La propuesta de la Comisión Europea de reducir un 67% la asignación destinada a la pesca en el próximo marco financiero amenaza con dejar al sector sin un instrumento propio en la UE. Cepesca y el ministro Luis Planas acuerdan un frente común para defender la dotación.

El sector pesquero español ha dado la voz de alarma tras conocerse la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Bruselas plantea reducir a 2.000 millones de euros la asignación destinada a la pesca, frente a los 6.100 millones que contempla el actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), en vigor hasta 2027. El recorte, cifrado en un 67%, se produce además en un contexto de aumento global del presupuesto comunitario, lo que ha sido calificado por los representantes del sector como una “contradicción flagrante” respecto a las prioridades estratégicas de la propia Unión Europea.

En una reunión mantenida este jueves en Madrid, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y otras organizaciones representativas del sector trasladaron al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la urgencia de defender en Bruselas la creación de un fondo específico y reforzado para la pesca. Según explicaron, fusionar las partidas presupuestarias con agricultura u otros sectores de la llamada “economía azul” supondría relegar a la actividad pesquera a un papel secundario, diluyendo recursos vitales para la modernización, sostenibilidad y seguridad de la flota europea.

Planas mostró su disposición a abanderar esta reivindicación en el próximo Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y Pesca. “España no puede aceptar que la pesca pierda su fondo propio. Se trata de un sector esencial para la seguridad alimentaria, el empleo en las comunidades costeras y la autonomía estratégica de Europa”, señalaron fuentes cercanas al encuentro.

Cepesca advirtió además de que la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que en su artículo 10 establece un presupuesto único para agricultura y pesca, no concreta cantidades específicas para el sector pesquero. El riesgo, subrayaron, es que la falta de una dotación mínima obligatoria provoque desigualdades entre Estados miembros y genere competencia desleal, especialmente en materia de cofinanciación para buques de más de 12 metros.

Las organizaciones del sector alertaron también de que la posible vinculación obligatoria de los fondos al Pacto Europeo del Océano podría desviar recursos hacia ámbitos como la energía marina, la biotecnología o la desalación, en detrimento de la actividad extractiva. “La Política Pesquera Común no tiene sentido sin un fondo específico. La desaparición de este instrumento supondría un golpe para el empleo, la producción y la soberanía alimentaria europea”, señaló Cepesca en un comunicado.

Entre las consecuencias más graves que enumeraron figuran la pérdida de puestos de trabajo en comunidades costeras, la reducción de la capacidad competitiva frente a flotas de terceros países, el encarecimiento del pescado en el mercado europeo y el aumento de la dependencia de importaciones, además de la menor capacidad para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y transición energética.

El sector insistió, asimismo, en la necesidad de que España articule una posición común con otros países pesqueros de referencia, como Francia, Portugal, Italia o Irlanda, para presentar un bloque unido en Bruselas. “Nos jugamos el futuro de miles de familias y la viabilidad de un sector estratégico para Europa. No puede dejarse a la pesca sin un instrumento propio en el presupuesto comunitario”, concluyó Cepesca.

Armadores de España, Estados Unidos, Ecuador y Panamá crean un fondo común para financiar la retirada y reciclaje de dispositivos concentradores de peces, reforzando así el compromiso de sostenibilidad de la pesquería del atún tropical.

La flota atunera española ha dado un paso más en su estrategia de sostenibilidad con la puesta en marcha de la Alianza Atunera para la Recuperación de Plantados en el Océano Pacífico Oriental (OPO), una iniciativa internacional destinada a reforzar la monitorización y retirada de los dispositivos concentradores de peces (DCP o FAD, por sus siglas en inglés) que quedan a la deriva o llegan al final de su vida útil.

El acuerdo, suscrito por asociaciones de armadores de España, Estados Unidos, Ecuador y Panamá, constituye un hito en la cooperación internacional del sector y prolonga la senda iniciada en 2010 por la flota española con la aplicación de su Código de Buenas Prácticas, pionero en situar la sostenibilidad medioambiental en el centro de la actividad pesquera.

Un fondo para financiar la recuperación

La alianza ha establecido la creación del Tuna Alliance Fund for the Recovery of FADs in the Eastern Pacific Ocean, un fondo financiero que servirá para respaldar programas de rastreo, recuperación y reciclaje de dispositivos. Los armadores realizarán aportaciones anuales proporcionales a la capacidad de sus buques, en un esquema transparente y de responsabilidad compartida. Además, el fondo se nutrirá con contribuciones de procesadores, comercializadores, proveedores tecnológicos y organismos internacionales.

La gobernanza del fondo será participativa, con un comité encargado de garantizar el uso transparente de los recursos y de priorizar los proyectos con mayor impacto positivo en la protección de ecosistemas marinos.

Compromiso multisectorial y cooperación científica

La alianza, además, se abre a la participación de Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), gobiernos, ONG y entidades conservacionistas, con el objetivo de consolidar una coalición multisectorial. De forma paralela, los proyectos que se impulsen compartirán información con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y otros organismos científicos, reforzando así el conocimiento sobre el comportamiento de los FADs y sobre las estrategias para reducir su huella ambiental.

Los DCP son herramientas habituales en la pesca de cerco de atún tropical, ya que permiten mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible, contribuyendo a disminuir la huella de carbono. Sin embargo, cuando quedan abandonados, pueden suponer un riesgo para los ecosistemas marinos. De ahí la relevancia de esta iniciativa, que busca conjugar eficiencia pesquera y sostenibilidad.

Declaraciones de los promotores

Para Alfonso Beitia, presidente de la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores (AGAC), este acuerdo supone “un paso firme para consolidar nuestro compromiso de sostenibilidad y reforzar la convicción de que nuestra arte de pesca es una de las más responsables del mundo”.

La firma de la alianza contó también con James Sousa, presidente de la American Tunaboat Association (ATA) de Estados Unidos; Ricardo Buehs Bowen, presidente de la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC); y María Patricia Díaz, presidenta de la Fundación Internacional de Pesca (FIPESCA) de Panamá.

Una alianza pionera en la pesca mundial

Con esta iniciativa, la flota atunera española se coloca nuevamente en la vanguardia de la sostenibilidad pesquera internacional. La creación de un fondo específico para recuperar y reciclar FADs es vista como una herramienta innovadora que puede servir de modelo para otras regiones del planeta, consolidando al atún tropical como uno de los productos marinos más regulados y responsables en términos ambientales y sociales.

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) ha acordado una reducción en ocho días de la veda para la pesca de túnidos en el Pacífico oriental por parte de la flota congeladora de cerco, así como reforzar los programas de muestreo y marcado para avanzar en la recopilación de información científica. En esta zona fueron el año pasado 42 embarcaciones pesqueras españolas. La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) ha acogido con satisfacción las decisiones adoptadas en la 103ª reunión anual de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), celebrada recientemente en Panamá.

La medida beneficia directamente a la flota de cerco congeladora, responsable del 97% de las capturas en la región. Estas embarcaciones, entre ellas 42 de bandera española que faenan en la zona, han estado en el centro de las políticas de conservación de la CIAT durante la última década.

La reducción de la veda no supone un retroceso en materia ambiental, sino la confirmación de que las medidas adoptadas han dado resultado. “Este acuerdo demuestra que la gestión basada en la ciencia y en el esfuerzo pesquero funciona. Hemos sido capaces de equilibrar la conservación con la actividad económica de la flota”, valoró Julio Morón, director general de OPAGAC/AGAC y representante de Europêche en la reunión.

Refuerzo científico: muestreo, marcado y observadores

El encuentro también aprobó medidas para reforzar los programas de muestreo en puertos y ampliar las iniciativas de marcado, esenciales para obtener datos robustos sobre la dinámica de las poblaciones. Además, la flota de cerco reafirmó su compromiso de mantener una cobertura del 100% de observadores en el marco del Acuerdo Internacional para la Protección de los Delfines (AIDCP), financiado mediante una tasa por metro cúbico de capacidad de bodega.

Estos compromisos, subrayó OPAGAC, confirman la apuesta del sector por un modelo de gestión “sólidamente apoyado en la ciencia y en la transparencia”.

Avances en la gestión de los FAD

Uno de los hitos de la sesión fue la aprobación de una propuesta de la Polinesia Francesa, respaldada por la flota cerquera, que permitirá rastrear los dispositivos de concentración de peces (FAD) más allá de las fronteras nacionales y reducir el riesgo de varamientos en islas del Pacífico.

Además, cuatro asociaciones de referencia en el sector —la ATA (Estados Unidos), AGAC (España), ATUNEC (Ecuador) y FIPESCA (Panamá)— firmaron la Alianza Internacional para la Recuperación de FAD en el Pacífico Oriental, destinada a financiar proyectos de recogida y prevención de estos artefactos. La iniciativa, apoyada por la flota certificada por MSC, supone un paso pionero en la mitigación de impactos ambientales.

Obstáculos persistentes: observadores y tiburones

No obstante, la reunión también dejó claro que persisten resistencias. La Unión Europea volvió a proponer un aumento en la cobertura de observadores para la flota palangrera, con el fin de igualar condiciones con las flotas asiáticas. Sin embargo, países como China y Japón bloquearon la medida. Ambos Estados también rechazaron adherirse a la política de “aletas adheridas”, vigente en Europa desde hace 13 años, que prohíbe el cercenamiento de aletas de tiburón a bordo.

Los pescadores como guardianes del mar

Para OPAGAC, el balance final es claramente positivo, con avances tanto en conservación como en corresponsabilidad del sector. “Esta sesión refleja años de compromiso de nuestros pescadores para mantener las poblaciones en niveles óptimos y garantizar un modo de vida sostenible”, destacó Morón. “Los pescadores son los verdaderos guardianes del mar y con iniciativas como el Fondo para la recuperación de FAD demuestran liderazgo y soluciones para un futuro responsable.”

Con estas medidas, la CIAT y el sector atunero dan un paso más en la construcción de un modelo internacional de pesca sostenible, en el que la ciencia, la cooperación y la responsabilidad compartida se erigen como pilares para garantizar la salud de los océanos y la continuidad de una actividad de enorme relevancia económica y social.

Impulso a la ciencia: muestreo y marcado reforzados

Además de la reducción de la veda, la CIAT acordó potenciar los programas de muestreo y marcado, lo que permitirá recopilar datos más precisos y robustos sobre la dinámica poblacional de los túnidos, mejorando la capacidad de gestión y toma de decisiones con base científica.

OPAGAC valora este compromiso como fundamental para garantizar que las futuras reducciones en las vedas, si fueran viables, estén siempre fundamentadas en la ciencia y no en presiones económicas a corto plazo.

Repercusiones para la flota española

En 2024, cerca de 42 embarcaciones españolas operaron en el Pacífico oriental bajo el marco regulatorio de la CIAT: cuatro buques cerqueros con base en el País Vasco y 38 palangreros de superficie de Galicia. La medida, por tanto, tiene un impacto directo en dicha flota, que podría beneficiarse de una ventana de pesca más amplia, sin renunciar a los criterios de sostenibilidad.

OPAGAC recalca que la reducción de la duración de la veda constituye «un paso equilibrado entre la sostenibilidad de las poblaciones y el mantenimiento de la rentabilidad de las flotas», en opinión compartida también por la CIAT al apoyar la reducción con las recomendaciones del Comité Científico Asesor.

Próximos pasos: vigilancia y aplicación del fondo para DCP

El acuerdo también contempla mejoras en la gestión de dispositivos de concentración de peces (DCP), incluyendo la creación de un fondo con aportaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Ecuador, destinado a financiar la recuperación y retirada de estos dispositivos del mar —una iniciativa relevante para prevenir residuos y pesca fantasma.

Para OPAGAC, asegurar la adecuada implementación de estos fondos y acciones técnicas es clave para evitar efectos colaterales en el ecosistema y en la percepción pública sobre la pesca.

La medida se ha acordado en la 103 reunión anual de este organismo, celebrada en Panamá, tras constatar el buen estado de conservación de las tres poblaciones de túnidos tropicales, listado, patudo y rabil, como consecuencia de las medidas de ordenación aplicadas hasta el momento.

Para avanzar en la reducción de los posibles residuos de la pesca, se ha adoptado una medida para facilitar la recogida de dispositivos de concentración de peces (DCP). Además, la Unión Europea, Estados Unidos y Ecuador han firmado un acuerdo para la creación de un fondo que financiará proyectos destinados a la recuperación y retirada de estos dispositivos.

En relación con el sector del palangre, y, a propuesta de la Unión Europea, se ha modificado la actual medida de conservación de tiburones con el objetivo de progresar en el estudio de herramientas que garanticen su protección durante el manejo y liberación.

El año pasado faenaron en las aguas reguladas por CIAT 4 buques cerqueros con puerto base en País Vasco y 38 palangreros de superficie gallegos. 

La industria pesquera argentina atraviesa una crisis sin precedentes. En lo que va de 2025 se registró un derrumbe histórico de la actividad, con cifras alarmantes: la producción industrial pesquera marítima cayó más de 80% interanual en julio, y la actividad de la flota de buques congeladores se desplomó en torno al 90% El principal recurso de exportación, el langostino patagónico, prácticamente colapsó: en julio la captura de crustáceos se hundió un 96% respecto al año anterior. Este frenazo súbito en la pesca ha dejado más de 113 barcos congeladores amarrados en puerto desde marzo y a unos 5.000 marineros sin trabajo, ocasionando pérdidas exportadoras estimadas en más de 200 millones de dólares Se trata, según referentes del sector, del momento más crítico en la historia reciente de la actividad pesquera argentina.

Causas de un colapso sin precedentes

Diversos factores económicos y sectoriales confluyeron para detonar esta crisis pesquera. Entre las causas principales se destacan:

• Derrumbe de los precios internacionales: El valor del langostino salvaje argentino en el mercado mundial se desplomó cerca de un 60% en los últimos años (de ~US$12 el kilo a ~US$5) debido a la sobreoferta global y la competencia del langostino de cultivo (vannamei) más barato. Esto redujo drásticamente los ingresos por exportaciones (en 2017 las exportaciones de langostino superaron los US$1.000 millones, hoy el potencial anual ronda US$600 millones). La pesca, que es el octavo complejo exportador del país, vio caer su aporte en divisas por la baja de precios internacionales y demanda.
• Aumento de costos y carga impositiva: La fuerte inflación y devaluación interna encarecieron los costos operativos en dólares, sumándose al incremento de impuestos específicos. Por ejemplo, el nuevo gobierno aplicó un fuerte aumento en el Derecho Único de Extracción (DUE) –un canon por captura–, encareciendo aún más la actividad. Las empresas señalan que la estructura de costos (combustible, insumos, tripulación, etc.) se volvió insostenible sin ajustes o alivio fisca De hecho, el propio gobierno de Javier Milei evalúa finalmente reducir o eliminar las retenciones (impuestos a la exportación) pesqueras ante los reclamos del sector
• Conflicto gremial y parálisis de la flota: La brusca caída de la rentabilidad desató un fuerte conflicto laboral entre las empresas langostineras (flota congeladora tangonera) y los sindicatos de tripulantes. El convenio vigente garantizaba a los marineros un “premio por producción” calculado con un precio del langostino de US$12/kg (fijado en 2005), muy por encima de los precios actuales. Las cámaras empresarias exigieron adecuar el convenio a la nueva realidad (reduciendo ese pago variable), pero los sindicatos se negaron inicialmente a cualquier rebaja salarial. El resultado fue un paro total: 113 buques congeladores quedaron paralizados en puertos desde Mar del Plata hasta Ushuaia y 5.000 trabajadores quedaron en tierra sin percibir los ingresos habituales por producción. Tras meses de negociaciones tensas y millonarias pérdidas, recién a comienzos de agosto se logró un acuerdo parcial: los marineros aceptaron un recorte salarial del 9% por viaje, solo por esta temporada, para destrabar la salida de la flota No obstante, la tardía reanudación de la zafra dejó daños difíciles de revertir.
• Débil mercado interno y factores estructurales: La demanda local de productos del mar es mínima en Argentina (consumo de apenas 7 kg per cápita al año, el más bajo de la región), por lo que no pudo compensar la caída de las ventas externas. El sector depende casi enteramente de la exportación, quedando expuesto a shocks externos. Asimismo, la fragmentación en la representación gremial-empresarial dificultó acordar soluciones rápidas. Tanto sindicatos como empresas terminaron reclamando al Estado medidas de emergencia (reducción del DUE, combustibles sin impuestos, alivios en cargas sociales) para hacer viable la actividad sin sacrificar totalmente los ingresos de los trabajadores.

Impacto en los puertos de Mar del Plata y la Patagonia

Los efectos de la crisis se sienten a lo largo de toda la costa, golpeando especialmente a los principales puertos pesqueros del país. La flota congeladora sigue amarrada en terminales clave como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado (Santa Cruz) y Ushuaia, incluso ya avanzada la temporada de langostino. Esto ha repercutido en cascada sobre las plantas procesadoras, transportistas, comercios locales y miles de familias que dependen de la pesca.

En la Provincia de Chubut, donde el langostino es motor económico, la paralización de la zafra tuvo efectos dramáticos. Puerto Madryn, uno de los puertos langostineros patagónicos por excelencia, prácticamente no registró actividad: sus desembarques de langostino se desplomaron un 96% este año (apenas 2.034 toneladas frente a 55.000 toneladas de Rawson, que logró operar con flota artesanal). En contraste, Rawson –puerto chubutense de flota costera fresquera– tuvo una temporada de verano excepcional y aumentó 34% sus capturas, aprovechando una buena disponibilidad del recurso antes del conflicto. Sin embargo, la paralización de la flota de altura afectó a otras localidades patagónicas: Camarones sufrió una caída de 87% en sus descargas y Caleta Paula del 68%, reflejando la contracción generalizada En palabras de empresarios locales, “para una ciudad como Madryn, donde miles de familias dependen de la pesca, esto es crítico”, agravando la situación social en la región.

Por su parte, en Mar del Plata –el principal puerto pesquero del país– la crisis combinó la falta de materia prima y problemas financieros, provocando suspensiones masivas y cierres de plantas procesadoras. Las descargas de langostino en MDP cayeron un 62% interanual (solo 2.600 toneladas en el periodo analizado), reflejando la inactividad de sus buques tangoneros. Sin langostino ni otros recursos suficientes, muchas plantas trabajan muy por debajo de su capacidad. Un caso emblemático es el frigorífico Ostramar, empresa marplatense dedicada al procesamiento de pescado fresco, que anunció su cierre tras arrastrar más de tres meses sin operar ni pagar salarios. Ostramar –una firma histórica de la ciudad– acumuló deudas salariales y fiscales a tal punto que rechazó incluso las ayudas financieras ofrecidas por el gobierno provincial, persistiendo en su decisión de clausurar la planta y dejar sin empleo a 45 trabajadores directos Este no es un hecho aislado: cámaras empresarias advierten que “la paralización de la flota congeladora genera daño económico en localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia”, golpeando a las economías regionales pesqueras en su conjunto.

Pérdidas económicas y sociales incalculables

El impacto socioeconómico de esta crisis pesquera es enorme. Según datos gremiales, los conflictos laborales y parálisis en las principales terminales pesqueras del país han dejado a más de 6.000 familias sin sustento en los últimos meses. En Mar del Plata, solo entre suspensiones y despidos en plantas harineras y fileteras, se estiman cientos de trabajadores cesanteados (fuentes sindicales hablan de más de 600). A nivel nacional, el empleo formal en la pesca ya refleja la caída: se pasó de 15.100 puestos registrados en febrero a 14.400 en mayo de 2025 una pérdida de alrededor de 700 empleos en solo un trimestre, sin contar el empleo informal afectado. La mayoría de los 5.000 marineros de buques congeladores cobraron apenas su sueldo básico durante meses (unos $500.000 pesos, frente a los millones que solían ganar con las comisiones por pesca), resintiendo el ingreso de sus hogares y las comunidades donde viven.

En términos de divisas, el sector calcula que ya se han perdido más de US$200 millones en exportaciones de langostino que no se realizaron. Cabe recordar que la pesca argentina genera habitualmente unos US$2.000 millones anuales en exportacionesy emplea a miles de personas de manera directa e indirecta. De prolongarse la inactividad, no solo se pierden ingresos presentes sino también mercados internacionales conquistados con esfuerzo durante años, poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas. Incluso con la reciente reactivación parcial de la zafra langostinera (tras el acuerdo salarial de emergencia), será difícil recuperar las semanas perdidas de campaña. Cada día de barcos parados implica trabajo y divisas que no retornan, afectando a toda la cadena productiva –desde la tripulación y los estibadores portuarios hasta los fileteros, transportistas, frigoríficos y exportadores.

Los actores del sector coinciden en que esta es la peor crisis pesquera en décadas, y temen que sin medidas urgentes podría dejar secuelas permanentes. La pesca es un sector estratégico para la Argentina regional: representa cerca del 4% de las exportaciones totales del país y genera unos 46.000 empleos directos a nivel nacional. La sostenibilidad económica y social de comunidades enteras (en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires) depende de que se logre revertir esta situación. Empresarios, gremios y gobiernos locales han pedido al Estado nacional acciones contundentes para aliviar costos y mejorar la competitividad, mientras que los sindicatos exigen proteger los salarios y el trabajo.

En síntesis, la crisis pesquera argentina de 2025 se explica por una tormenta perfecta de factores económicos adversos –precios internacionales en baja, costos internos en alza– sumados a la falta de acuerdos oportunos entre partes, que derivó en una parálisis productiva inédita. Sus efectos ya se manifiestan en números rojos y dramas sociales en Mar del Plata y los puertos patagónicos. Superar este colapso requerirá de consensos urgentes entre el gobierno, los trabajadores y las empresas para reactivar la actividad antes de que el daño sea irreparable. Como resumió un marinero en plena protesta: “Cada día que pasa se pierde trabajo, competitividad y futuro”. Las próximas decisiones serán cruciales para rescatar a la pesca argentina del abismo y preservar los miles de puestos de trabajo y comunidades que dependen del mar.