El Gobierno Vasco quiere convertir en norma lo que este año se ha autorizado como excepción. Tras una década de reivindicaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permitió por primera vez en este curso que la flota vasca gestionara directamente su parte de la cuota estatal de anchoa. El resultado, según la Viceconsejería de Pesca, ha sido «ejemplar», y por ello el Ejecutivo autonómico pedirá que el sistema se mantenga «al menos tres o cuatro años más» y que se amplíe también a otras especies estratégicas como el bonito del norte.

«La flota ha estado a gusto con este sistema, por las ventajas que da saber desde el inicio cuál es tu cuota», subraya el viceconsejero Leandro Azkue. Según sus datos, la gestión directa ha permitido planificar mejor la campaña, organizar de forma más racional las salidas al mar y lograr mejores precios de venta. De hecho, la anchoa se ha pagado este año a 2,05 euros el kilo de media, frente a los 1,50 del año anterior.

El nuevo modelo ha facilitado también una mayor autonomía en la toma de decisiones, algo que el Gobierno Vasco considera clave para profesionalizar el sector, reducir tensiones entre flotas y reforzar el tejido económico de los puertos. Por eso, a finales de septiembre, Euskadi remitirá al Ministerio su informe de evaluación, acompañado de una petición formal para consolidar este sistema más allá de 2025.

El Gobierno Vasco ve «ejemplar» el resultado de la prueba con la especie y solicitará al Ministerio consolidarla y extenderla al bonito del norte

El debate no es menor. En un contexto marcado por la variabilidad climática, los cambios en el comportamiento de las especies y la inestabilidad del mercado, contar con herramientas de planificación es una demanda creciente del sector pesquero. La propia costera del bonito vivió en 2024 una campaña atípica: prolongada hasta octubre por la dispersión de los bancos y la menor abundancia en los momentos clave. Aunque este alargamiento permitió repartir mejor la actividad y evitar paradas prematuras, el balance global fue negativo: se capturaron 7.377 toneladas frente a las 8.544 de 2023, con una caída del 44% en las cofradías vascas.

Pese a que el precio medio aumentó —hasta 4,15 euros el kilo, un 27% más—, la recaudación total cayó un 29%, situándose en torno a los 19,8 millones de euros. En ese contexto, la falta de previsibilidad sobre la cuota disponible y la distribución temporal de la pesca fue un factor limitante, según fuentes del propio sector. Para muchas cofradías, saber desde el inicio de la campaña cuál es la cuota que les corresponde podría ser la diferencia entre una campaña rentable o una difícil de sostener.

Ampliar el modelo

La Viceconsejería de Pesca considera que el modelo aplicado a la anchoa debe extenderse también al bonito. A día de hoy, esta especie sigue siendo gestionada de forma centralizada por el Estado. Azkue defiende que cambiar eso permitiría a los arrantzales negociar con antelación acuerdos con las conserveras en términos de cantidades, precios y planificación, evitando improvisaciones. «Queremos que los pescadores vascos puedan saber qué parte de la cuota les corresponde también en el bonito, aunque es difícil. Eso abriría nuevas oportunidades de acuerdos con conserveras, tanto en cantidad como en precio, y permitiría organizar la pesca con más tranquilidad», argumenta el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue.

La campaña de 2025 ha comenzado con mejores perspectivas. A mediados de julio ya se había capturado el 48% de la cuota nacional, y de esa cantidad, el 60% correspondía a barcos vascos. Además, los bancos de bonito se encuentran este verano a solo seis o siete horas de la costa, lo que reduce costes y facilita el trabajo diario. El pescado, de entre 10 y 12 kilos, es especialmente valorado por las conserveras, que están impulsando la demanda a precios que rondan los 4 euros por kilo.

Estrategia a largo plazo

Más allá de los datos coyunturales, el Gobierno Vasco quiere abrir un debate de fondo: quién debe gestionar los recursos pesqueros y cómo se reparte la capacidad de decisión entre el Estado y las comunidades autónomas con flota propia. Desde Euskadi, la respuesta es clara: la experiencia de este año con la anchoa demuestra que la flota vasca tiene la madurez y organización suficiente para gestionar su actividad con responsabilidad y eficacia.

En ese sentido, la gestión directa no se plantea como una mera reivindicación política, sino como una herramienta de gobernanza adaptada a la realidad actual del sector. En palabras de Azkue, lo que está en juego es un modelo «más eficiente, más previsible y más justo» para las flotas que llevan décadas sosteniendo la economía de los puertos vascos.

Este equipo, en el que estarán representados todos los sectores de la cadena mar-industria, articulará y coordinará la frente común

El Consejo Gallego de Pesca defiende que para Galicia, como principal región pesquera de Europa, resulta irrenunciable contar con un fondo específico para la pesca y con una dotación suficiente para que el sector pueda afrontar los desafíos que tiene por delante

Instan al Ministerio, que es quien tiene las competencias directas para hacerlo, a aprovechar el proceso de negociación previo a la aprobación del nuevo marco financiero para garantizar a las regiones pesqueras la participación efectiva en el diseño y ejecución de los fondos

Con esta convocatoria, la Xunta y el sector vuelven a alzar la voz en pro de que la actividad marítimo-pesquera no pierda especificidad ni visibilidad, pues la nueva propuesta supone, inicialmente, un recorte del 60 % de los ingresos de la UE

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el Consejo Gallego de Pesca en el que se acordó una hoja de ruta organizada para defender el papel de Galicia en la gestión de los fondos europeos de la pesca, así como la creación de un grupo de trabajo específico, en el que estarán representados todos los sectores de la cadena mar-industria.

Este equipo articulará y coordinará esta frente común pues, tal y como abordó este órgano consultivo, en el marco del modelo de cogobernanza de la gestión pesquera, la decisión de la Comisión, formada por 27 comisarios, siendo la única española a vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva del Ejecutivo Comunitario, Teresa *Ribera, no se ajusta a las necesidades de la comunidad ni en recursos, ni en estructura.

Esta convocatoria surge ante lo posible recorte respeto al actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura anunciado a mediados del mes de julio, y que generó una profunda preocupación tanto en la Xunta cómo en el sector. De hecho, así se hizo público en el momento en que se conoció que el apoyo económico al sector marítimo-pesquero se podría integrar en un fondo más amplio, lo que supondría la reducción de la financiación directa a la pesca y, en paralelo, una pérdida de especificidad y de visibilidad. En la actualidad, este marco financiero representa el 0,5 % del presupuesto total, mientras que con la nueva propuesta representará tan sólo el 0,1 %.

Un fondo específico, cuestión irrenunciable

Por tanto, para Galicia, al igual que acontece con la PAC, y como principal región pesquera de Europa, resulta irrenunciable contar con un fondo específico y con una dotación suficiente para que el sector pueda afrontar los desafíos que tiene por delante y garantizar así la sostenibilidad del sector marítimo-pesquero. Se trata de que esta decisión, segundo destacó la responsable de Mar, no sea una moneda de cambio para aplicar otras políticas, quedando el sector de la pesca discriminado y perjudicado. 

Y es que Galicia puede verse gravemente afectada si no se asegura una asignación justa y equilibrada dentro de la rúbrica cohesión de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (PNR), lo que debilitaría el respaldo financiero a un sector que ya afronta elevados costes operativos, escasez de relevo generacional, presión normativa reciente y competencia internacional desigual.

Marta Villaverde insistió en que todos los integrantes de la Comisión deben evitar un ataque frontal a uno de los sectores estratégicos. Por este motivo, insistió en reclamar y defender unos fondos para el sector pesquero y acuícola con una cuantía definida acorde con sus necesidades, pues la aplicación de la nueva propuesta, implicaría la desaparición de una estructura que demostró ser eficaz en términos de modernización de la flota, sostenibilidad y desarrollo costero, e incrementaría la incertidumbre presupuestaria y territorial.

El Ministerio, organismo con las competencias para negociar

La conselleira, al igual que lo hizo hace unas semanas con la petición al Gobierno central de convocar la Conferencia sectorial para unir esfuerzos a nivel institucional, volvió a apelar a la responsabilidad del Ministerio, que es quien tiene las competencias directas para hacerlo, a presionar en Bruselas y evitar esta decisión.

Considera que el Ejecutivo estatal tiene una oportunidad extraordinaria, ya que  la propuesta presupuestaria no es definitiva e implica las siguientes fases: la primera, el Parlamento Europeo puede introducir enmiendas a la propuesta presupuestaria (2025-2026), en aras de exigir la recuperación del Fempa como fondo independiente y solicitar el aumento de la dotación económica mínima para pesca; la segunda, negociación con el Consejo de la UE (2026-2027), de manera que Estados miembros como España, Francia, Portugal o Grecia pueden liderar la defensa del sector y la presidencia de este órgano puede proponer ajuste o redistribución interna de partidas; y, la tercera, la aprobación final, por lo que, de haber cambios, el texto volvería al Parlamento para su aprobación definitiva.

Un tiempo más que suficiente, indicó, para articular una estrategia coordinada entre el sector pesquero, los Estados miembros, la Comisión al completo, y el Parlamento Europeo que garantice un apoyo acomodado al sector, impidiendo la centralización de la decisión de los fondos en los gobiernos nacionales; decisión a la que Galicia, como región altamente dependiente de la pesca y, por tanto, perfectamente conocedora de la realidad y de las necesidades de su territorio, se opone de manera contundente. En este sentido, el Gobierno gallego pide que las comunidades sean partícipes de los fondos tanto en la elaboración, como en el diseño y ejecución de los mismos.

El Consejo Gallego de Pesca aboga así  por reforzar la capacidad de interlocución política y técnica con las instituciones europeas, con el fin de garantizar la presencia de un componente gallego específico nos futuros PNR, reivindicar un papel activo en la definición de reformas e inversiones y asegurar que la gestión y participación interno de fondos respete los principios de transparencia, participación y equilibrio territorial.

Bruselas lanza un ambicioso paquete presupuestario que abre nuevas oportunidades para el sector marítimo, con fondos específicos y horizontales en línea con los objetivos del Pacto Oceánico

Charlina Vitcheva, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, anunció recientemente que la propuesta presupuestaria para el período 2028–2034 de la UE incorpora instrumentos financieros diseñados para apoyar a pescadores, acuicultores y al conjunto del sector marítimo. Según Vitcheva, la propuesta “abre oportunidades de financiación… en perfecta sintonía con los objetivos del Pacto Europeo por los Océanos”

Este paquete presupuestario prevé dos tipos de instrumentos:

• Específicos, enfocados en programas como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), que financia acciones concretas en pesca sostenible.
• Horizontales, que abarcan políticas como innovación tecnológica, desarrollo rural, transición verde y resiliencia económica.

La vinculación con el Pacto Europeo por los Océanos, lanzado recientemente por la Comisión con un presupuesto de 1 000 millones de euros, subraya el compromiso de la UE con una gobernanza integrada de los océanos, combinando sostenibilidad ambiental y prosperidad azul

Un modelo combinado de financiación

Este enfoque “horizontal” permite que proyectos transversales —por ejemplo, en trazabilidad, turismo sostenible o energías limpias marinas— puedan recibir financiación con relevancia directa para el sector pesquero. De esta forma, se refuerza la visión de una economía azul holística, donde pesca, acuicultura e innovación tecnológica conviven estratégicamente.

Con esta propuesta, la Comisión refuerza su apuesta por una recuperación verde que no solo promueva prácticas sostenibles, sino que también garantice la viabilidad económica y social de las comunidades costeras europeas.

La Comisión Europea reúne a pesca, industria y sociedad civil para evaluar y mejorar la Directiva MSPD

La Comisión Europea celebró esta semana una reunión de alto nivel que congregó a representantes del sector pesquero, industrias marítimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas con el objetivo de evaluar la implementación de la Directiva de Planificación Espacial Marítima (MSPD).

El encuentro estuvo presidido por Costas Kadis, comisario europeo de Pesca y Océanos, quien destacó la importancia de contar con un marco actualizado y flexible capaz de responder a los rápidos cambios que se están produciendo en el entorno marino.

Balance positivo, pero con margen de mejora

Según informó la Comisión, los participantes valoraron los logros alcanzados desde que la MSPD entró en vigor, subrayando su papel en la coordinación de usos en el espacio marítimo —desde la pesca hasta las energías renovables marinas— y en la reducción de conflictos entre actividades. No obstante, se identificaron áreas susceptibles de mejora, especialmente en lo relativo a la integración de nuevas actividades emergentes y a la protección de los ecosistemas frente a la presión creciente de la explotación humana.

“Estamos en un momento decisivo para equilibrar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico azul”, señaló Kadis, recordando que la planificación espacial no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta estratégica para garantizar el uso ordenado y sostenible de los mares europeos.

Nuevos retos: clima, biodiversidad y energías limpias

Entre los principales desafíos mencionados en el encuentro destacan la adaptación al cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la incorporación de infraestructuras para energías renovables marinas. Asimismo, se planteó la necesidad de mejorar el acceso a datos marinos actualizados y reforzar la cooperación transfronteriza entre Estados miembros, dado que muchas de las actividades marítimas y problemas ambientales superan las fronteras nacionales.

La Comisión Europea prevé que las conclusiones de esta reunión sirvan de base para una próxima revisión de la Directiva MSPD, con vistas a que su actualización se presente antes de finales de 2026. El objetivo: asegurar que la planificación espacial marítima siga siendo una herramienta eficaz para gestionar mares cada vez más disputados y esenciales para la transición ecológica.

Una década de seguimiento en el Índico demuestra que las grandes reservas, como el archipiélago de Chagos, son clave para cumplir el objetivo global de proteger el 30 % de los océanos antes de 2030

Un equipo internacional de doce investigadores ha publicado en la revista Journal of Applied Ecology una de las conclusiones más contundentes sobre conservación marina de la última década: el tamaño de las áreas marinas protegidas (AMP) influye directamente en su capacidad para preservar la biodiversidad.

El estudio se ha basado en diez años de seguimiento del archipiélago de Chagos, la mayor área marina protegida del planeta, con 640 000 km² libres de pesca comercial y actividades extractivas. Desde 2010, esta zona clasificada como Very Large Marine Protected Area (VLAMP) no solo salvaguarda arrecifes de coral y fauna residente, sino también especies altamente móviles como tortugas carey, rayas manta de arrecife y diversas aves marinas.

Según la investigadora Alice Trevail, de la Universidad de Exeter y coautora del trabajo, “en áreas más pequeñas es difícil garantizar protección a especies con amplios rangos de desplazamiento”. En Chagos, el 95 % de las biomasa monitoreada permaneció dentro de la zona protegida, incluso durante migraciones, desplazamientos alimenticios o reproductivos.

Umbral clave: 100 000 km²

Los modelos desarrollados por los científicos indican que una AMP de 100 000 km² seguiría protegiendo al 97 % de las rutas de rayas manta y al 94 % de las tortugas, pero solo al 59 % de las aves marinas, más viajeras por naturaleza. La conclusión: cuanto mayor el área, más efectiva la protección, especialmente para especies que cruzan largas distancias.

Estos hallazgos llegan en un momento estratégico. El territorio, actualmente bajo soberanía británica, pasará a la administración de Mauricio, aunque se mantendrá una base militar conjunta entre Reino Unido y Estados Unidos en una de las islas. Para los autores, los resultados son especialmente relevantes de cara a este cambio y a los compromisos internacionales asumidos en la COP15 de biodiversidad (2022) para proteger el 30 % de las aguas marinas antes de 2030.