Con apenas 43 km² de tierra emergida, las Îles Éparses (islas Dispersas), Grupo de islas en las Tierras Australes y Antárticas Francesas sostienen una de las palancas geopolíticas más eficaces de Francia en el Índico suroccidental: hasta 640.400 km² de espacios marítimos bajo su jurisdicción, en un corredor por el que pasa una parte crítica del tráfico energético mundial y donde se cruzan la pesca atunera, la vigilancia frente a actividades ilícitas y una disputa de soberanía con Madagascar y Mauricio. 

En el mapa, casi no se ven. En la realidad estratégica, pesan como un continente. Las Îles Éparses —Tromelin, en pleno océano Índico, y en el canal de Mozambique los archipiélagos de Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India y Europa— forman una constelación de territorios diminutos, deshabitados, con acceso difícil y recursos de agua prácticamente inexistentes. Pero su valor no está en la arena: está en el mar que proyectan.

Según la administración de las Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), estos enclaves generan aproximadamente 640.400 km² de espacios marítimos bajo jurisdicción francesa, un “salto” geográfico que refuerza la presencia de París en el Índico junto a Reunión y Mayotte. 

Un distrito tropical administrado desde Reunión: soberanía por “presencia cotidiana”

El control no se ejerce solo con mapas. Desde 2005, la gestión de las Îles Éparses se integra en el esquema de las TAAF, con administración y logística articuladas desde Reunión, lo que permite desplegar funciones de Estado —medio ambiente, policía marítima, control pesquero, apoyo a investigación— y mantener una continuidad administrativa que Francia esgrime como argumento de soberanía. 

Ese detalle, aparentemente burocrático, es geopolítica en estado puro: en territorios sin población civil, la soberanía se consolida “por práctica”. La isla que tiene patrullas, científicos, estaciones meteorológicas o normas ambientales activas es, de facto, una plataforma de gobernanza marítima.

Canal de Mozambique: el corredor energético que multiplica la importancia de las islas

El canal de Mozambique es uno de los grandes pasillos marítimos del Índico occidental. No es solo ruta regional: cuando hay tensiones o interrupciones en vías como Suez, el tráfico se reacomoda y el eje del Cabo de Buena Esperanza recobra protagonismo.

Una referencia citada en trabajos regionales señala que por este corredor transita una fracción muy significativa del crudo mundial, con el orden de miles de petroleros anuales y volúmenes que se miden en cientos de millones de toneladas. 

En ese contexto, las ZEE asociadas a Europa, Juan de Nova, Bassas da India y Glorieuses convierten a Francia en actor “ribereño” operativo de un espacio que, por geografía, también es vital para Madagascar, Mozambique, Comoras y Tanzania. De ahí que París subraye su papel en seguridad de la navegación, vigilancia y búsqueda y rescate (SAR), mientras sus vecinos observan el mismo despliegue como un recordatorio incómodo del legado colonial.

Pesca y conservación: reservas, vedas y el factor atún

Para el sector marítimo-pesquero, las Îles Éparses importan por dos razones: son un activo de control (lucha contra la pesca INDNR/IUU y otras actividades ilícitas) y son un activo de biodiversidad (reservas y cierres que condicionan el uso del espacio).

Diversos documentos señalan que las Îles Éparses están clasificadas como reservas naturales, con regulaciones asociadas, y que existen restricciones de pesca en aguas territoriales y reglas específicas en zonas sensibles. 

Este marco ambiental convive con una realidad pesquera más amplia: la pesca industrial del Índico —en especial la atunera tropical— se ordena en el plano regional a través de la Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), y el canal de Mozambique es una pieza más del tablero de migraciones, temporadas, control y cumplimiento.

Aquí, la lectura es clara: cada kilómetro cuadrado de ZEE aporta derechos, pero también obligaciones. Y en mares inmensos, la vigilancia es cara. Sin presencia efectiva (medios, cooperación regional, intercambio de información), la norma se queda en papel.

FAZSOI: “gobernar” un mar enorme con patrullas, avión y coordinación

La pata de seguridad la aportan las Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), el dispositivo francés de soberanía y presencia en el Índico suroccidental, con base principal en Reunión y Mayotte. Entre sus misiones figuran la protección del territorio, la vigilancia de ZEE, la cooperación regional y la capacidad de intervención ante crisis. 

En la práctica, esa estructura sostiene patrullas, vuelos de vigilancia marítima y una capacidad de respuesta que se proyecta sobre las Îles Éparses como “puntos de apoyo” logísticos y jurídicos. Es, de nuevo, soberanía aplicada al día a día.

El nudo político: Madagascar y Mauricio no aceptan el mapa francés

Nada de esto está libre de disputa. Madagascar reclama Juan de Nova, Europa, Bassas da India y Glorieuses; Mauricio disputa Tromelin. El desacuerdo se arrastra desde hace décadas y reaparece periódicamente en foros internacionales.

En 2019, Francia y Madagascar reactivaron una vía bilateral con una comisión mixta para explorar fórmulas de cooperación funcional (investigación, protección ambiental, control pesquero), sin cerrar —ni resolver— la cuestión de soberanía. La diplomacia francesa ha vuelto a informar de sesiones posteriores, manteniendo la fórmula de diálogo y constatando la existencia del diferendo. 

El resultado, por ahora, es un equilibrio inestable: cooperación limitada, posiciones rígidas y una realidad operativa que sigue siendo francesa.

Recursos hoy, “valor futuro” mañana: el combustible silencioso del conflicto

Aunque Francia ha subrayado en los últimos años el componente ambiental y científico, en el trasfondo aparece un vector que pesa en cualquier disputa marítima contemporánea: la expectativa de recursos. No solo pesca; también el valor potencial —real o percibido— de hidrocarburos y, cada vez más, de minerales del fondo marino.

En un mundo donde las materias primas críticas han pasado a ser asunto de seguridad, cualquier ZEE en un corredor estratégico es, además, una ficha de negociación. Incluso cuando la explotación no sea inminente, el simple “derecho a decidir” sobre el espacio y sus recursos es poder.

Lo que debería mirar la flota europea)

Para Europa —y para España, con intereses pesqueros y geopolíticos en el Índico— las Îles Éparses son un caso de estudio de primer nivel:

• Cómo un territorio mínimo genera un espacio marítimo gigantesco y obliga a sostener vigilancia, ciencia y normas.
• Cómo se superponen pesca, conservación y seguridad en un mismo mar.
• Cómo las disputas de soberanía se mantienen vivas aunque el conflicto sea de baja intensidad, porque el mar (y lo que promete) vale demasiado.

En el Índico suroccidental, Francia no actúa como visitante: actúa como potencia residente. Y lo hace apoyándose en cinco puntos casi invisibles… que, juntos, convierten el canal de Mozambique en un escenario donde la geografía manda más que la demografía.

El sindicato y la asociación profesional denuncian falta de información, ausencia de subrogación y riesgo de pérdida de experiencia acumulada. La nueva adjudicación entra en vigor el 12 de enero de 2026. COMISIIONES OBRERAS

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (Sector del Mar) de CCOO y la Asociación de Profesionales de la Observación Científica Marina (APOCM) han lanzado una denuncia pública sobre la situación laboral de los equipos que realizan observación científica marina vinculada a las licitaciones del CSIC, en un momento clave: la entrada en vigor, el 12 de enero de 2026, de una nueva licitación para empresas que prestan este servicio. COMISIIONES OBRERAS

Según el comunicado, estos profesionales llevan al menos dos décadas trabajando a través de un modelo externalizado, contratado por empresas intermediarias que concurren a concursos públicos, aunque su labor —explican— es un pilar para la obtención de datos oceanográficos y pesqueros necesarios para el Plan Nacional de Datos Básicos (PNDB) y para investigaciones del IEO-CSIC en respuesta a exigencias europeas de gestión pesquera. COMISIIONES OBRERAS

“A escasos días del inicio”, sin certezas sobre contratación ni funciones

El foco de la denuncia está en el calendario inmediato: CCOO y APOCM aseguran que, a pocos días del arranque, los profesionales siguen sin saber quién les contratará, en qué condiciones trabajarán, qué pliegos regirán la licitación ni qué funciones deberán desempeñar. COMISIIONES OBRERAS

El texto añade un elemento especialmente sensible para un colectivo con alta especialización: las nuevas licitaciones —advierten— no contemplan la subrogación del personal ni reconocen de forma suficiente la experiencia y profesionalidad acumuladas durante años en un trabajo técnico que se desarrolla tanto a bordo como en lonjas y puertos. COMISIIONES OBRERAS

Reuniones solicitadas, sin respuesta oficial

La asociación profesional explica que en 2024 pidió una reunión con la dirección del IEO para denunciar condiciones laborales, “reiterados incumplimientos” de pliegos técnicos y la asunción de funciones no reconocidas ni remuneradas, sin que —según el comunicado— hubiera seguimiento, información oficial ni respuesta a las solicitudes. COMISIIONES OBRERAS

Además, el Sector del Mar de FSC-CCOO afirma que en noviembre se dirigió al secretario general del CSIC para pedir que “los futuros pliegos… incluyan los estándares de calidad, las garantías laborales y de seguridad”, así como una reunión para aclarar el encaje del colectivo ante las nuevas licitaciones y una encomienda de gestión a Tragsatec, también sin respuesta. COMISIIONES OBRERAS

“Materia prima” para la ciencia, pero sin reconocimiento profesional

El comunicado pone el acento en una paradoja: el CSIC se beneficia de los datos —“la auténtica materia prima” para la investigación y la gestión pesquera—, pero “ignora sistemáticamente” a quienes los obtienen, denunciando un agravio comparativo en el reconocimiento de méritos. En particular, señalan que la experiencia adquirida en caladeros duros como Gran Sol o Terranova no computa como mérito en ciertos procesos selectivos, a diferencia de la experiencia lograda mediante contratación directa en organismos públicos de investigación. COMISIIONES OBRERAS

Exigen transparencia, información inmediata y condiciones acordes a la responsabilidad

CCOO y APOCM concluyen reclamando transparencia, fin del “abandono institucional” y condiciones laborales acordes a la formación, responsabilidad y funciones reales de la observación científica marina, un ámbito que consideran esencial para que la gestión de los recursos se apoye en datos sólidos. COMISIIONES OBRERAS

Si quieres, lo dejo listo para publicar en tu formato (Europa Azul): con entradilla más técnica, un recuadro “Qué es la observación científica marina” y otro con las fechas clave del proceso de licitación.

Garmendia: “A pescar hay que ir. No podemos quedarnos en casa”

La próxima costera del verdel (caballa) arrancará en el Cantábrico con más preguntas que certezas. La flota vasca prevé salir igualmente a la mar, aunque a día de hoy siga sin conocerse el Total Admisible de Capturas (TAC) definitivo y tampoco esté claro si habrá ayudas por paralización temporal para los segmentos más golpeados por el recorte de cuota.

Así lo trasladó Miren Garmendia, secretaria de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, al término de una reunión de carácter informativo sobre el escenario 2026, celebrada en Madrid. “Hemos conocido que está prevista una reunión a finales de enero en la Comisión Europea en la que se establecerá el TAC definitivo. A la espera de ello no podemos adoptar ninguna decisión. Lo que sí tenemos claro es que vamos a salir a pescar porque todo el Norte de Europa va a ir a por la especie”, resumió.

De un recorte “provisional” del 70% a la presión del 48% de los estados costeros

El origen del conflicto está en un tablero de gestión que se ha vuelto explosivo: por un lado, el Consejo de Ministros de Pesca de la UE acordó para 2026 un marco provisional para la caballa, con un recorte muy duro en línea con el dictamen científico, a la espera de cerrar las consultas con los países costeros del Atlántico nororiental. La propia Comisión Europea reconoció que no se había fijado un TAC definitivo para la caballa y que la UE aplicaría una cuota provisional para el primer semestre de 2026, basada en el TAC alineado con el consejo de ICES.

En paralelo, fuera del paraguas comunitario, Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe alcanzaron el 15 de diciembre de 2025 un acuerdo que, según distintos gobiernos y documentos técnicos del norte de Europa, supone un descenso del 48% del TAC de caballa para 2026. Pero la Comisión Europea ha cargado contra ese pacto por considerar que mantiene la pesca en niveles insostenibles: Bruselas recuerda que ICES recomienda un TAC de 174.357 toneladas para 2026, mientras que el acuerdo de los cuatro fija 299.010 toneladas, un 72% más.

Para el sector del Cantábrico, esa diferencia no es un matiz técnico: es el corazón de la disputa. “La cuota a nivel de Unión Europea que se acordó fue provisional, con un descenso de un 70%, pero después hay un acuerdo de los estados costeros… y han acordado un descenso del 48%”, explicó Garmendia, que situó ahí la sensación de agravio: “no tiene sentido nosotros asumir una disminución tan grande cuando otros van a seguir pescando sin tener en cuenta el Consejo Científico”.

“Si ellos no cumplen, nosotros no podemos quedarnos en casa”

El mensaje que trasladan las cofradías guipuzcoanas combina preocupación biológica y defensa económica. Garmendia ya había advertido semanas atrás de una situación “muy grave” para la biomasa del verdel y llegó a reclamar un cierre con un plan serio de recuperación, subrayando el impacto sobre la flota de anzuelo. Pero, con el escenario actual, el énfasis se desplaza hacia la competencia desigual.

“A pescar hay que ir a pescar… no podemos permitir que nos estén pescando, sobrepescando, y nosotros quedarnos en casa”, insistió. En su diagnóstico, si la UE aplica un recorte más severo y otros países mantienen capturas elevadas, el resultado sería doblemente negativo: el stock no mejoraría y el sector local quedaría aún más debilitado.

La incertidumbre no es exclusiva de Euskadi. En Madrid, representantes del sector han pedido “certezas” con el mismo argumento: a día de hoy se opera con un TAC “provisional” y la diferencia entre un 70% y un 48% cambia por completo la viabilidad de la campaña.

Madrid, punto de presión: análisis de medidas y ayudas aún sin cerrar

En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reunió el 8 de enero de 2026 a representantes autonómicos y del sector para analizar la pesquería de caballa en 2026 y estudiar medidas para paliar el impacto del descenso de cuota. El Ministerio informó de que se acordó seguir trabajando de forma conjunta para “optimizar” la gestión de la cuota.

Ahí entra la segunda gran incógnita: las ayudas por paralización temporal. Garmendia expuso que el debate está abierto, pero sin concreción. A su juicio, de existir un instrumento de apoyo, debería priorizar a la flota de artes menores/anzuelo, “la que menos alternativas tiene” y la que, además, viene notando con más crudeza la menor entrada de verdel en el Golfo de Bizkaia.

Bruselas y los instrumentos de defensa

Mientras el sector reclama respuestas, la Comisión Europea ha ido elevando el tono frente al acuerdo de los cuatro países, al que atribuye un riesgo de “daño irreversible” para el stock y un golpe a los intereses legítimos de la industria pesquera comunitaria. En el propio acuerdo de TAC y cuotas de diciembre, la Comisión recogió que varios Estados miembros pedían aplicar con urgencia el Reglamento (UE) 1026/2012, pensado para responder ante la pesca insostenible de terceros países en poblaciones compartidas.

Para la flota vasca, la hoja de ruta inmediata pasa por aguantar la incertidumbre hasta que se despejen las negociaciones de finales de enero en el ámbito europeo y, mientras tanto, preparar la campaña. “Luego veremos lo que la mar da”, resume Garmendia. Con una condición: que el esfuerzo no vuelva a recaer, una vez más, sobre quienes dicen haber cumplido mientras otros pactan cuotas por su cuenta.

El organismo de la ONU invita a empresas, administraciones, ONG y actores de la cadena de valor a comentar tres capítulos clave —procesado, distribución y venta mayorista/minorista— con medidas para reforzar derechos laborales, protección social y diligencia debida. El plazo termina el 15 de febrero de 2026.

La sostenibilidad de la pesca y la acuicultura ya no se mide solo en toneladas, certificaciones ambientales o huella de carbono. Cada vez pesa más una pregunta incómoda para el mercado global: ¿en qué condiciones sociales y laborales se produjo, transformó, transportó y vendió ese pescado? Con esa premisa, la División de Pesca y Acuicultura de la FAO ha abierto una consulta pública online sobre las tres últimas secciones de su futura Guía voluntaria de responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura, un documento concebido como referencia internacional para mejorar prácticas y prevenir abusos “del muelle al lineal”.

La consulta, alojada en la plataforma FAO Fish Social, se centra en los eslabones “aguas abajo” de la cadena: (4) procesado, (5) distribución y (6) comercio minorista y mayorista. Son fases estratégicas porque concentran buena parte del empleo del sector —desde plantas de transformación y logística hasta centros de compra y puntos de venta— y también buena parte de los riesgos sociales: subcontratación, precariedad, seguridad en el trabajo, presencia de mano de obra migrante y transparencia en las relaciones laborales. FAO

La FAO subraya que se trata de una guía voluntaria y no vinculante, pensada para promover el respeto de los derechos humanos y laborales, condiciones de trabajo dignas y protección social, alineando al sector privado con instrumentos y estándares internacionales. La guía se estructura en dos bloques: un marco transversal (principios y temas horizontales) y un segundo bloque organizado por etapas de la cadena de valor, hasta completar seis secciones que van desde la pesca industrial y artesanal hasta el comercio final.

Qué se busca: prevención, protección y “trazabilidad social”

En los borradores sometidos a consulta aparecen principios y recomendaciones prácticas dirigidas a empresas, autoridades y sociedad civil. Entre los ejes que la FAO destaca en su plataforma figuran:

• Prevención del trabajo forzoso y del trabajo infantil.
• Protección de trabajadores vulnerables y mejora de mecanismos de denuncia y supervisión.
• Acceso a protección social y mayor claridad en derechos y obligaciones laborales.
• Transparencia en la contratación y en las cadenas de subcontratación.
• Impulso a enfoques de diligencia debida social y sistemas de seguimiento/monitorización en toda la cadena. FAO Fish Social

El trasfondo es nítido: en un sector globalizado, la reputación —y el acceso a mercados— se juega tanto en el origen biológico del producto como en el origen social de su elaboración.

La consulta está abierta mediante registro en la plataforma y permite comentar directamente cada sección y proponer cambios. El plazo expira el domingo 15 de febrero de 2026, a las 23:59 (CET, hora europea).

Aunque sea voluntaria, esta guía puede funcionar como punto de convergencia: un lenguaje común para auditorías, cláusulas de compra responsable, estándares internos de grupos transformadores y exigencias crecientes de la distribución. En la práctica, participar ahora ofrece a empresas y organizaciones sectoriales una vía para incorporar experiencias reales (costes, operativa, particularidades del empleo estacional o migrante, logística) antes de que el texto quede cerrado como referencia global.

Cepesca, CTAG y la Federación de Cofradías presentarán los resultados del proyecto “Redes de España” el 14 de enero en Madrid, en una jornada con tres mesas sobre gestión, trazabilidad e innovación

El sector pesquero español ha dado un paso relevante en su camino hacia la economía circular. El proyecto “Redes de España”, impulsado por Cepesca, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), ha logrado recuperar 101 toneladas de redes y aparejos de pesca descartados (ARPD), materiales que tradicionalmente han planteado un reto ambiental y logístico cuando llegan al final de su vida útil.

La iniciativa, según sus promotores, no se limita a una recogida puntual, sino que busca validar un modelo operativo para tres cuestiones clave: recogida, trazabilidad y valorización de estos residuos, además de abrir un debate práctico sobre “los próximos pasos” necesarios para convertir la experiencia piloto en un sistema escalable.

Una jornada para presentar resultados: del “fin de vida” al sistema

Los resultados del proyecto se darán a conocer en la jornada “Del fin de vida a un sistema de gestión”, prevista para el miércoles 14 de enero en el Impact Hub Piamonte (Madrid). La cita contará también con modalidad online y nace con vocación de intercambio: compartir aprendizajes, extender buenas prácticas y tejer alianzas con otros actores que trabajan en la misma dirección.

El encuentro reunirá, además, a representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Fundación Biodiversidad, reforzando el mensaje de que la gestión de estos materiales ya no se aborda solo desde la óptica del residuo, sino también desde la gobernanza, la innovación industrial y el cumplimiento normativo.

Tres mesas redondas: gestión, trazabilidad e innovación

La jornada se articulará en torno a tres mesas redondas que reflejan los tres pilares del proyecto.

La primera, titulada “De la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) a un sistema operativo: gobernanza, despliegue y aprendizajes”, estará moderada por Cepesca y se centrará en el salto entre el diseño normativo y la operativa real: roles, gobernanza, contratación, despliegue y aprendizajes para que la RAP pase de concepto a práctica. Participarán, entre otros, expertos de Procircular y del MITECO (Subdirección General de Residuos).

La segunda mesa, “Del dato al sistema: trazabilidad y evidencias una RAP robusta”, moderada por la FNCP, pondrá el foco en cómo construir una trazabilidad simple y escalable, apoyándose en herramientas ya utilizadas en otros sectores. Está prevista la participación de la directora del proyecto DMP – Digital MarineLitter Passport de la Fundación Ecoalf, además de ARUP y RecyClass, entidades vinculadas a metodologías y estándares de control y circularidad.

La tercera mesa, “Rutas de valoración: límites reales y condiciones de viabilidad”, moderada por CTAG, aterrizará el debate en el terreno donde muchas iniciativas se juegan su éxito: qué rutas de valorización son realmente viables y bajo qué condiciones técnicas y económicas. En este bloque participarán la multinacional española Antolín (componentes para automoción), Cementos Molins —a través de su directora de Medio Ambiente, Pilar López—, un representante del proyecto RheoNet de la Universidad de Salamanca, que busca reutilizar redes fuera de uso en sectores como construcción y obra civil (por ejemplo, en la mejora de firmes), y también una profesional redera, aportando la visión del oficio y del ciclo real del material.