie lo discute— sino qué combinación de herramientas permite cumplir con la conservación de cetáceos sin convertir la veda en una norma permanente. En el horizonte aparecen tres grandes líneas de trabajo:
- Mitigación tecnológica y operativa: dispositivos acústicos disuasorios, cámaras a bordo, modificaciones de artes y protocolos de maniobra, con evaluación independiente de resultados. (Este punto ya ha estado en el centro del debate regulatorio y judicial).
- Gestión espacio-temporal más quirúrgica: cierres más acotados, dinámicos o por zonas de riesgo, apoyados en datos de presencia de cetáceos y esfuerzo pesquero.
- Gobernanza y corresponsabilidad: coordinación entre Estados miembros (incluida España), sector, ciencia y autoridades, para que cualquier decisión de 2027 sea defendible científicamente y viable socioeconómicamente.
La pesca se reanuda, sí. Pero la verdadera partida empieza ahora: demostrar —con datos y con medidas verificables— que es posible pescar y proteger sin que el Golfo de Bizkaia se convierta cada invierno en un tablero de “todo o nada”. Si 2026 es un año de transición, 2027 será, previsiblemente, el año del veredicto.
