La escena podría parecer una proeza deportiva, si no fuera por la especie implicada. Casi 40.000 kilos de atún rojo —Thunnus thynnus, el gran pez migrador protegido por normas europeas y nacionales— fueron capturados entre el lunes 16 y el miércoles 18 de junio por pescadores recreativos en aguas españolas. En tan solo tres días, un contingente de unas 1.900 embarcaciones con licencia especial agotó el cupo reservado para toda la temporada, que iba a extenderse hasta el 14 de octubre. El resultado: cierre inmediato y definitivo de la campaña por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Pesca sin muerte”… pero con 500 ejemplares desembarcados

La normativa era clara: solo se permite pesca recreativa sin muerte, es decir, devolver el atún vivo al mar. Solo en caso de muerte accidental del ejemplar, puede ser embarcado. Pero las cifras cuentan otra historia: 500 atunes rojos —con un peso mínimo de 30 kilos o una longitud de al menos 115 cm— murieron “accidentalmente” durante las capturas. Un eufemismo que, a ojos de muchos expertos, revela el fracaso del modelo actual de control y sostenibilidad.

La mayoría de esas capturas —alrededor del 75 %— ocurrieron frente a las costas de la Comunidad Valenciana, con especial protagonismo en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Tras ellas, siguieron Cádiz y Guipúzcoa, aunque con menores volúmenes.

Una carrera contra el tiempo (y contra el pez)

Fuentes del sector recreativo argumentan que el problema no es de mala fe, sino de biología y física: el atún rojo, una vez pica el anzuelo, entra en una lucha extrema por soltarse. Si esa pelea se alarga, las posibilidades de supervivencia disminuyen rápidamente. El resultado: muertes que ya no permiten la suelta.

El ministerio, por su parte, actuó con rapidez: el mismo miércoles 18 anunció el cierre temporal de la campaña, y el jueves 19 lo convirtió en definitivo. La razón: el cupo recreativo de 39.940 kilos había sido completamente consumido. A partir de entonces, quedaba prohibido pescar, tener a bordo o desembarcar atún rojo.

Un porcentaje mínimo, un debate máximo

Aunque el volumen capturado por recreativos representa apenas el 0,55 % de la cuota total española —de 6,78 millones de kilos en 2025—, el episodio ha generado un intenso debate sobre la gestión del recurso y el papel de la pesca deportiva en su sostenibilidad. La mayoría de esa cuota corresponde a la flota profesional y a las almadrabas, métodos tradicionales y altamente regulados.

Sin embargo, la rapidez con la que se ha agotado el cupo en el segmento recreativo pone en tela de juicio la eficacia del control y seguimiento de este tipo de pesquerías. La exigencia de comunicar capturas, preavisar llegada a puerto y rellenar declaraciones parece, en la práctica, quedar desbordada por la velocidad de los hechos.

Sin venta posible, pero con muchos interrogantes

Los pescadores recreativos no pueden comercializar el atún que capturan. La legislación lo prohíbe tajantemente. Pero la masividad del desembarco plantea preguntas legítimas: ¿dónde va ese pescado? ¿Hay suficiente trazabilidad? ¿Se respetan las obligaciones de declaración?

El modelo, según algunos analistas, necesita una revisión urgente. “No tiene sentido hablar de pesca sin muerte si las tasas de mortalidad son tan altas”, señala un biólogo marino consultado. “O se mejora la formación y el control de las embarcaciones, o se replantea el modelo de autorizaciones”.

Una tendencia que se repite… y se acelera

Lo ocurrido en 2025 no es un hecho aislado. En 2024 también se cerró en tres días. En 2023 y 2022, algo más tarde: el 21 de junio. Y en 2021 y 2020, el 23. Cada año, con cupos diferentes, el tiempo de pesca recreativa efectiva se acorta, al ritmo de una presión creciente sobre una especie icónica y comercialmente valiosa.

¿Recreo o sobrepesca?

En el fondo, la controversia revela una tensión no resuelta entre el acceso ciudadano al mar y la necesidad de proteger especies vulnerables. El atún rojo, tras décadas de sobreexplotación, es un caso de éxito parcial en recuperación. Pero la sostenibilidad no es solo cuestión de cuotas: es también de ética, técnica y vigilancia.

Por ahora, el recreo terminó. Pero el debate está servido. Y el mar, una vez más, en el centro de la política y la polémica.

Cuota española

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asignó la cuota de 6.783 toneladas de atún rojo que corresponde a España en 2025 entre los 819 buques pesqueros y almadrabas incluidos en el censo específico para la pesca de esta especie.

Así lo establece, la Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, que sigue los criterios establecidos por el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.

El grueso de la cuota española, 5.911,98 toneladas (87,15 % del total) se destinó a los buques incluidos en las listas a, b, c, d y e del censo específico, que corresponden, respectivamente, a las flotas de cebo vivo del Cantábrico, de cañas y líneas de mano del estrecho de Gibraltar, de palangre y línea de mano, de cerco del Mediterráneo y las almadrabas.

El 11,69 % (793,6 toneladas) de la cuota podrá ser capturada por los buques con base en los puertos en Canarias (lista f), buques de artes menores del Mediterráneo (g) y buques artesanales del estrecho de Gibraltar (h).

La cantidad restante se destina a cubrir la captura accesoria de las flotas de palangre de superficie y curricán para bonito del norte y la pesca recreativa. Además, se reservan 27,13 toneladas (0,4 % del total) para cubrir supuestos en que se sobrepase la cuota y capturas realizadas por flotas no incluidas en las listas del censo específico.

La campaña de pesca de atún rojo mediante el método tradicional de almadraba concluyó con éxito, con un total de 1.402 toneladas capturadas, según la Organización de Productores Pesqueros que agrupa las almadrabas de Barbate, Conil y Tarifa.

La campaña enfrentó importantes dificultades al inicio debido a una huelga indefinida de inspectores de pesca, que paralizó temporalmente las actividades A pesar de esto, las almadrabas pudieron retomar su actividad tras negociaciones y modificar sus planes sobre la marcha.

Además, para alcanzar el volumen final, fue esencial la compra de cupos sobrantes de otras pesquerías nacionales que no habían agotado su cuota. Esta adquisición resultó indispensable para asegurar la viabilidad económica del sector almadrabero

Una campaña crucial para la economía local y los mercados internacionales

Marta Crespo, portavoz de la organización, subrayó que las almadrabas dependen casi exclusivamente del atún rojo, a diferencia de otros sectores con mayor diversificación. Por ello, cada campaña es fundamental no solo para la pesca, sino también para sostener el empleo y la economía de numerosas familias en Cádiz

La comercialización del atún rojo salvaje, especialmente orientada al mercado japonés, representa un importante ingreso, ya que este pescado es conocido como el «oro rojo del mar español».

Reivindicación: aumento de cuotas para las almadrabas

El sector ha lanzado un llamamiento urgente a las autoridades nacionales y al organismo internacional ICCAT para que aumenten las cuotas asignadas a las almadrabas. Crespo argumenta que el recurso se encuentra en niveles de recuperación, lo que justifica una mayor asignación

Este reclamo se plantea ante la próxima reunión de ICCAT en noviembre, que se celebrará en Sevilla, y donde el sector espera que se revise al alza la distribución de cuota.

Riesgos y enseñanzas de la campaña

1. Vulnerabilidad ante la huelga: Las paralizaciones iniciales evidenciaron la dependencia del sector de la supervisión oficial.
2. Compra de cuota como solución temporal: Aunque eficaz, no puede sustituir una asignación estructural adecuada.
3. Necesidad de estabilidad: El sector pide una revisión permanente de cuotas para evitar situaciones críticas en el futuro

Datos clave de la temporada

• Toneladas capturadas: 1.402 t.
• Huelga de inspectores: retrasó el inicio de la campaña.
• Compra de cupos sobrantes: esencial para alcanzar el objetivo.
• Cuota asignada a Tarifa: 349,45 t (temporada 2025) comparado con la captura final
• Próxima reunión ICCAT: noviembre en Sevilla, con la esperanza de un aumento de cupo.

El balance es positivo desde el punto de vista operativo, pero la campaña deja en evidencia una estructura aún frágil. El sector reclama cambios urgentes y sostenidos, que permitan a las almadrabas afrontar futuros desafíos con responsabilidad, previsión y estabilidad, protegiendo tanto el recurso como el legado cultural y económico de esta pesca milenaria.

APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, solicita a las instituciones europeas medidas para favorecer la reciprocidad normativa con terceros países y socios no comunitarios para evitar un desequilibrio competitivo respecto al sector de la acuicultura español; ya que las exigencias de calidad del pescado de importación están lejos de los altos estándares nacionales.

La investigadora del CSIC y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España, Ariadna Sitjà, asegura que la acuicultura española “fortalece la economía local, y reduce la dependencia de importaciones de países con regulaciones menos estrictas”. La trazabilidad juega un papel clave en la acuicultura española, proporcionando información precisa sobre todas las fases: producción, transformación y distribución.

La acuicultura española se ha consolidado como uno de los pilares del abastecimiento de pescado de alta calidad en el mercado nacional, un sector que cumple los estándares más estrictos en materia de sanidad, sostenibilidad y bienestar animal. Sin embargo, los productos acuícolas importados que llegan al mercado europeo no siempre están sujetos a esos mismos niveles de exigencia, lo que genera un desequilibrio competitivo que amenaza la viabilidad de las instalaciones de acuicultura en España. 

Por ello, APROMAR reclama que se apliquen condiciones de reciprocidad a las importaciones procedentes de terceros países y de países europeos no comunitarios, de forma que cualquier producto acuícola que acceda al mercado común europeo lo haga bajo los mismos criterios regulatorios que aplican para la producción de esos mismos pescados en la Unión Europea.

El pescado importado de terceros países “suele tener costes de producción más bajos debido a regulaciones menos exigentes, entre las que se encuentran las condiciones laborales. Esto afecta a la competitividad de los productores nacionales, quienes deben cumplir con normativas más estrictas para garantizar calidad y sostenibilidad”, señala Ariadna Sitjà Bobadilla, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España. Y añade: “El pescado importado suele producirse en condiciones menos estrictas, lo que genera una competencia desleal para los productores españoles, que operan bajo una de las legislaciones más exigentes del mundo”.

España cuenta con un sólido marco regulatorio para garantizar la seguridad alimentaria y trazabilidad del pescado que llega al consumidor. En este sentido, el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece inspecciones periódicas, medidas de bioseguridad para proveer de una trazabilidad integral. Además, la legislación de la Unión Europea obliga a que todos los productos de pesca y acuicultura sean plenamente trazables en todas las fases de la cadena: producción, transformación y distribución.

“La trazabilidad juega un papel clave al proporcionar información clara sobre origen y método de producción. Todo el pescado a la venta debe tener visible la etiqueta donde indica su origen, zona de captura, puerto de desembarco, si es de pesquerías o de crianza, etc.”, explica Sitjà. Además, la trazabilidad, que en la UE es obligatoria en todas las fases de la cadena –desde la producción hasta la distribución–, no siempre se garantiza en los productos llegados del exterior. 

Sitjà subraya que esta información debería ser clara y accesible para todos los consumidores, algo que actualmente no se cumple de forma homogénea. No obstante, la experta advierte que muchos consumidores “desconocen las diferencias entre el pescado nacional y el importado, o no saben reconocer las etiquetas en las pescaderías y supermercados, o estas no están muy visibles, o tienen una letra muy pequeña”, lo que pone de relieve la necesidad de continuar desarrollando campañas de promoción e información. Por otra parte, las obligaciones de información a los consumidores sobre el pescado en los restaurantes son nulas con la excepción de la presencia de alérgenos.

La defensa del principio de reciprocidad no implica levantar barreras comerciales, sino exigir que las importaciones estén alineadas con los valores y normas que la UE aplica a sus propios productores, especialmente en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad alimentaria, sostenibilidad ambiental y bienestar animal. De hecho, se trata de una medida que contempla el marco de actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que reconoce la posibilidad de establecer condiciones de acceso al mercado siempre que estén justificadas por razones de salud pública o medioambiental.

Desde el sector de la acuicultura española se subraya que este desequilibrio es evidente en los intercambios con países de fuera de la UE y también con algunos países europeos que, sin pertenecer al espacio comunitario, exportan pescado a los mercados europeos sin cumplir con todas las condiciones exigidas a los productores comunitarios. Esta excepción normativa debe ser reevaluada para asegurar un trato justo y coherente a todas las partes.

Apostar por una acuicultura nacional exigente y regulada, como la que se practica en España, es también una apuesta por el desarrollo local y la soberanía alimentaria. “Los altos estándares garantizan productos seguros y sostenibles. Además, fortalecen la economía local, y reducen la dependencia de importaciones de países con regulaciones menos estrictas”, concluye Ariadna Sitjà.

El sector acuícola reitera la necesidad urgente de establecer mecanismos regulatorios que aseguren la igualdad de condiciones entre productos nacionales e importados. Solo así podrá asegurarse la calidad del producto al consumidor, garantizar la sostenibilidad ambiental y reforzar la competitividad de un sector que opera bajo los más altos estándares internacionales.

Por lo tanto, el sector acuícola español insta a revisar las condiciones actuales de acceso al mercado europeo para productos de acuicultura de fuera de la UE y garantizar que todos los productores, sean nacionales o extranjeros, compitan bajo las mismas reglas.

Un informe revela el peso oculto de los grupos de interés en la toma de decisiones de la UE.

En Bruselas, los grandes debates sobre el futuro de la pesca en Europa no solo se libran en los despachos oficiales. Un nuevo informe elaborado por la Fundación MarInnLeg, centro jurídico con sede en Vigo, desvela el papel determinante que juegan ciertos grupos de interés —económicos y conservacionistas— en las políticas pesqueras de la Unión Europea. A través de una cartografía detallada, el estudio ofrece una radiografía del poder oculto que, desde espacios de influencia menos visibles, moldea decisiones clave que afectan a toda la cadena de valor pesquera.

El foco del informe se centra especialmente en los Consejos Consultivos de la Comisión Europea, órganos creados para facilitar la participación del sector y de la sociedad civil en el diseño normativo comunitario. Entre ellos destacan el Market Advisory Council (MAC) y el Long Distance Advisory Council (LDAC), donde confluyen intereses industriales, ONGs medioambientales y entidades internacionales con agendas muy diversas.

Lobbies con rostro institucional

En el campo económico, el informe identifica a estructuras bien organizadas como Europêche, EAPO (Organización Europea de Productores Pesqueros) y AIPCE-CEP, que representan a armadores, cooperativas y empresas transformadoras de toda Europa, incluida Italia. Estas organizaciones aportan conocimientos técnicos y defienden la viabilidad del sector pesquero frente a las nuevas regulaciones.

Por el lado ecologista, sobresalen actores de peso como el WWF European Policy Office, Oceana y la fundación Pew Charitable Trusts, que operan con financiación —en muchos casos— procedente de fundaciones estadounidenses. Estas organizaciones promueven objetivos de conservación marina, muchas veces en clave restrictiva respecto a la actividad pesquera tradicional.

Concentración de poder y desequilibrios

Uno de los hallazgos más significativos del informe es la alta concentración de influencia en manos de un número limitado de organizaciones, capaces de ocupar sistemáticamente los espacios consultivos europeos gracias a su estructura técnica, financiación sólida y capacidad de lobby. Esta capacidad no se distribuye de manera homogénea: mientras algunos países han sabido consolidar su presencia y voz en los foros europeos, otros, como Italia, mantienen una participación más débil y fragmentada.

Sin embargo otros países aunquen forma parte de los organismos consultivos, su presencia no es aún suficiente para equilibrar las fuerzas en juego. El informe señala que la escasa articulación del sector y la limitada participación técnica en los espacios de consulta deja a la cadena pesquera italiana en una posición vulnerable frente a decisiones que afectan directamente a sus intereses.

Las normativas sobre cuotas de pesca, reglas técnicas, etiquetado de productos, acceso a fondos europeos o condiciones para el comercio exterior se definen en gran parte en estos consejos. Contar con una representación activa, continua y estratégica puede marcar la diferencia entre influir en las políticas o limitarnos a acatarlas.

Un llamado a la acción coordinada

Desde la Fundación MarInnLeg se plantea este informe no solo como una alerta, sino como una oportunidad estratégica. El mensaje para Italia —y para otros países con sectores pesqueros relevantes— es claro: reforzar la presencia institucional en los consejos europeos, dotarse de equipos técnicos preparados y actuar de forma coordinada como sistema-país será clave para defender el valor económico, social y cultural de la pesca.

En un contexto de transición ecológica, digitalización y creciente regulación ambiental, no basta con reaccionar: es necesario anticiparse a las dinámicas y actuar con visión de futuro. La radiografía de los grupos de interés en la pesca europea es también un espejo: muestra lo que otros ya han construido y lo que aún está por construir desde Italia.

Un hallazgo científico de gran calado está reconfigurando nuestra comprensión del ecosistema mediterráneo. Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), con base en Málaga, han identificado al menos 23 nuevas especies de peces en el Mediterráneo occidental, específicamente en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Este descubrimiento no es solo una buena noticia para la biodiversidad, sino también una alerta temprana sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos.

Las especies recién registradas, muchas de ellas nunca antes vistas en estas aguas, son lo que los expertos denominan especies termófilas, es decir, organismos adaptados a aguas más cálidas. Su llegada al Mediterráneo indica una tropicalización progresiva del mar, impulsada por el aumento sostenido de las temperaturas del agua.

Un mar que cambia de rostro

“La biodiversidad del Mediterráneo está en transformación. Lo que vemos aquí es una consecuencia directa del calentamiento global”, explicó uno de los biólogos marinos implicados en el estudio. El mar de Alborán, una zona especialmente rica y compleja debido a la confluencia de aguas atlánticas y mediterráneas, se ha convertido en una suerte de «puerta de entrada» para nuevas especies que migran desde latitudes más tropicales.

Entre las especies detectadas hay peces óseos, crustáceos y pequeños depredadores, muchos de ellos procedentes del Atlántico tropical. Aunque algunas ya habían sido avistadas de forma aislada, su identificación sistemática y el aumento en su presencia en los muestreos científicos confirman que no son visitantes ocasionales, sino nuevos residentes.

Más biodiversidad, más incertidumbre

A primera vista, la llegada de nuevas especies podría interpretarse como una señal positiva: más peces, más diversidad, más oportunidades para el ecosistema. Sin embargo, el fenómeno trae consigo serios desafíos para la conservación, la gestión pesquera y la seguridad alimentaria.

“La introducción de especies termófilas puede alterar profundamente las relaciones ecológicas, competir con especies autóctonas y modificar la cadena trófica”, advierte el informe técnico publicado por el equipo del IEO. Algunas de estas especies podrían incluso convertirse en invasoras si encuentran un entorno favorable y sin predadores naturales.

Para el sector pesquero, el hallazgo implica una doble incertidumbre: ¿cómo afectarán estas especies a las poblaciones comerciales ya reguladas? ¿Cambiarán los hábitos de captura y consumo en los próximos años?

En el marco del proyecto “Coruña Marítima”, que prevé una reordenación integral del frente portuario interior, el sector de la pesca en A Coruña ha lanzado una petición clara: garantías económicas y técnicas frente al traslado anunciado de la lonja y otras actividades pesqueras tradicionales a la dársena de Oza .

¿Qué implica el plan “Coruña Marítima”?

• El protocolo fue firmado en mayo de 2024 por Ayuntamiento, Xunta, Ministerio de Transportes, ADIF, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria. El objetivo es transformar la fachada portuaria desde el dique Barrié de la Maza hasta Oza, con opciones de vivienda, espacios verdes, movilidad y nuevos usos urbanos
• La redacción del Master Plan fue licitada recientemente (junio 2025), con un presupuesto de 3 M € y un plazo de dos años para completarse .

🎣 El traslado del sector pesquero a Oza

• Está previsto que la lonja actual y parte de las infraestructuras pesqueras se desplacen a la dársena de Oza en un plazo de hasta diez años, para liberar el muelle de Linares Rivas y avanzar con el desarrollo urbano.
• Además, se propone agrupar el pescado, procesado y venta en esa nueva ubicación, extendiendo el uso hacia donde están ahora las instalaciones de Repsol .

Demandas del sector pesquero

Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja coruñesa, ha expuesto claramente que esta reubicación requiere:

1. Condiciones económicas viables para el traslado: inversión adecuada en nuevas infraestructuras, amarre, almacenamiento y logística.
2. Condiciones técnicas equivalentes o superiores a las actuales, garantizando fluidez en atraques, subastas, accesibilidad y servicios portuarios
3. Asegurar que A Coruña mantenga su posición como puerto de referencia en pesca, sin reducir capacidad operativa ni competitividad

El Senado chileno aprobó el pasado 18 de junio una ley histórica que aumenta la cuota de pesca del merluza del Pacífico Sur (Merluccius gayi) destinada a la flota artesanal, reduciendo la parte asignada a la pesca industrial. A partir de ahora, el 45 % del total anual permitido (35.000 toneladas) corresponderá a los pescadores artesanales, frente al 40 % anterior, mientras que los industriales verán su participación reducida del 60 % al 55 %.

Con más de 6.000 kilómetros de costa y considerado uno de los diez principales países pesqueros del mundo, Chile enfrenta una presión creciente para equilibrar el aprovechamiento económico de sus recursos marinos con su conservación. La merluza, por su accesibilidad y precio moderado, es una de las especies más consumidas por los chilenos y un pilar de la pesca artesanal, que emplea a más de 4.000 pescadores en regiones como Valparaíso y Talcahuano.

Sin embargo, su población ha disminuido cerca de un 70 % en las últimas dos décadas, según datos del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop). Desde 2012, la merluza está oficialmente catalogada como especie sobreexplotada. En un intento de proteger su ciclo biológico, el país ya había implementado desde 2006 una veda reproductiva en septiembre de cada año.

La nueva legislación también redistribuye cuotas en favor del sector artesanal para otras especies clave, como el jurel, la sardina y la anchoveta. El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró la medida y aseguró que permitirá “una redistribución de 160 millones de dólares desde el sector industrial al artesanal”, aportando así “más justicia” al sistema pesquero nacional.

Esta reforma llega tras años de presión social. A finales de marzo, cientos de pescadores se movilizaron exigiendo una nueva regulación que reconociera su peso económico y social, llegando incluso a reclamar hasta el 70 % de la cuota total para la pesca artesanal. Aunque el aumento aprobado no alcanza ese umbral, sí representa un avance significativo en una disputa de largo recorrido.

La pregunta ahora es si esta redistribución de cuotas será suficiente para garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo, y si puede marcar el inicio de un modelo más justo y participativo para la gobernanza marina en Chile.