El Gobierno escocés adopta una medida unilateral sin consulta previa a los Estados afectados, mientras el sector denuncia presiones de los lobbies energéticos y mineros

A partir de mañana, jueves 16 de octubre, Escocia prohibirá la pesca en sus aguas territoriales, en una decisión que ha causado sorpresa e indignación en el sector pesquero europeo. La medida, anunciada de forma unilateral por el Gobierno escocés, incumple —según fuentes comunitarias y del propio sector— los procedimientos de consulta establecidos en los acuerdos pesqueros del Reino Unido con la Unión Europea tras el Brexit.

La decisión, que afecta tanto a flotas escocesas como extranjeras con derechos históricos de acceso, ha sido justificada oficialmente por motivos medioambientales y de conservación marina. Sin embargo, la forma y el momento en que se ha adoptado han despertado fuertes críticas. “No se ha consultado a los Estados afectados ni se ha evaluado el impacto social y económico que tendrá en cientos de comunidades costeras”, denuncian fuentes del Consejo Consultivo de Aguas del Norte.

Un golpe a la flota europea y vasca

Entre las flotas más afectadas se encuentra la vasca de altura, con base en puertos como Ondarroa, que tradicionalmente opera en caladeros del Atlántico Norte y en aguas británicas. “Esta decisión se produce en un contexto de constantes restricciones a la pesca, donde parece que lobbies muy poderosos están imponiendo su agenda”, explica Mikel Ortiz, gerente de la Flota de Altura de Ondarroa.

Según Ortiz, “empresas energéticas y mineras buscan ocupar el mar para instalar más molinos eólicos o extraer minerales del fondo oceánico. Usan la excusa de proteger el fondo marino, pero lo que hacen en realidad es desplazar a los pescadores y facilitar la entrada de nuevos intereses industriales”.

“Proteger las esponjas marinas está muy bien —añade—, pero ¿quién protege a nuestros pescadores? Lo lamentable es que no saben ni lo que están protegiendo, pero lo que sí es seguro es que los europeos vamos a poder acceder cada vez menos a pescado de calidad de nuestras aguas y dependeremos del pescado de dudosa credibilidad de Asia”.

Críticas al procedimiento y temor a un precedente

La Comisión Europea ha manifestado su “preocupación por la falta de diálogo y coordinación” y estudia solicitar explicaciones formales a Edimburgo. Expertos jurídicos recuerdan que, aunque el Reino Unido tiene competencia sobre sus aguas, los acuerdos pos-Brexit establecen mecanismos obligatorios de consulta y transparencia antes de adoptar decisiones con impacto transfronterizo.

Organizaciones como Europêche y la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Altura (ANABAC) consideran que este veto podría sentar un peligroso precedente. “La gestión pesquera debe basarse en la ciencia y la cooperación, no en decisiones políticas tomadas de espaldas al sector”, advierten.

Entre la sostenibilidad y los intereses industriales

Mientras Escocia defiende la necesidad de “crear áreas marinas protegidas que aseguren la regeneración de los ecosistemas”, el sector pesquero denuncia una estrategia de desplazamiento. En los últimos años, los proyectos de eólica marina y minería submarina han ganado terreno en el Mar del Norte y las Islas Hébridas, con licencias que a menudo se superponen a zonas de pesca tradicionales.

“La paradoja es que, en nombre de la sostenibilidad, se sacrifica la pesca artesanal y de altura, mientras se impulsan actividades industriales de alto impacto ambiental”, señalan fuentes de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA).

Un nuevo desafío para la soberanía alimentaria europea

La prohibición llega en un momento de creciente preocupación por la soberanía alimentaria en Europa. Con los costes energéticos al alza y las importaciones asiáticas en aumento, las restricciones pesqueras en aguas del Atlántico Norte agravan la dependencia exterior.

“El cierre de caladeros y la reducción de cuotas no solo afecta al empleo y a la economía costera, sino también a la seguridad alimentaria europea”, subrayan desde el sector.

Mientras tanto, la flota vasca y española observa con inquietud el nuevo escenario. “El mar siempre ha sido un espacio de vida, trabajo y equilibrio. Si lo convertimos en un tablero de intereses, perderemos todos”, concluye Mikel Ortiz.

El ministro destaca el compromiso de la flota ayamontina con la pesca sostenible y la excelencia de la gamba blanca de Huelva; la OPP80 se convierte en pionera en Andalucía y segunda en España en lograr el sello

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha felicitado públicamente a la Organización de Productores de Pesca Punta del Moral (OPP80) por haber obtenido la certificación internacional “Friend of the Sea”, un reconocimiento de la World Sustainability Organization (WSO) que acredita prácticas exigentes de sostenibilidad en la pesquería de gamba blanca de Ayamonte (Parapenaeus longirostris).

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Planas subrayó que el sello “reconoce su compromiso con la pesca sostenible” y trasladó su enhorabuena a la entidad onubense. La felicitación pone en valor el esfuerzo de la flota local y sitúa a Andalucía como referente en la transición hacia modelos responsables de explotación de recursos marinos.

“Detrás de esta certificación hay años de trabajo, innovación y compromiso con el mar”, señaló Alonso Abreu, gerente de la OPP Punta del Moral, quien calificó el respaldo del ministro como “un reconocimiento muy importante” para el sector.

Pioneros en Andalucía

La OPP Punta del Moral se convierte en la primera organización andaluza —y segunda en España— en obtener Friend of the Sea, uno de los sellos más prestigiosos a nivel global en pesca sostenible. El estándar valida que la gamba blanca procede de una pesquería gestionada con criterios ambientales estrictos: protección de ecosistemas, control de capturas accesorias, eficiencia energética y trazabilidad total desde el barco hasta el consumidor final.

Innovación, mercado y proximidad

La organización agrupa a armadores y pescadores del puerto ayamontino que llevan años apostando por mejora tecnológica, calidad y valorización del producto local. A través de la plataforma lonjadeayamonte.es, comercializan marisco fresco con envío a toda España en menos de 24 horas, reforzando un modelo que combina responsabilidad ambiental y cercanía al consumidor.

“Nuestra gamba blanca representa la historia, el trabajo y el respeto de una comunidad entera hacia el mar. Que el ministro lo destaque es motivo de orgullo para todos”, concluyó Abreu.

Con este hito, Punta del Moral eleva el listón de la sostenibilidad en la costa onubense y consolida a Huelva como marca de excelencia en productos del mar, alineada con las demandas actuales de calidad, trazabilidad y responsabilidad que exigen los mercados y la ciudadanía.

El sector alerta de que la situación “pone en riesgo la viabilidad económica de más de 200 familias” y reclama medidas urgentes frente al alga asiática, el cambio climático y el impacto del atún rojo

La actividad pesquera en Conil de la Frontera atraviesa una de sus peores crisis de los últimos años. Entre 2015 y 2024, las capturas registradas en la lonja conileña se han reducido casi a la mitad, un 48,8%, según el diagnóstico elaborado por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72). El informe alerta de que la situación “pone en riesgo la viabilidad económica de más de 200 familias” que dependen directamente de la flota artesanal local.

Los datos oficiales son contundentes: la producción ha pasado de 711.829 kilos en 2015 a 364.632 kilos en 2024, lo que supone una pérdida cercana a 350 toneladas. Aunque los precios en primera venta han amortiguado parcialmente el impacto, la facturación también ha descendido un 15,17%, lo que equivale a 692.991 euros menos en términos económicos. En total, la lonja ha pasado de 4,56 millones de euros en 2015 a 3,87 millones en 2024.

Causas múltiples y preocupantes

La OPP72 identifica tres causas principales detrás del desplome:

• La expansión del alga asiática Rugulopteryx okamurae, que “invade las redes y reduce la eficacia de las faenas”.
• Las alteraciones del cambio climático, que “modifican los ciclos y migraciones de las especies”, afectando especialmente a especies de fondo y de temporada.
• La creciente presencia del atún rojo en las costas gaditanas, convertido en “depredador permanente” de otras especies y en un factor que “desequilibra los ecosistemas locales”.

Estas amenazas combinadas, explican desde la organización, están provocando un efecto acumulativo devastador para la pesca artesanal. “El año 2025 se confirma como uno de los peores registrados, con descensos significativos tanto en volumen de capturas como en facturación”, señala la OPP72.

Un esfuerzo económico cada vez menos rentable

A las causas ambientales se suman los altos costes de explotación: cotizaciones, seguros, carnadas, mantenimiento de artes y combustible. “Las familias pesqueras afrontan costes fijos y variables elevados mientras sus ingresos caen notablemente”, explican.
“Muchas jornadas terminan con descargas muy por debajo de lo necesario o con redes inutilizadas por las algas”, añaden. Como ejemplo, citan los casos recientes de las embarcaciones ‘Nuevo Bartolito’, ‘Mi Niña Soledad’, ‘Mi Nuevo Puente Suazo’ y ‘Depredador 2’, que regresaron a puerto “con toda la faena perdida por la presencia masiva del alga asiática”.

Llamamiento urgente a las administraciones

Ante esta situación, la OPP72 ha solicitado a las administraciones competentes la “adopción inmediata de medidas concretas”. Entre ellas, propone:

• Programas específicos de gestión del alga asiática, con la participación directa del sector pesquero.
• Políticas adaptadas al cambio climático que tengan en cuenta el impacto sobre la pesca artesanal.
• Regulación de la presencia del atún rojo en las zonas costeras del Golfo de Cádiz.
• Apoyos financieros directos para garantizar la viabilidad del sector mientras se implementan soluciones estructurales.

“La situación requiere respuestas rápidas y eficientes”, subrayan desde la organización, “porque los datos demuestran que nuestro sector local está en una situación bastante complicada, con la incertidumbre de cómo afrontar el futuro”.

Un patrimonio en riesgo

La flota artesanal de Conil, formada por más de 200 familias y decenas de pequeñas embarcaciones, representa no solo un pilar económico local, sino también un legado cultural y social vinculado históricamente a la identidad costera gaditana.
“Defender la pesca artesanal es también defender una forma de vida y una tradición que ha dado nombre a Conil”, apuntan desde la OPP72, que insiste en la necesidad de que “las políticas públicas acompañen de forma real y urgente al sector”.

Cantabria rechaza unánimemente la drástica reducción del 67% en el presupuesto para la Política Pesquera Común propuesta por la UE.

La consejera de Pesca de Cantabria, María Jesús Susinos, y líderes del sector pesquero han firmado una Declaración Institucional este lunes, expresando su rechazo total a la propuesta de financiación de la Comisión Europea para la Política Pesquera Común en el periodo 2028-2034, que supone un corte presupuestario del 67%, calificado de “inasumible”.

En una reunión en la consejería, con representantes de organizaciones profesionales, cofradías y asociaciones del sector artesanal, Cantabria ha marcado una postura unificada contra el ajuste propuesto desde Bruselas, que también incluye la supresión del actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Fempa).

La declaración, aceptada por unanimidad, rechaza de manera “frontal” la propuesta de la Comisión Europea y demanda un presupuesto “independiente y suficiente”, proporcional a la “relevancia estratégica” del sector pesquero. Además, exige “una gobernanza real” y una “urgente” simplificación de las normativas, frente a un sistema actual que consideran “sobrerregulado e inviable”.

En una nota de prensa, Susinos ha criticado duramente la propuesta, describiéndola como “regresiva e injusta” y subrayando que un recorte del 67% es totalmente insostenible para una región donde la pesca es vital no solo económica sino culturalmente. “No podemos permitir que se reemplace al FEMPA, esencial para nuestras políticas, por una fórmula que fragmenta la Política Pesquera Común en fondos nacionales desiguales”, añadió la consejera.

Finalmente, Susinos ha afirmado que el Gobierno de Cantabria seguirá colaborando con el sector y otras comunidades autónomas para abogar por una política pesquera “más justa, adaptada a la realidad y las necesidades de nuestros profesionales del mar”.

OPAGAC logra certificar el stock de rabil del Índico y avanza hacia el 100% de capturas sostenibles

La flota atunera española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria hacia la sostenibilidad al certificar con el sello del Marine Stewardship Council (MSC) el stock de rabil del océano Índico, convirtiéndose en la primera pesquería del mundo en lograr esta distinción.

Con esta nueva certificación, la flota española alcanza ya el 95% de sus capturas de túnidos tropicales bajo el estándar MSC, lo que equivale a unas 345.000 toneladas anuales, aproximadamente el 7% del total de capturas mundiales de atún. En total, 10 de los 12 stocks explotados por la flota cuentan con este reconocimiento internacional, distribuidos en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico Occidental y Pacífico Oriental, bajo la supervisión de las cuatro Organizaciones Regionales de Pesca (ORP): ICCAT, CTOI, CIAT y WCPFC.

Un logro avalado por la ciencia y la gestión responsable

La evaluación independiente, realizada por la entidad LRQA (antes Lloyd’s Register), analizó en detalle los sistemas de recopilación de datos de la flota, la cobertura del 100% de observadores a bordo (humanos o electrónicos), la gestión sostenible de los dispositivos de concentración de peces (FADs) y la reducción de interacciones con especies protegidas.

“Ser los primeros en certificar el rabil del Índico supone un paso decisivo hacia nuestro objetivo de contar con el 100% de las capturas certificadas. Alcanzar ya el 95% bajo el estándar MSC es fruto de más de una década de trabajo conjunto de armadores, marineros y científicos”, afirmó Julio Morón, director gerente de OPAGAC/AGAC.

Morón subrayó que las últimas evaluaciones científicas confirman la recuperación del patudo en el Atlántico y el Índico, lo que permitirá alcanzar próximamente el 100% de certificación de las capturas, consolidando a la flota española como referente global en sostenibilidad pesquera.

Un modelo pionero de buenas prácticas

Desde 2012, OPAGAC aplica un Código de Buenas Prácticas para la pesca de cerco responsable, que incluye la introducción de FADs no enmallantes y biodegradables, protocolos de liberación segura de especies no objetivo, formación continua de tripulaciones y verificación científica independiente de sus operaciones.

Estas medidas voluntarias han permitido reducir de forma significativa el impacto ambiental de la actividad atunera y asegurar una trazabilidad completa del producto, desde el mar hasta el consumidor final.

Doble garantía de sostenibilidad

Con este reconocimiento, la flota atunera española se sitúa entre las pocas del mundo con doble certificación de sostenibilidad, al contar también con el sello Atún de Pesca Responsable (APR), que acredita las buenas prácticas sociales, laborales y medioambientales de su actividad.

El estándar MSC garantiza que el atún certificado proviene de stocks saludables, se captura con un mínimo impacto ambiental y cumple con un control exhaustivo de gestión pesquera.

España, líder mundial en pesca responsable

La obtención del sello MSC para el rabil del Índico reafirma el papel de la flota española —una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo— como líder global en gestión sostenible de los recursos pesqueros.

“La sostenibilidad no es una meta, sino un camino que requiere compromiso y mejora continua. Esta certificación es el resultado del esfuerzo conjunto de todo un sector que cree en el futuro del mar”, concluyó Morón.

Con 345.000 toneladas anuales certificadas, la flota española no solo garantiza un suministro de atún trazable y sostenible, sino que refuerza la imagen de España como potencia pesquera comprometida con la sostenibilidad y la transparencia internacional.

El Tribunal Administrativo de París considera que la normativa francesa respeta el artículo 17 de la Política Pesquera Común y no exige aplicar criterios ambientales obligatorios

El Tribunal Administrativo de París ha rechazado el recurso presentado por varias organizaciones ecologistas y asociaciones de pesca artesanal contra el decreto ministerial del 31 de marzo de 2023 que fija la repartición nacional de las cuotas de pesca asignadas a Francia por la Unión Europea. La sentencia, emitida el pasado 3 de octubre, concluye que el derecho francés cumple con el artículo 17 del Reglamento Europeo sobre la Política Pesquera Común (PPC) y que los Estados miembros no están obligados a integrar criterios ambientales en el reparto de cuotas, salvo cuando lo consideren oportuno.

El fallo llega tras más de un año de litigio iniciado por un grupo de entidades que cuestionaban la forma en que el Gobierno francés distribuye los derechos de pesca entre las distintas flotas. Los demandantes —entre ellos Ligneurs de la Pointe de Bretagne, las ONG Bloom y Pleine Mer, la Plataforma de la Pequeña Pesca, y un pescador miembro de la Organización de Pescadores Normandos— alegaban que el sistema vigente favorece a las flotas industriales y no tiene en cuenta criterios sociales ni medioambientales, en contra del espíritu de la PPC.

El tribunal avala la interpretación del Gobierno

En su sentencia, los magistrados parisinos sostienen que la legislación francesa no vulnera el reglamento comunitario, dado que este solo exige que los Estados utilicen criterios “transparentes y objetivos” y, “cuando sea pertinente”, de carácter medioambiental o social. La clave, según el tribunal, reside en la expresión “le cas échéant” (“cuando proceda”), que no impone la obligatoriedad de aplicar criterios ecológicos en todos los casos.

El fallo subraya que el Ministerio del Mar actuó dentro de su margen de discrecionalidad al mantener el sistema de reparto actual, basado en referencias históricas de capturas y derechos adquiridos, y no está obligado legalmente a introducir factores adicionales de sostenibilidad.

Decepción en el sector artesanal y ambientalista

Las organizaciones demandantes han manifestado su “profunda decepción” por la resolución, que consideran un retroceso para la transición ecológica y social del sector pesquero. Desde Bloom y Pleine Mer recuerdan que el artículo 17 de la PPC pretendía romper con la lógica de privilegio histórico y avanzar hacia una gestión más equitativa y responsable de los recursos marinos.

“La justicia francesa acaba de legitimar un sistema que perpetúa las desigualdades y excluye a los pescadores artesanales, a pesar de que son quienes menos impacto generan sobre los ecosistemas”, denunciaron las ONG en un comunicado conjunto.

Las asociaciones afirman que el modelo actual beneficia desproporcionadamente a las grandes compañías con derechos de captura heredados, en detrimento de la pequeña pesca costera. “El reparto de cuotas debería basarse en criterios ambientales, sociales y económicos, no únicamente en el pasado de capturas”, subrayan.

Un debate abierto sobre la sostenibilidad y la equidad

El caso reaviva el debate en Francia sobre la equidad en el acceso a los recursos pesqueros y la necesidad de adaptar los mecanismos de reparto a los desafíos climáticos y ecológicos. Diversos colectivos han reclamado al Gobierno que reforme el sistema de cuotas para reconocer el papel de las pequeñas embarcaciones en la sostenibilidad y en la economía de las comunidades costeras.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Mar han valorado la sentencia como una confirmación jurídica del marco actual, y recuerdan que el Gobierno “mantiene su compromiso con la sostenibilidad”, aunque dentro de los límites establecidos por la normativa europea.

Próximos pasos

Las ONG no descartan apelar la decisión ante el Consejo de Estado francés y han anunciado que continuarán presionando en el ámbito europeo para que la Comisión y el Parlamento revisen el artículo 17 de la PPC, introduciendo criterios ambientales y sociales de cumplimiento obligatorio.

Mientras tanto, el fallo del Tribunal Administrativo de París refuerza la posición de la administración francesa, que seguirá aplicando su sistema tradicional de distribución de cuotas, basado en la estabilidad relativa y las referencias históricas de capturas.

La sentencia pone de manifiesto las tensiones entre la interpretación jurídica y las aspiraciones ecológicas dentro de la política pesquera europea, y deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar los intereses económicos del sector con la preservación de los ecosistemas marinos en el futuro inmediato.

El popular se reúne con Costas Kadis para defender ante la UE las reclamaciones del sector pesquero en el Principado

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido este lunes en Bruselas al comisario de Pesca, Costas Kadis, que se modifique la propuesta de ecosistemas marinos, dado que «se llevaría por delante al 80 por ciento de la flota pesquera asturiana».

El dirigente popular ha mantenido una reunión con Kadis, acompañado del diputado regional Luis Venta y de la eurodiputada Susana Solís, en la que ha expuesto al comisario europeo la necesidad de introducir cambios en la propuesta de Ecosistemas Marinos Vulnerables de la Comisión, planteada durante la pasada legislatura europea.

«El Gobierno del Principado tendría que estar hoy aquí, pero es nuestra responsabilidad cubrir también las ausencias de un Gobierno que no está centrado en lo que tiene que estar», ha dicho el líder popular, que ha invitado al comisario europeo de Pesca a visitar Asturias.

Queipo ha expresado su satisfacción tras la reunión mantenida con Kadis, que «ha sido muy receptivo» a las propuestas, al tiempo que le ha emplazado «a conocer de primera mano cuál es la realidad de la pesca asturiana que es tradicional, que es sostenible, que es necesaria y que es garantía de futuro».

«Creemos que vamos a conseguir que venga pronto a conocerlo y a poder tener de primera mano la información, los datos para que pongamos remedio a una amenaza que es muy real para nuestra flota pesquera asturiana», ha indicado Queipo.

El presidente del PP ha advertido de que la propuesta para el futuro del sector pesquero «dejaría sin pesquerías al palangre de fondo asturiano, impidiendo las capturas de especies comercial y económicamente muy importantes para la flota de la región, como merluza, besugo, virrey o abadejo».

A este respecto, ha señalado que la pesquería de palangre de fondo «no deja huella marina alguna, por lo que sería un auténtico disparate prohibirla prácticamente en todo el caladero frente a las costas asturianas».

El líder del PP ha explicado al comisario de Pesca que el 80 por ciento de la flota asturiana «está compuesta por barcos de menos de doce metros, por lo que se le considera pesca artesanal y no tiene capacidad para ir a caladeros más alejados».

Otra de las reivindicaciones de los pescadores asturianos que el presidente del PP ha planteado al comisario se refiere al futuro Marco Financiero Plurinacional para la pesca para el periodo 2028-2034, que «contempla una reducción del 67 por ciento de los fondos europeos, y que afectará a medidas que se vienen aplicando en Asturias».

También se contempla la «desaparición» del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura como «fondo independiente y específico, con lo que el presupuesto pesquero quedaría diluido».

Queipo ha alertado también de que el nuevo Marco Financiero Plurianual propuesto «afectaría a la modernización de la flota, a las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector y a las ayudas a las organizaciones de productores, que son importantes para la comercialización de las especies pesqueras».

El dirigente popular mantendrá mañana, martes, una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladar los problemas del campo asturiano y las reformas que plantea el sector.