El programa, liderado técnicamente por la española Incatema, culmina seis años de cooperación regional con herramientas innovadoras, proyectos comunitarios y un refuerzo en la lucha contra la pesca ilegal. La UE anuncia un nuevo plan de 58 millones de euros para consolidar los avances.

El programa ECOFISH, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Comisión del Océano Índico (COI), ha concluido tras seis años de trabajo con un balance que refuerza la apuesta por la pesca sostenible y la economía azul en África oriental, meridional y el océano Índico. Con un presupuesto inicial de 28 millones de euros, el proyecto ha dejado como legado una batería de herramientas de gestión, modelos de gobernanza replicables y proyectos comunitarios que beneficiaron directamente a más de 50.000 hogares costeros.

La empresa española Incatema Consulting & Engineering, responsable del liderazgo técnico, destaca que los avances alcanzados representan un cambio estructural. “Se espera que las herramientas desarrolladas puedan generar hasta 5.000 millones de euros en beneficios económicos anuales para la región, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la resiliencia climática”, subraya Adelaida Pérez Milán, directora de proyectos de la compañía.

Innovación y gobernanza

Uno de los mayores logros ha sido la creación de la Plataforma de Coordinación para la Pesca Sostenible y la Economía Azul de África Oriental y Meridional, un mecanismo regional que integra tres pilares:

• Datos y estadísticas, con la Cuenta de la Economía Azul Pesquera (BEFSA) y un sistema regional de cuaderno de bitácora compartido.
• Financiación y organización, con un fondo fiduciario para pescadores y un mecanismo de coordinación de proyectos.
• Ciencia e innovación, a través de redes de investigación y un Observatorio Climático-Pesquero para medir el impacto del cambio climático en los recursos marinos.

Asimismo, se han diseñado planes de gestión para pesquerías de alto valor como el pepino de mar en Seychelles y el pulpo en Zanzíbar, considerados modelos replicables para otras especies y territorios.

Vigilancia frente a la pesca ilegal

El refuerzo del Plan Regional de Vigilancia Pesquera (PRSP) ha sido otro de los hitos. Desde 2020 se llevaron a cabo 12 patrullas conjuntas que detectaron 37 infracciones y desviaron tres embarcaciones. En sus 18 años de funcionamiento, el plan ha coordinado 65 patrullas e inspeccionado más de 700 buques, consolidando un ejemplo de cooperación entre nueve países y territorios, desde Comoras hasta Tanzania.

Proyectos comunitarios y formación

Con una dotación de 8 millones de euros en subvenciones, ECOFISH apoyó nueve proyectos locales: desde la construcción de centros pesqueros y grupos de ahorro en Mozambique, hasta asociaciones comunitarias en Kenia, registro de desembarques en Madagascar o la instalación de dispositivos de pesca inteligentes en Mauricio y Rodrigues. En Namibia, el proyecto reforzó la gestión transfronteriza y en varias comunidades se mejoraron las cadenas de frío, clave para reducir pérdidas.

La vertiente formativa incluyó la primera promoción de la licenciatura en Derecho, Economía Azul y Gestión de la Pesca Sostenible en la Open University, con 20 profesionales graduados en Mauricio y otros países de la región.

Mirada al futuro

La Unión Europea ha anunciado un nuevo programa de 58 millones de euros para el sudoeste del océano Índico, que recogerá el legado de ECOFISH para fortalecer la seguridad alimentaria y la adaptación climática. La hoja de ruta regional apuesta por un fondo fiduciario, mayor empoderamiento de los actores locales y un sistema de gobernanza a dos niveles: político y técnico.

“ECOFISH ha demostrado que es posible mejorar las prácticas pesqueras sostenibles y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales. El reto ahora es consolidar este legado y extenderlo a toda la región”, destacó Pérez Milán.

Con sede en Madrid y presencia en más de 50 países, Incatema reafirma así su papel como socio técnico de referencia en proyectos de agricultura, pesca, desarrollo rural y sostenibilidad.

La Comisión Europea apuesta por consolidar la gestión sostenible de los recursos, reforzar la cooperación internacional y equilibrar intereses económicos y ambientales en una región marcada por la presión sobre los ecosistemas.

La Comisión Europea ha presentado su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro para 2026, un texto que marcará el rumbo de la política pesquera en dos de las cuencas más sensibles del continente. El documento, publicado a finales de septiembre, representa un nuevo examen para la sostenibilidad de la flota y la capacidad de Bruselas de conciliar intereses científicos, económicos y políticos.

La propuesta se apoya en los compromisos internacionales adquiridos en las declaraciones MedFish4Ever (Malta, 2017) y Sofía (2018), así como en la estrategia 2030 de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM-FAO), que persigue transformar la gobernanza pesquera en la región. En este marco, la Comisión recuerda que desde 2025 el plan plurianual para los stocks demersales del Mediterráneo occidental se encuentra ya en fase permanente, con el objetivo de alcanzar y mantener el rendimiento máximo sostenible (RMS/MSY).

Reglas más estrictas en el Mediterráneo

El texto plantea mantener y reforzar las medidas de control del esfuerzo pesquero en arrastre y palangre, así como los límites de captura para los camarones de profundidad. También incorpora un mecanismo de compensación para los buques que adopten artes más selectivas y sostenibles.

En el Adriático, la continuidad de los planes de gestión integrada para stocks demersales y pequeños pelágicos es clave para alcanzar niveles de explotación sostenibles a partir de 2026. En el Mediterráneo central y oriental, la atención se centra en especies vulnerables como la dorada negra y los gambones de aguas profundas, cuyas medidas se actualizarán tras la sesión de noviembre de la CGPM.

Medidas en el Mar Negro

En el Mar Negro, la Comisión mantiene los actuales topes de captura para el spratt (pescado forrajero) y el rombo chato, este último gestionado según el plan de gestión regional en vigor. Bruselas subraya que se trata de un ecosistema especialmente presionado tanto por la sobreexplotación como por factores climáticos.

El calendario político

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Agrifish) deberá discutir y alcanzar un acuerdo político los días 11 y 12 de diciembre, con el objetivo de que el nuevo reglamento entre en vigor el 1 de enero de 2026. La agenda es ajustada y deja poco margen para retrasos, lo que aumenta la presión sobre los Estados miembros y el sector.

La Comisión insiste en que el Mediterráneo y el Mar Negro no pueden gestionarse con un enfoque exclusivamente nacional. De ahí la necesidad de fortalecer la cooperación con la CGPM, organismo regional de la FAO. El gran reto será mantener competitiva a la industria pesquera europea al mismo tiempo que se garantiza la conservación de recursos frágiles sometidos a múltiples presiones.

Equilibrio inestable

El documento reconoce abiertamente que persisten incógnitas: la eficacia real de las medidas sobre pequeños pelágicos en el Adriático, la aceptación de nuevas restricciones por parte del sector y las tensiones derivadas de equilibrar mercado y conservación. Sin embargo, la Comisión defiende que esta propuesta es un paso crucial: no solo consolida la fase permanente de los planes plurianuales, sino que también pondrá a prueba la capacidad de la flota, las instituciones y los Estados para transformar los principios de la sostenibilidad en prácticas cotidianas.

Está encaminado la protección de la biodiversidad, las áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la gobernanza oceánica global

La cuenta atrás ya está en marcha: con la 60.ª ratificación —alcanzada el 19 de septiembre— el Tratado de Biodiversidad de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, conocido como High Seas Treaty) entrará en vigor tras 120 días, el 17 de enero de 2026. El hito, sellado con la ratificación de Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos, convierte al BBNJ en el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para conservar la biodiversidad marina en aguas internacionales, que cubren dos tercios del océano y casi la mitad del planeta.

Herramientas concretas: de los mapas a las medidas

El BBNJ dota al sistema internacional de nuevas herramientas legales para frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas marinos en alta mar:

• Áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y otras medidas de gestión por zonas (area-based management tools), con procesos de propuesta, evaluación y adopción a nivel multilateral.
• Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) obligatorias para actividades con potencial efecto significativo en la diversidad biológica más allá de las jurisdicciones nacionales.
• Reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos (MGR), incluidos datos y secuencias digitales, bajo reglas de transparencia y trazabilidad.
• Refuerzo de capacidades y transferencia de tecnología marina a países en desarrollo, y un mecanismo financiero específico para apoyar la implementación. Estas funciones se encauzarán a través de una Conferencia de las Partes (COP) y un centro de intercambio de información (clearing-house).

Impulso al objetivo 30×30 y efecto arrastre regulatorio

La entrada en vigor del BBNJ es vista como un acelerador del objetivo global 30×30 (proteger el 30% de mares y tierras para 2030), al crear por primera vez un marco operativo para establecer AMP en altamar y coordinar su vigilancia con organizaciones regionales. Expertos y ONGs señalan que el tratado llenará un vacío histórico en la gobernanza de la alta mar, armonizando estándares e información científica entre Estados y foros sectoriales.

Europa empuja: ratificación y hoja de ruta

La Unión Europea (UE) —que desempeñó un papel negociador clave— ha celebrado el umbral de ratificaciones y subraya que el siguiente paso es ampliar la ratificación universal para maximizar la eficacia del tratado. Varios Estados miembros (España, Francia, Portugal, entre otros) ya han depositado sus instrumentos, y Bruselas trabaja en orientaciones de implementación, incluida la preparación de la primera COP dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor.

Repercusiones prácticas por sectores

• Pesca en altamar: aunque las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP/RFMOs) seguirán gestionando cuotas y esfuerzo pesquero, el BBNJ añade capas de conservación espacial y EIA que podrán restringir artes o temporadas dentro de futuras AMP en alta mar, obligando a mejorar la trazabilidad y la coherencia de medidas entre foros. (Inferencia basada en el articulado y las notas de la ONU y la UE.)
• Minería en fondos oceánicos: aunque la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) conserva su mandato sobre la Zona, el BBNJ refuerza el principio de precaución, la cooperación científica y el escrutinio público sobre actividades con impactos transzonales, un factor que previsiblemente elevará el listón para cualquier explotación comercial.
• Ciencia y datos: se prevé un boom de cooperación científica, con protocolos comunes para monitoreo, intercambio de datos y evaluación de beneficios de los MGR, algo crucial para medir la eficacia de las AMP y el cumplimiento del 30×30.
• Finanzas y cumplimiento: el mecanismo financiero del tratado (con aportes voluntarios y específicos) y la vigilancia por control estatal del pabellón obligarán a las flotas de países Parte a ajustar prácticas; la credibilidad dependerá de sanciones nacionales efectivas y de la adhesión de grandes potencias que aún no han ratificado.

Calendario y gobernanza

Con la activación del plazo de 120 días, el tratado será derecho internacional aplicable el 17 de enero de 2026. La primera COP debería celebrarse en el año siguiente, donde se definirán procedimientos operativos: criterios para proponer AMP, metodologías de EIA, reglas de acceso/beneficios de MGR, estructura del secretariado y el clearing-house.

Qué queda por resolver

• Universalidad: la eficacia del BBNJ mejora con más Partes; la ausencia —por ahora— de algunos actores clave podría limitar la cobertura y la capacidad de control en alta mar.
• Coherencia institucional: habrá que coordinar el BBNJ con RFMOs, la OMI (seguridad/contaminación), el Convenio de Londres (vertidos), la CDB (30×30) y la ISA (fondos marinos) para evitar superposiciones. (Síntesis de marcos oficiales y notas de la ONU/UE.)
• Capacidad de vigilancia: se necesitarán recursos satelitales, intercambio de datos y cooperación portuaria (medidas del Estado rector del puerto) para traducir el papel a cumplimiento efectivo. (Análisis apoyado en posicionamientos de ONGs y comunicados técnicos.)

Por qué importa a España y a la UE

Para la flota comunitaria con actividad en alta mar, el BBNJ supondrá nuevos requisitos ambientales y previsibles zonas de intensa protección en corredores ecológicos de alto valor (montes submarinos, frentes oceánicos, zonas de cría y alimentación de megafauna). La UE, que ya impulsa estándares avanzados de trazabilidad y control, puede capitalizar su experiencia para liderar la implementación y facilitar asistencia técnica a terceros países, reforzando su diplomacia azul.

El Comité Nacional de Pesca Marítima y de los Criaderos Marinos de Francia (CNPMEM) ha anunciado la apertura de un nuevo mecanismo de ayudas destinado a modernizar la flota pesquera. El programa cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros para los próximos dos años y se financiará a través de la denominada “tasa eólica”, que grava a los explotadores de los parques marinos de energía renovable.

El anuncio lo realizó el presidente del Comité, Olivier Le Nézet, durante las Assises de la pêche et des produits de la mer celebradas en Boulogne-sur-Mer, en presencia de la ministra dimisionaria de Pesca, Agnès Pannier-Runacher. “Es un verdadero punto de inflexión para la pesca. Por primera vez, el propio sector asume directamente su modernización con fondos procedentes de las energías marinas renovables”, subrayó Le Nézet.

Una flota envejecida

El dirigente destacó la necesidad urgente de renovar un sector cuya flota cuenta con una media de 32 años de antigüedad. “No se nos puede exigir responder a las demandas de sostenibilidad de los stocks, los ecosistemas, el dinamismo de las comunidades costeras y las expectativas de la sociedad con embarcaciones obsoletas”, añadió.

Cuatro ejes de financiación

El nuevo guichet estará abierto a armadores y empresas pesqueras tanto de la Francia metropolitana como de los territorios de ultramar. Los fondos se orientarán a cuatro objetivos prioritarios:

• Eficiencia energética de los buques.
• Valor añadido de la producción.
• Salud y seguridad a bordo.
• Eficiencia medioambiental de los artes de pesca.

El programa fija un máximo de 100.000 euros por proyecto, aunque la distribución de fondos podrá ajustarse en función de la evolución del sector.

La “tasa eólica”, origen de los fondos

La financiación procede de la contribución anual que realizan los parques eólicos marinos en funcionamiento en Francia (Saint-Nazaire, Saint-Brieuc y Fécamp), que actualmente genera unos 30 millones de euros anuales y que se incrementará con la entrada en servicio de nuevos proyectos (Yeu-Noirmoutier, Dieppe-Le Tréport y Courseulles-sur-Mer). De esta cantidad, el 35 % se destina a las organizaciones profesionales de la pesca, con un 15 % reservado al CNPMEM.

Este mecanismo, aclaró Le Nézet, tuvo que ser negociado con la Comisión Europea, ya que la tasa se considera un impuesto y su utilización está sujeta a la normativa comunitaria.

Próxima batalla: TAC y cuotas

Además del anuncio financiero, el presidente del Comité recordó que el sector afronta en los próximos meses otra negociación clave: el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre, en el que se fijarán los TAC (Totales Admisibles de Capturas) y las cuotas. “Lo que está en juego son los stocks compartidos con el Reino Unido y las negociaciones con los Estados costeros. Confío en que nuestras líneas rojas serán defendidas”, concluyó.

Capturas muy por debajo del promedio histórico y biomasa en caída obligan a adoptar cierres temporales

La campaña de pesca del calamar Loligo en las Islas Malvinas ha concluido antes de lo previsto, ante señales alarmantes de agotamiento del recurso. Las autoridades isleñas han decidido cerrar temporalmente el caladero tras detectar una fuerte caída en la biomasa y capturas muy por debajo de los estándares históricos. Desde el arranque de la temporada en julio, los resultados fueron decepcionantes. Las estimaciones iniciales de biomasa para Loligo se corrigieron rápidamente a la baja, llegando a valores tan bajos como 14.722 toneladas, con un límite inferior de confianza de apenas 6.539 toneladas.

La captura total acumulada fue mucho menor que lo habitual, y los datos de prospección revelaron que los ejemplares capturados eran, en muchos casos, juveniles, lo que impide que la población se regenere adecuadamente.

Las condiciones ambientales (temperatura del agua, variaciones en corrientes oceánicas) y el aumento del esfuerzo pesquero han sido señaladas como posibles causas del deterioro del recurso.

Las autoridades del Gobierno de las Islas Malvinas, a través del Departamento de Recursos Naturales, afirmaron que es necesario recurrir a cierres preventivos para evitar daños irreversibles. También reconocen “lagunas de conocimiento” sobre la dinámica del «Loligo», que obstaculizan la planificación a largo plazo.

Las empresas pesqueras, sobre todo las operadoras mixtas con participación gallega, han expresado preocupación. Reconocen la necesidad de medidas de gestión más estrictas, aunque advierten que los altos costos operativos (combustible, licencias, mantenimiento de flota) podrían agravar la situación.

En Argentina, la noticia refuerza el reclamo histórico sobre la soberanía de la pesca en las Malvinas y subraya los conflictos existentes cuando flotas extranjeras operan bajo licencias británicas desde las islas. También hay inquietud por el impacto que tendrá este cierre en los mercados internacionales del calamar.

El cierre temporal afecta a unas 16 embarcaciones que operan en aguas de la zona de caladero de Loligo. Desde ya, esas naves dejarán de faenar allí hasta que se realicen evaluaciones científicas que indiquen recuperación del recurso.

Se espera que los precios del calamar se incrementen como consecuencia directa de la menor oferta, algo que repercutirá en toda la cadena de comercialización, desde las conserveras hasta el consumidor final.

Medidas de gestión y prospectiva

• El Gobierno isleño ya impulsa un plan de gestión para la pesquería del Loligo que contemple medidas de corto, mediano y largo plazo.
• Se considera incrementar los mecanismos de monitoreo científico, mejorar las prospecciones, y definir límites más rigurosos para las capturas, licencias y tallas mínimas.
• Algunas voces de la industria sugieren que se debería dar prioridad a la sostenibilidad biológica sobre la rentabilidad inmediata, para evitar episodios semejantes en los próximos años.

El cierre anticipado de la temporada de calamar en Malvinas no es solo un problema para los armadores, sino un indicativo de que los recursos marinos en el Atlántico Sur están bajo presión creciente. En un escenario en el que la demanda global de productos del mar continúa al alza, estas alertas científicas y administrativas se vuelven esenciales para evitar una sobreexplotación irreversible.

La decisión también reaviva debates sobre la legitimidad de las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, la responsabilidad ambiental de las flotas extranjeras, así como las posibles alianzas internacionales para gestionar el recurso de manera compartida.