Ambas comunidades reclaman que la política pesquera mantenga presupuesto propio y no se diluya en un fondo único, apelando al principio de subsidiariedad.

Euskadi y Galicia han mostrado una posición común frente a la propuesta de la Comisión Europea de integrar la Política Pesquera Común y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) en un gran fondo financiero junto a otras políticas. Tanto la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, como la conselleira do Mar gallega, Marta Villaverde, defendieron en Madrid la necesidad de un fondo específico para la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la aplicación de planes regionales, ajustados a las competencias autonómicas y a la diversidad productiva de los territorios.

Euskadi: subsidiariedad y planes autonómicos

En el Consejo Consultivo ministerial convocado por el ministro Luis Planas, Amaia Barredo fue clara: “nos oponemos radicalmente a articular los planes nacionales solo a nivel estatal y dejar su aplicación en manos del Gobierno central”. La representante vasca defendió la necesidad de una PAC y una política pesquera con presupuestos propios, al margen de la cohesión o la transición verde, y con planes regionales en base al principio de subsidiariedad.

Según Barredo, mezclar todas las políticas en un único fondo, como plantea Bruselas, “ignora la diversidad estructural del campo y la pesca en el Estado español”, recordando que no es comparable la realidad del agro murciano con la gallega, ni la del sector pesquero del Cantábrico con la del Mediterráneo. Para Euskadi, la centralización de los instrumentos de gestión “aminora la identidad de los estados miembros y resta capacidad de decisión a las comunidades autónomas”.

La consejera insistió en que el Gobierno Vasco llevará esta defensa a Madrid y Bruselas, convencida de que una política adaptada a cada territorio es la única forma de garantizar eficacia y justicia para agricultores y pescadores.

Galicia: defensa del sector pesquero

Por su parte, Marta Villaverde destacó tras la reunión con el ministro Planas que las propuestas anunciadas “son las mismas que Galicia lleva reclamando desde julio”, cuando varias comunidades autónomas pidieron una Conferencia Sectorial para definir una estrategia conjunta de defensa del FEMPA.

Villaverde valoró positivamente la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, pero advirtió de que Galicia mantendrá la presión para que se garantice un fondo pesquero independiente y no sujeto a los vaivenes de otras prioridades estatales. La conselleira recordó que Galicia es la principal región pesquera de la UE, con un sector que depende de estos fondos para sostener la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de su flota y su industria transformadora.

La representante gallega reclamó además una aplicación de la Política Pesquera Común y del Pacto Europeo por los Océanos “en línea con las enmiendas presentadas por Galicia”, que incluyen la participación directa de las comunidades costeras, el apoyo a los operadores y la adaptación al cambio climático.

Pesca internacional y retos comerciales

Villaverde aprovechó la reunión para trasladar también la preocupación del sector por las negociaciones con Reino Unido sobre las posibilidades de pesca en aguas compartidas, esenciales para los 87 buques gallegos que faenan en el Gran Sol y que en 2024 capturaron más de 31.000 toneladas. Reclamó que las futuras cuotas atiendan no solo a criterios biológicos, sino también a factores económicos y sociales.

Asimismo, exigió una postura más firme frente a Noruega, que se autoasigna cuotas de bacalao y exporta al mercado europeo más de 1.300 millones de euros anuales en productos pesqueros. Villaverde también cuestionó la entrada masiva de salmón noruego de acuicultura, denunciado por prácticas que incumplen criterios de sostenibilidad y afectan a las poblaciones de pequeños pelágicos en África Occidental.

Un frente común autonómico

La coincidencia entre Euskadi y Galicia refleja el malestar generalizado de las comunidades autónomas con la propuesta de Bruselas. Ambas regiones insisten en que el FEMPA debe seguir siendo un instrumento autónomo, con financiación suficiente y estable, y que los planes de aplicación deben diseñarse desde la realidad de cada territorio.

En un contexto en el que el sector pesquero reclama certidumbre y apoyo frente a la competencia internacional y el cambio climático, Euskadi y Galicia se sitúan como punta de lanza en la defensa de un modelo descentralizado y justo, que blinde los intereses de las flotas y comunidades costeras en el nuevo marco europeo.

Canarias contra el trato diferenciado

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, manifestó en el seno de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, la oposición del Archipiélago a las propuestas de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual, ya que promueven una visión centralista y la unificación de programas que ponen en riesgo el POSEI y el tratamiento singular de las Regiones Ultraperiféricas.

Durante los encuentros, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Quintero informó de que se ha solicitado a esta institución europea el blindaje de los fondos destinados a las RUP y se ha comunicado el rechazo absoluto de Canarias a cualquier retroceso del estatus diferenciado de estos territorios en el marco de las políticas europeas, una postura compartida por el titular del Ministerio, que ha manifestado «que el POSEI no debe perder su identidad propia», un programa que, según ha señalado Planas, «aparece difuminado en el fondo nacional con unas características que no son las más adecuadas».

El ministro también defiende que el POSEI tiene que seguir teniendo su singularidad dentro de la política agraria europea y contar una dotación clara e identificada y, además, al alza, como así demuestran los informes europeos presentados por Canarias a la instituciones europeas», indicó el miembro del Ejecutivo canario. «Este asunto es para España una cuestión de estado, siendo el primer país que junto a la Comunidad Autónoma ha planteado el rechazo de las RUP a este nuevo enfoque europeo», agregó.

El titular del departamento autonómico advirtió de que la desaparición de fondos específicos planteada por Bruselas y el hecho de que esta deje en manos del Estado el reparto presupuestario supone en la práctica «un recorte encubierto» que afecta directamente a agricultores y ganaderos del Archipiélago, compromete el desarrollo económico y social de las Islas y vulnera el artículo 349 del Tratado europeo, el cual ampara a estas regiones, situadas fuera del continente europeo, de pequeña dimensión, y con desventajas estructurales comunes derivadas de problemas conectividad, una dependencia extrema del exterior, la ausencia de una economía de escala y una mayor vulnerabilidad que otras áreas.

«Ni el Ejecutivo ni el sector primario de Canarias vamos a aceptar que se cuestione el POSEI ni que se diluyan los instrumentos específicos para las RUP, las cuales necesitan proyectos adaptados a la realidad de estos territorios. Canarias precisa un marco estable y diferenciado que proteja a nuestros productores frente a la competencia desleal y a los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía que soporta el cambio canario», subrayó.

En este sentido, Quintero recordó que además de otros encuentros posteriores, las RUP y sus Estados ratificaron en el mes de mayo una declaración conjunta en la que solicitaron duplicar la ficha del POSEI para compensar el incremento de costes en insumos básicos como la alimentación animal, la energía o el transporte, que han disparado los gastos de las explotaciones agrarias, especialmente en los últimos años. «El único modo de garantizar el futuro del campo canario es reforzar el POSEI, no recortarlo. Los precios siguen subiendo y el programa, cuya financiación no se ha actualizado en casi dos décadas, se ha quedado corto para atender las necesidades de nuestros profesionales del campo», añadió.

Asimismo, señaló que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se blinden los fondos directos para las RUP y no dependan de la redistribución estatal, «pues ello supondría un paso atrás inaceptable en el reconocimiento europeo a nuestras singularidades».

Finalmente, el consejero puso en valor la posición común articulada por Canarias con el resto de RUP y con sus Estados para «defender juntos nuestro tratamiento diferenciado en la UE» y mantener fondos y políticas adaptadas a la ultraperiferia, tanto en materia agraria como pesquera. «No pedimos privilegios, defendemos la política de cohesión y en base a esta que la Comisión se replantee sus prioridades para el periodo 2028-2034. Somos Europa en el Atlántico y vamos a defender con firmeza a nuestro sector primario en todas las instancias y su acceso a los recursos europeos», concluyó.

Apoyo a la pesca

En materia pesquera, Quintero insistió en que las Regiones Ultraperiféricas, y en particular Canarias, necesitan que la Unión Europea mantenga programas específicos que garanticen la sostenibilidad y viabilidad de sus flotas artesanales, muy condicionadas por la ultraperiferia. Defendió que, al igual que existe un POSEI para la agricultura, debe impulsarse un POSEI-Pesca que agilice y mejore el apoyo a la compensación de los costes adicionales que afrontan estas actividades en las RUP.

«Hay que destacar que la actual regulación dentro del FEMPA provoca importantes retrasos en los abonos de las ayudas, con repercusiones negativas para la sostenibilidad económica del sector pesquero y acuícola de estos territorios, por lo que desde Canarias se propone un cambio en el reglamento sobre el actual FEMPA», apuntó.

Además, según Quintero el marco normativo de la política pesquera comunitaria ha sido ineficaz a la hora de impulsar la necesaria modernización de la flota pesquera de las RUP con el fin de lograr una mejora decidida de la seguridad marítima, las condiciones de trabajo a bordo y la eficiencia energética de los buques envejecidos. «Así, a pesar de la implantación de medidas, tanto en el marco del Reglamento de minimis, como de las directrices de ayudas estatales en el sector de la pesca, que han permitido la concesión de ayudas para determinadas acciones de modernización, como la sustitución de motores o la construcción de buques de menos de 12 metros de eslora, hay actuaciones de interés para la renovación de la flota no se pueden beneficiar de la financiación del FEMPA, por lo que pedimos que esta situación se tenga en cuenta y sea modificada de cara al nuevo periodo de programación, si queremos tener mayor seguridad en los barcos, que estos sean más sostenibles y que se fomente el tan necesario relevo generacional en el sector», comentó.

El consejero resaltó que esta propuesta debe ir acompañada de mejoras en la asignación de cuotas de túnidos en beneficio de la flota artesanal de las RUP y que estas sean gestionadas por la UE.

«Si Europa quiere que la pesca siga siendo una actividad con futuro en las islas, necesita medidas específicas y financiación adaptada a nuestra realidad», afirmó.

Bruselas destaca este pacto como el primer acuerdo comercial multilateral centrado en la sostenibilidad, clave para frenar la sobrepesca y proteger los océanos.

La Unión Europea ha acogido con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al que calificó como un “hito histórico” en los esfuerzos internacionales para proteger los océanos. El acuerdo, concluido en 2022 tras dos décadas de negociaciones, es el primer pacto multilateral en materia de comercio con un enfoque explícito en la sostenibilidad, e introduce normas vinculantes destinadas a eliminar las subvenciones más dañinas que alimentan la sobrepesca.

Un punto de inflexión para la pesca mundial

El nuevo marco normativo prohíbe las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como todas las ayudas a la pesca en aguas internacionales no reguladas, consideradas las zonas más vulnerables del planeta. Además, veta las subvenciones dirigidas a las poblaciones de peces más sobreexplotadas, lo que supondrá un alivio directo para los ecosistemas marinos.

El acuerdo también introduce exigencias de transparencia sin precedentes, obligando a los gobiernos a notificar a la OMC sus subvenciones y prácticas pesqueras. Para garantizar el cumplimiento, se ha creado un nuevo Comité de Subvenciones a la Pesca de la OMC, que revisará las notificaciones y supervisará la aplicación del acuerdo.

Liderazgo europeo y responsabilidad global

La UE ha desempeñado un papel central tanto en la negociación como en la temprana ratificación del acuerdo. “Es el primer acuerdo comercial multilateral centrado en la sostenibilidad y contribuirá a restaurar las poblaciones de peces en todo el mundo”, afirmó Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica. “Demuestra que la OMC puede ofrecer soluciones a los desafíos actuales de sostenibilidad y que la cooperación multilateral es indispensable.”

Por su parte, el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, subrayó que el pacto “es crucial para que las subvenciones pesqueras tengan la sostenibilidad como objetivo central”. Añadió que el acuerdo es un pilar fundamental dentro del Pacto Europeo por los Océanos y se complementa con iniciativas globales como el Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, al que calificó como “otro paso decisivo para salvar nuestros océanos”.

La entrada en vigor del acuerdo activa también el Fondo para la Pesca de la OMC, creado para ayudar a los países en desarrollo y a los menos adelantados a implementar las nuevas reglas, mejorar la sostenibilidad y beneficiar directamente a sus comunidades costeras. La UE y sus Estados miembros son los principales contribuyentes a este fondo, reafirmando su compromiso de apoyo a la transición global hacia una pesca responsable.

Próximos pasos

Con el acuerdo ya en vigor, los miembros de la OMC deberán adaptar sus marcos internos de subvenciones pesqueras a las nuevas normas multilaterales. Además, deberán presentar informes periódicos que serán examinados en el comité creado a tal efecto.

Hasta la fecha, 111 miembros de la OMC han aceptado las nuevas reglas, pero Bruselas ha hecho un llamamiento a los países aún pendientes de ratificación, especialmente a las grandes naciones pesqueras, para que se sumen cuanto antes y multipliquen los beneficios de este pacto global.

Muy positivo para la FAO

El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC marca un antes y un después en la gobernanza de los océanos. La UE lo celebra como un triunfo del multilateralismo y una herramienta indispensable para reducir la sobrepesca, luchar contra la pesca ilegal y garantizar el futuro de millones de personas que dependen de los recursos marinos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dado la bienvenida a la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al que considera un paso decisivo para eliminar las ayudas públicas más dañinas y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.

“Este acuerdo es muy positivo para la sostenibilidad de los recursos pesqueros de los que todos dependemos. La FAO espera colaborar activamente en su implementación y ayudar a que alcance todo su potencial”, afirmó Manuel Barange, subdirector general de la FAO y responsable de la División de Pesca y Acuicultura.

Un pacto histórico contra la sobrepesca

El acuerdo de la OMC, concluido tras más de 20 años de negociaciones multilaterales, prohíbe las subvenciones que alimentan la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aquellas que afectan a poblaciones sobreexplotadas y las vinculadas a la actividad en alta mar fuera de la jurisdicción de organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Para la FAO, este hito internacional complementa instrumentos que ya impulsa desde hace años, como el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA), en vigor desde 2016, cuyo objetivo es precisamente impedir que los productos procedentes de la pesca ilegal lleguen a los mercados. Actualmente, 84 partes han ratificado el PSMA, entre ellas la Unión Europea en representación de sus 27 Estados miembros.

Apoyo a países en desarrollo

El nuevo acuerdo también activa el Mecanismo de Financiación para la Pesca de la OMC, que ofrecerá asistencia técnica y programas de capacitación a países en desarrollo y menos adelantados. La FAO ha confirmado que trabajará junto a la OMC en la puesta en marcha de este fondo, que será clave para garantizar que las nuevas reglas se apliquen de manera justa y efectiva en todas las regiones.

Barange recalcó que la pesca, además de ser un recurso alimentario fundamental, “proporciona nutrición y sustento a millones de personas en todo el mundo, y el planeta no puede permitirse subvencionar prácticas que comprometan esos beneficios a largo plazo”.

Impulso a la cooperación regional

La FAO considera que la entrada en vigor del acuerdo ofrece una oportunidad para revitalizar el trabajo de los organismos regionales de pesca, esenciales en la gestión de poblaciones compartidas. Según Barange, una colaboración más estrecha a nivel regional será imprescindible para que las prohibiciones de la OMC se traduzcan en una explotación sostenible de los recursos marinos, especialmente en zonas de alta presión pesquera.

Un marco global en expansión

La lucha contra la pesca ilegal y la reducción de la sobreexplotación de los océanos son prioridades reconocidas por la comunidad internacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 14.6, que mandataba a la OMC a eliminar las subvenciones nocivas. Con este acuerdo, la FAO y la OMC alinean esfuerzos hacia un mismo objetivo: garantizar océanos sanos y un sector pesquero sostenible para las generaciones futuras.

El colectivo denuncia el incumplimiento de los compromisos alcanzados y advierte de nuevas protestas en las próximas semanas.

Madrid, septiembre de 2025.– Los inspectores de la Administración General del Estado han lanzado un ultimátum al Gobierno central: si no se cumplen las medidas acordadas el pasado mes de mayo, volverán a movilizarse. Así lo han expresado sus representantes sindicales, que recuerdan que la suspensión de las protestas iniciadas a comienzos de año respondía a un principio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública que, aseguran, sigue sin materializarse.

El origen del conflicto

El malestar de los inspectores se centra en la falta de medios y recursos para el ejercicio de su labor, así como en las deficiencias en la carrera profesional y la equiparación salarial con otros cuerpos de la Administración. Tras varias jornadas de huelga y concentraciones, el pasado mayo se alcanzó un pacto que incluía compromisos en materia de refuerzo de plantilla, mejoras retributivas y actualización de las condiciones laborales.

Incumplimientos denunciados

Cuatro meses después, los representantes de los inspectores denuncian que el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas. “No se ha avanzado en la convocatoria de nuevas plazas, ni en la dotación de recursos materiales, ni en la homologación de complementos salariales”, lamentan. En este contexto, el colectivo considera que el Ejecutivo “ha dilatado los plazos sin ofrecer soluciones reales”.

Consecuencias de la falta de recursos

Los inspectores advierten de que la falta de medios tiene un impacto directo en su trabajo y, por extensión, en la ciudadanía. Las áreas más afectadas, explican, son la inspección fiscal, laboral y de servicios públicos esenciales, donde la escasez de personal impide responder con rapidez y eficacia a irregularidades, fraudes o abusos.

El calendario de movilizaciones

De no concretarse avances inmediatos, los inspectores prevén retomar las protestas a partir de octubre, con un calendario que incluiría huelgas parciales, concentraciones frente a ministerios y delegaciones del Gobierno, así como campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. “Nos vemos obligados a volver a las calles para defender lo que ya estaba firmado”, señalan.

Llamamiento al diálogo

El colectivo insiste en que su intención no es el enfrentamiento, sino el cumplimiento de lo pactado. “El acuerdo de mayo fue fruto de un esfuerzo negociador importante, tanto por parte del Gobierno como de los inspectores. No entendemos que ahora se ignore lo firmado”, han explicado. Por ello, urgen al Ministerio a convocar una reunión en los próximos días para desbloquear la situación.

Precedentes y apoyos

No es la primera vez que los inspectores protagonizan movilizaciones. En años anteriores ya denunciaron la sobrecarga de trabajo y la falta de reposición de plazas derivada de jubilaciones. La situación, aseguran, se ha agravado con el paso del tiempo y ahora cuentan con el respaldo de asociaciones profesionales y sindicatos que consideran sus demandas “justas y necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos”.

Un pulso abierto

La amenaza de nuevas protestas coloca al Gobierno en una situación incómoda, en un momento en que busca transmitir estabilidad en la gestión de la Administración. Cumplir lo pactado en mayo sería, según los inspectores, un gesto de respeto institucional y un compromiso con la calidad de los servicios públicos.

Mientras tanto, el colectivo mantiene la presión y reitera su advertencia: si no hay avances en breve, volverán a movilizarse.

Roma acoge un debate potente sobre pesca responsable en la UE: equilibrio entre conservación marina, apoyo a los pescadores artesanales y justicia económica.

En el reciente Coast Guard Global Summit celebrado en Roma, se puso en primer plano la necesidad de una pesca europea que combine protección ambiental, competitividad económica y solidaridad social, especialmente para el Mediterráneo. Autoridades como el comisario europeo para Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Costas Kadis, y ministro s europeos coincidieron en que este debe ser el enfoque para reforzar la política pesquera de la UE de cara al futuro.

Políticas comunitarias e iniciativas recientes

Según el sitio oficial de la Unión Europea sobre la Política Pesquera Común (CFP, por sus siglas en inglés), la política tiene como objetivo gestionar de forma sostenible las flotas pesqueras europeas y conservar los recursos marinos. Se incluyen reglas claras como objetivos obligatorios basados en ciencia para asegurar que los stocks se mantengan por encima de niveles que produzcan rendimiento máximo sostenible (MSY), minimizar capturas accidentales (bycatch) y proteger ecosistemas vulnerables.

Un reporte reciente de la Comisión Europea confirma que en el Atlántico Noreste, la proporción de caladeros sobreexplotados ha bajado de un 72 % en 2004 a apenas un 22 % en 2023, lo que demuestra que la CFP funciona cuando se aplica con rigor. Sin embargo, en el Mediterráneo los resultados son menos alentadores: aunque la sobrepesca ha disminuido (del 75 % en 2004 al 51 % en 2022), la biomasa total de peces aún no se ha recuperado significativamente, en buena parte por retrasos en implementar medidas sostenibles basadas en la ciencia.

Enfoque sobre los pescadores artesanales y comunidades costeras

Los pescadores artesanales constituyen un porcentaje muy alto de la flota en la UE, especialmente en el Mediterráneo, donde representan más del 70-75 %. En el discurso de Roma se destacó que estas personas –habitualmente con menor capacidad económica, mayor vulnerabilidad a los cambios ambientales, y dependencia directa del recurso marítimo para su subsistencia– necesitan políticas específicas que les garanticen equidad: accesos a cuotas justas, ayudas alineadas con la sostenibilidad, financiamiento local, relevo generacional y condiciones de trabajo dignas.

Informes de organizaciones como WWF Europa y Oceana han denunciado que, aunque los fondos europeos para pesca sostenible (EMFAF, etc.) han crecido, su distribución suele favorecer a las flotas industriales más grandes, dejando atrás a los pequeños pescadores artesanales, quienes enfrentan barreras administrativas, costes elevados o requisitos poco adaptados a su escala.

Cambio climático, especies invasoras y retos del Mediterráneo

El Mediterráneo se encuentra particularmente expuesto al calentamiento global, al aumento de la temperatura del mar, al cambio en las corrientes y a la llegada de especies invasoras. Estas transformaciones están alterando los ecosistemas marinos y aumentando la urgencia de medidas adaptativas. En Roma, Kadis hizo hincapié en que los mares sanos son fundamentales para la pesca: sin ecosistemas resilientes, la pesca no tiene futuro.

Entre las iniciativas que se mencionaron está el nuevo Pacto Europeo por los Océanos y un Pacto específico para el Mediterráneo, previstos para octubre, que intentarán coordinar políticas sobre cambio climático, protección de ecosistemas marinos, pesca artesanal, y la cooperación con países extraeuropeos ribereños del Mediterráneo para asegurar reglas de competencia justa y preservación de biodiversidad.

Desafíos reales y tensiones previstas

• Juventud y relevo generacional: muchos jóvenes no ven atractiva la pesca profesional debido a condiciones laborales difíciles, incertidumbre regulatoria y bajos ingresos frente al esfuerzo requerido. Lollobrigida destacó que sin incentivos reales para jóvenes, el futuro de muchas comunidades costeras estará en riesgo.
• Financiamiento suficiente: aunque la CFP y los programas europeos han aumentado los recursos, continúan las críticas de que no llegan adecuadamente a quienes tienen menor escala, y de que la burocracia desalienta la participación.
• Implementación desigual: mientras algunas áreas de la UE han logrado reducir drásticamente la sobrepesca (Atlántico Norte), en otras como el Mediterráneo la recuperación de biomasa es lenta y desigual.
• Necesidad de reglas comunes extra frontera: Italia plantea que también los países no miembros de la UE que comparten el Mediterráneo, tengan marcos reguladores y estándares similares, para evitar competencia desleal y proteger los ecosistemas comunes.

Posibilidades que abre esta línea

Las declaraciones y las proposiciones surgidas en Roma tienen implicaciones concretas para España:

1. Más recursos para la pesca en la nueva programación presupuestaria europea, lo cual podría traducirse en mayores ayudas específicas para flota artesanal, modernización tecnológica, estudios científicos y vigilancia coste-mar.
2. Mayor peso en la gestión comunitaria: España puede influir en que los criterios científicos, de justicia social y ambiental sean más tangibles en las reglas de asignación de cuotas, zonas de cierre temporal o regulaciones de pesca, tanto dentro de aguas españolas como en acuerdos internacionales.
3. Relevo generacional con apoyos reales: formación, financiación joven, incentivos para nuevas embarcaciones, y políticas fiscales/cooperativas adecuadas podrían evitar que comunidades costeras envejezcan o se despueblen.
4. Colaboración con países del Mediterráneo: acuerdos bilaterales o multilaterales para armonizar reglas de pesca, estándares ambientales y comerciales, evitando que productos del mar provenientes de terceros países tengan ventajas desleales por normas más laxas.
5. Enfoque de política basada en ciencia rigurosa: informes como los de la Comisión Europea muestran que donde se respeta la ciencia, los objetivos de restauración de stocks se alcanzan más rápidamente; España puede liderar o participar activamente en estas iniciativas para fortalecer su reputación y beneficio económico.

El Summit de Roma refuerza la idea de que una pesca sostenible en Europa no es solo una aspiración ambiental, sino una necesidad urgente ligada a justicia social, viabilidad económica y protección del Mediterráneo como entorno vital. España tiene la oportunidad de alinearse con este enfoque, exigiendo reglas equitativas, apoyando la pesca artesanal, facilitando los cambios generacionales, y trabajando tanto dentro de la UE como con sus vecinos del sur del Mediterráneo. Con una Política Pesquera Común rigurosa, inclusiva y basada en ciencia, los mares vivos también lo serán comunidades costeras prósperas.

Murcia confia en que la UE no reduzca los días de pesca para el arrastre

El Gobierno regional de Murcia confía en que la Unión Europea no vuelva a reducir los días en los que los pescadores de la flota de arrastre del Mediterráneo tienen para faenar en las costas en 2026.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha mantenido un encuentro con responsables de la Conferencia Española de Pesca (Cepesca), este lunes en Madrid, donde han analizado la situación del sector.

Tanto el Gobierno regional como Cepesca coinciden en que el sector no va a poder soportar nuevos esfuerzos y abogan por reducir alguna de las medidas impuestas tras haber adaptado sus flotas a las exigencias europeas.

«Es necesario que los esfuerzos que ha hecho el sector pesquero del Mediterráneo tengan una recompensa y por eso reclamamos una flexibilización de las medidas», ha dicho la consejera tras finalizar la reunión.

Rubira ha destacado las inversiones que ha tenido que hacer la flota de arrastre de la Región de Murcia para adaptarse a las exigencias europeas y poder mantener los 130 días trabajo al año.Play Video

«Las decisiones que se tomen deben de tener en cuenta la viabilidad económica de la actividad pesquera. Tras seis años de reducciones de las cuotas y de días de trabajo, la situación de los caladeros no es la misma y nuestros pescadores no se merecen un nuevo agravio», ha comentado la consejera.

Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de presentar en Europa estudios actualizados del estado de los caladeros para que se puedan ver los resultados de los sacrificios del sector pesquero.

La XII edición de la ANFACO World Tuna Conference reunió a 350 directivos de 32 países, que destacaron el progreso en la gestión sostenible de los stocks de atún y los retos de captar a un nuevo consumidor más exigente.

Vigo, 12 de septiembre de 2025.– La industria atunera mundial lanzó un mensaje contundente desde Vigo: la sostenibilidad ya es una realidad, pero exige cooperación global y digitalización para consolidarse. La declaración final de la XII ANFACO World Tuna Conference subrayó que una proporción cada vez mayor de las capturas de atún procede de poblaciones gestionadas de forma sostenible gracias a la labor de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (ORPs) y al compromiso creciente del sector privado.

El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de septiembre bajo el lema “Reaching the New Consumer”, reunió a más de 350 directivos y profesionales de 32 países, lo que supone la representación de más del 90 % de la producción mundial de atún en conserva. Desde Galicia, epicentro europeo del sector, se volvió a situar a España como primer productor comunitario y segundo del mundo tras Tailandia, reafirmando el liderazgo de Vigo como capital atunera global.

Los expertos coincidieron en que el futuro del sector depende de mantener la salud de los stocks y de aplicar medidas de conservación basadas en datos científicos. La industria recordó que, aunque existen retos en algunas especies y regiones, la gestión internacional está funcionando. Aun así, reclamó una adopción universal de las medidas consensuadas y un mayor control sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La digitalización fue destacada como una oportunidad para reforzar la vigilancia y la trazabilidad global, incorporando inteligencia artificial y big data en todo el proceso, desde la captura hasta la comercialización.

Atún como superalimento

El científico estadounidense Nick Ralston aportó evidencia clave para reforzar el valor nutricional del atún. Explicó el papel modulador del selenio frente al mercurio, desmontando prejuicios y confirmando que el pescado, y en particular el atún, aporta beneficios esenciales para la salud gracias a su contenido en Omega 3, vitaminas B y D. De ahí que la conferencia concluyera que las conservas de atún deben considerarse un superalimento accesible, saludable y sostenible.

Innovación y nuevo consumidor

El debate también giró en torno a la transformación del mercado. El consumidor actual ya no se conforma con un producto nutritivo; demanda conveniencia, experiencias multicanal y valores añadidos como la sostenibilidad y la responsabilidad social. El sector ve aquí una ventaja competitiva: la conserva de atún combina calidad nutricional, practicidad y versatilidad, pero necesita una comunicación más efectiva para conectar con las nuevas generaciones.

En esta línea, se presentaron innovaciones en productos listos para consumir y en valorización de subproductos, con aplicaciones en alimentación funcional, cosmética o farmacéutica, reforzando el modelo de economía circular.

Compromiso social y derechos laborales

La industria atunera también asumió compromisos en el ámbito social. Aplaudió la próxima entrada en vigor del Reglamento europeo contra el trabajo forzoso (2027) y se comprometió a reforzar las garantías de derechos humanos en toda la cadena de suministro. Armadores españoles, como los de OPAGAC, recordaron los avances logrados con observadores independientes a bordo y certificaciones de pesca responsable.

La conferencia incluyó ponencias de representantes de Asia, América Latina, África y Oceanía, que aportaron la visión de sus mercados y coincidieron en la necesidad de reglas comerciales más justas. ANFACO advirtió que los tratados de libre comercio deben exigir los mismos estándares medioambientales y laborales a todos los productores para evitar competencia desleal.

La patronal española insistió en que la supervivencia del sector comunitario pasa por un “level playing field” internacional, donde no prime solo el precio, sino también la sostenibilidad y la ética.

Innovación premiada

La antesala del congreso acogió los Tuna Awards 2025, que reconocieron la creatividad y la sostenibilidad del sector. El Grupo Profand fue premiado por su línea Atún 360, Hijos de José Serrats y el centro tecnológico AZTI por el proyecto Resaltun de economía circular, y Marine Instruments por su plataforma de monitorización inteligente para la flota atunera.

La XII World Tuna Conference dejó claro que el futuro del sector atunero pasa por tres ejes: sostenibilidad, innovación y conexión con el nuevo consumidor. Vigo volvió a ejercer de capital mundial del atún, mostrando que Galicia y España son líderes en una industria que se reinventa sin perder su esencia.

Diez AC publican un dictamen conjunto con propuestas para reforzar su papel, representación y eficacia en la UE.

Diez Consejos Consultivos europeos (ACs) han emitido un dictamen conjunto en el que reclaman una mayor participación en la definición de la Política Pesquera Común (PPC). Se trata de una contribución directa al proceso de evaluación que actualmente lleva a cabo la Comisión Europea y que, según remarcan, debe reforzar la legitimidad y la eficacia de estos órganos consultivos creados en 2002 y ampliados en 2013.

Los Consejos Consultivos son organizaciones dirigidas por las partes interesadas que integran a representantes de toda la cadena de valor de la pesca y la acuicultura (productores, procesadores, sindicatos, distribuidores) y de otros grupos de interés (ONG ambientales y de desarrollo, asociaciones de pesca recreativa, mujeres en la pesca). Su función es asesorar a la Comisión y a los Estados miembros sobre la conservación y gestión de los recursos pesqueros, buscando garantizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Actualmente existen 11 Consejos, la mayoría centrados en cuencas marinas regionales de la UE, mientras que otros tienen un ámbito temático (acuicultura, flota de larga distancia, mercado o stocks pelágicos).

Diagnóstico y recomendaciones

El informe conjunto identifica cuatro áreas clave para reforzar el papel de los AC:

• Composición y representación: se pide diversificar los perfiles, dar mayor equilibrio geográfico y garantizar la proporción establecida en la normativa (60% sector, 40% otros intereses). Se proponen mecanismos de reclutamiento activo, incentivos y la creación de grupos de trabajo específicos por áreas geográficas.
• Función en la toma de decisiones: se reclama más transparencia y rendición de cuentas por parte de la Comisión y los Estados sobre cómo se utilizan las recomendaciones de los AC, además de un sistema de seguimiento público que muestre qué aportes se incorporan a la legislación europea.
• Interacción científica y política internacional: los Consejos piden mayor acceso a procesos de asesoramiento científico (como los del ICES) y un papel reforzado en foros regionales e internacionales, como las ORPs, FAO, ONU o convenios marinos (OSPAR, HELCOM). También solicitan que se mantenga su participación en delegaciones de la UE ante estas instancias.
• Comunicación y divulgación: proponen estrategias más sólidas para dar visibilidad a su trabajo, llegar a la sociedad civil y al Parlamento Europeo, así como ampliar la cooperación con otros organismos internacionales.

“Más inclusivos, persuasivos y efectivos”

El texto reconoce que los Consejos han demostrado capacidad de generar confianza y conocimiento compartido, pero admite que su impacto puede ser mayor si se corrigen carencias como la representación desigual, la escasa visibilidad pública o la limitada claridad sobre cómo se aplican sus recomendaciones.

En palabras de Alexandre Rodríguez, secretario general del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC), “me siento orgulloso de haber ayudado a coordinar este proyecto con la inestimable colaboración de mis colegas de las Secretarías de los Consejos Consultivos. Les agradezco su aportación técnica, paciencia y tenacidad, tres virtudes cardinales que cualquier buen profesional debe tener”.

El documento concluye que la mayoría de las medidas propuestas no requieren reformas legislativas profundas, sino reforzar las buenas prácticas existentes: mayor transparencia, mejor comunicación, equilibrio de intereses y seguimiento de resultados. Con estos cambios, los Consejos Consultivos podrán convertirse en “más inclusivos, persuasivos y efectivos”, contribuyendo a una pesca y acuicultura sostenibles, al fortalecimiento de las cadenas de valor marítimas y a la protección de ecosistemas acuáticos saludables.

Firmado por los presidentes de diez Consejos Consultivos, el dictamen conjunto pretende ser una hoja de ruta para que Bruselas avance hacia una política pesquera más participativa y eficaz, con una verdadera gobernanza de abajo hacia arriba que integre tanto al sector como a la sociedad civil.