El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra la decisión anunciada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, de recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó los recursos presentados por el Reino de España y la Organización de Productores Pesqueros (OPP) Puerto de Burela, con el respaldo de la Xunta de Galicia, contra el Reglamento de Ejecución 2022/1614 que cerró 87 zonas del Atlántico nororiental a las artes de fondo.

El sector aplaude esta decisión ya que entiende que representa un paso firme en la defensa de la racionalidad y proporcionalidad que deben ponderarse a la hora de adoptar medidas medioambientales que afectan directamente a la sostenibilidad socioeconómica de nuestras flotas.

El sector apunta que la sentencia del pasado 11 de junio ignoró la falta de diferenciación por tipo de arte de pesca, aplicando una única metodología para todas y sin tener en cuenta su impacto real. Cabe recordar que de los 16.500 km² cerrados a la pesca, un 32% son zonas de posibles Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME) a proteger y el 68% restante se fundamenta en la atribución del modelo del arrastre a toda la actividad pesquera. La sentencia tampoco tuvo en cuenta ningún estudio de impacto socioeconómico, especialmente para artes de bajo impacto, como el palangre de fondo, usado mayoritariamente por la flota de Burela, que apunta unas pérdidas promedio de -32% en el volumen capturas de merluza de pincho por barco. Además de Burela, hay otras localidades como Celeiro, Coruña, Vigo, Cedeira, Ribeira, Ondárroa y puertos asturianos que se ven seriamente afectados.

El sector añade que estos argumentos ya habían sido advertidos también por los principales organismos asesores de la Comisión Europea, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) y que la sentencia no tuvo en cuenta.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “esta decisión del Gobierno de España devuelve al sector una esperanza que nunca debió perderse. No estamos en contra de proteger nuestros ecosistemas, –apunta Garat–, pero sí exigimos que las decisiones se basen en datos científicos robustos, en una evaluación específica por tipo de arte y en una evaluación adecuada de su impacto económico y social”.

Desde Cepesca se destaca también la determinación de la OPP de Burela, cuya “valiente” defensa de la especificidad de su flota y de su modelo de pesca sostenible ha sido “ejemplar”. La continuidad del proceso judicial abre la puerta a que tanto la Xunta como la propia OPP sigan defendiendo sus argumentos hasta el final del procedimiento.

Cepesca reitera su disposición a colaborar con las instituciones europeas para alcanzar soluciones de conservación eficaces, justas y realistas, y recuerda que “una protección medioambiental eficaz no puede lograrse a costa del abandono de quienes llevan generaciones cuidando y aprovechando sosteniblemente nuestros mares”.

Agradecimiento de la OPP de Burela

Desde OPP Puerto de Burela se agradece al ministro Luis Planas que, en nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino de España, haya decidido recurrir la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del 11 de junio, en la que se desestimaron los argumentos de los recursos presentados por el propio Reino de España y la OPP Burela, con la Xunta de Galicia como coadyuvante.

Esa Sentencia desestimó los argumentos presentados desde España, tanto por administración como sector, en cuanto a la desproporción provocada por el Reglamento de Ejecución 2022/1614, que aplica una única metodología para todos los artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real y diferenciado (de los 16.500 km2 cerrados a la pesca, un 32% son zonas de posibles VMEs a proteger y el 68% restante es por usar el modelo del arrastre a todas la artes de pesca), y la falta de estudios de impacto socioeconómico sobre cada arte de pesca (impacto promedio de -32% del volumen merluza pincho por barco). Ambos argumentos ya habían sido advertidos por los principales organismos asesores de la Comisión Europea, como ICES y STEFC, debido a la falta de datos y de estudios diferenciados por modalidades de pesca.

Este recurso de casación presentado ahora por el Reino de España permitirá a todas las partes (Xunta de Galicia y OPP Burela) seguir participando en el procedimiento judicial hasta el final del mismo, defendiendo los argumentos que entendemos que el Tribunal General no ha interpretado adecuadamente.

Por último, desde el puerto de Burela se pone en valor la intensa colaboración de las 3 partes (Ministerio, Xunta y OPP Burela) en los estudios y argumentos de defensa, asumiendo el compromiso de seguir trabajando en la mejora de una normativa que consideramos ha sido desproporcionada.

La creciente presencia de atún rojo en el litoral vascofrancés impulsa una campaña invernal y consolida el futuro de la pesca artesanal. No obstante, Norberto Emazabel, presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa mantenía que «no hemos notado este año más atún que en otros años».

La pesca del atún rojo, tradicionalmente limitada a los meses de verano en el País Vasco francés, ha experimentado un giro significativo: ahora la actividad se extiende durante todo el año gracias a la creciente presencia de esta especie en las costas del Atlántico, particularmente en el litoral basco-landés.

Este fenómeno, que hace una década habría parecido improbable, ha dado lugar a una campaña invernal inédita y ha abierto nuevas oportunidades para los pescadores locales. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta nueva etapa es Nicolas Xancho, un pescador de 30 años natural de Capbreton, en el departamento de Las Landas.

Después de más de diez años de experiencia como patrón de barco, Xancho decidió este año dar el salto y adquirir su primera embarcación propia, el Ahaldena, un canneur-ligneur de 11,90 metros de eslora construido en 1991. La compra no fue sencilla: encontrar una entidad bancaria dispuesta a respaldar su proyecto fue un reto. “Tuve algunas dificultades al principio”, explica. “Pero cuando encontré un banquero que conocía el sector pesquero, no dudó en apoyarme”.

Este cambio de paradigma en la pesca del atún rojo responde a una mayor abundancia de la especie en las aguas del golfo de Vizcaya, consecuencia de una gestión pesquera más estricta a nivel europeo en los últimos años, basada en cuotas, vedas y control de capturas.

Además, el tipo de embarcación y método de pesca utilizado por Xancho —la pesca con línea— permite una práctica selectiva y sostenible, muy valorada por los mercados actuales que buscan productos responsables con el medio ambiente.

El Ahaldena no es un caso aislado. Cada vez más jóvenes pescadores de la región están considerando invertir en embarcaciones propias, alentados por un recurso en expansión y una demanda comercial fuerte. Para ellos, pescar atún rojo durante todo el año garantiza una mayor estabilidad económica y la posibilidad de prolongar la actividad más allá del corto verano.

Las autoridades francesas y regionales observan con atención esta tendencia, ya que podría redefinir la estacionalidad de la pesca artesanal en el País Vasco francés. Se espera que en los próximos meses se refuercen los mecanismos de apoyo al sector, tanto en formación como en financiación e infraestructura, para consolidar esta nueva etapa.

Así, la pesca del atún rojo deja de ser una actividad estacional y se convierte en una oportunidad de desarrollo económico sostenible y duradero para el litoral basco-landés. Una muestra más de cómo la naturaleza y la resiliencia del sector pesquero pueden generar nuevos horizontes.

Esta semana se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria la sexta jornada anual organizada por Anacef (Organización de Productores Pesqueros), enmarcada en su Plan de Producción y Comercialización 2025. El encuentro reunió a autoridades, representantes del sector pesquero y expertos científicos de España, la Unión Europea, países africanos y Sudamérica. El objetivo: abordar estrategias para promover la sostenibilidad, combatir la pesca ilegal y fortalecer los acuerdos entre naciones pesqueras.

El foro se inauguró en Casa África, con la participación de responsables públicos canarios del sector primario, así como de técnicos y gestores del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación, quienes destacaron la importancia de la dimensión externa de la Política Pesquera Común (PPC) para asegurar la viabilidad de la flota española.

Durante la sesión matinal, ponentes europeos analizaron los actuales acuerdos bilaterales de pesca y su impacto en terceros países. Charlotte Gobin, de la DG MARE, profundizó en cómo estos pactos facilitan el acceso y garantizan prácticas más sostenibles, mientras que Alex Rodríguez, del LDAC, ofreció la perspectiva del sector, resaltando la necesidad de reglas equitativas en aguas africanas .

Por su parte, científicos como Mohamed El Hafedh Ejiwen (Mauritania) e Ignacio Sobrino (IEO-Cádiz) ofrecieron un diagnóstico académico de los recursos pesqueros en África Occidental, destacando desafíos ecológicos y oportunidades de gestión conjunta. La mesa redonda, moderada por Mar Prieto (Embajada española en Nouakchott), dio voz a representantes de Marruecos, Mauritania, Guinea-Bisáu, Senegal y Gambia, quienes coincidieron en la urgencia de intensificar la cooperación para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)

El director gerente de la organización de productores ANACEF, Juan Martín Fragueiro, reconoció este martes, en el marco del foro anual que su entidad organiza en Las Palmas de Gran Canaria, que “año tras año hay reducción de capturas en los caladeros africanos abiertos por acuerdos con la Unión Europea (UE), lo que no se puede achacar a la presencia en ellos de la flota europea, que es muy pequeña en número de embarcaciones, muy reducida”. Por esta razón, Martín Fragueiro puso el énfasis en que la UE y los países ribereños de África con convenios de pesca deben tener muy en cuenta que, “si hay acuerdos bilaterales, tiene que existir además un carácter prioritario en la actividad que desarrollan los buques comunitarios, siempre en el marco de máxima atención a la sostenibilidad”.

Estas declaraciones del director gerente Martín Fragueiro se realizaron en el inicio de la jornada Componente biológico y biodiversidad en las pesquerías de la OP ANACEF, una cita técnica con presencia gubernamental amplia, de empresas armadoras, científicos y profesionales del sector que cumple su sexta edición anual. Está organizada por la citada OP ANACEF dentro de su Plan de Producción y Comercialización de 2025 y cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la UE. La jornada se celebra en Casa África, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En la misma intervención, el portavoz de la OP ANACEF subrayó la importancia de abordar en el foro anual de 2025 “el componente ambiental y de biodiversidad en las pesquerías que llevan a cabo los buques de su OP, en la actualidad 19 embarcaciones”.

Martín Fragueiro detalló además que “parte significativa de la flota actual de ANACEF pesca en aguas del Atlántico suroccidental, por fuera de las 200 millas de Argentina y con algunos barcos con licencia de pesca específica en las islas Malvinas. El resto de buques ‑dijo‑ opera al amparo de los acuerdos de pesca suscritos por la UE con países ribereños de África, terceros países. Los convenios activos hoy en día son los de Mauritania y Guinea Bissau”, recordó. A estas posibilidades de pesca, añadió, se suman otras vinculadas a “acuerdos privados en aguas de Angola, con dos buques en la pesquería del marisco”. La misma fuente indicó que la producción anual de pesca de ANACEF oscila entre las 40.000 y 45.000 toneladas, tras la incorporación de varios buques a la OP ANACEF.

Martín Fragueiro reconoció que “hay buques de otros países haciendo la competencia a la flota comunitaria, como los chinos, turcos, argelinos y otras flotas con banderas de dudosa credibilidad, posiblemente asociadas a la pesca ilegal y no reglamentada.

La jornada destacada recalca la centralidad de Canarias como plataforma estratégica para el diálogo entre la UE y naciones pesqueras del África Occidental y el Atlántico Sur, reforzando el papel de ANACEF en la promoción de prácticas sostenibles y transparentes en la pesca.

Málaga acogió este martes 22 de julio la gala de entrega de la sexta edición de los Premios Proa, organizados por el Clúster Marítimo‑Marino de Andalucía (CMMA) y respaldados por la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio de Málaga, Unicaja Banco y la Confederación de Empresarios de Andalucía.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández‑Pacheco, clausuró el acto destacando el compromiso de estos galardones para reconocer “el talento y la innovación vinculados a la economía azul en Andalucía”. Según Fernández‑Pacheco, esta apuesta encaja con la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible (EA2), dotada con 216 millones de euros hasta 2028, así como con la recién creada Comisión Interdepartamental para coordinar políticas sectoriales .

Galardonados por su impacto en la economía azul

Durante la ceremonia se reconocieron 11 categorías que abarcan desde el emprendimiento hasta la proyección internacional:

• Marisma Biomed se llevó el Premio a la Nueva Empresa gracias a su innovadora transformación de recursos de marisma en alimentos funcionales
• Tecnoambiente, destacada en proyectos medioambientales internacionales, recibió el Premio a la Excelencia Empresarial .
• CETAQUA y el catedrático José Carlos García Gómez fueron premiados por la categoría Conocimiento Azul, por sus aportes en investigación acuícola
• El Servicio Marítimo de la Guardia Civil fue reconocido con el Premio a la Responsabilidad Social por su labor en vigilancia y protección del entorno marino.
• Senda Azul obtuvo el Premio Impulsa Territorio por promover un turismo costero inclusivo y sostenible en Málaga
• En la categoría Internacional, Rocío Reinoso fue premiada por su estrategia de economía azul exterior; el vicealmirante Benigno González‑Aller recibió el galardón en Seguridad y Defensa.
• La UICN Centro de Cooperación del Mediterráneo fue homenajeada por su trabajo en conservación; y Marinas de Andalucía por su modelo colaborativo-

Impacto institucional y futuro del sector

En su intervención, Fernández‑Pacheco destacó que el sector azul aporta más del 10 % del PIB andaluz, con más de 35 000 empresas y cerca de 300 000 empleos. Por su parte, el presidente de la CEA subrayó que “la economía azul es tradición y vanguardia”, integrando logística, turismo, innovación y sostenibilidad.

Los Premios Proa 2025 consolidan su perfil como referente regional al reconocer a quienes impulsan una economía ligada al mar, comprometida con la innovación, la sostenibilidad y la proyección internacional de Andalucía.

Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares, han realizado una petición formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se convoque de manera «urgente y presencial» la Conferencia Sectorial de Pesca. Esta solicitud se debe a la «preocupación» surgida tras conocerse las nuevas directrices del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 propuesto por la Unión Europea.

La propuesta actual sugiere una integración de los fondos destinados a la pesca en un único instrumento financiero, lo que podría diluir la Política Pesquera Común (PPC) y «eliminar el respaldo específico» que previamente se había garantizado al sector. Además, se prevé un «recorte drástico» en el presupuesto, que reduciría la asignación de 6.100 millones de euros a «tan solo 2.000 millones», como ha indicado inicialmente la Comisión Europea, según informes de la Junta.

Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares, han realizado una petición formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se convoque de manera «urgente y presencial» la Conferencia Sectorial de Pesca. Esta solicitud se debe a la «preocupación» surgida tras conocerse las nuevas directrices del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 propuesto por la Unión Europea.

La propuesta actual sugiere una integración de los fondos destinados a la pesca en un único instrumento financiero, lo que podría diluir la Política Pesquera Común (PPC) y «eliminar el respaldo específico» que previamente se había garantizado al sector. Además, se prevé un «recorte drástico» en el presupuesto, que reduciría la asignación de 6.100 millones de euros a «tan solo 2.000 millones», como ha indicado inicialmente la Comisión Europea, según informes de la Junta.

Desde Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha manifestado su «enorme preocupación» por estas medidas, señalando que «este planteamiento pone en riesgo el presente y el futuro del sector pesquero andaluz y español». Fernández-Pacheco destacó los desafíos ya existentes como los altos costes operativos, la falta de relevo generacional y la competencia internacional.

«Estamos ante un ataque directo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro sector pesquero. No podemos permitir que la pesca pierda la especificidad y visibilidad que merece dentro de las políticas europeas», declaró el consejero andaluz. Añadió también que «es imprescindible que el Gobierno de España escuche esta llamada unánime de las principales comunidades pesqueras y convoque de inmediato la Conferencia Sectorial de Pesca para consensuar una posición común de defensa ante las instituciones europeas».

En su petición, las seis comunidades destacaron que la decisión de la Comisión Europea no solo afecta la estabilidad financiera del sector, sino que también afecta la equidad entre los Estados miembros y la eficacia de las políticas públicas destinadas a la pesca. Fernández-Pacheco recordó que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) ya había sufrido recortes en comparación con el marco financiero anterior, por lo que «una nueva disminución presupuestaria sería insostenible para un sector estratégico para muchas localidades costeras». «Defender a nuestros pescadores es defender nuestra identidad, nuestra economía azul y la cohesión territorial de muchas regiones que dependen directamente de la pesca», concluyó Fernández-Pacheco.

Una nueva polémica marítima ha surgido entre España y Francia tras la denuncia de varios armadores franceses, que aseguran que el puerto de Gijón les negó refugio en plena tormenta el pasado domingo 20 de julio. Los hechos ocurrieron en aguas del Golfo de Vizcaya, donde cuatro barcos pesqueros franceses, dedicados a la pesca del atún blanco (bonito), se vieron sorprendidos por vientos huracanados y buscaron protección en aguas territoriales españolas sin éxito.

Sébastien Viaud, armador de dos de los buques afectados —el Carla Églantine y el El Amanecer— expresó su indignación en declaraciones a medios galos: “Estoy enfadado. Nos enfrentábamos a vientos de 40 nudos y la situación era peligrosa para la tripulación. Solicitamos acceso a la bahía de Gijón a través del canal de coordinación internacional, pero la respuesta fue un no rotundo”.

A bordo de esos dos barcos viajaban doce marineros que, junto con los tripulantes de los Bara An Arvoriz y Bara Pemdez II, propiedad del Armamento Bigouden, se encontraban pescando en alta mar desde la segunda semana de julio. Cuando el temporal arreció, su intención era encontrar un fondeadero seguro temporalmente hasta que las condiciones mejoraran.

Según el testimonio de Viaud y otros armadores, la negativa provino directamente de la capitanía del puerto gijonés, que habría alegado razones administrativas y de soberanía para no permitir el ingreso a la zona de 12 millas náuticas bajo jurisdicción española. La falta de asistencia ha sido catalogada por los afectados como una omisión de auxilio en situación de emergencia marítima.

“Se trataba de una cuestión de seguridad, no de actividad pesquera. No queríamos atracar ni desembarcar, solo protegernos. Las condiciones eran extremas. La decisión fue inhumana y contraria al espíritu de cooperación marítima”, ha señalado un portavoz del Armamento Bigouden.

La noticia ha generado indignación en diversos círculos marítimos franceses, donde se recuerda que los convenios internacionales, como el Convenio SAR (Búsqueda y Salvamento Marítimo) y el Convenio SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar), promueven la cooperación entre Estados para garantizar el salvamento de vidas humanas en el mar, independientemente de la nacionalidad de las embarcaciones.

Por su parte, las autoridades españolas aún no han emitido un comunicado oficial aclarando los motivos de la negativa. No obstante, fuentes no oficiales señalan que la negativa podría estar relacionada con el cumplimiento estricto de las normativas de acceso a puertos, más aún en temporada alta o sin aviso previo formal.

El episodio ha reavivado antiguos roces entre flotas pesqueras del Atlántico Norte, donde la coexistencia entre normativas nacionales y acuerdos comunitarios a veces genera tensiones. La situación también pone sobre la mesa la necesidad de revisar protocolos de acogida de buques en situación de riesgo.

“Hoy nos tocó a nosotros. Mañana puede ser un barco español el que necesite refugio en la costa francesa. El mar no entiende de fronteras”, ha sentenciado Viaud.

Tanto sindicatos marítimos como ONG de apoyo a marineros han solicitado una investigación sobre lo ocurrido y piden que se refuercen los mecanismos de emergencia para evitar que decisiones burocráticas pongan en riesgo vidas humanas.