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domingo, diciembre 28, 2025
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Astilleros privados españoles al alza: Fitch eleva el rating de Pymar a A- con un año récord de pedidos

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La marca refleja confianza financiera en el sector naval privado, con 69 buques en construcción y más de 2.700 millones en cartera

La agencia de calificación Fitch ha elevado recientemente el rating crediticio de PYMAR —la sociedad que agrupa a los astilleros privados españoles— de BBB+ a A-, un salto que muchos interpretan como un voto de confianza internacional hacia el sector naval privado en España.

Lo hace en un momento de notable bonanza para la industria naval española: en 2025, los astilleros privados han alcanzado su mejor nivel de pedidos en 14 años, con 69 buques en construcción que suman una cartera valorada en más de 2.700 millones de euros.

Para Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR, la mejora del rating no es un simple reconocimiento simbólico, sino una confirmación de la “fortaleza y solvencia de la entidad y de los instrumentos financieros de los que dispone”, así como de su capacidad de colaboración público-privada con las administraciones.

¿Por qué es importante esta mejora para los astilleros privados?

1. Credibilidad ante armadores e inversores

Un rating más alto como A- mejora la percepción de riesgo crediticio de PYMAR, lo que puede facilitar que armadores nacionales e internacionales confíen en construir sus buques en España, con financiamiento más competitivo.

2. Refuerza la financiación del sector naval

La industria naval privado a menudo depende de líneas de crédito, avales o instrumentos financieros para ejecutar proyectos que son intensivos en capital y con plazos largos. Una calificación más sólida le permite negociar mejores condiciones, tasas más bajas y acceso a nuevos inversores.

3. Impulso a la industria nacional

Este reconocimiento no solo beneficia a PYMAR, sino que extiende su efecto como estímulo para todo el tejido industrial que sustenta la construcción naval: empresas auxiliares, subcontratas, astilleros locales y proveedores tecnológicos.

4. Competitividad europea

Según los datos publicados, con esta actividad los astilleros españoles se consolidan como la segunda potencia de contratación naval de la Unión Europea y alcanzan posiciones de prestigio en el ranking mundial, especialmente en segmentos tecnológicos como buques para investigación oceanográfica, acuicultura marina o unidades vinculadas a la electrificación y la energía offshore.

Retos que no desaparecen con un buen rating

Sin embargo, esta mejora no elimina los desafíos estructurales que arrastra el sector naval privado en España:

  • Ciclos de demanda: La construcción naval es muy cíclica. Las fases de escasez pueden golpear fuerte las condiciones de producción y empleo.
  • Competencia internacional: Astilleros en Corea, China o algunos países del sudeste asiático operan con costes laborales y regulaciones distintas, lo que obliga a los astilleros españoles a basar su competitividad en tecnología, eficiencia y especialización.
  • Regulación y burocracia: La ejecución de proyectos navales requiere permisos, homologaciones, controles medioambientales y coordinación administrativa en varios niveles (local, autonómico, estatal y europeo). A veces estos procesos retrasan entregas.
  • Retención de talento y digitalización: Para competir con astilleros globales y asumir buques con mayor complejidad, es crítico invertir en innovación, formación técnica, diseño naval y tecnologías como la automatización, la propulsión híbrida o la fabricación aditiva.
  • Riesgos financieros: Aunque el rating ha mejorado, hay que mantener la disciplina financiera, asegurar márgenes razonables y evitar sobreextensiones en cartera.

Un golpe de pedrada para el ánimo del sector local

Dentro del mapa naval español, centros como Vigo (Astilleros Armón, Freire, ex-Barreras), Ferrol, Cartagena y Cádiz acaparan buena parte de la actividad de nueva construcción naval. Por ejemplo, Astilleros Armon Vigo ha ampliado su gama hacia barcos para energía eólica marina.

Para estos astilleros, la mejora del rating de PYMAR representa una señal para atraer nuevos proyectos internacionales y reforzar la imagen de España como destino estratégico para construir buques de alta gama.

Conclusión: un paso en la dirección correcta

El ascenso del rating de PYMAR a A- es mucho más que una noticia financiera. Es un reflejo de que los astilleros privados españoles han logrado consolidar una carga de pedidos robusta en un mercado exigente, alineando capacidades industriales y credibilidad financiera.

Pero no es suficiente con un buen año. La verdadera prueba será mantener la consistencia en los próximos ejercicios, diversificar hacia segmentos emergentes (offshore, energías renovables marinas, acuicultura) y fortalecer los engranajes tecnológicos e institucionales que sostienen la construcción naval.

En definitiva, el sector privado naval español ha dado un paso adelante. Ahora le toca consolidarlo, innovar y hacer que ese impulso se traduzca en empleo estable, innovación y prestigio internacional.

El pulso por sancionar a Norebo pone en jaque la negociación de cuotas noruego-rusas en el mar de Barents

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La presión diplomática amenaza la reunión del mes, clave para fijar cuotas de bacalao, eglefino y otras especies

La controversia generada alrededor del consorcio pesquero Norebo, objeto de sanciones propuestas por presuntas irregularidades, ha tensado las relaciones entre Noruega y Rusia, poniendo en riesgo la celebración de la próxima reunión de la Comisión Mixta de Pesca Noruego-Rusa prevista para octubre. Esa cita es fundamental para acordar las cuotas de captura de especies clave como bacalao, eglefino y otras poblaciones demersales en la zona del mar de Barents.

Aunque ambos países venían colaborando en la gestión del caladero, la crisis con Norebo —empresa con amplias operaciones en esa área— ha introducido un elemento de incertidumbre. La sanción propuesta por Noruega o terceros podría generar un choque diplomático que impida alcanzar consenso en las discusiones sobre los límites de captura.

En juego están no solo intereses comerciales y pesqueros, sino también el equilibrio ecológico de la región ártica y el mantenimiento de la cooperación bilateral. Queda por verse si la Comisión Mixta podrá finalmente reunirse y fijar cuotas oficiales bajo estos nuevos vientos de conflicto.

Indonesia ordena suspender temporalmente las exportaciones de camarón a Estados Unidos por nuevas exigencias sanitarias

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La decisión del Gobierno de Yakarta responde a una directiva de la FDA que obliga a certificar los envíos como “libres de radiación” antes del 31 de octubre

El Gobierno de Indonesia ha ordenado a las plantas procesadoras de camarón en las regiones de Lampung y Java detener temporalmente los envíos hacia Estados Unidos, después de que la Food and Drug Administration (FDA) emitiera una directiva que obliga a certificar todos los cargamentos como “libres de radiación” antes del 31 de octubre.

La medida, que ha sorprendido al sector pesquero y exportador del país, se produce en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países y ha generado confusión entre los exportadores, que no tienen claro si el plazo impuesto por la autoridad sanitaria estadounidense se refiere al momento de embarque o al de llegada de los productos a destino.

Según una circular enviada por el propio gobierno indonesio a los procesadores —a la que han tenido acceso medios especializados del sector—, la interpretación oficial apunta a que la fecha límite sería la de entrada de las mercancías en territorio estadounidense. Esta aclaración ha provocado inquietud entre los exportadores, que temen retrasos logísticos y pérdidas millonarias por la paralización temporal del comercio.

El camarón es uno de los productos estrella de las exportaciones pesqueras indonesias, con Estados Unidos como su principal mercado, seguido de Japón y la Unión Europea. Cualquier interrupción en la cadena de suministro puede tener consecuencias significativas tanto para los ingresos del país como para la estabilidad del empleo en las zonas costeras dependientes de la acuicultura.

Fuentes del sector han señalado que la decisión “no tiene precedentes recientes” y que se adoptó sin una coordinación previa entre las autoridades de Yakarta y los operadores. “La incertidumbre sobre los plazos y los procedimientos genera un impacto directo en las fábricas, que deben detener operaciones mientras esperan directrices claras”, comentaron representantes de asociaciones de exportadores.

Un contexto de vigilancia y tensiones regulatorias

La orden de la FDA se enmarca en un contexto de mayor control sanitario y trazabilidad de los alimentos importados, especialmente de productos del mar. La agencia estadounidense no ha detallado las razones específicas detrás de la nueva exigencia de certificación, aunque algunos analistas vinculan la medida con un refuerzo de los estándares de seguridad alimentaria tras recientes alertas globales sobre contaminación radioactiva en productos pesqueros procedentes de Asia.

Indonesia, uno de los principales productores mundiales de camarón cultivado, ha invertido en los últimos años en modernizar sus instalaciones y fortalecer los controles sanitarios. Sin embargo, la nueva disposición podría ralentizar los envíos y aumentar los costes de inspección y certificación para los exportadores, que deberán acreditar el cumplimiento de la norma antes de poder retomar los embarques a Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca indonesio mantiene conversaciones con la FDA para aclarar los procedimientos y evitar un bloqueo prolongado que afecte la competitividad de su industria acuícola.

Mientras tanto, el sector aguarda con preocupación. Las cámaras frigoríficas acumulan producto sin salida inmediata y los operadores logísticos se preparan para reprogramar los envíos en cuanto se autorice la reanudación del comercio.

El episodio pone de relieve la vulnerabilidad de los países exportadores ante las decisiones regulatorias de los grandes mercados, en un contexto global donde la seguridad alimentaria y la transparencia en las cadenas de suministro se han convertido en factores estratégicos para el comercio internacional de productos del mar.

Los anguleros de Euskadi, indignados con el Gobierno Vasco por la suspensión unilateral de la campaña

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El sector acusa al Ejecutivo autonómico de “mala fe” y de incumplir el decreto de 2024, mientras Cantabria mantiene su temporada de pesca

El enfado de los anguleros de Euskadi no se ha apagado una semana después de que el Gobierno Vasco anunciara la suspensión de la campaña de pesca de la angula, una decisión adoptada —según denuncian— “sin diálogo ni coordinación” con el sector afectado.
La campaña, que tradicionalmente se desarrolla entre noviembre y enero, queda así paralizada por tiempo indefinido, en un movimiento que el Ejecutivo justifica como una medida de conservación ante el declive del recurso.

Sin embargo, desde la Asociación de Anguleros de Euskadi, su presidente Unai Eizaguirre califica la decisión de “unilateral y arbitraria”. “Ni se han sentado con nosotros para buscar una solución. Nos enteramos por la prensa al mismo tiempo que se hacía público el cierre”, denunció durante una rueda de prensa celebrada en Orio.

“Una decisión sin diálogo ni coordinación”

El malestar del colectivo se debe, en primer lugar, a lo que consideran un incumplimiento del decreto firmado en 2024, que establecía que cualquier modificación o suspensión de la temporada debía realizarse “en coordinación con las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica”.
“No se ha cumplido el decreto, porque el mismo día que Euskadi anunciaba el cierre, Cantabria daba luz verde a su temporada, del 1 de noviembre al 28 de febrero”, denunció Eizaguirre.

“Los informes científicos son los mismos para Cantabria, Asturias y Galicia. ¿Por qué solo aquí se prohíbe pescar?”, se preguntó. “Parece que hay dos Euskal Herrias: una que pesca y otra que solo come angulas traídas de fuera”.

El Gobierno se ampara en criterios científicos

Desde el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el Ejecutivo defiende su decisión en base a informes del Plan Nacional de Gestión de la Angula, a una resolución del Ararteko de junio que instaba a una regulación más estricta y al estudio científico del centro AZTI, que será presentado ante el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).
La consejería argumenta que la medida busca “reforzar las acciones de recuperación antes de que la situación sea irreversible”.

Pero los pescadores consideran que el Gobierno ha actuado con precipitación y sin fundamento. “Si tan mal estaba la cosa, ¿para qué abren el plazo de licencias en junio?”, replican desde la asociación. “Nos piden responsabilidad, pero ellos ni siquiera cumplen con los compromisos adquiridos en el Parlamento en 2023, cuando se comprometieron a reunirse con nosotros, AZTI y los ecologistas”.

“Nos han dejado tirados”

El presidente de los anguleros relató que el sector lleva meses pidiendo reuniones para buscar soluciones conjuntas: “La única vez que nos han convocado este año ha sido para comunicarnos la suspensión. Ni una sola conversación más”.
Eizaguirre lamentó que muchos pescadores han invertido dinero en embarcaciones y licencias, confiando en la continuidad de la campaña. “Hay jóvenes que se han comprado barcos, han obtenido sus títulos de patrón y ahora se encuentran sin poder faenar. Es un golpe muy duro, hecho a mala fe”, afirmó.

El argumento de los anguleros: “Solo pescamos 30 días al año”

La Asociación sostiene que la actividad extractiva apenas representa entre el 10% y el 20% del impacto total sobre la especie, según estudios europeos. “Nosotros solo pescamos 30 días hábiles al año. El problema no somos nosotros”, defendió Eizaguirre.
El colectivo recuerda que la repoblación de ríos podría ser una medida eficaz, pero denuncian que la Diputación de Gipuzkoa la ha prohibido: “En su día repoblamos con angulas incautadas por la Guardia Civil y funcionó. Sin embargo, no nos dejan continuar con esos proyectos. España es de los pocos países europeos que no repuebla”.

Críticas al método científico de AZTI

Los pescadores también ponen en duda la metodología empleada para medir la población de angulas. “Los biólogos vienen una vez al mes al río Oria y muestrean en zonas donde apenas hay angulas. Con eso dicen cuántas quedan. Es ridículo”, ironizó Eizaguirre.
“Les hemos invitado a embarcarse con nosotros, a ver con sus propios ojos, pero no quieren venir”, añadió.

En defensa de su posición, la Asociación citó a los biólogos Andrew Kerr y Willem Dekker, antiguos responsables del ICES, quienes —según los anguleros— han reconocido en sus últimos trabajos que la situación del recurso “se ha estabilizado en la última década” y que la pesca profesional no es el factor principal del declive.

Los marineros del ‘Beti Aingeru’ niegan el motín y denuncian “explotación y racismo laboral”

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Arrantzales senegaleses y el sindicato LAB aseguran que la tripulación reivindicó sus derechos tras jornadas abusivas y agresiones a bordo

Los tripulantes del barco pesquero ‘Beti Aingeru’, con base en Pasaia, han negado este viernes que protagonizaran un motín, como se difundió a finales de septiembre cuando el buque se encontraba faenando en aguas de Asturias.
En una rueda de prensa celebrada en el puerto de Getaria, los marineros —de origen senegalés— acompañados por representantes del sindicato LAB, aseguraron que lo ocurrido fue “una reivindicación legítima de derechos laborales” ante una situación de “explotación y racismo” a bordo.

“No fue un motín, fue una protesta por dignidad”, defendieron los arrantzales, que relataron haber soportado condiciones de trabajo abusivas y maltratos físicos y verbales por parte del armador.

“37 días seguidos en el mar”

Según el testimonio de los afectados, los tripulantes del Beti Aingeru permanecieron 37 días seguidos en el mar sin regresar a casa, y tras un descanso de apenas dos días, volvieron a embarcar otros 26 días consecutivos.
“Esto no es normal en la pesca de bajura, donde las mareas suelen durar pocos días”, señalaron desde LAB, que calificó la situación de “inhumana y fuera de toda legalidad laboral”.

Los marineros denunciaron también amenazas, insultos y agresiones físicas, incluyendo el lanzamiento de objetos por parte del patrón. “Todo esto tiene un nombre: explotación y racismo laboral”, subrayó el sindicato.

El sindicato LAB pide control institucional

En la comparecencia, LAB contextualizó el caso dentro de una problemática más amplia: la precariedad estructural en el sector de la pesca vasca, especialmente entre los trabajadores migrantes.
“Los arrantzales siguen enfrentando jornadas abusivas, salarios que no se corresponden con las horas trabajadas y condiciones que ponen en riesgo su salud”, denunció la organización sindical.

LAB recordó que el sector de la bajura carece de un convenio colectivo propio que regule las condiciones laborales, lo que deja a los trabajadores “a merced de la discrecionalidad de los armadores”. Además, criticó la falta de inspecciones y controles efectivos sobre las condiciones reales a bordo.

“Un sector precarizado y racializado”

“Todo esto no es casualidad: es un sector precarizado y racializado”, afirmó LAB, señalando que gran parte de la flota vasca depende actualmente del trabajo de pescadores senegaleses, muchos de ellos con escaso conocimiento de sus derechos laborales.
“Las empresas se aprovechan del miedo, el desconocimiento y la temporalidad. Así mantienen el control y el silencio de los trabajadores”, añadieron los representantes sindicales.

El sindicato denunció que, en muchos casos, los marineros no reciben información clara sobre sus contratos ni sobre sus derechos, y que la rotación de tripulaciones “dificulta la organización sindical y la defensa colectiva”.

“El informe de la Guardia Civil no habla de motín”

LAB mostró también su indignación por el uso del término “motín” en algunas informaciones iniciales, recordando que “ni la Guardia Civil ni la investigación oficial emplean esa palabra” en sus informes.
“Ese relato fue difundido intencionadamente para favorecer los intereses de la patronal y alimentar imaginarios racistas que estigmatizan a los trabajadores extranjeros”, denunciaron.

El sindicato ha exigido el respeto inmediato de todos los derechos laborales de los pescadores del Beti Aingeru y pidió a la Administración vasca y estatal que “no sean cómplices del abuso”.
“Debe haber un control efectivo sobre el cumplimiento de las leyes laborales en el mar, y sancionar a los armadores que las vulneren”, señaló LAB.

“No somos delincuentes, somos trabajadores”

Uno de los tripulantes senegaleses intervino visiblemente emocionado:

“No somos delincuentes, somos trabajadores. Solo queríamos descansar, cobrar lo que nos corresponde y que se nos trate con respeto.”

El marinero aseguró que la tripulación nunca puso en riesgo la seguridad del barco ni se negó a trabajar, sino que reclamó condiciones dignas tras semanas de agotamiento extremo.

El caso ha reavivado el debate sobre la realidad oculta de la pesca artesanal vasca, un sector que, pese a su relevancia económica y cultural, arrastra problemas de precariedad, racismo y falta de regulación.

Llamamiento a la acción y a la dignidad laboral

“El mar no puede ser un espacio sin derechos”, afirmó LAB, que anunció que continuará acompañando a los trabajadores en sus reclamaciones.
El sindicato ha pedido la creación de un convenio sectorial de pesca de bajura, con garantías específicas para los marineros extranjeros y mecanismos de mediación frente a abusos.

“Estamos convencidos de que solo mediante la organización y la lucha colectiva podremos frenar la vulneración de derechos”, concluyeron los representantes sindicales.

Una reivindicación que trasciende el ‘Beti Aingeru’

Más allá del caso puntual, la protesta de los arrantzales del Beti Aingeru se ha convertido en símbolo de una lucha más amplia por la dignidad laboral en el sector pesquero vasco.
En los muelles de Getaria, entre redes, motores y olor a salitre, los marineros senegaleses lanzaron un mensaje claro:

“Queremos trabajar, pero con derechos, con respeto y sin miedo.”

Un mensaje que resuena con fuerza en un tiempo en el que, bajo la superficie del mar Cantábrico, siguen emergiendo las desigualdades y los silencios del trabajo invisible.

Marín crece en pesca congelada y apuesta por la eficiencia portuaria

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El Puerto de Marín, situado en la ría de Pontevedra, se ha consolidado en 2025 como uno de los grandes polos logísticos de la pesca congelada en España. Según los últimos datos de la Autoridad Portuaria, el enclave ha experimentado un incremento superior al 10 % en el tráfico de productos pesqueros congelados, alcanzando cerca de 90.000 toneladas manipuladas hasta agosto de este año. El crecimiento se ha concentrado especialmente en el segmento no contenerizado, es decir, en las operaciones directas de descarga y almacenamiento en las amplias instalaciones frigoríficas del puerto, sin necesidad de tránsito por contenedores.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, ha atribuido este impulso al dinamismo del tejido empresarial asentado en el puerto, compuesto por compañías especializadas que no solo almacenan y distribuyen, sino que también procesan y comercializan pescado congelado, muchas de ellas con flota propia. Suárez Costa ha destacado además el papel de estas empresas en la proyección exterior del puerto, al participar con stand propio en ferias internacionales como Conxemar, donde Marín se presenta como un enclave estratégico en la logística del pescado congelado.

El puerto dispone actualmente de más de 70.000 metros cuadrados de superficie concesionada para uso frigorífico y una capacidad de almacenamiento superior a los 260.000 metros cúbicos, lo que le permite mantener un flujo constante de entrada y salida de mercancías. Este volumen de actividad ha ido acompañado de inversiones en eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con la política medioambiental de la Autoridad Portuaria. En los últimos meses, las empresas concesionarias han acometido obras de modernización de cámaras y sistemas de refrigeración, con el objetivo de reducir consumos y emisiones sin comprometer la capacidad operativa.

El auge del tráfico de pesca congelada se produce en un contexto mixto: aunque el puerto registró un descenso global del 7 % en el movimiento total de mercancías hasta mayo de 2025, debido a la caída de los graneles sólidos, el segmento de pesca congelada ha crecido de manera constante, compensando parcialmente esas cifras. De hecho, otros tráficos, como el de contenedores, también han mostrado un crecimiento del 5,7 % durante los primeros meses del año, lo que refuerza la posición de Marín como puerto equilibrado y diversificado dentro del sistema portuario gallego.

Durante la feria Conxemar 2025, los responsables portuarios destacaron la importancia de la pesca congelada en la economía local y su capacidad para generar empleo cualificado. Los operadores frigoríficos y logísticos del puerto emplean a centenares de personas en tareas de descarga, manipulación, conservación y distribución de productos pesqueros destinados tanto al mercado nacional como a la exportación. La consolidación de Marín como punto de referencia en este ámbito también ha atraído nuevas inversiones y empresas interesadas en aprovechar su ubicación estratégica y sus conexiones terrestres y marítimas.

El reto de cara a los próximos años será mantener este ritmo de crecimiento garantizando la eficiencia logística y la sostenibilidad ambiental. El puerto deberá seguir reforzando su infraestructura frigorífica, su red de transporte terrestre y la digitalización de procesos, a fin de evitar cuellos de botella y mejorar la trazabilidad de las operaciones. Desde la Autoridad Portuaria se insiste en que el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad será clave para el futuro del enclave.

En definitiva, el Puerto de Marín atraviesa un momento de expansión en su especialización pesquera. Su papel en la cadena del pescado congelado lo sitúa entre los principales nodos del Atlántico europeo, con una estrategia que combina inversión privada, eficiencia operativa y compromiso medioambiental. El puerto gallego reafirma así su vocación de ser un motor económico y logístico para Galicia, al tiempo que se proyecta como modelo de sostenibilidad y gestión inteligente en el sector marítimo-pesquero.

La nao ‘San Juan’ ya flota en Pasaia: una gesta de ingeniería naval y memoria marítima

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La botadura controlada del ballenero vasco del siglo XVI culmina más de diez años de trabajo de Albaola y convierte a Pasaia en referente internacional de recuperación del patrimonio marítimo.

La imagen quedará para la historia: la réplica de la nao San Juan, un ballenero vasco del siglo XVI reconstruido en Pasaia siguiendo técnicas de carpintería de ribera tradicional, comenzó por fin a flotar tras una compleja maniobra de “flotadura” que combinó precisión milimétrica, cálculo estructural y nervios de acero. No era una simple botadura: era el momento decisivo de un proyecto que lleva más de una década devolviendo a la vida uno de los símbolos de la navegación vasca.

La operación, dirigida por el equipo técnico de Albaola en colaboración con ingenieros navales y especialistas en maniobras de gran tonelaje, se desarrolló sobre una instalación de raíles de 120 metros que, por su estado, hubo que reducir a 80 metros útiles. Ese condicionante obligó a ajustar al límite el lastre del barco: unas 50 toneladas de piedra cuidadosamente calculadas. Diez toneladas más habrían puesto en riesgo la estructura; diez menos, la estabilidad de la maniobra. No había margen para el error.

Los técnicos fueron liberando el casco centímetro a centímetro, con un seguimiento permanente de esfuerzos, asentamiento en los carros y comportamiento del buque sobre la rampa. La escena, observada en silencio por decenas de voluntarios, autoridades y curiosos, condensaba el espíritu del proyecto: artesanía, ciencia, riesgo controlado y una enorme carga emocional. Al contactar con el agua y empezar a flotar por sus propios medios, un aplauso espontáneo certificó que la nao San Juan había superado su prueba más delicada.

Un laboratorio vivo de patrimonio marítimo

La flotadura no es solo un hito técnico: simboliza el éxito de un modelo de trabajo singular. Desde una antigua nave industrial en Pasaia, Albaola ha levantado, pieza a pieza, la réplica de un ballenero vasco hundido en Canadá en el siglo XVI, documentado arqueológicamente en Red Bay. Durante más de diez años, carpinteros de ribera, historiadores, aprendices y voluntarios han convertido el astillero en un taller abierto, donde el público ha podido seguir la construcción casi en directo.

El resultado es mucho más que un barco. La San Juan se ha convertido en un “aula flotante” de historia naval, un taller de formación para nuevas generaciones de oficios vinculados al mar y un poderoso imán turístico y cultural para Pasaia y todo el territorio. La flotadura marca el paso de la fase de construcción en seco a una nueva etapa de armamento, pruebas y, en el futuro, navegación experimental.

Ingeniería fina para una maniobra límite

La operación ha sido descrita por los propios responsables como una de las maniobras más delicadas de todo el proyecto. La limitación de la rampa a 80 metros obligó a diseñar una secuencia de trabajo en la que cada tonelada contaba. El reparto de pesos, la posición del centro de gravedad, la resistencia de los raíles y las zapatas, así como el comportamiento del casco al pasar del apoyo en seco al empuje del agua, se calcularon al detalle.

El uso de 50 toneladas de piedra como lastre provisional permitió controlar la inclinación del casco y evitar escoras peligrosas en el momento crítico del contacto con el agua. A cada fase le sucedían inspecciones visuales y mediciones, en un equilibrio constante entre experiencia tradicional y cálculo moderno. La maniobra, que podía haberse torcido por un simple deslizamiento excesivo o por una mínima sobrecarga, se completó sin incidentes.

Un éxito colectivo con vocación de ejemplo

La San Juan es hoy un referente internacional de cómo un proyecto cultural puede activar economía local, turismo, formación y orgullo comunitario. Desde Pasaia, la iniciativa lanza un mensaje de alcance mucho más amplio: es posible recuperar grandes piezas de patrimonio marítimo con ambición, rigor y continuidad, y convertirlas en motor de desarrollo.

La experiencia se mira ya desde otros territorios que buscan fórmulas para poner en valor su memoria industrial y marítima. Lo que Albaola y Pasaia han logrado con un ballenero del siglo XVI sirve de espejo para ciudades que quieren reactivar antiguos astilleros, fábricas o infraestructuras portuarias, transformándolos en espacios vivos, abiertos al público y conectados con la economía contemporánea.

Pasaia, puerto de futuro con raíces profundas

Con la nao San Juan ya flotando, Pasaia refuerza su imagen como puerto que mira al futuro sin renunciar a sus raíces. La flotadura es, en realidad, el principio de una nueva etapa: quedan por delante trabajos de armamento, aparejo, certificaciones de seguridad y, en su momento, singladuras que permitirán poner a prueba el barco en la mar.

Mientras tanto, el éxito de la operación confirma algo que muchos intuían desde el inicio del proyecto: cuando se combinan visión a largo plazo, oficio, ciencia y participación social, incluso los sueños más ambiciosos –como devolver a la vida un gran barco del siglo XVI y hacerlo flotar otra vez– pueden hacerse realidad. La nao San Juan ya está donde debía estar: en el agua, lista para seguir escribiendo la historia.

La Unión Europea cede a la presión de China y Estados Unidos y aplaza la aplicación del Green Deal a empresas extranjeras

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La Comisión Europea estudia excluir temporalmente a compañías no europeas del cumplimiento de las normas de sostenibilidad de la CSRD, lo que suscita críticas por “socavar la soberanía regulatoria” y la igualdad competitiva.

La Comisión Europea ha decidido posponer la aplicación de las normas de sostenibilidad del Pacto Verde (Green Deal) a las empresas extranjeras que operan en el mercado europeo, una medida que ha sido interpretada como un giro significativo en la política ambiental y económica de la Unión. El aplazamiento afecta a los actos delegados de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que debían imponer obligaciones de reporte social y ambiental a las compañías no comunitarias a partir de junio de 2026.

El anuncio se produce tras meses de presión diplomática y económica por parte de Estados Unidos y China, que habían expresado su rechazo a la aplicación extraterritorial de las normas europeas. La decisión, según analistas y eurodiputados, supone una cesión ante intereses externos y podría “debilitar la soberanía del derecho europeo” en materia de sostenibilidad.

Europa suaviza su ambición extraterritorial

La CSRD, aprobada en 2022, establece que todas las grandes empresas que operen en el territorio europeo, independientemente de su país de origen, deben publicar informes detallados sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG). Esta medida buscaba garantizar condiciones de competencia justas y evitar que compañías extranjeras —especialmente de países con regulaciones ambientales más laxas— pudieran operar en ventaja frente a las europeas.

Sin embargo, la Comisión ha decidido incluir esta obligación en una lista de normas “no esenciales” cuya aplicación será aplazada sin fecha definida. En la práctica, esto significa que las empresas estadounidenses y chinas no estarán obligadas a cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que las europeas al menos hasta 2027 o más allá.

Presión de Washington y Pekín

El cambio se produce en un contexto de fuerte presión internacional. En enero, la Administración Trump, a través de la Cámara de Comercio de EE. UU., advirtió a Bruselas de las consecuencias “para la competitividad de las empresas estadounidenses” si las normas de la CSRD se aplicaban también a filiales o empresas exportadoras al mercado europeo.

Desde China, las autoridades y grandes corporaciones, especialmente en sectores como la moda ultrarrápida (Shein, Temu), la automoción o la manufactura industrial, han presionado igualmente para bloquear las normas europeas, que obligarían a cumplir estándares ambientales y laborales más estrictos.

Críticas por “renunciar a la soberanía regulatoria”

La decisión ha sido recibida con inquietud en el Parlamento Europeo y entre los defensores de la sostenibilidad empresarial. Abrial Gilbert-d’Halluin, exrelatora de la CSRD en la Eurocámara, calificó el paso atrás de “error político grave” y “renuncia a la soberanía del derecho europeo”.

“Estamos ante una falta evidente de coraje político. Europa no puede prometer liderazgo verde y luego retroceder ante Estados Unidos o China”, declaró.

Según diversos observadores, este aplazamiento podría preludiar un repliegue más amplio, afectando también a otras piezas clave del Green Deal, como la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), que obligaría a las multinacionales extranjeras a respetar los estándares europeos en materia climática, social y de derechos humanos.

Un golpe a la competitividad europea

El temor de los sectores económicos y ambientales europeos es que esta medida agrave la desventaja competitiva de las empresas del continente, que sí están obligadas a asumir los costes de cumplimiento de las nuevas normas.

“Renunciar a aplicar las mismas reglas a todos los actores del mercado distorsiona la competencia y desincentiva el esfuerzo de las empresas europeas”, señala un informe interno del Comité Económico y Social Europeo.

El debate llega en un momento de tensión dentro de la propia UE, donde algunos gobiernos reclaman una “simplificación del Green Deal” para aliviar la carga administrativa sobre las empresas. Sin embargo, para la comunidad científica y las ONG ambientales, esta tendencia a la desregulación puede poner en peligro los avances logrados en materia de transparencia y responsabilidad corporativa.

Una Europa dividida entre la ambición verde y la realpolitik

El aplazamiento de la CSRD para empresas extranjeras se suma a otros retrocesos recientes, como la ralentización de la ley de restauración de la naturaleza o la revisión a la baja de los objetivos climáticos para 2040. Los analistas ven en esta secuencia una renuncia progresiva a la ambición ecológica europea ante la presión económica y geopolítica internacional.

“Europa se arriesga a perder credibilidad”, advierte Gilbert-d’Halluin. “Durante años hemos liderado la agenda de la sostenibilidad y ahora damos la señal contraria: que nuestras normas solo se aplican si no molestan a las grandes potencias.”

La incógnita del futuro del Green Deal

Por ahora, la Comisión Europea asegura que la medida es temporal y que su intención es “dar más tiempo a las empresas extranjeras para adaptarse”. Sin embargo, en Bruselas crece el temor de que el aplazamiento se convierta en una suspensión indefinida, con consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto verde europeo.

El futuro del Green Deal y de su dimensión global se decide así entre la ambición climática y la presión diplomática. Y, como alertan varias voces del Parlamento, ceder hoy ante las presiones externas podría costarle a Europa su liderazgo en la transición ecológica y su propia coherencia política.

La Unión Europea renueva su acuerdo de pesca de atún con Costa de Marfil hasta 2029

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Treinta y dos buques europeos podrán capturar hasta 6.100 toneladas anuales en aguas marfileñas bajo un marco de cooperación sostenible

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Costa de Marfil, que permitirá a 32 buques atuneros europeos continuar faenando en aguas marfileñas hasta 2029. El nuevo protocolo, aprobado el 8 de octubre de 2025, consolida más de tres décadas de cooperación pesquera entre ambas partes y refuerza el compromiso mutuo con la sostenibilidad y la gobernanza responsable de los recursos marinos en el Atlántico oriental.

El acuerdo —vigente desde 1990 y actualizado en 2007 bajo el marco de los Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA, por sus siglas en inglés)— mantiene la estructura de renovación automática por períodos de seis años. Según el texto ratificado, los buques europeos tendrán autorización para capturar hasta 6.100 toneladas de túnidos al año, en su mayoría especies tropicales como el rabil (Thunnus albacares), el listado (Katsuwonus pelamis) y el patudo (Thunnus obesus).

Una flota europea diversa y una base estratégica en Abiyán

La flota autorizada está compuesta por 25 buques atuneros cerqueros y 7 palangreros de superficie procedentes de España, Francia y Portugal, principales potencias europeas del sector atunero. Entre ellos figura el “Pendruc”, uno de los ocho atuneros de la Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO) que operan en el Atlántico tropical, utilizando Abiyán como base logística y de mantenimiento.

La capital marfileña se ha consolidado como uno de los principales puertos atuneros de África occidental, concentrando una intensa actividad de descarga, procesado y exportación hacia la Unión Europea. Además, el puerto sirve de punto de escala para las flotas mixtas y los buques comunitarios que faenan también en aguas de Ghana, Gabón o Seychelles.

Compromiso financiero y cooperación técnica

A cambio del acceso a los recursos pesqueros, la Unión Europea aportará una compensación económica anual que se destinará tanto al sostenimiento de la administración pesquera marfileña como al desarrollo del sector local. El protocolo prevé también ayudas específicas para programas de formación, control de la pesca, vigilancia marítima y mejora de la trazabilidad, reforzando las capacidades institucionales del país africano.

El acuerdo responde a los principios de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, que prioriza la sostenibilidad ambiental, la transparencia y el desarrollo socioeconómico en los países socios. Bruselas considera estos acuerdos una herramienta clave para garantizar el abastecimiento de materia prima a la industria europea de transformación del atún —especialmente en Galicia, Bretaña y las Azores— sin poner en riesgo los recursos naturales.

“Costa de Marfil se ha convertido en un socio estratégico para el abastecimiento de túnidos sostenibles y para el fortalecimiento de la gobernanza pesquera en África occidental”, destacó un portavoz del Parlamento Europeo tras la votación.

Un acuerdo con dimensión estratégica en el Atlántico oriental

La cooperación pesquera entre la UE y Costa de Marfil forma parte de un entramado regional de acuerdos sostenibles que incluye a países como Senegal, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bisáu o Mauritania. Estos acuerdos, gestionados bajo la supervisión de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), buscan equilibrar los intereses comerciales europeos con el desarrollo pesquero local.

El caso marfileño tiene un valor añadido: la estabilidad política y portuaria de Abiyán ofrece condiciones seguras para las operaciones logísticas y comerciales, lo que lo convierte en un centro neurálgico de la industria atunera en el Golfo de Guinea.

La UE, por su parte, mantiene su compromiso de monitorear las capturas mediante sistemas de control satelital, inspecciones conjuntas y auditorías de sostenibilidad. Estos mecanismos, supervisados por la Comisión y las autoridades marfileñas, garantizan el cumplimiento de las cuotas, la trazabilidad del producto y la lucha contra la pesca ilegal.

Impacto económico y proyección futura

El nuevo protocolo no solo beneficia a las flotas europeas, sino también al tejido económico marfileño. La actividad atunera genera miles de empleos directos e indirectos, desde el manipulado y procesado del pescado hasta los servicios portuarios, transporte y suministro.

El Gobierno de Costa de Marfil confía en que la renovación del acuerdo impulse la industrialización local de la pesca, favoreciendo la creación de valor añadido en territorio nacional mediante plantas de fileteado y conserveras que puedan abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

“Nuestra prioridad es que la riqueza generada por el mar se traduzca en empleo, conocimiento y desarrollo sostenible para los marfileños”, señaló un representante del Ministerio de Recursos Marinos de Costa de Marfil durante el acto de firma.

Una alianza renovada en clave de sostenibilidad

Con la aprobación del nuevo acuerdo, la Unión Europea y Costa de Marfil reafirman una colaboración pesquera basada en la sostenibilidad, la equidad y la corresponsabilidad.

El texto incluye compromisos para evaluar el impacto ecológico de las actividades atuneras, reforzar los sistemas de control y vigilancia marítima, y garantizar una distribución justa de los beneficios entre las flotas extranjeras y las comunidades locales.

De esta manera, el acuerdo entre Bruselas y Abiyán se consolida como un ejemplo de cooperación equilibrada y de diplomacia azul, capaz de conciliar los intereses económicos con la protección de los océanos y el desarrollo de África occidental.

El IEO lanza RECRIEO, un ambicioso proyecto para integrar la pesca recreativa en la gestión sostenible de los recursos marinos

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Más de un millón de personas practican la pesca marítima recreativa en España, una actividad con impacto creciente que el Instituto Español de Oceanografía quiere estudiar con rigor científico

La pesca marítima recreativa se ha consolidado como una de las actividades de ocio más extendidas en las costas españolas. Se estima que entre 900.000 y 1,2 millones de personas practican cada año esta modalidad, que abarca desde la pesca desde embarcación o costa hasta el submarinismo con arpón. Su magnitud e impacto creciente sobre los ecosistemas y los recursos pesqueros han llevado al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) a lanzar un proyecto pionero para estudiar en profundidad su dimensión biológica, social y económica.

El proyecto, denominado RECRIEO, se desarrollará entre 2025 y 2027 en el marco del Programa Nacional de Datos Básicos (PNDB), que coordina la recopilación de información científica para la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea. Su objetivo es obtener datos fiables, continuos y representativos sobre el esfuerzo pesquero, las capturas y el comportamiento de los pescadores recreativos, de modo que estas actividades puedan integrarse en las evaluaciones científicas de los stocks pesqueros al mismo nivel que la pesca profesional.

Una iniciativa sin precedentes en España

El proyecto RECRIEO está coordinado por un equipo multidisciplinar de 20 especialistas pertenecientes a ocho centros oceanográficos del IEO —Cádiz, Vigo, Murcia, Baleares, Canarias, A Coruña, Santander y Málaga—, además de los Servicios Centrales de Madrid. Su enfoque combina el estudio biológico de las especies con el análisis social y económico de las comunidades costeras, lo que permitirá diseñar políticas de gestión más precisas y sostenibles.

“Disponer de datos fiables y continuados sobre la pesca recreativa es esencial para integrar sus capturas en las evaluaciones científicas y garantizar una gestión sostenible de los recursos pesqueros”, subraya Paz Jiménez, investigadora del Centro Oceanográfico de Cádiz y responsable del proyecto RECRIEO.

El reto de medir una pesca dispersa pero significativa

Hasta ahora, la pesca recreativa había sido un gran desconocido estadístico en España. Aunque su peso económico y social es considerable, apenas existían estudios sistemáticos sobre sus capturas o su esfuerzo de pesca. En algunos litorales, la presión recreativa sobre determinadas especies —como el sargo, la lubina o el atún rojo— puede ser incluso equiparable a la de la pesca profesional artesanal, según estimaciones del propio IEO.

Con RECRIEO, el instituto pretende cubrir este vacío de información, recogiendo datos mediante encuestas, registros digitales y observación directa en puntos de desembarque, competiciones y clubes náuticos. El proyecto permitirá cuantificar qué especies se capturan, en qué cantidades, con qué artes y en qué zonas, así como evaluar su contribución económica y su relación con el turismo y la cultura litoral.

Conocimiento científico al servicio de la sostenibilidad

El enfoque de RECRIEO se alinea con los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 y el Pacto Verde Europeo, que exigen una visión integrada de todas las actividades extractivas en el medio marino.

“La información obtenida servirá para ajustar los modelos de evaluación de poblaciones, mejorar la planificación de cuotas y reforzar la conservación de las especies más sensibles”, explican fuentes del IEO.

El proyecto también contempla la creación de una base de datos nacional de pesca recreativa, interoperable con los sistemas europeos de recogida de datos, lo que permitirá a España cumplir los compromisos internacionales de seguimiento y transparencia en materia pesquera.

Una actividad en auge con impacto económico y ambiental

La pesca recreativa no solo representa una tradición cultural en amplias zonas del litoral, sino también un sector económico emergente ligado al turismo azul. En comunidades como Galicia, Andalucía, Baleares o Canarias, las actividades recreativas generan ingresos significativos en hostelería, náutica y comercio especializado. Sin embargo, su impacto ecológico —por ejemplo, sobre especies costeras o juveniles— requiere una evaluación científica rigurosa.

El IEO-CSIC, con RECRIEO, busca precisamente equilibrar estos dos aspectos: promover la sostenibilidad sin frenar el desarrollo económico que esta práctica genera en el entorno marino y costero.

España, a la vanguardia en ciencia pesquera

Con esta iniciativa, el Instituto Español de Oceanografía refuerza su papel como organismo de referencia en investigación y asesoramiento pesquero, no solo para el Gobierno central sino también para las comunidades autónomas y la Comisión Europea.

“Con RECRIEO damos un paso decisivo para incluir todas las formas de pesca en la gestión sostenible de los recursos. La ciencia debe acompañar la realidad social del mar”, concluye Paz Jiménez.

El proyecto se suma a otras líneas estratégicas del IEO-CSIC, como el seguimiento de los grandes pelágicos, la digitalización de los datos de pesca o la evaluación de los ecosistemas marinos vulnerables.

Un mar compartido, una responsabilidad común

RECRIEO simboliza la nueva etapa de la ciencia marina española: una que entiende el océano como un bien común que requiere datos, participación y corresponsabilidad.
El futuro de la pesca —profesional o recreativa— dependerá, más que nunca, del conocimiento y la cooperación entre científicos, administraciones y ciudadanía.

Senegal impulsa cinco proyectos estratégicos para transformar su pesca, acuicultura y economía marítima

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El Ministerio de Pesca y Economía Marítima presenta en el FII Sénégal 2025 una visión sostenible e inclusiva para reforzar la soberanía alimentaria y la competitividad azul del país

El Gobierno de Senegal ha dado un paso decisivo para consolidar su posición como referente de innovación y sostenibilidad en África occidental. Durante la celebración del Foro de Inversión e Innovación (FII Sénégal 2025), el Ministerio de Pesca y Economía Marítima, dirigido por la doctora Fatou Diouf, presentó ante socios técnicos y financieros cinco proyectos emblemáticos destinados a modernizar la pesca, fortalecer la acuicultura y dinamizar la economía marítima del país.

El encuentro, celebrado en el Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf de Diamniadio, reunió a representantes institucionales, organismos multilaterales y empresas privadas, y sirvió como plataforma de diálogo estratégico sobre los desafíos y oportunidades del sector pesquero senegalés en un contexto global de cambio climático y transformación económica.

“Queremos hacer de la pesca, la acuicultura y la economía marítima los motores del desarrollo sostenible de Senegal”, declaró la ministra Fatou Diouf, quien destacó la necesidad de combinar crecimiento, equidad social y respeto ambiental.

Cinco ejes para una economía azul moderna y resiliente

Los proyectos presentados representan los pilares de una estrategia marítima nacional que busca integrar innovación, formación, sostenibilidad y seguridad.

  1. Desarrollo de la acuicultura industrial
    El primer proyecto apuesta por una producción acuícola moderna, a gran escala y respetuosa con el medio ambiente, orientada a garantizar la soberanía alimentaria del país y mejorar su competitividad internacional. Senegal pretende diversificar su producción acuícola —especialmente tilapia, bagre y camarón— y fomentar la inversión en tecnología, piensos locales y sistemas de trazabilidad.
  2. Reforzamiento de las rutas fluvio-marítimas y del cabotaje
    La segunda línea estratégica busca modernizar las infraestructuras fluviales y portuarias, así como impulsar el transporte marítimo costero para conectar las zonas de producción pesquera con los principales puertos y centros logísticos. Este enfoque, además de reducir los costes de transporte, favorecerá la integración económica subregional con países vecinos de África occidental.
  3. Formación y empleo en los oficios del mar
    La ministra Diouf subrayó la importancia del capital humano como motor de transformación. El tercer proyecto apuesta por formar a jóvenes en los oficios marítimos y portuarios, promoviendo su inserción laboral en sectores como la navegación, la mecánica naval, la acuicultura y la gestión logística. El objetivo es profesionalizar la mano de obra y reducir el desempleo juvenil, creando oportunidades sostenibles en torno a la economía azul.
  4. Pesca sostenible y gobernanza de los recursos
    Este proyecto pretende consolidar la gestión responsable de los recursos pesqueros, reforzando la gobernanza del sector, la trazabilidad de las capturas y la lucha contra la pesca ilegal. También incluye programas de adaptación a los efectos del cambio climático, garantizando la resiliencia de las comunidades costeras y el mantenimiento de los ecosistemas marinos.
  5. Seguridad ambiental y portuaria
    Finalmente, el quinto eje se centra en mejorar la protección de las infraestructuras marítimas y portuarias mediante sistemas avanzados de seguridad, control ambiental y vigilancia, en línea con los estándares internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI). La meta es reforzar la seguridad operacional y medioambiental de los puertos senegaleses y atraer nuevas inversiones logísticas.

Un compromiso compartido con el desarrollo sostenible

La presentación de estos cinco proyectos refleja la unidad de acción institucional del Ministerio y su voluntad de movilizar a los socios financieros internacionales en torno a una visión común: una economía marítima innovadora, inclusiva y respetuosa con los océanos.

Durante la sesión, la ministra estuvo acompañada por miembros de su gabinete, técnicos especializados y representantes de agencias y empresas vinculadas al sector. Todos coincidieron en que la pesca y la economía marítima son vectores de desarrollo estratégico que pueden fortalecer la posición del país en el mercado regional y mundial.

“El futuro de Senegal está en el mar, pero un mar gestionado con inteligencia, ciencia y solidaridad”, concluyó la ministra Diouf.

Senegal, hacia una nueva era azul

Con esta hoja de ruta, Senegal consolida su papel de líder regional en economía azul, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en particular los relativos al trabajo decente, la innovación industrial y la conservación de los océanos.

El FII Sénégal 2025 no solo ha servido como escaparate de proyectos, sino también como espacio de convergencia entre el Estado, el sector privado y los socios internacionales, dispuestos a invertir en el potencial marítimo del país.

Desde la acuicultura industrial hasta la formación de los jóvenes, pasando por la sostenibilidad pesquera y la seguridad portuaria, el nuevo impulso azul de Senegal aspira a transformar el litoral atlántico en una plataforma de desarrollo sostenible, resiliente e inclusiva.

El sector ensaya puertas voladoras para evitar arrastrar los fondos

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El sector pesquero español avanza hacia una pesca de arrastre más sostenible gracias a la introducción de las llamadas “puertas voladoras”, un innovador sistema que mantiene las puertas del arte suspendidas sobre el lecho marino, evitando su contacto directo con el fondo. La iniciativa, impulsada por varias organizaciones de productores y centros tecnológicos, se está probando en flotas de Ondarroa, Vigo, Huelva y Almería, con resultados prometedores tanto en la reducción de emisiones como en la preservación de hábitats vulnerables.

Las puertas tradicionales del arrastre son grandes estructuras metálicas que, al desplazarse por el fondo, mantienen abierta la red durante la faena. Sin embargo, su roce continuo con el lecho marino puede provocar alteraciones en sedimentos o praderas submarinas. Las nuevas puertas voladoras utilizan sistemas hidrodinámicos y sensores inteligentes que permiten mantenerlas elevadas entre 30 y 80 centímetros del fondo, garantizando el mismo rendimiento pesquero con un impacto ambiental mucho menor.

Una innovación tecnológica con sello vasco

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), Mikel Ortiz, explicó que la entidad está pilotando el uso de este sistema en dos de sus buques de arrastre:

“Queremos demostrar que el arrastre puede ser compatible con la sostenibilidad. Con las puertas voladoras eliminamos prácticamente el contacto con el fondo, reducimos el consumo de gasoil y las emisiones de CO₂. Es una medida real y tangible para defender un arte de pesca que ha sido injustamente cuestionado”.

Las pruebas se realizan en colaboración con fabricantes como Puertas Tiburón, Marport, Simrad o Nautical, empresas que han desarrollado distintos prototipos adaptados a las condiciones de la flota europea. Según Ortiz, los resultados obtenidos por embarcaciones que ya las usan en Galicia, Andalucía o el Cantábrico son “muy positivos”, y el objetivo ahora es extender su uso a más unidades de la flota de altura.

Menor impacto, menor gasto energético

Diversos estudios realizados por el centro tecnológico AZTI y la Universidad de Vigo señalan que el uso de puertas voladoras puede reducir el contacto con el fondo hasta un 95 %, además de disminuir el consumo de combustible entre un 10 % y un 20 %, lo que representa una mejora económica directa para los armadores y una contribución significativa a la descarbonización del sector.

El investigador marino Iñaki Mendizabal explica que este tipo de innovaciones “forman parte de una tendencia global hacia un arrastre más inteligente y selectivo, basado en sensores y control automatizado del arte, con el fin de minimizar impactos sin sacrificar eficiencia pesquera”.

Una herramienta frente a las restricciones europeas

El desarrollo de esta tecnología cobra especial relevancia en un momento en el que la Comisión Europea ha adoptado medidas restrictivas sobre la pesca de fondo en áreas marinas protegidas. Para muchos profesionales, las puertas voladoras representan una alternativa viable para continuar la actividad en determinadas zonas sin causar daños a los ecosistemas bentónicos.

“Si estas soluciones evitan que nos prohíban pescar en más zonas, tenemos que adoptarlas. Es el camino para garantizar la continuidad de la flota y la sostenibilidad del sector”, subraya Ortiz.

Fabricantes y cooperación internacional

El proyecto cuenta con el respaldo de fabricantes especializados en ingeniería marina. Puertas Tiburón, pionera en el diseño hidrodinámico de estos sistemas, junto a empresas tecnológicas como Marport o Simrad, trabajan con sensores acústicos y de profundidad que permiten mantener la puerta en flotación estable, ajustándose en tiempo real a las condiciones del fondo y las corrientes.

Asimismo, varias flotas europeas —en Noruega, Islandia y Dinamarca— han comenzado a utilizar esta tecnología, respaldada por programas de innovación cofinanciados por la Unión Europea y fondos del FEMPA, aunque la reducción presupuestaria prevista para este fondo preocupa a las organizaciones pesqueras.

“Innovar para seguir pescando”

Desde OPPAO, la apuesta es clara: innovar o desaparecer. La organización de Ondarroa ve en las puertas voladoras una oportunidad para reforzar el compromiso medioambiental de la flota vasca y demostrar que el arrastre puede evolucionar sin perder su importancia económica y social.

“Si Europa quiere sostenibilidad, debe apoyar a quienes la practican. No se trata de prohibir, sino de incentivar la innovación. Y las puertas voladoras son un ejemplo claro de que la tecnología puede estar al servicio del mar”, concluye Ortiz.

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