La Comisión Europea ultima las negociaciones sobre los TAC y prepara una revisión profunda de la Política Pesquera Común y del marco financiero en clave climática

La Comisión Europea afronta unas semanas de intensa actividad en el ámbito marítimo y pesquero, con dos grandes frentes sobre la mesa: las negociaciones de diciembre sobre los TAC y cuotas —que definirán los límites de captura de 2026— y el inicio de una revisión estructural de la Política Pesquera Común (PPC) y del marco financiero plurianual en un contexto marcado por el cambio climático y la transición energética.

En el primer bloque, Bruselas trabaja ya en los documentos preparatorios para las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca, que se celebrarán en diciembre y que volverán a ser determinantes para la flota española, especialmente para las del norte peninsular y las del Golfo de Vizcaya. La cuota de caballa se perfila como el elemento más sensible de la negociación, tanto por su impacto económico directo en las flotas de Euskadi, Cantabria y Galicia como por el conflicto latente con Noruega y las Islas Feroe, acusadas de sobreexplotar la población sin un acuerdo equitativo de reparto.

En este sentido, el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, y el nuevo responsable de Energía y Pesca, Stavros Kadis, deberán fijar una posición firme frente a los Estados ribereños que mantienen cuotas unilaterales, defendiendo el principio de sostenibilidad y el equilibrio económico de las flotas comunitarias. También se espera una atención especial a la gestión de los gádidos en el Mar Céltico, donde las recomendaciones científicas del CIEM han sido especialmente restrictivas y podrían poner en riesgo la rentabilidad de numerosas embarcaciones.

Por otro lado, el debate sobre la Política Pesquera Común (PPC) entra en una fase clave. La Comisión ha confirmado que la evaluación general del marco actual concluirá a comienzos de 2026, y que los resultados serán presentados en la reunión ministerial de mayo en Chipre, para su posterior debate en el Consejo de Agricultura y Pesca. Esta revisión pretende integrar mejor las consecuencias del cambio climático en la gestión de recursos marinos y en las ayudas a las flotas, reforzando las dimensiones ambiental, social y económica de la política.

El sector pesquero español, a través de sus principales organizaciones, ha insistido en que la PPC actual no ofrece herramientas suficientes para afrontar los retos que plantea el calentamiento de los océanos, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión de otros usos del mar, como la energía eólica marina o la minería submarina. En palabras de fuentes del sector, “es imprescindible adaptar la política pesquera a una realidad donde el cambio climático ya condiciona los calendarios, las zonas de pesca y las propias especies”.

En esta dirección, la Comisión Europea presentará a principios de 2026 una hoja de ruta para la transición energética del sector pesquero, con recomendaciones concretas para reducir emisiones, promover la eficiencia energética en buques y favorecer el acceso a combustibles alternativos. Esta estrategia, que se discutirá en una conferencia de alto nivel durante el primer trimestre de ese año, pretende servir de base para una nueva generación de ayudas a la modernización de flota, orientadas a la descarbonización y la competitividad.

Sin embargo, el nuevo marco financiero plurianual propuesto por Bruselas ha generado decepción y malestar en el sector, especialmente en España. La reducción de más de 4.000 millones de euros en los fondos destinados a pesca y acuicultura respecto al actual período se percibe como un retroceso injustificado, más aún cuando otros sectores han incrementado sus dotaciones para afrontar la transición verde. “Resulta incoherente pedir una flota más sostenible y eficiente si se recortan los recursos que lo harían posible”, denuncian desde las organizaciones pesqueras.

La revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) será, por tanto, uno de los temas más debatidos de los próximos meses. España, junto a Francia, Portugal e Irlanda, presionará para reforzar las líneas de financiación dirigidas a la renovación de buques, digitalización y formación profesional, elementos considerados esenciales para el relevo generacional y la viabilidad económica de las flotas.

Por su parte, la Comisión defiende que la reorientación de fondos europeos responde a la necesidad de un enfoque más transversal, donde la pesca forme parte de un ecosistema azul integrado que combine sostenibilidad, innovación y cohesión social. No obstante, fuentes del Parlamento Europeo advierten que sin inversión real en tecnología limpia y reconversión energética, las buenas intenciones “corren el riesgo de quedarse en papel mojado”.

En paralelo, Bruselas ha puesto sobre la mesa un calendario político que marcará la agenda pesquera europea. Además de la presentación del balance de la PPC en mayo, se prevén consultas técnicas con los Estados miembros en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de consensuar nuevas metas de sostenibilidad y transición energética antes de 2027.

De fondo, el sector afronta un momento de redefinición. La convergencia entre los debates sobre TACs, política climática y financiación europea dibuja un escenario en el que la pesca ya no puede entenderse aislada, sino integrada en la estrategia azul del Pacto Verde Europeo.

En definitiva, Bruselas encara un invierno de decisiones determinantes. Las cuotas de 2026, la relación con Noruega, la revisión de la PPC y la transición energética del sector pesquero serán los cuatro ejes de una agenda decisiva para el futuro del mar europeo. España, como potencia pesquera y país ribereño, aspira a desempeñar un papel protagonista en un proceso que marcará el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la supervivencia económica de miles de familias del litoral atlántico y cantábrico.

El país luso prohíbe la captura de la especie en las zonas 8c, 9, 10 y aguas comunitarias de la CECAF al alcanzar el 95 % de los límites asignados, permitiendo solo capturas accesorias del 5 %

El Gobierno de Portugal ha decretado el cierre temporal de la pesquería de rape (Lophius spp.) en el Atlántico, tras alcanzar el 95 % de la cuota anual asignada para esta especie en las zonas 8c, 9, 10 y en aguas de la Unión Europea dentro de la zona CECAF 34.1.1.. La medida, que entrará en vigor a las 00:00 horas del próximo martes 21 de octubre, supone la prohibición total de nuevas capturas, permitiéndose únicamente la retención de capturas accesorias de rape, siempre que estas no superen el 5 % del total descargado por embarcación y marea.

La decisión fue adoptada por la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos (DGRM) del Ministerio del Mar portugués, en aplicación del sistema de gestión y control de cuotas comunitarias establecido por la Unión Europea. Según la DGRM, el cierre tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los límites de captura y evitar la sobrepesca de una especie de alto valor comercial, muy presente en los mercados ibéricos y europeos.

El rape, conocido por su carne blanca y su elevada demanda tanto en fresco como en productos elaborados, es una especie objetivo importante para las flotas de arrastre y palangre del Atlántico ibérico, que faenan entre el Golfo de Cádiz y el norte de Galicia. El cierre afecta, por tanto, a un amplio abanico de buques portugueses, incluidos aquellos que operan en zonas compartidas con la flota española, particularmente en el Cantábrico Noroeste y el Golfo de Vizcaya.

Fuentes del sector consultadas por medios lusos han señalado que el cierre “era previsible, dado el elevado nivel de esfuerzo pesquero en los últimos meses”, aunque reconocen que podría tener un impacto económico considerable para algunas comunidades costeras dependientes del arrastre de fondo. No obstante, las organizaciones de productores y armadores han valorado positivamente que el sistema de seguimiento de cuotas funcione con transparencia, lo que permite “anticipar decisiones y evitar sanciones por sobrepesca”.

Por otro lado, el Ministerio del Mar portugués ha recordado que la medida tiene carácter precautorio y que se mantendrá vigente hasta el inicio del próximo año de gestión pesquera, momento en que se asignarán las nuevas cuotas comunitarias dentro del marco de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026, actualmente en negociación entre la Comisión Europea y los Estados miembros.

En este sentido, el cierre del rape en Portugal se produce en un contexto de intensa preparación para el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre, donde se definirán los límites de captura para las principales especies del Atlántico y el Cantábrico. Entre los temas más sensibles que se debatirán figuran la caballa, el gallo, la merluza y el propio rape, especies de gran relevancia para las flotas española y portuguesa.

Desde la Comisión Europea, se ha insistido en que las decisiones nacionales de cierre anticipado son una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de la UE en materia de gestión responsable de los océanos.

En paralelo, Portugal sigue reforzando sus sistemas de control y seguimiento de las capturas, con la aplicación de tecnologías digitales y trazabilidad electrónica, que permiten conocer en tiempo real la evolución del consumo de cuota por especie y por zona de pesca. Estas medidas, que forman parte del Plan Nacional de Control Pesquero, han sido valoradas por la Comisión como un ejemplo de buena gobernanza en la gestión de los recursos marinos.

El rape, que puede alcanzar tamaños de hasta un metro y habita en fondos fangosos y arenosos de entre 20 y 1.000 metros de profundidad, constituye una de las especies demersales más representativas del Atlántico ibérico. Su gestión sostenible resulta especialmente relevante para la conservación del ecosistema bentónico y para el equilibrio económico de las flotas mixtas que comparten espacio con otras especies de interés, como la merluza, el gallo o el lenguado.

Con este cierre, Portugal se suma a otros Estados miembros que en los últimos meses han activado medidas similares para preservar sus cuotas y evitar excedentes en el marco del actual sistema comunitario de gestión pesquera. La decisión refuerza, además, la coordinación con España, con la que Lisboa mantiene un mecanismo permanente de intercambio de información sobre el estado de los recursos y las capturas, en el marco del Acuerdo Bilateral de Cooperación Pesquera Atlántica.

El Ministerio portugués ha concluido su comunicación recordando a los armadores y patrones de buques la obligación de respetar las limitaciones impuestas y de declarar correctamente todas las capturas accesorias, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso y la protección de un sector que, en palabras de la DGRM, “depende directamente de la salud de nuestros mares y del cumplimiento responsable de las normas que los protegen”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca garantizar la continuidad de la actividad pesquera y evitar el desaprovechamiento del esfuerzo asignado

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha puesto en marcha nuevos mecanismos de optimización de los días de pesca en el Mediterráneo y de las cuotas en el Atlántico para el año 2025, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad pesquera, evitar la paralización prematura de buques y asegurar un uso eficiente del esfuerzo y los recursos asignados a España.

En el caso del Mediterráneo, la medida está dirigida a la flota de arrastre de fondo, uno de los segmentos más afectados por las restricciones derivadas del Plan de Gestión Plurianual aprobado por la Unión Europea para recuperar las poblaciones demersales. Este sistema permitirá que los buques que agoten sus días autorizados antes de final de año puedan continuar faenando gracias a la redistribución de jornadas no utilizadas por otras embarcaciones, evitando así el cese de actividad forzoso y el impacto económico que ello conllevaría.

La resolución del MAPA contempla la reasignación de días de pesca entre 520 de los 557 buques que componen la flota mediterránea de arrastre. Este mecanismo, de carácter dinámico y flexible, se actualizará cada dos semanas mediante una aplicación digital, que permitirá monitorizar en tiempo real el uso de los días disponibles y ajustar la asignación según las necesidades de cada armador o zona de pesca.

Fuentes del Ministerio subrayan que el sistema busca “optimizar el esfuerzo pesquero nacional sin sobrepasar los límites de sostenibilidad establecidos por Bruselas”, y que además “favorece una gestión más transparente y adaptada a la realidad de cada puerto y cofradía”. La medida ha sido bien recibida por parte del sector mediterráneo, que venía reclamando una mayor flexibilidad ante la complejidad de operar con calendarios rígidos y cupos dispares entre provincias.

Por otro lado, el Ministerio ha activado también el mecanismo de optimización de cuotas pesqueras del Atlántico para 2025, que se aplicará a distintos segmentos de flota: arrastreros, cerqueros y palangreros, que operan en el Cantábrico, el Noroeste, el Golfo de Cádiz, las aguas portuguesas y el caladero de Gran Sol.

Este instrumento permitirá a las embarcaciones acceder a cuotas optimizadas para hasta diez especies de interés comercial, entre ellas la merluza, el rape del sur y la cigala noruega, asegurando una distribución más eficiente y ajustada a las capturas reales. Se trata de una herramienta que complementa los intercambios de cuota entre Estados miembros y los mecanismos de compensación interna, facilitando que las flotas con mayor actividad puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles sin exceder los límites establecidos por la UE.

Desde el Ministerio se destaca que estos mecanismos son parte de una estrategia integral de modernización y eficiencia en la gestión de los recursos pesqueros españoles. “España dispone de un sistema de control y redistribución de esfuerzo pesquero que es referente en Europa”, señalan fuentes de la Secretaría General de Pesca, que subrayan el compromiso del Gobierno con una pesca sostenible, competitiva y adaptada a los nuevos marcos regulatorios comunitarios.

Asimismo, se considera que la digitalización de los sistemas de control y redistribución representa un paso adelante en la gobernanza del sector. La introducción de aplicaciones móviles y plataformas interactivas permitirá que armadores, cofradías y administraciones trabajen de forma coordinada, facilitando la planificación de mareas, el seguimiento de capturas y la trazabilidad del esfuerzo pesquero.

En un contexto de creciente presión normativa y ambiental, el Gobierno español busca equilibrar la sostenibilidad biológica con la viabilidad económica de las flotas. El nuevo sistema se enmarca dentro de la política pesquera nacional para 2025, que combina mayor flexibilidad operativa con compromisos firmes de sostenibilidad y control.

El buque Intermares, dedicado a la formación y cooperación pesquera internacional, simboliza esa apuesta por una gestión moderna y responsable de los océanos, integrando la innovación tecnológica en la práctica cotidiana de la pesca.

Con estas medidas, España refuerza su posición como líder en gestión adaptativa de recursos pesqueros dentro de la Unión Europea, avanzando hacia un modelo en el que eficiencia, sostenibilidad y digitalización se convierten en los pilares de la pesca del futuro.

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Cinco marineros mauritanos pierden la vida tras la colisión de dos buques con vínculos europeos; una ONG denuncia opacidad y falta de control en el sistema de pabellones africanos

Una nueva tragedia en las aguas de África occidental ha vuelto a poner bajo el foco las zonas de pesca más codiciadas del Atlántico africano y la presencia de intereses europeos bajo pabellones africanos. El 12 de septiembre de 2025, el barco mauritano Tafra 3, de origen español, se hundió frente al Cabo Blanco, en la zona económica exclusiva (ZEE) de Mauritania, tras colisionar con el buque factoría Right Whale, registrado bajo pabellón gambiano. El siniestro provocó cinco fallecidos, todos ellos marineros mauritanos, y reavivó las críticas sobre la falta de control y transparencia en la actividad pesquera internacional en la región.

Según confirmaron las autoridades de Nuadibú, veintiún tripulantes fueron rescatados con vida, mientras que la fiscalía mauritana ha abierto una investigación judicial para esclarecer las causas del naufragio y determinar posibles responsabilidades penales. Los primeros informes indican que el Right Whale habría embestido al Tafra 3 cuando este último recogía sus artes de pesca, un momento crítico en el que los barcos suelen tener limitada maniobrabilidad. Tanto el capitán como el primer oficial del buque factoría fueron puestos bajo custodia preventiva, a la espera de los resultados de la investigación.

Medios gallegos han recogido también testimonios de marineros españoles supervivientes, que describen cómo el hundimiento del Tafra 3 se produjo apenas cinco minutos después del impacto, sin tiempo para maniobrar ni activar todos los protocolos de emergencia.

Un mes después del suceso, la Coalición por Acuerdos de Pesca Justos (Cape/CFFA) ha publicado una investigación independiente que cuestiona el papel de determinados armadores europeos y los mecanismos de control de la Unión Europea en las flotas que operan bajo pabellones africanos. El informe revela que el Tafra 3, aunque registrado en Mauritania, pertenece a un grupo armatorial español que repavillonó el buque para continuar faenando en aguas africanas. Por su parte, el Right Whale habría sido registrado en Malta antes de cambiar su bandera por la de Gambia, estando controlado por intereses europeos y rusos.

Según la ONG, esta práctica refleja “la responsabilidad difusa de la Unión Europea” en un sistema que permite a empresas del continente seguir explotando recursos africanos fuera de los límites de los acuerdos oficiales de pesca. Los llamados pabellones de conveniencia, advierte el informe, facilitan la evasión de normas de sostenibilidad y transparencia, creando una red de intereses opaca y difícil de rastrear.

“La tragedia del Tafra 3 no es un accidente aislado, sino el síntoma de un modelo descontrolado que combina inversión europea, pabellones africanos y falta de supervisión internacional”, denuncia Cape/CFFA en su comunicado. La ONG exige a Bruselas una revisión urgente de sus mecanismos de control y de los acuerdos bilaterales de pesca, especialmente con países como Mauritania, Senegal o Gambia, donde la densidad de flotas extranjeras y la presión sobre los recursos marinos están alcanzando niveles alarmantes.

En este contexto, las autoridades mauritanas continúan investigando las causas exactas del accidente, mientras crecen las presiones diplomáticas y las demandas de mayor transparencia. Organizaciones locales han reclamado una mayor vigilancia marítima y el fortalecimiento de la administración pesquera, denunciando que “los recursos de los países africanos siguen beneficiando a grandes armadores extranjeros en detrimento de las comunidades costeras locales”.

El Cabo Blanco, situado en el límite entre Mauritania y el Sáhara Occidental, es una de las zonas más ricas en biodiversidad y pesca comercial de toda África, donde operan decenas de buques industriales europeos, asiáticos y africanos. Pese a los esfuerzos del país por ordenar su espacio marítimo y reforzar la cooperación internacional, la flota mixta y los cambios de bandera continúan siendo una práctica extendida.

El naufragio del Tafra 3 ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de mayor control sobre las actividades pesqueras extranjeras, la verificación real de los propietarios de los buques y la responsabilidad compartida entre los Estados de pabellón y las instituciones europeas.

En palabras de Cape/CFFA, “mientras los marineros africanos sigan perdiendo la vida en un sistema que prioriza el beneficio sobre la transparencia, la Unión Europea no podrá hablar de pesca sostenible ni de cooperación justa”.

El caso del Tafra 3 se suma así a una serie de incidentes recientes en aguas africanas que exponen la cara menos visible de la globalización pesquera, donde las fronteras legales se diluyen y las víctimas siguen siendo, casi siempre, los trabajadores locales y los ecosistemas marinos.