Ambas comunidades reclaman que la política pesquera mantenga presupuesto propio y no se diluya en un fondo único, apelando al principio de subsidiariedad.
Euskadi y Galicia han mostrado una posición común frente a la propuesta de la Comisión Europea de integrar la Política Pesquera Común y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) en un gran fondo financiero junto a otras políticas. Tanto la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, como la conselleira do Mar gallega, Marta Villaverde, defendieron en Madrid la necesidad de un fondo específico para la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la aplicación de planes regionales, ajustados a las competencias autonómicas y a la diversidad productiva de los territorios.
Euskadi: subsidiariedad y planes autonómicos
En el Consejo Consultivo ministerial convocado por el ministro Luis Planas, Amaia Barredo fue clara: “nos oponemos radicalmente a articular los planes nacionales solo a nivel estatal y dejar su aplicación en manos del Gobierno central”. La representante vasca defendió la necesidad de una PAC y una política pesquera con presupuestos propios, al margen de la cohesión o la transición verde, y con planes regionales en base al principio de subsidiariedad.
Según Barredo, mezclar todas las políticas en un único fondo, como plantea Bruselas, “ignora la diversidad estructural del campo y la pesca en el Estado español”, recordando que no es comparable la realidad del agro murciano con la gallega, ni la del sector pesquero del Cantábrico con la del Mediterráneo. Para Euskadi, la centralización de los instrumentos de gestión “aminora la identidad de los estados miembros y resta capacidad de decisión a las comunidades autónomas”.
La consejera insistió en que el Gobierno Vasco llevará esta defensa a Madrid y Bruselas, convencida de que una política adaptada a cada territorio es la única forma de garantizar eficacia y justicia para agricultores y pescadores.
Galicia: defensa del sector pesquero
Por su parte, Marta Villaverde destacó tras la reunión con el ministro Planas que las propuestas anunciadas “son las mismas que Galicia lleva reclamando desde julio”, cuando varias comunidades autónomas pidieron una Conferencia Sectorial para definir una estrategia conjunta de defensa del FEMPA.
Villaverde valoró positivamente la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, pero advirtió de que Galicia mantendrá la presión para que se garantice un fondo pesquero independiente y no sujeto a los vaivenes de otras prioridades estatales. La conselleira recordó que Galicia es la principal región pesquera de la UE, con un sector que depende de estos fondos para sostener la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de su flota y su industria transformadora.
La representante gallega reclamó además una aplicación de la Política Pesquera Común y del Pacto Europeo por los Océanos “en línea con las enmiendas presentadas por Galicia”, que incluyen la participación directa de las comunidades costeras, el apoyo a los operadores y la adaptación al cambio climático.
Pesca internacional y retos comerciales
Villaverde aprovechó la reunión para trasladar también la preocupación del sector por las negociaciones con Reino Unido sobre las posibilidades de pesca en aguas compartidas, esenciales para los 87 buques gallegos que faenan en el Gran Sol y que en 2024 capturaron más de 31.000 toneladas. Reclamó que las futuras cuotas atiendan no solo a criterios biológicos, sino también a factores económicos y sociales.
Asimismo, exigió una postura más firme frente a Noruega, que se autoasigna cuotas de bacalao y exporta al mercado europeo más de 1.300 millones de euros anuales en productos pesqueros. Villaverde también cuestionó la entrada masiva de salmón noruego de acuicultura, denunciado por prácticas que incumplen criterios de sostenibilidad y afectan a las poblaciones de pequeños pelágicos en África Occidental.
Un frente común autonómico
La coincidencia entre Euskadi y Galicia refleja el malestar generalizado de las comunidades autónomas con la propuesta de Bruselas. Ambas regiones insisten en que el FEMPA debe seguir siendo un instrumento autónomo, con financiación suficiente y estable, y que los planes de aplicación deben diseñarse desde la realidad de cada territorio.
En un contexto en el que el sector pesquero reclama certidumbre y apoyo frente a la competencia internacional y el cambio climático, Euskadi y Galicia se sitúan como punta de lanza en la defensa de un modelo descentralizado y justo, que blinde los intereses de las flotas y comunidades costeras en el nuevo marco europeo.
Canarias contra el trato diferenciado
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, manifestó en el seno de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, la oposición del Archipiélago a las propuestas de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual, ya que promueven una visión centralista y la unificación de programas que ponen en riesgo el POSEI y el tratamiento singular de las Regiones Ultraperiféricas.
Durante los encuentros, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Quintero informó de que se ha solicitado a esta institución europea el blindaje de los fondos destinados a las RUP y se ha comunicado el rechazo absoluto de Canarias a cualquier retroceso del estatus diferenciado de estos territorios en el marco de las políticas europeas, una postura compartida por el titular del Ministerio, que ha manifestado «que el POSEI no debe perder su identidad propia», un programa que, según ha señalado Planas, «aparece difuminado en el fondo nacional con unas características que no son las más adecuadas».
El ministro también defiende que el POSEI tiene que seguir teniendo su singularidad dentro de la política agraria europea y contar una dotación clara e identificada y, además, al alza, como así demuestran los informes europeos presentados por Canarias a la instituciones europeas», indicó el miembro del Ejecutivo canario. «Este asunto es para España una cuestión de estado, siendo el primer país que junto a la Comunidad Autónoma ha planteado el rechazo de las RUP a este nuevo enfoque europeo», agregó.
El titular del departamento autonómico advirtió de que la desaparición de fondos específicos planteada por Bruselas y el hecho de que esta deje en manos del Estado el reparto presupuestario supone en la práctica «un recorte encubierto» que afecta directamente a agricultores y ganaderos del Archipiélago, compromete el desarrollo económico y social de las Islas y vulnera el artículo 349 del Tratado europeo, el cual ampara a estas regiones, situadas fuera del continente europeo, de pequeña dimensión, y con desventajas estructurales comunes derivadas de problemas conectividad, una dependencia extrema del exterior, la ausencia de una economía de escala y una mayor vulnerabilidad que otras áreas.
«Ni el Ejecutivo ni el sector primario de Canarias vamos a aceptar que se cuestione el POSEI ni que se diluyan los instrumentos específicos para las RUP, las cuales necesitan proyectos adaptados a la realidad de estos territorios. Canarias precisa un marco estable y diferenciado que proteja a nuestros productores frente a la competencia desleal y a los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía que soporta el cambio canario», subrayó.
En este sentido, Quintero recordó que además de otros encuentros posteriores, las RUP y sus Estados ratificaron en el mes de mayo una declaración conjunta en la que solicitaron duplicar la ficha del POSEI para compensar el incremento de costes en insumos básicos como la alimentación animal, la energía o el transporte, que han disparado los gastos de las explotaciones agrarias, especialmente en los últimos años. «El único modo de garantizar el futuro del campo canario es reforzar el POSEI, no recortarlo. Los precios siguen subiendo y el programa, cuya financiación no se ha actualizado en casi dos décadas, se ha quedado corto para atender las necesidades de nuestros profesionales del campo», añadió.
Asimismo, señaló que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se blinden los fondos directos para las RUP y no dependan de la redistribución estatal, «pues ello supondría un paso atrás inaceptable en el reconocimiento europeo a nuestras singularidades».
Finalmente, el consejero puso en valor la posición común articulada por Canarias con el resto de RUP y con sus Estados para «defender juntos nuestro tratamiento diferenciado en la UE» y mantener fondos y políticas adaptadas a la ultraperiferia, tanto en materia agraria como pesquera. «No pedimos privilegios, defendemos la política de cohesión y en base a esta que la Comisión se replantee sus prioridades para el periodo 2028-2034. Somos Europa en el Atlántico y vamos a defender con firmeza a nuestro sector primario en todas las instancias y su acceso a los recursos europeos», concluyó.
Apoyo a la pesca
En materia pesquera, Quintero insistió en que las Regiones Ultraperiféricas, y en particular Canarias, necesitan que la Unión Europea mantenga programas específicos que garanticen la sostenibilidad y viabilidad de sus flotas artesanales, muy condicionadas por la ultraperiferia. Defendió que, al igual que existe un POSEI para la agricultura, debe impulsarse un POSEI-Pesca que agilice y mejore el apoyo a la compensación de los costes adicionales que afrontan estas actividades en las RUP.
«Hay que destacar que la actual regulación dentro del FEMPA provoca importantes retrasos en los abonos de las ayudas, con repercusiones negativas para la sostenibilidad económica del sector pesquero y acuícola de estos territorios, por lo que desde Canarias se propone un cambio en el reglamento sobre el actual FEMPA», apuntó.
Además, según Quintero el marco normativo de la política pesquera comunitaria ha sido ineficaz a la hora de impulsar la necesaria modernización de la flota pesquera de las RUP con el fin de lograr una mejora decidida de la seguridad marítima, las condiciones de trabajo a bordo y la eficiencia energética de los buques envejecidos. «Así, a pesar de la implantación de medidas, tanto en el marco del Reglamento de minimis, como de las directrices de ayudas estatales en el sector de la pesca, que han permitido la concesión de ayudas para determinadas acciones de modernización, como la sustitución de motores o la construcción de buques de menos de 12 metros de eslora, hay actuaciones de interés para la renovación de la flota no se pueden beneficiar de la financiación del FEMPA, por lo que pedimos que esta situación se tenga en cuenta y sea modificada de cara al nuevo periodo de programación, si queremos tener mayor seguridad en los barcos, que estos sean más sostenibles y que se fomente el tan necesario relevo generacional en el sector», comentó.
El consejero resaltó que esta propuesta debe ir acompañada de mejoras en la asignación de cuotas de túnidos en beneficio de la flota artesanal de las RUP y que estas sean gestionadas por la UE.
«Si Europa quiere que la pesca siga siendo una actividad con futuro en las islas, necesita medidas específicas y financiación adaptada a nuestra realidad», afirmó.
