El “tren de borrascas” de este arranque de 2026 está dejando un patrón repetido en buena parte del litoral: barcos amarrados, lonjas con menos actividad y un goteo de pérdidas que no solo se mide en días sin faenar, sino en costes fijos, deterioro de caladeros y tensión social en puertos donde la pesca es economía y también identidad.

Así, los temporales impactan de forma directa en la operativa diaria de la flota. En Andalucía, documentos oficiales han llegado a situar en torno al 90% el porcentaje de embarcaciones obligadas a permanecer amarradas por mar adversa y avisos de temporal, con la consiguiente “parálisis económica” del sector.

En el Atlántico y el Cantábrico, el efecto se ha traducido en largos periodos de inactividad. En A Guarda (Pontevedra), la cofradía local alertó de casi tres meses con enormes dificultades para salir al mar, con una caída del negocio y pérdidas acusadas en unidades productivas, además de endeudamiento por gastos fijos sin ingresos.

Daño invisible: caladeros alterados, basura y artes castigadas

A la pérdida por “no salir” se suma otro impacto menos visible: el que queda en el fondo. En la costa de Granada, pescadores de Motril han denunciado que el temporal ha dejado caladeros llenos de basura, con daños sobre redes y una reducción de capturas que, sostienen, no se explica solo por los días parados, sino por el deterioro del propio ecosistema de pesca.

En Galicia, el golpe también se ha sentido con fuerza en el marisqueo, con testimonios que describen mortalidades muy elevadas tras episodios de lluvias intensas y cambios bruscos de salinidad, mientras la administración autonómica activaba seguimiento y muestreos en bancos marisqueros para evaluar daños.

Efecto cadena: de la mar al mercado

Cuando la flota no faena, el impacto salta de inmediato al resto de la cadena:

• Primera venta: menos volumen en lonja y más irregularidad.
• Transformación y distribución: dificultad para asegurar suministro constante de determinadas especies.
• Consumo: episodios puntuales de encarecimiento y cambios de origen (más dependencia de producto importado o de otras zonas).

El fenómeno no se limita a la pesca: también se ha observado impacto en operaciones portuarias y cierres puntuales por mala mar en distintas fachadas marítimas, un recordatorio de que temporales y logística van de la mano.

La respuesta institucional abre un capítulo especialmente sensible. En Motril, el sector ha expresado sentirse “abandonado” al quedar fuera de determinadas ayudas estatales vinculadas a temporales bajo el argumento de que no se alcanzó el umbral de pérdidas requerido, mientras los pescadores insisten en que el daño real se mide también por el estado de los caladeros.

En paralelo, distintas administraciones regionales han empezado a activar o anunciar medidas de apoyo y reconocimiento de daños en sus territorios, en un contexto donde el debate ya no es solo meteorológico: es de resiliencia económica.

Cambio climático: temporales más frecuentes, sistemas más frágiles

El sector lleva tiempo advirtiendo de una tendencia: ventanas de pesca más cortas, mayor variabilidad y más días “perdidos” por seguridad. Puertos con poca protección natural, artes menores que dependen de salidas cortas y actividad diaria, y flotas con márgenes estrechos son las más vulnerables, como refleja el caso de A Guarda.

La cuestión de fondo para la economía azul es clara: si los temporales se vuelven más recurrentes, la política pública tendrá que ir más allá del parche y pensar en:

• seguros y coberturas más ajustadas al nuevo riesgo,
• protocolos ágiles de ayuda por amarre forzoso,
• planes de adaptación portuaria y de abrigo,
• y gestión ambiental de ríos y escorrentías para reducir la “basura al caladero” tras lluvias extremas.

La International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ha derogado su “Conservation Measure 1.3” para el rabil (yellowfin) del océano Índico tras la nueva evidencia científica de la IOTC: el stock ya no estaría “sobreexplotado” ni “sobrepescado”. La decisión llega después de años de recortes voluntarios de abastecimiento —más del 30%— y reabre el debate clave para 2026: cómo evitar el rebote de capturas en un stock cuya mejora aún convive con incertidumbres metodológicas.

La sostenibilidad del atún tropical vive un punto de inflexión en el Índico. El consejo de administración de ISSF —una de las plataformas con mayor influencia en la cadena global del atún por su capacidad de movilizar compromisos de compra de grandes comercializadores y marcas— ha decidido derogar la Medida de Conservación 1.3, que desde 2021 obligaba a sus compañías participantes a reducir entre un 11% y un 22% el abastecimiento de rabil del Índico y a reportar públicamente su implementación.

El motivo oficial: la evaluación más reciente y la revisión metodológica de 2025 en el marco del Comité Científico de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) concluyen que el stock ya no se clasifica como “overfished” (sobrepescado) ni “subject to overfishing” (sometido a sobrepesca).

La IOTC, en su informe de 2025, deja negro sobre blanco el giro: la evaluación de 2024 determina que el rabil del Índico es “not-overfished and not-subject to overfishing” y apunta a una probabilidad del 86% de situarse en el cuadrante verde del diagrama de Kobe.

Pero el propio documento introduce el matiz que marcará el debate de los próximos meses: existen incertidumbres importantes vinculadas a la estandarización de índices de abundancia (CPUE) y la Comisión pidió que el Comité Científico investigue y resuelva estas cuestiones, con retorno a la Comisión en 2026.

Ese “asterisco” es crucial para la economía azul: el mensaje no es “problema resuelto”, sino “trayectoria de recuperación con ciencia aún afinándose”.

ISSF adoptó CM 1.3 en 2021, según su propia explicación, porque entonces la ciencia describía una situación crítica y la gobernanza regional no lograba acordar medidas suficientemente efectivas. Con la medida en vigor, ISSF afirma que las compañías participantes redujeron su abastecimiento de rabil del Índico en más de un 30% frente a referencias históricas, superando el recorte inicialmente previsto.

La derogación supone un cambio de fase:

• La palanca “mercado” se relaja: desaparece la obligación interna de ISSF de recorte y reporte ligada específicamente al rabil del Índico.
• La palanca “RFMO” debe sostener la recuperación: el peso vuelve a recaer en la IOTC y en su capacidad para mantener límites y medidas coherentes con la ciencia.

ISSF insiste en que seguirá implicada en la IOTC, defendiendo medidas basadas en evidencia y límites de captura acordes al asesoramiento científico.

La lectura europea: el plan de reconstrucción funcionó, pero el riesgo de rebote existe

En la UE se lleva tiempo señalando que la mejora del rabil del Índico es una buena noticia vinculada a medidas adoptadas en la IOTC desde 2021 y a reducciones de captura en varios países; la Comisión Europea lo presentaba en 2025 como un caso de recuperación tras la implantación del plan de reconstrucción.

Ahora, con el “verde” sobre la mesa, la pregunta estratégica es conocida en todas las OROP: ¿cómo evitar que la mejora se convierta en una invitación a aumentar el esfuerzo y volver al ciclo de sobrepesca? En stocks tropicales, donde la dinámica de las pesquerías industriales (cerco, palangre) y los mercados del fileteado/transformado responden rápido a señales de disponibilidad, el “efecto muelle” puede aparecer en una o dos temporadas.

De “medida excepcional” a “gestión estructural”: el reto 2026

La propia IOTC reconoce que el cambio respecto a evaluaciones anteriores es significativo y que la discusión científica fue intensa. El informe apunta a que la variación de la serie conjunta de CPUE de palangreros en 2024 fue un driver principal del resultado más optimista, asociado en parte a cambios metodológicos en la estandarización.

En la práctica, el calendario se convierte en noticia:

• 2026 será el año de la “prueba de consistencia”: resolver incertidumbres, consolidar índices, y mantener reglas que eviten un repunte desordenado.
• El gran objetivo de fondo —todavía pendiente en muchas pesquerías tropicales— es evolucionar hacia estrategias de captura estables (procedimientos de gestión) que reduzcan el vaivén político anual.

La derogación de CM 1.3 es, a la vez, una buena noticia y un recordatorio: el mercado puede actuar como red de seguridad cuando falla la gestión, pero no sustituye a una gobernanza sólida. En esta ocasión, la industria reivindica que su recorte voluntario contribuyó “constructivamente” en un momento de necesidad.

El Índico, sin embargo, seguirá bajo el foco. Que el rabil pase a “verde” no significa “barra libre”, sino una oportunidad para blindar la recuperación con reglas predecibles. Si algo enseña esta transición es que la sostenibilidad del atún se decide tanto en el mar como en la mesa de negociación… y en las políticas de compra.

El vencimiento del acuerdo UE-Seychelles amenaza con estrechar el suministro de atún del Índico mientras el Pacífico presiona los precios del rabil

La cadena europea del atún entra en una semana clave. El protocolo del Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) entre la UE y Seychelles, una pieza central para la operativa atunera en el océano Índico, expira el 23 de febrero de 2026. Y el mercado ya descuenta el efecto: menor disponibilidad de materia prima del Índico, justo cuando las capturas elevadas en el Pacífico mantienen bajo control los precios del rabil (yellowfin), según análisis del mercado internacional.

La paradoja, en términos de economía azul, es evidente: mientras la gobernanza pesquera avanza en sostenibilidad, la industria del transformado y la distribución se mueven por otra métrica igual de inexorable: continuidad de suministro. Y Seychelles —por su papel de “hub” logístico e industrial en el Índico— es una bisagra.

Qué caduca y por qué importa tanto

La Comisión Europea sitúa el protocolo vigente entre el 24 de febrero de 2020 y el 23 de febrero de 2026, en un acuerdo que permite a buques de la UE operar en la zona pesquera de Seychelles bajo un marco regulado, con contribución financiera y condiciones de control.

No se trata solo de “días en el agua”. En la práctica, el SFPA ordena un ecosistema:

• actividad de la flota cerquera y palangrera con licencia,
• descargas y transbordos en un nodo esencial del Índico,
• flujo de materia prima hacia la industria conservera regional y, por extensión, hacia cadenas europeas.

Por eso, la expiración del protocolo —aunque sea temporal y con negociaciones en marcha— suele traducirse en cautela operativa: planificación de mareas, reubicación de esfuerzo y, en ocasiones, ajustes logísticos que acaban notándose en los volúmenes disponibles.

El análisis sectorial publicado estos días describe un mercado de rabil “atrapado” entre dos fuerzas:

1. Expectativa de menor oferta del Índico por la expiración del acuerdo UE-Seychelles.
2. Abundancia de capturas en el Pacífico oriental, que añade oferta global y actúa como ancla para los precios.

El resultado es un escenario de tensión rara: el Índico puede apretar la disponibilidad en determinados canales (y calidades/formats), pero el Pacífico “compensa” parte del equilibrio global, dificultando subidas claras de precio.

En términos industriales, esto se traduce en una palabra: sustitución. El transformado y la distribución intentan reemplazar orígenes cuando pueden, pero no siempre es trivial: hay diferencias de tallas, mix de especies, tiempos logísticos y compromisos comerciales.

Desde Seychelles se ha reconocido que ya se venían preparando conversaciones para el nuevo protocolo, con comités conjuntos y trabajo técnico previo al vencimiento.

Sin embargo, el mercado no espera a la firma final. Si el nuevo marco no entra en vigor de forma inmediata, la industria teme un “valle” temporal:

• menos días efectivos de pesca autorizada para parte de la flota,
• reordenación de planes de descarga,
• y presión sobre inventarios de materia prima (especialmente en productos congelados destinados a procesado).

Implicaciones para la UE y para España

Para la UE —y para España como potencia atunera— el tablero tiene varias capas:

• Competitividad del transformado: el atún es un producto muy sensible a costes de materia prima. Si el Índico se estrecha, la industria buscará alternativas; si el Pacífico está fuerte, lo hará a precios más contenidos.
• Cadena logística: Seychelles no es solo “zona de pesca”, es nodo de operaciones. Cualquier fricción administrativa o retraso en protocolos altera rotaciones y planificación.
• Sostenibilidad y control: la UE utiliza los SFPAs como herramienta para asegurar condiciones de control, observación y gobernanza. Mantener continuidad evita huecos que puedan favorecer prácticas menos controladas.

Qué vigilar en las próximas semanas

Para el sector (armadores, traders, industria, puertos), los indicadores a seguir son claros:

• Señales oficiales de cierre o firma del nuevo protocolo (y su fecha de aplicación efectiva).
• Cambios de estrategia de flota (desplazamientos y reequilibrio de esfuerzo hacia otras zonas/regímenes).
• Evolución de precios del rabil: si el Pacífico sostiene volúmenes, el “apriete” del Índico puede notarse más en disponibilidad puntual que en precio.
• Reacciones de compradores: aumento de coberturas, contratos a plazo, o sustitución por otros orígenes/formats.

En un mercado globalizado, el vencimiento de un protocolo en el Índico no se queda en el Índico: viaja en contenedor, se refleja en la subasta, y termina —o no— en la estantería. La cuestión es si la transición entre protocolos será un simple trámite administrativo… o un episodio con impacto real en la cadena europea del atún

Boyas, redes y anclas vuelven a ocupar patios y muelles en Conil, Zahara, Tarifa y Barbate. La campaña 2026 se prepara con la expectativa de un reparto nacional más holgado tras el incremento del 17% acordado en ICCAT, mientras el sector mira ya a 2027, cuando podría regresar la histórica almadraba de Sancti Petri (Chiclana).

Febrero es el mes de los preparativos. En las almadrabas gaditanas, el arranque real de la temporada no llega con la primera levantá, sino con esos trabajos previos —calamento/calazón— en los que se revisa, repara y ordena todo lo que después se trasladará al mar: boyas, paños de red, cabos, anclas y herrajes. Es una logística artesanal e industrial a la vez, que moviliza cuadrillas especializadas y marca el ritmo de la costa incluso antes de que asomen los primeros atunes.

Si el calendario acompaña, el objetivo es llegar a abril con el arte listo para que, entre abril y junio, se desarrollen las tradicionales levantás, el momento más emblemático —y mediático— de la campaña.

La temporada llega este año con un factor de fondo que cambia el tono: el incremento internacional de cuota. En noviembre, la reunión anual de ICCAT (celebrada en Sevilla) cerró un acuerdo para elevar el TAC del atún rojo a 48.403 toneladas anuales durante 2026-2028. La Comisión Europea ha cuantificado el efecto para la UE en +3.661 t, alcanzando 25.164 t/año, lo que equivale a un +17%.

En Cádiz, donde la almadraba es economía, empleo, cultura y turismo, la noticia se traduce en una expectativa clara: más margen de reparto. En el reparto conocido del último ciclo, las cuatro almadrabas activas suman 1.642,45 t, con el siguiente mapa: Barbate (454 t), Zahara (426 t), Conil (413 t) y Tarifa (349,45 t).

Pero la clave está en cómo aterriza el +17% en España

Aquí aparece la letra pequeña. La Resolución de campaña de atún rojo 2026 publicada en el BOE (14 de enero, BOE del 17 de enero de 2026) señala que el incremento previsto por ICCAT se incorporará al derecho de la UE cuando se publique el reglamento europeo correspondiente, y que por tanto no puede darse por “repartido automáticamente” en España. En otras palabras: el aumento existe, pero su traslado al reparto interno exige encaje normativo y decisiones de gestión.

Este matiz es especialmente relevante para un sector estacional como la almadraba: el negocio se juega en pocas semanas, y la certidumbre administrativa es casi tan importante como la meteorología.

Más allá de 2026, el horizonte que más ilusión (y debate) despierta en la Bahía es el posible retorno de la almadraba de Sancti Petri, vinculada históricamente a Chiclana. El Ayuntamiento ha informado de un Real Decreto en tramitación —con previsión de publicarse en abril o mayo de 2026— que permitiría materializar la vuelta, aunque no llegaría a tiempo para calar en 2026 y se proyecta para la campaña de 2027.

La reapertura no es solo una cuestión de cupos: implica infraestructura, personal, logística, autorizaciones y cadena comercial, y el propio calendario obliga a planificar con antelación. Por eso 2026 se perfila como el “año puente” en el que Cádiz operará con cuatro almadrabas… pero con la mirada puesta en una quinta.

La almadraba es tradicional, sí, pero opera bajo un sistema de control especialmente exigente: verificación de capturas, pesos, documentación y trazabilidad. Y ahí el sector tiene memoria reciente. En 2025, la huelga de inspectores de pesca tensionó el inicio de campaña y obligó a retrasos y cancelaciones puntuales de levantás ante la ausencia de supervisión, según recogieron medios nacionales y locales.

La normalidad operativa no depende solo del mar: también de que los engranajes administrativos y de control funcionen con la rapidez que exige una pesquería que se decide “día a día”.

Una campaña que vuelve a ser termómetro del Atlántico azul

Con el material alineado, los equipos listos y la costa mirando al Estrecho, las almadrabas inician un nuevo ciclo que sirve de termómetro para muchas cosas a la vez: salud del stock, gobernanza internacional (ICCAT), reparto interno, control, empleo local y marca gastronómica. Cádiz se prepara para volver a vivir su temporada grande… con más cuota sobre la mesa y una pregunta de fondo: cómo se repartirá y quién entrará en escena cuando Sancti Petri vuelva a calarse.

Claves

• Más cuota en el tablero internacional: ICCAT acordó un aumento del TAC de atún rojo a 48.403 t/año para el periodo 2026-2028; la UE eleva sus oportunidades de pesca en +3.661 t, hasta 25.164 t/año (un +17%).
• Reparto interno en transición: el BOE recuerda que el incremento no se distribuye automáticamente y queda supeditado a la normativa europea aplicable; mientras tanto, 2026 arranca con reglas de campaña específicas.
• Cádiz se prepara… y piensa en 2027: las cuatro almadrabas operativas sumaron en el último ciclo 1.642,45 t (Barbate 454; Zahara 426; Conil 413; Tarifa 349,45), y Chiclana trabaja para reactivar Sancti Petri en 2027 con un Real Decreto previsto para primavera de 2026.

Un mes de parada invernal para reducir las capturas accidentales de cetáceos ha permitido retomar la actividad, pero el sector y las ONG se preparan para un nuevo pulso: si la medida se consolida, se amplía o se sustituye por alternativas tecnológicas y de gestión.

La pesca ha vuelto a abrirse paso en el Golfo de Bizkaia (Golfo de Gascogne/Bay of Biscay) tras un paréntesis de un mes que ha mantenido amarrados —o con actividad muy limitada— a parte de los buques autorizados. La veda, diseñada para reducir la captura accidental de delfines comunes y otros pequeños cetáceos, ha funcionado como una “pausa de emergencia” en uno de los periodos más sensibles del año: el invierno, cuando la coincidencia entre presencia de cetáceos y esfuerzo pesquero eleva el riesgo de mortalidad.

El cierre aplicado este invierno —del 22 de enero al 20 de febrero de 2026— no es un hecho aislado, sino la tercera campaña consecutiva con un esquema de restricción espacio-temporal. La Comisión Europea lo ha enmarcado explícitamente como una herramienta para prevenir capturas accidentales de especies estrictamente protegidas por la normativa comunitaria, y lo ha vinculado a la petición conjunta de varios Estados miembros, entre ellos Francia, España y Portugal, además de Bélgica y Países Bajos.

En la práctica, el diseño de la veda vuelve a pivotar sobre dos elementos: el umbral de eslora (buques de más de ocho metros) y los artes/operaciones consideradas de mayor riesgo en esas semanas. En Francia, el enfoque se apoya también en el plan nacional de acción sobre capturas de cetáceos y en una trayectoria jurídica que ha ido estrechando el margen de maniobra del Gobierno para dejar exenciones amplias.

Alivio operativo… pero con dudas estratégicas

La reapertura supone oxígeno inmediato: permite recuperar mareas, recomponer cadenas de suministro y retomar una normalidad que, para muchos armadores y tripulaciones, se había convertido en un calendario “partido” por decreto. Pero la sensación en los muelles es agridulce: el regreso llega con la incertidumbre de qué ocurrirá a partir de 2027, cuando se reabra el debate sobre si la veda debe continuar, transformarse o desaparecer.

Ahí es donde el conflicto reaparece. Por un lado, organizaciones ambientales han defendido mantener el cierre —incluso ampliarlo— si los indicadores de mortalidad lo justifican. Por otro, la industria pesquera insiste en que la solución no puede convertirse en una “parálisis recurrente” y reclama una salida basada en medidas técnicas, selectividad, acústica y control, que permita pescar reduciendo el riesgo para los cetáceos sin “cerrar el mar” cada invierno.

La ciencia y el corto plazo: “eficaz, pero no suficiente”

En el plano científico, la fotografía es compleja. Institutos como Ifremer han subrayado que los cierres temporales pueden ser eficaces a corto plazo para reducir capturas accidentales, pero a la vez advierten del reto de construir un paquete de medidas robusto y aceptable como solución estructural. Dicho de otro modo: la veda puede “bajar el termómetro” en el pico invernal, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo si no se acompaña de cambios operativos, seguimiento y herramientas de mitigación en el resto del año.

Además, el componente jurídico pesa. El Conseil d’État francés ha intervenido en los últimos años para exigir acciones con impacto real sobre la mortalidad de pequeños cetáceos, y ha cuestionado exenciones demasiado amplias por reducir la eficacia del cierre. Ese precedente ha condicionado el diseño de la medida y eleva el listón de lo que se considerará “suficiente” en el futuro.

El coste económico y la compensación: la otra cara del cierre

La veda también tiene una traducción directa en caja. En Francia, distintas estimaciones difundidas en prensa apuntan a pérdidas del orden de decenas de millones de euros para la cadena de valor en años anteriores y a esquemas de apoyo público para amortiguar el golpe en 2026, con niveles de compensación que se han descrito en el entorno del 80%-85% del volumen de negocio por buque en determinados casos.

Aun así, parte del sector considera que la compensación “no cubre el coste real” (por estructura empresarial, empleo, compromisos comerciales y pérdida de dinámica en los puertos), y reclama que, si la administración exige parar, el sistema de ayudas sea más ágil, más previsible y mejor ajustado al impacto real por flota y territorio.

¿Qué se decide ahora pensando en 2027?

El debate de fondo ya no es si el riesgo existe —nadie lo discute— sino qué combinación de herramientas permite cumplir con la conservación de cetáceos sin convertir la veda en una norma permanente. En el horizonte aparecen tres grandes líneas de trabajo:

• Mitigación tecnológica y operativa: dispositivos acústicos disuasorios, cámaras a bordo, modificaciones de artes y protocolos de maniobra, con evaluación independiente de resultados. (Este punto ya ha estado en el centro del debate regulatorio y judicial).
• Gestión espacio-temporal más quirúrgica: cierres más acotados, dinámicos o por zonas de riesgo, apoyados en datos de presencia de cetáceos y esfuerzo pesquero.
• Gobernanza y corresponsabilidad: coordinación entre Estados miembros (incluida España), sector, ciencia y autoridades, para que cualquier decisión de 2027 sea defendible científicamente y viable socioeconómicamente.

La pesca se reanuda, sí. Pero la verdadera partida empieza ahora: demostrar —con datos y con medidas verificables— que es posible pescar y proteger sin que el Golfo de Bizkaia se convierta cada invierno en un tablero de “todo o nada”. Si 2026 es un año de transición, 2027 será, previsiblemente, el año del veredicto.