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sábado, febrero 14, 2026
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González Laxe cierra las Jornadas de Celeiro reivindicando a la pesca como «el sector más responsable y solidario del mundo»

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El foro concluye con un homenaje al catedrático y una llamada unánime a frenar el recorte de fondos europeos mientras el Gobierno se declara «optimista, pero vigilante» ante el Pacto de los Océanos

Las XXIX Jornadas de Pesca de Celeiro echaron el cierre con un mensaje tan claro como compartido: la pesca quiere ser reconocida como un sector estratégico de futuro y exige a la Unión Europea que no diluya ni recorte la financiación específica que recibe. La sesión de clausura tuvo dos grandes protagonistas: el catedrático Fernando González Laxe, que recibió la insignia de oro del sector, y Ramón de la Figuera, director general de Pesca Sostenible, encargado de desgranar el recién estrenado Pacto de los Océanos.

González Laxe, catedrático emérito de la Universidade da Coruña, se declaró «agradecido y muy sensibilizado por este homenaje» al recoger la distinción de manos del sector pesquero de Celeiro, que quiso reconocer así su «firme compromiso con la pesca gallega y española» a lo largo de décadas. En su intervención, el economista lanzó un mensaje rotundo:
«No hay sector en el mundo más responsable, solidario y resiliente que la pesca».

Un sector que pide trato diferenciado

Con la mirada puesta en el próximo marco presupuestario de la UE (2028-2034), González Laxe advirtió de las consecuencias de la propuesta comunitaria de reducir de 6.100 a 2.000 millones de euros los fondos específicos para la pesca. A su juicio, un recorte de esa magnitud es incompatible con el papel que el propio bloque europeo atribuye al sector dentro de la llamada economía azul.

Por ello reclamó un «tratamiento diferenciado» para la pesca, alineado con su contribución a la seguridad alimentaria, al empleo costero y al equilibro territorial. Recordó que la Unión Europea depende de las importaciones para siete de cada diez pescados que consume, una cifra que, dijo, debería bastar por sí sola para que Bruselas «mimara» al sector en lugar de someterlo a un discurso permanente de restricciones.

Laxe describió a la pesca como «un modelo de compromiso», capaz de asumir normas y sacrificios «basados en la sostenibilidad medioambiental, económica y social-territorial» y, al mismo tiempo, de sostener comunidades ribereñas enteras. «Es sostén y soporte de pueblos costeros donde crea riqueza, empleo y arraigo», subrayó.

Defender a peces y pescadores

Entre los argumentos del catedrático destacó una idea que conectó muy bien con el auditorio de armadores, patrones y tripulantes presentes en Celeiro: la pesca, dijo, es «un sector único» porque «defiende a los peces y a los pescadores al mismo tiempo».

Laxe recordó que la flota trabaja «en espacios de los que no es propietaria, que no puede comprar, alquilar ni heredar», y en los que tampoco puede anticipar con certeza lo que va a capturar, ni por tanto los ingresos finales de las empresas. Esa combinación de riesgo, regulación estricta y dependencia de la naturaleza, argumentó, convierte a la pesca en una actividad especialmente vulnerable, pero también especialmente comprometida con la gestión responsable de los recursos.

Por todo ello, insistió en que el sector lo que pide a la política es, sobre todo, «que se regule bien su actividad y que se le escuche». En un momento en el que se habla de revisión o reforma de la Política Pesquera Común (PPC), González Laxe ve «una gran oportunidad» para corregir inercias y cambiar el lenguaje con el que Bruselas se refiere a la flota.

«Cuando se legisla sobre pesca, siempre aparece la coletilla debe ajustar, debe reducir, debe equilibrar», se quejó. «¿Por qué, si al resto de sectores se les dice debe fomentar, debe impulsar?». A su juicio, el cambio de enfoque no debe ser solo semántico, sino presupuestario y político.

¿Un futuro Ministerio del Mar?

En su intervención, el homenajeado fue más allá y abrió un debate de calado nacional: si España está preparada para contar con un Ministerio del Mar que concentre competencias hoy dispersas y refleje el peso real del sector marino en la economía y el territorio.

Recordó que la pesca figura como uno de los pilares de la economía azul, un espacio que agrupa actividades que mueven miles de millones de euros y que van desde el transporte marítimo a las energías renovables marinas, pasando por el turismo costero o la biotecnología. En ese contexto, sostuvo, la pesca debe ocupar un lugar central, no accesorio.

El Pacto de los Océanos, «magnífico, pero con grandes faltas»

La clausura de las Jornadas sirvió también para analizar el nuevo Pacto de los Océanos, la gran hoja de ruta presentada por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. El encargado de desgranar su contenido fue Ramón de la Figuera, director general de Pesca Sostenible del Gobierno español.

De la Figuera definió el documento como «magnífico», y lo comparó de forma explícita con el denostado Plan de Acción impulsado por el anterior comisario Virginijus Sinkevicius, finalmente retirado tras fuertes críticas del sector y de varios Estados miembros. Frente a aquel texto, percibido como desequilibrado y excesivamente punitivo con la flota, el Pacto de los Océanos se presenta como «una orientación política más abierta al diálogo y al equilibrio», señaló.

Sin embargo, matizó, no se trata de un cheque en blanco. «Es un buen documento, con muchas notas positivas, pero también con grandes faltas», advirtió. Esas carencias llevan al Ejecutivo español a situarse en una posición de «optimismo, pero vigilancia»: satisfecho por el reconocimiento del papel de la pesca en la economía azul, pero atento a cómo se traduzca esa filosofía en normas concretas, financiación y gestión de espacios marinos.

Preocupación unánime por el recorte de fondos

Si hubo un punto de coincidencia entre todas las intervenciones de Celeiro fue la preocupación por el recorte de los fondos europeos específicos para la pesca. Tanto Laxe como De la Figuera, así como representantes del sector presentes en las jornadas, advirtieron de que una reducción desde los 6.100 millones actuales a 2.000 millones en el próximo marco financiero supondría un golpe directo a la capacidad de modernización, transición energética y relevo generacional de la flota europea.

En este sentido, el director general insistió en que España defenderá que la pesca siga teniendo un papel preponderante como vertebradora del crecimiento azul, y que la financiación comunitaria esté alineada con los objetivos que ella misma proclama: seguridad alimentaria, empleo digno y sostenibilidad.

Celeiro, termómetro del ánimo del sector

Tras tres días de debates técnicos y políticos, la sensación de fondo que dejó la clausura de las XXIX Jornadas de Pesca de Celeiro fue la de un sector cansado de ser visto solo en clave de restricción y decidido a reivindicar su aportación positiva al conjunto de la sociedad.

El homenaje a González Laxe simbolizó el reconocimiento a quienes han defendido esa visión desde la academia y la política, mientras que la intervención de De la Figuera mostró la línea oficial de un Gobierno que se declara alineado con las preocupaciones del sector, pero obligado a negociar en Bruselas un marco presupuestario más favorable.

Celeiro volvió a ejercer, un año más, como altavoz de la flota de altura gallega y española, y como lugar de encuentro donde se cruzan ciencia, gestión y experiencia de mar. Con la vista puesta en los próximos Consejos de Ministros europeos, la reforma de la PPC y el despliegue del Pacto de los Océanos, el mensaje que parte de este puerto lucense es claro:
la pesca no quiere ser el eslabón débil de la economía azul, sino uno de sus pilares, con recursos y reconocimiento a la altura de su responsabilidad.

Negociaciones al límite por las cuotas de pesca de 2026: el bacalao del Northern Shelf y el mar Céltico bloquean el acuerdo

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Las conversaciones trilaterales entre Reino Unido, la UE y Noruega, y las bilaterales Londres-Bruselas, encaran una semana decisiva con fuertes tensiones por el consejo de cero capturas.

Las negociaciones para fijar las posibilidades de pesca de 2026 en el Atlántico nororiental han entrado en su tramo más delicado en Bruselas. Delegaciones de Reino Unido, la Unión Europea y Noruega mantienen esta semana la tercera ronda de conversaciones trilaterales sobre las cuotas de las poblaciones compartidas, mientras que Londres y Bruselas afrontan ya la cuarta ronda de sus contactos bilaterales. Todo ello bajo la presión del calendario: el Acuerdo de Comercio y Cooperación del Brexit compromete a ambas partes a cerrar los TAC del año siguiente antes del 10 de diciembre.

El gran escollo sobre la mesa es el consejo científico de capturas cero para el bacalao del Northern Shelf en 2026, emitido por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). El organismo recomienda que no se desembarque ni un kilo de estas poblaciones el próximo año, a la vista del deterioro de la biomasa y de las tendencias observadas en varias sub-áreas, desde el Mar del Norte hasta el oeste de Escocia.

La propuesta ha encendido todas las alarmas en la flota de arrastre y artes fijas de Escocia y del resto de países con intereses en la zona. El sector alerta de que, en pesquerías mixtas, es prácticamente imposible faenar sobre otras especies –como eglefino, merlán o carbonero– sin capturar al mismo tiempo bacalao, lo que convertiría en inviable la actividad de buena parte de la flota si se aplicase un TAC cero. Organizaciones como la Scottish White Fish Producers’ Association y la Shetland Fishermen’s Association han calificado el consejo de “inaceptable” y han pedido a los gobiernos una respuesta que combine sostenibilidad biológica y supervivencia socioeconómica.

Como alternativa al cierre total, una alianza de países del Norte –Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y otros Estados con intereses en el Mar del Norte– ha planteado mantener un nivel de capturas limitado pero acompañado de medidas adicionales de conservación. Entre las propuestas figuran cierres estacionales de zonas de reproducción, mayores restricciones de capturas accesorias, un refuerzo de la selectividad de las artes y un aumento de las cuotas científicas para mejorar el conocimiento de la estructura de las poblaciones.

En paralelo, Reino Unido y la UE intentan desbloquear otro frente delicado en el mar Céltico. Para varios stocks clave de la zona –como bacalao, eglefino, merlán y arenque– ICES también ha emitido recomendaciones de cero capturas, a la vista del estado crítico de las poblaciones. Esto complica la búsqueda de un equilibrio entre la recuperación de los recursos y el mantenimiento de la actividad de las flotas de Irlanda, Francia y Reino Unido, muy dependientes de esos caladeros.

Algunas organizaciones regionales, como la Cornish Fish Producers’ Organisation, insisten en que cualquier acuerdo sobre TAC en el mar Céltico debe ir acompañado de una mejor gestión de la pesca recreativa de especies como la faneca (pollack), que soporta una fuerte presión en determinadas zonas, así como de un replanteamiento de las normas para especies como la mielga (spurdog), donde reclaman sustituir el límite de talla máxima por otras medidas de gestión. También piden que se reconozca científicamente que la solla de determinadas sub-áreas (VIIg/h) forma una única unidad biológica, lo que permitiría un mejor uso de las cuotas.

No todo son malas noticias en Bruselas. En el capítulo de especies demersales no tan polémicas, fuentes del sector apuntan a que ya se han alcanzado acuerdos preliminares en el Mar del Norte para especies como el eglefino, el merlán o el carbonero, siempre dentro del marco de explotación sostenible. En el caso de las cigalas (Nephrops), se baraja incluso un incremento del 40 % del TAC global del Mar del Norte, a partir del análisis de las distintas unidades funcionales, mientras que en el oeste de Escocia las perspectivas también son positivas. En cambio, las cigalas del mar Céltico y del mar de Irlanda podrían afrontar reducciones en sus cuotas.

En este contexto, la industria se queja de que, una vez concluidos los trabajos de base, queda “mirando desde la barrera” mientras los equipos negociadores de las distintas administraciones cierran los números definitivos. El sector ha remitido sus prioridades y análisis a Londres, Bruselas y Oslo, pero permanece excluido de la mesa, recibiendo solo resúmenes periódicos de la evolución de las rondas.

El tiempo juega en contra de los negociadores. Si bien en los últimos años Reino Unido, la UE y Noruega han logrado cerrar acuerdos a tiempo para el 1 de enero, la creciente complejidad de los dictámenes científicos –con modelos más sofisticados y frecuentes recomendaciones de cierre total para stocks en situación crítica– y las tensiones políticas post-Brexit dificultan cada vez más la búsqueda de compromisos.

La clave, coinciden fuentes científicas y del propio sector, será que el acuerdo final refleje tanto la urgencia de recuperar las poblaciones más dañadas como la realidad de las pesquerías mixtas del Atlántico nororiental. Para el bacalao del Northern Shelf y los stocks del mar Céltico, el riesgo de no actuar es un colapso a medio plazo; el riesgo de aplicar al pie de la letra un TAC cero, un colapso inmediato del tejido socioeconómico de muchas comunidades costeras.

A una semana del límite del 10 de diciembre, los números definitivos siguen siendo una incógnita. Pero está claro que las decisiones que se adopten en estas rondas finales marcarán no solo la campaña de 2026, sino la credibilidad de todo el sistema europeo y británico de gestión pesquera en un momento de máxima presión sobre recursos, flotas y comunidades.

Ecosistemas vulnerables y pesca responsable: ¿protección o exceso de celo en Bruselas?

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El investigador del IEO-CSIC y vicepresidente primero de ICES, Pablo Abaunza, defiende en Celeiro que la conservación de los fondos marinos y la actividad pesquera son compatibles, pero alerta de los “errores de enfoque” del reglamento europeo sobre ecosistemas marinos vulnerables.

La sostenibilidad de los océanos no se juega solo en los despachos de Bruselas, sino también en los fondos donde faenan las flotas de artes de fondo. Así lo expuso en Celeiro el investigador del Centro Oceanográfico de Santander del IEO-CSIC y vicepresidente primero de ICES, Pablo Abaunza, en una ponencia centrada en ecosistemas marinos vulnerables, espacios protegidos y pesca responsable, que despertó tanto interés científico como tensión política entre los asistentes.

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y con una larga trayectoria como director del Centro Oceanográfico de Santander, jefe de área de Pesquerías y subdirector general de Investigación del IEO, Abaunza habló con doble gorra: la del investigador que lleva décadas trabajando bajo el paraguas de ICES y la del experto que conoce de primera mano las consecuencias de las decisiones comunitarias sobre las flotas del Atlántico nordeste.

Dos mundos que deben convivir

El punto de partida de su intervención fue un marco conceptual sencillo pero contundente:

Por un lado está el ser humano, que necesita seguridad alimentaria, empleo, cultura y modo de vida; por otro, el medio marino, que proporciona recursos, servicios ecosistémicos y biodiversidad. “Son dos mundos íntimamente unidos. No hay escapatoria: solo pueden coexistir si hay sostenibilidad”, resumió.

Sobre esa base, recordó que tanto la política pesquera como la ambiental han construido en paralelo su propio armazón normativo:

  • En pesca: rendimiento máximo sostenible, TAC y cuotas, plan de descartes, selectividad, vedas, enfoque ecosistémico, todo ello recogido en la Política Pesquera Común.
  • En medio ambiente: control de impactos, restauración de ecosistemas, diversidad genética, áreas marinas protegidas, Estrategias Marinas, Directiva Hábitats y planificación espacial marítima.

“El reto —insistió— no es elegir entre recursos para la gente o recursos para la naturaleza, sino garantizar ambos a la vez”.

Qué es, de verdad, un ecosistema marino vulnerable

Abaunza dedicó buena parte de su exposición a aclarar un concepto que, a su juicio, se utiliza con demasiada ligereza en el debate público: los ecosistemas marinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés).

Recordó que la definición nace en la FAO hace más de dos décadas, sobre todo ligada a las pesquerías de aguas profundas en áreas internacionales, con un objetivo claro: evitar que determinadas artes destruyan hábitats frágiles del fondo marino.

Para ser considerado ecosistema marino vulnerable, un hábitat debe cumplir varios criterios:

  • Fragilidad: se rompe o degrada con facilidad ante una perturbación.
  • Recuperación lenta: especies de crecimiento y reproducción tardíos, con tiempos de recuperación que pueden superar los 5–20 años.
  • Complejidad estructural: presencia de estructuras tridimensionales (jardines de corales fríos, esponjas, plumas de mar, comunidades de filtradores) que dan refugio a otras especies.
  • Rareza o singularidad: especies poco abundantes o únicas.
  • Papel clave en el ecosistema: funciones ecológicas esenciales que conviene preservar.

“Cuando vemos corales de aguas profundas, grandes esponjas o plumas de mar, sabemos que estamos ante posibles VME”, explicó. Pero, subrayó, el debate no acaba ahí.

Impactar no es lo mismo que dañar de forma significativa

Una de las palabras que Abaunza repitió con más énfasis fue “significativo”.

“La actividad humana siempre impacta. La pregunta no es si impactamos, sino si el impacto es significativo o no”, recalcó.

Para valorar ese carácter “significativo” del impacto sobre un VME, la ciencia tiene en cuenta, entre otros factores:

  • Intensidad y severidad de la perturbación.
  • Extensión espacial del daño en relación con la distribución del hábitat.
  • Capacidad de resiliencia y tiempo de recuperación.
  • Magnitud de la alteración sobre la estructura y funcionamiento del ecosistema.
  • Momento del año y duración de la actividad, en relación con los ciclos de vida.

A modo de ejemplo, comparó el efecto de una gran flota industrial sobre una población de merluza con el de una pequeña embarcación artesanal: “No se puede poner en el mismo plano. En un caso el impacto puede ser significativo; en el otro, probablemente no”.

Gestión de VME: proteger, sí, pero con ciencia y medida

En cuanto a la gestión, Abaunza recordó que el enfoque internacional combina varias herramientas: creación de áreas marinas protegidas o cierres específicos, limitación o prohibición de ciertas artes en zonas sensibles, modificaciones técnicas para reducir el contacto con el fondo, y, siempre, recogida sistemática de datos.

“Sin buena información científica es imposible evaluar bien el impacto de cada arte y delimitar con precisión dónde están los VME y qué extensión tienen”, advirtió. También defendió el enfoque de precaución en zonas potencialmente vulnerables, pero ligado a una idea clave: no aumentar el esfuerzo hasta saber qué hay debajo.

El reglamento europeo que encendió todas las alarmas

Tras ese repaso conceptual, Abaunza entró en el núcleo más polémico de su intervención: el reglamento de ejecución (UE) 2022/1614, con el que la Comisión Europea definió 87 zonas de ecosistemas marinos vulnerables en el Atlántico nordeste y prohibió en ellas la pesca con “cualquier arte de fondo”: arrastre, palangre y enmalle.

El investigador repasó la secuencia:

  • Reglamento de 2016 sobre pesquerías de aguas profundas.
  • Petición de la Comisión a ICES en 2017 para identificar VME y proponer cierres.
  • Respuesta inicial de ICES: falta de datos suficientes.
  • Informes sucesivos en 2021, 2022 y 2023, ya con más información, centrados en arrastre de fondo.

Con esos elementos, Bruselas aprobó el cierre de 87 polígonos —desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz— a todas las artes de fondo, incluidas las artes fijas.

“Cuando uno ve el mapa de cierres a lo largo del talud, en zonas clave para las pesquerías de profundidad, es evidente que habrá impacto socioeconómico. Lo lógico habría sido acompañar el reglamento de un estudio detallado sobre sus consecuencias para la seguridad alimentaria y el empleo. Eso no se hizo”, criticó.

“ICES habló de arrastre, el reglamento castigó a las artes fijas”

Abaunza fue especialmente duro con la interpretación que, a su juicio, hizo la Comisión Europea del dictamen científico de ICES.

“El propio consejo de ICES deja claro que sus análisis se referían al impacto del arrastre de fondo. No había datos suficientes sobre artes fijas. Sin embargo, el reglamento se aplicó por igual a palangre y enmalle”, resumió.

Entre las deficiencias que señaló del texto comunitario, destacó:

  • Aplicación de “zonas tampón” (buffers) pensadas para el arrastre también a las artes fijas, pese a que la maniobra y el control del calado son muy distintos.
  • Falta de corrección por latitud en los rectángulos estadísticos, lo que amplifica el efecto de los cierres en las zonas más al sur, como España.
  • Uso de un consejo científico pensado a escala de Atlántico nordeste, sin incorporar adecuadamente la información más detallada disponible a nivel regional.
  • Desconocimiento de un hecho esencial: las artes fijas han convivido durante décadas con muchos de esos VME sin que éstos desaparecieran, lo que demuestra un impacto mucho menor que el del arrastre.

“El resultado práctico —lamentó— es que el reglamento ha golpeado especialmente a las artes fijas, que son más selectivas y con un impacto muy inferior sobre el hábitat que el arrastre de fondo”.

Ciencia, matices y sentido común

En la parte final de su intervención, y también en el turno de preguntas, Abaunza dejó varias ideas-fuerza que resonaron en la sala:

  • Compatibilidad posible: “Conservar los VME y mantener una actividad pesquera viable no son objetivos contradictorios; son las dos caras de la sostenibilidad”.
  • Mejor ciencia, mejores normas: reclamó proyectos específicos para medir el impacto real de las artes fijas sobre los VME antes de ampliar cierres: “Primero estudia, luego decide”.
  • Leer bien los informes científicos: “Los matices importan. Un mal uso o una lectura apresurada de un dictamen científico puede tener consecuencias muy graves sobre la gente que vive de la pesca”.
  • Participación del sector: insistió en la necesidad de implicar a pescadores, científicos y administraciones en el diseño de las medidas, y no solo informarles a posteriori.
  • Empatía y humildad: a título personal, lamentó “la falta de empatía y de humildad” que, a su juicio, ha existido en algunas decisiones: “No se puede legislar sobre la vida de pueblos enteros sin escuchar a quienes conocen el mar y llevan 30 años faenando en esas aguas”.

Como conclusión, dejó un mensaje claro: la protección de los ecosistemas marinos vulnerables es irrenunciable, pero debe basarse en buena ciencia, análisis socioeconómicos rigurosos y una escucha real al sector. Solo así, vino a decir, los dos mundos que abrió al inicio de su charla —el del mar y el de las personas que viven de él— podrán seguir conviviendo de forma sostenible.

Carmen Crespo ve prioritario el impulso a la Oficina de Control de Importaciones

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La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo pide TAC bianuales, una reforma urgente de los descartes, fondos específicos para la flota y una oficina europea de control de importaciones

La eurodiputada Carmen Crespo (PPE), presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH), defendió una profunda revisión de la Política Pesquera Común (PPC) y del marco financiero comunitario para que la flota europea pueda competir “en igualdad de condiciones” y mantener la soberanía alimentaria. En su intervención, Crespo subrayó que las decisiones europeas “ya no pueden basarse solo en criterios medioambientales”, sino que deben integrar de forma real los pilares social y económico del sector pesquero.

Con una larga trayectoria institucional en el ámbito local, regional y europeo, Crespo situó el eje de su acción política en la defensa del medio rural y pesquero, el refuerzo del tejido agroalimentario y la protección de los recursos, pero con una advertencia clara: “Europa no puede ser un museo al aire libre; tiene que ser competitiva”.

Mediterráneo, atún rojo y un cambio de ciclo político

La presidenta de PECH recordó que en los últimos meses se han enviado señales positivas al sector, como el Consejo General de Pesca del Mediterráneo celebrado en Málaga y la reciente reunión de ICCAT en Sevilla, donde se acordó un aumento del 17 % de la cuota de atún rojo. Un incremento que, según dijo, ha dado “oportunidad y alivio al sector para seguir luchando por el futuro”.

Crespo avanzó que el comisario de Pesca, Costas Kadis comparecerá ante la Comisión de Pesca el 3 de diciembre, una cita en la que los eurodiputados exigirán “fechas y compromisos concretos” para el cambio del plan plurianual del Mediterráneo y la revisión del reglamento de aguas profundas, clave para las artes de fondo.

De cara al Consejo de Ministros de Pesca del 10 al 13 de diciembre, donde se fijarán las TAC y cuotas para 2026, Crespo expresó su esperanza en que llegue un nuevo alivio, apoyándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a considerar también el impacto social y económico en las decisiones pesqueras. “Ese principio está escrito”, recordó, “pero todavía no se aplica de manera efectiva”.

Por ello, abogó por que las TAC se fijen con carácter bianual, y no año a año, porque “es muy difícil disponer de informes científicos actualizados y sólidos en solo doce meses”, y aún más incorporar estudios de impacto social y económico en ese plazo.

Críticas a la etapa “ambientalista” y reforma urgente de la PPC

Crespo fue especialmente crítica con la etapa que identificó con las figuras de Damanaki y Timmermans, marcada —a su juicio— por una visión “excesivamente rígida y centrada solo en la variable ambiental”, que ha tenido consecuencias tanto en la pesca como en la agricultura y la industria.

A su entender, la PPC necesita cambios inmediatos en puntos concretos antes de abordar una reforma global, que podría tardar “tres años en negociarse y otros tantos en aplicarse”. Entre esas modificaciones urgentes citó:

  • El artículo 15 sobre la obligación de desembarque y los descartes, que considera “insostenible” en su configuración actual.
  • La flexibilización del concepto de capacidad pesquera, cuyo tratamiento ha generado, dijo, “errores de bulto” en el cálculo del tonelaje y el rendimiento máximo sostenible.
  • Medidas que faciliten el relevo generacional y la descarbonización de la flota, hoy lastradas por sobrecostes, burocracia y dificultades laborales.

“Europa tiene que cambiar el chip”, insistió, defendiendo una transición ecológica “paulatina, compatible con la realidad económica del sector y coordinada con el resto del mundo”, para evitar que la UE pierda tejido productivo mientras otros países operan con estándares menos exigentes.

Fondo pesquero y Next Generation: “el sector no puede pagar la factura”

Uno de los bloques más sensibles de su intervención se centró en el marco financiero plurianual 2028–2034 y la revisión que se discutirá en el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre. Crespo alertó de que la combinación de nuevos gastos en defensa, reconstrucción de Ucrania y políticas sociales no puede hacerse “a costa del sector primario”.

Recordó que los fondos Next Generation han sido “una oportunidad perdida” para la pesca y la agricultura en España, con solo 1.000 millones destinados al Ministerio de Agricultura y Pesca frente a 12.000 millones para Transición Ecológica, y una ejecución muy limitada en proyectos ligados al campo y al mar.

Además, denunció que la amortización del 20 % de esos fondos se haya cargado precisamente sobre el bloque presupuestario donde se sitúan la PAC y los fondos pesqueros, algo que calificó de inaceptable: “Los agricultores y pescadores no pueden pagar la factura de unos recursos de los que apenas se han beneficiado”.

Ante el temor de que el actual FEMPA, con 1.160 millones para España, se vea recortado “a menos de 500 millones”, Crespo apostó por:

  • Mantener una dotación específica y clara para la pesca, aunque el instrumento deje de llamarse FEMPA.
  • Evitar la “renacionalización” de los fondos, que los mezcla en grandes sobres con migración, empleo o cohesión, obligando al sector a competir en cada Consejo de Ministros.
  • Exigir que los programas pesqueros aparezcan con nombre y apellidos, con importes fijados y objetivos definidos, para impedir que se diluyan en cajones presupuestarios generales.

Ciencia, datos y papel del IEO-CSIC

Preguntada por representantes del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) sobre el futuro de la financiación para la recopilación de datos pesqueros, Crespo agradeció expresamente el trabajo científico que se está realizando, tanto en el Mediterráneo como en aguas profundas, y subrayó que “sin buena ciencia no hay decisiones justas”.

Recordó que la investigación y los institutos oceanográficos están integrados en el gran programa Horizonte Europa, pero advirtió de que no basta con incluirlos en un fondo global: “Hace falta que aparezcan líneas específicas para la pesca y los océanos y que los recursos estén blindados, no sometidos a la discrecionalidad política o a la competencia con otras prioridades”.

Competencia desleal y oficina europea de control de importaciones

Uno de los momentos más intensos llegó con el debate sobre la competencia desleal y la pesca ilegal (INDNR). El secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC), Alexander Rodríguez, recordó un dictamen conjunto con el Consejo Consultivo de Mercados en el que se denunciaba que Europa es “un coladero de productos de importación”.

Según datos correspondientes al periodo 2020–2023, se tramitaron 800.000 certificados de captura, pero solo se verificó físicamente el 0,3 % de la mercancía, y apenas se rechazó el 0,01 %. “De China hay cinco rechazos de consignaciones”, apuntó Rodríguez, que también señaló que muchos Estados miembros ni siquiera alcanzan el mínimo del 5 % de inspecciones —entre ellos Países Bajos o Polonia— mientras que España es la gran excepción, con cerca del 80 % de las descargas controladas.

En respuesta, Crespo admitió que existe una clara falta de control homogéneo en la UE y recordó que Bruselas ha sancionado ya a Portugal y Países Bajos por incumplimientos. Pero consideró insuficiente el actual modelo, basado en controles dispersos puerto a puerto.

Por ello defendió la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones, probablemente integrada o asociada a la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), capaz de:

  • Centralizar los datos de importación.
  • Homogeneizar los criterios de control entre Estados miembros.
  • Detectar fraudes y permitir que cualquier país pueda denunciar ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

“Mientras imponemos estándares muy altos a nuestra propia flota, dejamos entrar productos de terceros países con controles mínimos. Eso no es justo ni sostenible”, recalcó.

Simplificación real y nueva regulación de control

Representantes de la inspección pesquera advirtieron del choque que puede generar la nueva norma de control, que obliga a registrar digitalmente las capturas “desde el primer kilo”, algo que consideran inviable para muchas tripulaciones por falta de medios y personal cualificado, y que puede tensar aún más la relación entre sector y autoridades.

Crespo coincidió en el diagnóstico: la UE ha creado una hiperregulación que recae casi exclusivamente sobre la flota europea, mientras apenas se mira a la actividad de terceros países en aguas internacionales. Y, aunque defendió la digitalización y la lucha contra la pesca ilegal, insistió en que “la simplificación debe ser de verdad, no solo pasar papeles a formato digital”.

Como vía de solución, propuso un “ómnibus de la pesca” europeo, un paquete legislativo específico para el sector que revise trámites, elimine burocracia redundante y adapte las obligaciones a la realidad de la flota, especialmente de la artesanal y de pequeña escala. También reclamó que las reformas laborales nacionales tengan en cuenta las singularidades de la pesca, para facilitar la contratación en origen y el relevo generacional.

“Europa no es un ente ajeno”

Crespo cerró su intervención insistiendo en que Europa es decisiva para el futuro de la pesca española y europea: “El Parlamento Europeo tiene que tener fuerza para negociar, nuestro país debe dejar de ponerse de perfil y ser proactivo, y el sector tiene derecho a decisiones basadas en informes científicos, medioambientales, pero también sociales y económicos”.

Solo así, concluyó, la pesca podrá seguir siendo una actividad con futuro, capaz de garantizar empleo, cohesión territorial y un suministro estable de proteína marina de calidad para la ciudadanía europea.

El superarrastrero británico Challenge se convierte en el buque pesquero más grande de A Mariña

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El barco, construido por Zamakona en 2004, pasará a pabellón español con base en Celeiro para la pesca de bacaladilla en aguas internacionales

El puerto de Celeiro suma desde estos días un nuevo gigante a su flota. Se trata del Challenge, un superarrastrero de origen británico que, con sus 65 metros de eslora y 13,20 de manga y 1.676 TRB, pasa a ser el buque pesquero más grande de A Mariña y uno de los de mayor porte de todo el censo español. Construido en 2004 por el astillero español Zamakona y registrado hasta ahora en el puerto escocés de Fraserburgh (FR 226), el barco inicia una nueva etapa bajo pabellón español, según informe José Pino, en su cuenta de Facebook.

El Challenge operará para la armadora Cel Eire Fishing Trust, una joint venture formada por la sociedad PuertoCeleiro y la irlandesa Antartic Charter Company, y estará registrado en la lista de Celeiro. Su objetivo principal será la pesca de bacaladilla en aguas internacionales, utilizando el puerto irlandés de Killybegs como base para buena parte de sus descargas, en línea con la tradicional cooperación pesquera entre la fachada atlántica española e irlandesa.

Un “peso pesado” en la historia de la flota española

Por dimensiones y tonelaje, la entrada del Challenge lo sitúa en la parte alta del ranking histórico de la flota española. Ningún buque ha superado los 110 metros de la legendaria serie de congeladores “Miño / Sil” y “Gelmírez / Gondomar”, construidos en la época dorada de los grandes congeladores a finales de los años sesenta del siglo pasado. Aquel tiempo vio también operar a mercantes-factoría como el Lugo y el Orense, ambos de Pescanova, con 73 y 69 metros de eslora respectivamente, que sin embargo nunca pescaron con bandera española, salvo el Lugo en su etapa posterior como potero bajo pabellón argentino.

En esa escala de grandes unidades se inscriben también los históricos bacaladeros “Santas” de Pebsa, los “Vientos” de Pybe o los “Copiba”, todos en el entorno de los 65-70 metros de eslora, los mismos órdenes de magnitud en los que se mueve ahora el Challenge. En activo, el listón de los grandes arrastreros lo marca hoy el Lodairo, con sus 85 metros de eslora por 16 de manga y 4.290 GT, que se ha convertido además en el arrastrero más potente de la historia de la flota española, superando al mítico Manuel de Falla, que mantuvo durante medio siglo el privilegio con sus dos motores Deutz de 2.670 HP cada uno.

En ese contexto, la incorporación del Challenge a Celeiro no es un simple cambio de nombre en el censo, sino un salto cualitativo en capacidad y proyección para el puerto y para el conjunto del sector.

De Fraserburgh a Celeiro: una nueva vida bajo bandera española

Nacido en un astillero español pero con vida operativa hasta ahora ligada a Escocia, el Challenge completa así un círculo que lo devuelve a la Península. El proceso de cambio de pabellón y registro en el puerto de Celeiro permitirá que el barco opere como buque de bandera española, integrado en la estructura empresarial y logística de PuertoCeleiro.

La alianza con Antartic Charter Company refuerza, además, el carácter transnacional del proyecto: capital y gestión compartida, explotación de caladeros de bacaladilla en aguas internacionales del Atlántico nororiental y un esquema logístico que combinará descargas en Killybegs, uno de los grandes hubs de pelágicos de Irlanda, con los servicios industriales, administrativos y comerciales que ofrece Celeiro.

Impacto en el tejido portuario y en la pesquería de bacaladilla

La llegada del Challenge consolida a Celeiro como uno de los núcleos pesqueros más dinámicos de la cornisa cantábrica, especialmente en el segmento de los arrastreros de altura. La operación abre nuevas oportunidades para:

  • La cadena de valor local: servicios de suministro, mantenimiento, reparaciones, avituallamiento, estiba y servicios auxiliares asociados a un buque de gran porte.
  • La organización de productores y las comercializadoras de la zona, que refuerzan su capacidad de aprovisionamiento de bacaladilla para mercados nacionales e internacionales.
  • El empleo directo e indirecto, al incorporar una unidad que exige tripulaciones especializadas y genera actividad en talleres, lonjas, plantas de procesado y logística.

La bacaladilla, especie pelágica abundante en el Atlántico nororiental, ha adquirido en los últimos años un peso creciente en la estrategia de muchas empresas por su volumen de captura y su papel como materia prima para diferentes productos elaborados y de exportación. La entrada del Challenge en esta pesquería, con base operativa en Celeiro y punto de descarga en Killybegs, refuerza la presencia española en un segmento cada vez más competitivo.

Símbolo de modernización y de cooperación atlántica

Más allá de las cifras, el Challenge se convierte en un símbolo: un gran arrastrero de tecnología moderna, construido en España, que regresa a un puerto gallego para iniciar una nueva etapa bajo bandera nacional y en alianza con un socio irlandés. Un movimiento que resume varias tendencias clave del presente pesquero:

  • Internacionalización del capital y de las operaciones, con joint ventures que comparten riesgos, caladeros y mercados.
  • Especialización en grandes pelágicos como la bacaladilla, apoyada en buques de gran capacidad y alta eficiencia operativa.
  • Reforzamiento de puertos como Celeiro como plataformas logísticas y de servicios de referencia para la flota de altura.

Con su llegada, el Challenge no solo se convierte en el buque pesquero más grande de A Mariña: se erige también en emblema de una flota que busca seguir siendo competitiva en los caladeros internacionales, conectando tradición, industria y futuro en torno a un puerto que no deja de crecer.

El sector pesquero muestra esperanzas en el recurso de casación contra las 87 vedas para las artes de fondo

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El sector pesquero español muestra esperanzas en el recurso de casación que apoyan Irlanda y la Xunta de Galicia contra las 87 vedas a todas las artes en contacto con el fondo y, según la Administración española, otros países, que no desveló. España ha solicitado al TJUE su derecho de réplica «para responder a los nuevos argumentos introducidos» por las principales instituciones comunitarias., Eurocámara, sector y flota de larga distancia coinciden en pedir más equilibrio, financiación estable y menos burocracia para la pesca europea.

Las Jornadas Técnicas de Celeiro volvieron a convertirse en un termómetro de las preocupaciones de la pesca española y europea. En una mesa dedicada al presente y futuro de la Política Pesquera Común (PPC), cuatro voces con miradas complementarias –administración, Parlamento Europeo, sector y flota de larga distancia– coincidieron en un mensaje nítido: sin una PPC más equilibrada, sin recursos financieros suficientes y sin una gobernanza internacional eficaz, la flota española difícilmente podrá sostener su liderazgo.

La sesión reunió a Juan Manuel Elices, subdirector general de Caladero Nacional y Aguas de la UE de la Secretaría General de Pesca; al eurodiputado Francisco Millán Mon (PPE), miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo; a Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche y Pesca España; y a Alexandre Rodríguez, secretario del Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia (LDAC).

«La flota española sólo sobrevivirá si la sostenibilidad es integral»

Juan Manuel Elices abrió el bloque recordando el peso real del sector: más de 8.400 buques, más de 30.000 tripulantes y cerca de 800.000 toneladas desembarcadas al año, con un valor próximo a los 2.000 millones de euros. «España es la principal flota de la Unión Europea y eso nos da liderazgo, pero también una enorme responsabilidad en gestión sostenible, innovación y cumplimiento de las normas», subrayó.

El subdirector repasó el entramado regulatorio que condiciona el día a día de la pesca: el Reglamento 1380/2013 que fija la actual PPC, el Reglamento de Control 1224/2009 y los reglamentos anuales de TAC y cuotas para Atlántico y Mediterráneo, además de la nueva Ley española de Pesca Sostenible (Ley 5/2023). Como ejemplo de cómo una norma puede alterar por completo la operativa, citó la obligación de desembarque, que «ha transformado la actividad de todos los buques» y ha generado el conocido “efecto estrangulamiento” en algunas pesquerías.

Elices defendió una idea central: la necesidad de una sostenibilidad integral, con tres patas inseparables –ambiental, social y económica–. «Si las decisiones sólo miran al medio ambiente, pero no al empleo ni a la viabilidad económica, el sector no será sostenible a largo plazo», advirtió. Reclamó aplicar de verdad el principio de proporcionalidad y equilibrar unas medidas que, a su juicio, «han tendido a desequilibrarse hacia la parte medioambiental».

No obstante, la sorpresa surgió en su intervención al mantener que la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo se oponen a la demanda de España interpuesta contra las 87 vedas a cualquier arte de pesca que toque el fondo marino. Javier Garat, de Cepesca, le interpeló señalan que desconocía ese extremo, objeto que iba a ser de su investigación.

De cara al futuro, Elices defendió una revisión “quirúrgica” de la PPC centrada en: simplificación normativa, revisión de la obligación de desembarque, TAC plurianuales que den más previsibilidad, refuerzo del asesoramiento científico, modernización de la flota eliminando rigideces sobre capacidad y, sobre todo, «una gobernanza basada en la cooperación estrecha entre administración, ciencia y sector». Todo ello, sin perder de vista la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria: «No podemos basar nuestra seguridad alimentaria en importar cada vez más pescado de fuera».

Millán Mon alerta: «Tras el FEMPA, la pesca se enfrenta a un recorte del 67 %»

Si Elices puso el foco en las reglas, Francisco Millán Mon se centró en el dinero. Su ponencia, «¿Y después del FEMPA qué?», examinó la propuesta de nuevo marco financiero plurianual de la UE a partir de 2028 y su impacto sobre la pesca.

El eurodiputado recordó que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) actual (2021-2027) está dotado con 6.100 millones de euros, de los que España recibe 1.120 millones, un 21 % del total, siendo el primer beneficiario. Galicia concentra en torno a un tercio de esos recursos. El FEMPA, explicó, introdujo más flexibilidad –«todo lo que no está prohibido está permitido»– y abrió la puerta a financiar mejoras de seguridad y eficiencia energética incluso si aumentan el tonelaje, aunque con limitaciones. Pero arrastra problemas: «burocracia excesiva, rigidez en los programas operativos y cofinanciación nacional del 30 %, que ya es un esfuerzo considerable».

La verdadera preocupación llega con la propuesta de la Comisión para el periodo 2028-2034: la desaparición de un fondo específico para la pesca y su integración en un gran “Fondo para la Prosperidad y la Seguridad” junto a PAC, cohesión, migración y políticas sociales. Dentro de ese macrofondo, Bruselas sólo garantiza 2.000 millones mínimos para pesca en toda la UE, frente a los 6.100 actuales. «Estamos hablando de un recorte del 67 %, inasumible para un sector que ya afronta enormes retos de descarbonización, relevo generacional y modernización», denunció.

En el caso de España, esos 2.000 millones mínimos se traducirían en unos 422 millones para el periodo, muy lejos de los 1.120 del FEMPA. A ello se suma un aumento de la cofinanciación nacional al 40 %. «Con el actual contexto presupuestario, es dudoso que el Estado pueda aportar ese 40 % sin dificultad. Si no hay presupuesto nacional, no habrá fondos europeos», avisó.

Más allá de las cifras, Millán Mon criticó la “arquitectura” del nuevo modelo: dispersar la financiación pesquera en varios fondos (prosperidad, competitividad, Europa Global para acuerdos de pesca con terceros países) y renacionalizar las decisiones, dejando a cada Gobierno un amplio margen para priorizar entre agricultura, pesca, cohesión, migración o políticas sociales. «Con esa mezcla, la pesca corre el riesgo de perder siempre frente a otras prioridades más visibles», advirtió, reclamando mantener la especificidad de una política común que merece «un fondo propio, visible y bien dotado».

El eurodiputado aseguró que el Parlamento Europeo está presionando para aumentar la cantidad mínima garantizada para pesca y simplificar el esquema, pero fue crítico con la actitud del Gobierno español. Recordó que en un reciente Consejo de Asuntos Generales «España habló de cohesión y PAC, pero no mencionó la pesca, mientras que países como Francia, Irlanda o Bélgica sí defendieron explícitamente a su sector». De cara al próximo Consejo Europeo de diciembre, pidió que España «deje de ponerse de perfil y utilice su peso como primera potencia pesquera para exigir una financiación a la altura».

Garat: «Éxito ambiental, fracaso socioeconómico»

Desde la óptica del sector, Javier Garat ofreció una radiografía contundente de la última década. A su juicio, la PPC vigente ha logrado «un éxito ambiental indiscutible», con muchas poblaciones en mejor estado que hace 20 años, pero ha sido «un fracaso socioeconómico», con una reducción drástica de flota y un sector «agotado por la hiperregulación y por un enfoque excesivamente ideologizado».

Garat recordó cómo, durante años, la pesca quedó subsumida en una agenda ambientalista que primaba objetivos climáticos y de biodiversidad sobre la realidad de las comunidades costeras. Por eso valoró positivamente que el actual comisario sea exclusivamente de Pesca y Océanos y no comparta cartera con Medio Ambiente, pero lamentó que muchas de las inercias anteriores sigan vigentes en la administración comunitaria.

El responsable de Cepesca citó como ejemplos el cierre de las 87 zonas de fondo, el plan plurianual del Mediterráneo con nuevos recortes de días pese a la mejora de algunos stocks, o el Plan de Acción marino que plantea prohibiciones generalizadas al arrastre. «No se puede seguir pidiendo más y más esfuerzos a una flota que ya ha reducido sus emisiones de CO₂ en más de un 50 % desde los años 90 y que apenas representa una fracción mínima de las emisiones globales», argumentó, calificando de «irreal» el objetivo de emisiones netas cero en 2050 para los barcos de pesca con la tecnología actualmente disponible.

También puso el foco en la competencia desleal y el “doble rasero” de la UE: «Se aplica un control exhaustivo y sanciones severas a la flota comunitaria, mientras que los productos que llegan de terceros países muchas veces apenas se verifican. No hay ‘level playing field’». Ligó este problema al recorte propuesto en los fondos y a la creciente influencia de algunas ONG ambientalistas «muy bien financiadas por grandes fundaciones internacionales», reclamando transparencia sobre su financiación y su papel en el diseño de políticas.

Como elementos positivos, Garat destacó el Pacto Europeo por el Océano y la disposición de la Comisión a simplificar un 25-35 % de la carga burocrática, pero insistió en que estas intenciones deben traducirse en cambios concretos: revisión de la obligación de desembarque, redefinición del concepto de capacidad pesquera para permitir mejorar seguridad y eficiencia energética, refuerzo de las organizaciones de productores y una gran campaña europea de promoción de la “alimentación azul”. «Si Europa se toma en serio la seguridad alimentaria, la pesca tiene que estar en el centro, no en la periferia de las políticas», remachó.

Gobernanza internacional: el papel estratégico de la flota de larga distancia

El cierre corrió a cargo de Alexandre Rodríguez, que aportó la perspectiva de la flota de larga distancia y de la gobernanza internacional de los océanos. Recordó que el LDAC es el único consejo consultivo dedicado exclusivamente a las aguas no comunitarias, donde opera una flota relativamente pequeña en número de buques, pero muy relevante en capturas y valor añadido.

Rodríguez describió el “ecosistema institucional” en el que se mueve la pesca de larga distancia: organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), acuerdos de pesca con terceros países, normativa contra la pesca ilegal, reglamento de la flota exterior y, cada vez más, tratados globales como el de Biodiversidad en Alta Mar (BBNJ), CITES o los convenios laborales de la OIT. «La UE presume de liderazgo en estos foros, pero muchas veces su influencia efectiva es limitada si no va acompañada de una estrategia clara y de recursos», señaló.

El secretario del LDAC advirtió del aumento de “acuerdos durmientes”, como el caso de Marruecos, que dejan a buques y tripulaciones sin caladeros y crean un limbo jurídico en el que ni se puede faenar con acuerdo público ni con acuerdos privados, por cláusulas de exclusividad. Reclamó más transparencia sobre los acuerdos que firman los países costeros con otras flotas –especialmente asiáticas–, criterios claros de “igualdad de trato” entre operadores europeos y extracomunitarios y un mayor enfoque regional en los protocolos, especialmente para túnidos altamente migratorios.

Rodríguez defendió también el papel de las sociedades mixtas y de la inversión europea en terceros países como modelo de arraigo y de desarrollo local, siempre que se opere bajo estándares de sostenibilidad y condiciones laborales dignas. Y enlazó ese debate con la necesidad de una verdadera Estrategia Europea de Acción Exterior en Pesca que coordine diplomacia, acuerdos, OROP y lucha contra la pesca ilegal de forma coherente.

En materia de descarbonización, coincidió con Garat en subrayar el esfuerzo ya realizado por la flota y la dificultad técnica de alcanzar el “cero neto” en buques de larga distancia sin soluciones tecnológicas todavía maduras. Recordó la creación de partenariados y grupos de expertos para elaborar hojas de ruta, pero insistió en que cualquier transición debe ser «realista, gradual y acompañada de financiación suficiente».

Un mensaje común desde Celeiro

Pese a sus diferentes roles, los cuatro intervinientes dejaron un diagnóstico convergente en Celeiro: la necesidad de reformar la Política Pesquera Común para hacerla más simple, más equilibrada y más pegada a la realidad de los caladeros y de las comunidades costeras; la urgencia de garantizar un marco financiero sólido tras el FEMPA; y la importancia de reforzar la voz de la UE en la gobernanza internacional, tanto en las OROP como en los acuerdos con terceros países.

En definitiva, desde la administración, la Eurocámara, el sector y la flota de larga distancia se lanzó un mismo aviso a Bruselas: sin recursos, sin coherencia y sin equilibrio entre sostenibilidad ambiental, social y económica, la pesca europea –y en particular la flota española– corre el riesgo de perder capacidad productiva, soberanía alimentaria y futuro. Celeiro, una vez más, ha puesto las preguntas clave encima de la mesa. Ahora, la respuesta está en manos de las instituciones europeas.

Argentina adelanta la temporada 2026 de calamar con un esquema escalonado y guiado por la ciencia

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El Consejo Federal Pesquero fija tres fechas de apertura para la pesquería de Illex argentinus, tras el aval del INIDEP y a pedido de las cámaras empresarias. El objetivo: aprovechar mejor los distintos stocks sin comprometer la sostenibilidad.

La campaña 2026 de calamar Illex argentinus en aguas argentinas ya tiene hoja de ruta. El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó por unanimidad adelantar el inicio de la zafra en el Atlántico Sur, apoyado en un dictamen técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y en los pedidos formales de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), dos de las entidades clave de la flota potera.

La decisión, adoptada tras varias semanas de análisis, establece un calendario de aperturas por zonas y antecedentes de operación, con la mirada puesta en los diferentes stocks que componen la pesquería de Illex y en la fuerte variabilidad que viene mostrando el recurso.

Tres fechas, dos áreas y un mismo objetivo

El esquema aprobado por el CFP para la temporada 2026 queda fijado de la siguiente manera:

  • 2 de enero: apertura entre los paralelos 49° y 52° Sur, área históricamente asociada al denominado Stock Sudpatagónico (SSP).
  • 7 de enero: apertura al sur del paralelo 44° Sur exclusivamente para los buques que hayan operado previamente al sur de 49° Sur durante al menos tres días de pesca.
  • 12 de enero: apertura al sur del paralelo 44° Sur para el resto de la flota, completando así la habilitación general de la pesquería.

Este esquema escalonado busca ordenar el esfuerzo de pesca, evitar solapamientos innecesarios entre stocks y dar respuesta a las demandas operativas del sector, que venía reclamando previsibilidad en las fechas de inicio para planificar mejor sus mareas y la logística en puerto.

El respaldo científico: aprovechar el Stock Desovante de Verano

El punto central del dictamen del INIDEP tiene que ver con el Stock Desovante de Verano (SDV), un componente de la población de Illex que, según describen los informes técnicos, hacia mediados de enero ya ha completado su ciclo reproductivo y se encuentra en el tramo final de su vida.

Este stock se distribuye, en términos generales, entre los paralelos 44° y 48° Sur, al oeste del meridiano 62° Oeste, en un área donde la presencia del Stock Sudpatagónico (SSP) es baja o prácticamente nula. Esa segregación espacial abre una ventana de oportunidad: una explotación temprana que permita capturar calamares que ya han desovado, sin comprometer la estructura reproductiva del conjunto de la población.

En los últimos años, el INIDEP viene avalando adelantos acotados de la temporada justamente para optimizar la captura del SDV, una orientación que ya se aplicó en campañas recientes y que ahora se consolida para 2026.

Variabilidad del recurso y buena campaña reciente

El informe científico enviado al CFP también analizó el comportamiento de la flota sobre el Stock Sudpatagónico, al sur del paralelo 49° Sur. Los datos de los últimos cuatro años muestran una marcada variabilidad espacio-temporal en la distribución del recurso: años con concentraciones fuertes y acotadas, y otros con desplazamientos más erráticos.

Pese a esa variabilidad, la última temporada cerró con un incremento significativo en las capturas de la flota potera, un resultado que contribuyó al aval técnico para ordenar una apertura temprana, pero bajo un esquema más fino por áreas y con fechas diferenciadas.

El papel de las cámaras empresarias

Según han recogido medios especializados argentinos como Redes de Pesca y Agroempresario, el adelanto de la temporada era una demanda insistente de CAPA y CEPA, que en noviembre formalizaron sus pedidos ante el CFP. Ambas entidades argumentaron que una apertura temprana al sur de 44° Sur, en línea con los dictámenes del INIDEP, permite aprovechar mejor el SDV, ordenar el esfuerzo de pesca y ganar días efectivos de trabajo en un contexto de costos crecientes.

La nota de CEPA, del 14 de noviembre, y la presentación previa de CAPA, el 5 de noviembre, fueron el detonante para que el Consejo solicitara al INIDEP un análisis específico de la conveniencia biológica y operativa del adelanto. El dictamen del instituto, fechado el 18 de noviembre, terminó de despejar dudas y allanó el camino para la resolución que fija el cronograma 2026.

Un equilibrio delicado: más eficiencia, sin perder de vista la sostenibilidad

La apertura anticipada es, a la vez, una apuesta por la eficiencia económica y un ejercicio de gestión adaptativa. Desde el punto de vista del sector, cada día ganado en el mar —sobre todo en los picos de abundancia— puede marcar la diferencia en una zafra marcada por el precio del combustible, los costos de insumos y la competencia internacional de flotas que operan fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina.

Desde la óptica de la administración y de la comunidad científica, en cambio, el foco está en que ese esfuerzo adelantado no se traduzca en sobrepesca ni en impactos no deseados sobre otros componentes de la población de Illex. De allí la insistencia en:

  • Delimitar con precisión las áreas de apertura según stock predominante.
  • Mantener y reforzar la presencia de observadores a bordo.
  • Ajustar en tiempo real las recomendaciones, en función de la información que llegue desde la flota y los muestreos biológicos.

Un recurso clave para puertos y comunidades del litoral

El calamar Illex argentinus es uno de los pilares del complejo pesquero argentino: genera divisas por exportaciones, ocupa un volumen importante de empleo directo e indirecto y sostiene la actividad de puertos como Mar del Plata, Puerto Deseado o Comodoro Rivadavia, además de toda la cadena de plantas, servicios y logística.

La campaña 2026 se perfila, así, como otro capítulo decisivo para una pesquería que convive con la presión de flotas extranjeras en el borde de la ZEE, la necesidad de mantener la competitividad de la flota nacional y el desafío permanente de demostrar al mercado internacional que la explotación se realiza bajo estándares de sostenibilidad crecientes.

Mirando hacia 2026 y más allá

Con el cronograma ya definido —2, 7 y 12 de enero según áreas y antecedentes de operación—, las empresas ultiman ahora detalles de tripulaciones, reparaciones y pertrechos para llegar listas al inicio de la zafra. El mensaje que deja la decisión del CFP, tras el aval del INIDEP y la presión ordenada del sector, es claro: la gestión de la pesquería de calamar se sigue afinando año a año, con decisiones que intentan acompasar la biología del recurso, la realidad económica y las demandas de sostenibilidad.

El verdadero examen llegará en los próximos meses, cuando los poteros se hagan a la mar y la estadística empiece a escribir la historia de la campaña 2026. Si el clima y el comportamiento del recurso acompañan, el modelo de apertura escalonada podría consolidarse como una herramienta clave para administrar uno de los caladeros más importantes del Atlántico Sur.

Expertos del IHCantabria y del IEO-CSIC reclaman más datos, participación y herramientas para gestionar la convivencia entre parques eólicos y flotas pesqueras

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Tres expertos del IHCantabria y del IEO-CSIC reclamar más datos, participación y herramientas para gestionar la convivencia entre parques eólicos y flotas pesqueras

La transición energética ya ha llegado al mar y, con ella, un reto que atraviesa todo el litoral: cómo encajar la expansión de la eólica marina con la actividad pesquera. En el marco de las Jornadas Técnicas de Celeiro, tres especialistas –Carlos Vinicius da Cruz Weiss, Xabier Guinda Salsamendi (IHCantabria) y Paula Isabel Valcárce Arenas (IEO-CSIC)– pusieron sobre la mesa herramientas científicas, modelos de decisión y estudios de caso que apuntan a una idea central: la coexistencia es posible, pero no automática, y exige datos, planificación fina y una participación real del sector.

Mapear la vulnerabilidad de mares y comunidades

El primero en intervenir fue Carlos Vinicius da Cruz Weiss, investigador del Grupo de Ecosistemas Litorales del IHCantabria y especialista en ciencias de la decisión aplicadas al análisis espacial. Su ponencia giró en torno a un concepto cada vez más presente en los debates europeos: la vulnerabilidad socioecológica marina.

“La pregunta de fondo –explicó– es hasta qué punto los ecosistemas marinos y las comunidades costeras son susceptibles de verse afectadas por el cambio climático y por nuevas actividades como la eólica marina”. Para responderla, su equipo trabaja en el proyecto SIDICTO, centrado en modelos de vulnerabilidad para alimentar los llamados gemelos digitales del océano.

Su enfoque combina tres piezas:

  • Riesgo ecológico: cómo cambian las especies objetivo y los hábitats ante el calentamiento del agua, la salinidad o la implantación de parques eólicos. Para ello utilizan modelos de distribución de especies (SDM) y comparan escenarios actuales y futuros.
  • Riesgo social: dependencia económica de la pesca en cada zona, peso de determinadas especies en las descargas provinciales y exposición de las comunidades a cambios en caladeros u ocupación de espacio marino.
  • Capacidad adaptativa: indicadores como empleo, nivel educativo, PIB per cápita, digitalización, riesgo de pobreza o estructura de edades, que marcan hasta qué punto una comunidad puede reconvertirse o diversificar su economía.

Como caso piloto, el grupo ha analizado la demarcación noratlántica, desde Galicia hasta el País Vasco, donde confluyen tradición pesquera, propuestas de zonas eólicas y otras actividades de la economía azul. A partir de datos oficiales (INE, plataformas europeas como EMODnet y BOE para las zonas eólicas), han calculado índices de vulnerabilidad asociados a la pesca, a la eólica y un índice acumulativo.

Los resultados dibujan un mapa desigual: provincias con mayor peso del sector y mayor dependencia de determinadas especies muestran vulnerabilidades más altas, especialmente cuando el cambio climático desplaza stocks clave o cuando las zonas propuestas para eólica se solapan con áreas de intensa actividad pesquera.

“El objetivo no es decir sí o no a un parque –subrayó Weiss–, sino dotar a la ordenación del espacio marítimo de una base más transparente y equitativa. Que las decisiones se tomen sabiendo quién gana y quién pierde, y con qué margen de adaptación cuenta cada comunidad”.

Entre los próximos pasos, el investigador citó el refinado de indicadores, la incorporación de otros sectores (acuicultura, turismo, transporte marítimo) y la escalada del modelo a toda Europa.

AMBEMAR-DSS: del informe subjetivo al impacto cuantificado

A continuación intervino Xabier Guinda Salsamendi, tecnólogo senior del mismo grupo de IHCantabria y doctor en Ciencias del Mar. Su presentación estuvo centrada en AMBEMAR-DSS, un sistema de soporte a la decisión diseñado para cuantificar los impactos ambientales de la eólica marina.

“Las evaluaciones de impacto ambiental tradicionales tienen un componente subjetivo muy alto”, recordó. “Con AMBEMAR intentamos objetivar y estandarizar esas valoraciones, apoyándonos en análisis geoespacial y técnicas de evaluación multicriterio”.

La herramienta, desarrollada como plugin de QGIS, permite:

  • Cargar capas SIG del proyecto (parques, cables, fondeos) y del entorno (hábitats, aves, rutas de navegación, puertos, caladeros, áreas protegidas…).
  • Definir matrices de impacto cruzando acciones del proyecto en sus distintas fases (construcción, operación, desmantelamiento) con factores ambientales y socioeconómicos.
  • Calcular, mediante lógica difusa, un índice de impacto entre 0 y –1, clasificado en categorías (compatible, moderado, severo, crítico) que se corresponden con la terminología legal.

Cada tipo de impacto –ruido submarino, alteración hidrodinámica, afección visual, interferencia con rutas marítimas, presión sobre aves o sobre recursos pesqueros– tiene sus propias ecuaciones y parámetros de cálculo. En el caso de la pesca, la herramienta cruza caladeros y horas de esfuerzo a partir de datos AIS y fuentes oficiales, para estimar qué porcentaje de actividad quedaría afectado por un parque en una zona determinada.

Guinda presentó una aplicación práctica en Asturias, sobre las áreas ZAPER NOR6, NOR7 y NOR8. Los mapas de esfuerzo muestran un uso muy intenso de arrastre de fondo en parte de estas zonas, especialmente frente a Gijón y Candás. Las conclusiones fueron matizadas:

  • A escala regional, la pérdida de esfuerzo por el cierre de las ZAPER no aparecería como dramática.
  • A escala local, para ciertas flotas y puertos muy dependientes de esos caladeros concretos, el impacto podría ser severo y exigir medidas de mitigación o compensación.

“La lección es clara –resumió–: sin buena información espacial sobre la actividad pesquera, sobre todo de la flota menor, volamos a ciegas. Y además hay que mirar siempre la foto local, no solo las medias regionales”.

Coexistencia pesca–eólica: lecciones de Europa y cautelas para España

La tercera intervención, a cargo de Paula Isabel Valcárce Arenas, coordinadora de Vicedirección Técnica y de Asesoramiento del IEO-CSIC, se centró en la gran pregunta política del momento: “Eólica marina y pesca: ¿coexistencia posible o imposible?”

Valcárce arrancó situando el contexto: más de 80 GW de eólica marina instalada en el mundo, con fuerte presencia en el Mar del Norte y el Báltico, principalmente en parques de cimentación fija. España, en cambio, está en fase de planificación, con POEM aprobados, zonas propuestas para eólica flotante y un horizonte aún abierto a debate sobre el ritmo y la escala de despliegue.

“La mayor parte de la evidencia científica que tenemos procede de mares y flotas muy diferentes a las nuestras”, advirtió. “No podemos copiar y pegar lo que pasa en el Mar del Norte al Cantábrico o al Atlántico ibérico”.

La científica repasó las distintas formas de interacción entre usos del mar:

  • Sistemas multipropósito, donde varias actividades comparten infraestructura (por ejemplo, desaladoras alimentadas por renovables).
  • Usos simbióticos, como proyectos de acuicultura dentro de parques eólicos.
  • Co-localización simple, el caso que nos ocupa, en el que pesca y eólica comparten espacio y tiempo, pero no instalan ni operan infraestructuras de forma conjunta.

En ese escenario, los efectos más inmediatos son la competencia espacial y el desplazamiento de flota, con posibles impactos sobre la seguridad en la navegación, la rentabilidad de determinadas pesquerías y la estructura socioeconómica de puertos y comunidades.

Valcárce presentó varios estudios piloto europeos:

  • En Países Bajos, un parque fijo donde se prohíbe el arrastre pero se han probado artes fijas en zonas y condiciones muy controladas, sin que exista aún evidencia clara de viabilidad económica a escala comercial.
  • En Escocia, casos donde se permite la pesca dentro de los parques y la decisión se deja al patrón y a su aseguradora, con restricciones de distancia a turbinas y cables.
  • En Francia, un parque en el Canal de la Mancha diseñado con fuerte participación del sector, que redujo el número de turbinas y las espació para permitir corredores de arrastre, desplazando el proyecto para evitar bancos de vieira.
  • En Noruega, iniciativas de revisión y recomendación sobre coexistencia aún en fase inicial.

A partir de una revisión bibliográfica reciente, la experta identificó tres grandes barreras para la coexistencia:

  1. Falta de datos finos sobre la actividad pesquera, especialmente en la flota artesanal.
  2. Percepción de riesgo y de inseguridad de los pescadores a la hora de operar entre estructuras y cables, acentuada en el caso de la tecnología flotante.
  3. Marcos regulatorios y de compensación poco claros o muy dispares entre países.

En el lado de las soluciones, Valcárce insistió en varias recomendaciones: participación temprana y real del sector en la planificación, acceso abierto a datos, estudios caso por caso –“cada parque y cada pesquería son distintos”– y diseño transparente de los posibles mecanismos compensatorios allí donde la coexistencia resulte inviable o generé pérdidas evidentes.

Un mensaje común: sin ciencia, datos ni diálogo, no hay futuro compartido

Las intervenciones de Weiss, Guinda y Valcárce dibujaron, desde ángulos distintos, un mismo paisaje: la eólica marina no puede abordarse al margen de la pesca, ni la pesca puede ignorar un proceso de transformación energética que cuenta con fuerte impulso político en Europa.

Herramientas como los índices de vulnerabilidad socioecológica o sistemas de decisión como AMBEMAR-DSS ofrecen nuevas bases para discutir con números, mapas y escenarios en la mano. Pero todos coincidieron en que la clave no es solo técnica, sino también social y de gobernanza.

O la transición energética se planifica con la pesca dentro, con datos, equidad y diálogo, o la “coexistencia” se quedará en un lema vacío

Refugiados climáticos: cuando el hogar se hunde bajo el agua

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La historia de Denecia y Wenceslaus Billiot y de la isla Jean Charles, en Luisiana, simboliza cómo el cambio climático borra paisajes, casas y una forma de vida entera.

Los protagonistas de la crisis climática ya tienen rostro y nombre. No son cifras en un informe del IPCC ni curvas en una gráfica, sino matrimonios como Denecia y Wenceslaus Billiot, que pasaron toda su vida en Isle de Jean Charles, una estrecha lengua de tierra en el sur de Luisiana que se hunde lenta pero inexorablemente bajo el agua. La fotógrafa francesa Sandra Mehl ha retratado su historia en una serie que se ha convertido en símbolo de una nueva categoría humana: los refugiados climáticos.

Isle de Jean Charles, donde vive el pueblo indígena Biloxi-Chitimacha-Choctaw, ha perdido alrededor del 98 % de su superficie desde mediados del siglo pasado por el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y la construcción de diques y canales que han alterado el flujo natural de sedimentos del Mississippi. De «casi una aldea» se ha pasado a apenas unas pocas familias resistiendo entre marismas, casas elevadas sobre pilotes y carreteras que se inundan con cualquier temporal.

La pareja fotografiada por Mehl murió antes de que el huracán Ida arrasara en 2021 parte de su vivienda. Tras su fallecimiento, lo que queda de su casa y de su abrazo se ha transformado en metáfora de una vida entera vivida en equilibrio precario frente a un clima cada vez más violento. Su imagen condensa lo que está ocurriendo en decenas de puntos del planeta: comunidades que no se marchan por elección, sino porque el territorio que les sostiene literalmente desaparece.

En el caso de Isle de Jean Charles, el Gobierno federal de Estados Unidos concedió en 2016 un fondo de 48 millones de dólares para reubicar a la comunidad en una zona más segura cerca de la ciudad de Houma, en lo que se presentó como uno de los primeros programas de «retirada gestionada» por causas climáticas. Pero sobre el terreno, el proceso ha sido complejo y conflictivo: no todos los vecinos querían irse, otros se sintieron excluidos de los criterios de elegibilidad, y las tensiones históricas derivadas del racismo y de otros desplazamientos forzosos han resurgido.

Aun así, el caso de Isle de Jean Charles ha pasado a la historia como un laboratorio de cómo gestionar —o cómo no gestionar— la primera ola de refugiados climáticos internos en un país rico. Investigaciones recientes advierten de que, si no se cambia de rumbo, millones de personas en las costas estadounidenses tendrán que abandonar sus hogares a lo largo de este siglo por el avance del mar y el aumento de las tormentas extremas.

Fuera de Estados Unidos, el fenómeno es aún más dramático. Pequeñas islas del Pacífico, del Índico o del Caribe negocian ya su futuro como Estados cuyo territorio habitable se encoge año tras año. En regiones del Sahel o del sur de Asia, las sequías prolongadas y las inundaciones extremas obligan a campesinos y pastores a desplazarse a ciudades saturadas o a cruzar fronteras, generando nuevas tensiones sociales y políticas. Naciones Unidas calcula que, de mantenerse las tendencias actuales, decenas de millones de personas podrían verse forzadas a migrar por motivos vinculados al clima antes de mediados de siglo, aunque no existe una cifra única ni un reconocimiento jurídico específico para estas personas.

Precisamente, uno de los grandes vacíos es legal. La Convención de Ginebra de 1951, que define quién es refugiado, no contempla el cambio climático como causa de protección internacional. Quienes huyen de la subida del mar, de la desertificación o de huracanes cada vez más destructivos quedan atrapados en una zona gris: no encajan en las categorías clásicas de persecución política o étnica, pero tampoco pueden volver a un hogar destruido. De ahí que muchas organizaciones reclamen nuevos marcos legales, o al menos interpretaciones más flexibles de los ya existentes, que permitan dar respuesta a estas nuevas realidades.

Ante esta falta de reconocimiento, la fotografía y el periodismo desempeñan un papel crucial. El trabajo de Sandra Mehl sobre Isle de Jean Charles no solo documenta la desaparición física de un territorio, sino también la de un modo de vida: la pesca artesanal de agua salobre, las redes familiares, las ceremonias comunitarias, las casas de madera que se oxidan frente al pantano. Su cámara recoge el momento exacto en que una cultura se ve obligada a mutar para sobrevivir, y al hacerlo pone rostro al concepto abstracto de «refugiado climático».

En paralelo, expertos en adaptación insisten en que la reubicación no puede ser el «último recurso improvisado» cuando la catástrofe ya es irreversible, sino una política planificada, participativa y dotada de recursos. Estudian experiencias en Países Bajos, Australia o Guatemala, donde comunidades enteras han sido trasladadas para reducir el riesgo de inundaciones, y señalan factores comunes: diálogo temprano, compensaciones justas, participación real de los afectados y respeto por los vínculos culturales con el territorio.

Los refugiados climáticos —o quienes están en camino de serlo— plantean preguntas incómodas a las sociedades emisoras de gases de efecto invernadero. ¿Quién paga la mudanza de una comunidad que pierde su isla, su costa o su cosecha? ¿Qué responsabilidad tienen los países que más han contribuido a la crisis climática en la protección de quienes menos han emitido? ¿Cómo se respetan la dignidad, la identidad y la memoria de las comunidades desplazadas?

Mientras los gobiernos negocian respuestas imperfectas, historias como la de Denecia y Wenceslaus Billiot nos recuerdan que el tiempo corre. Su abrazo, fotografiado poco antes de que la muerte y un huracán deshicieran su hogar, encarna el vértigo de una humanidad que busca refugio frente a un clima que cambia más rápido que nuestras leyes, nuestras políticas y nuestras conciencias. Los refugiados climáticos ya están aquí; la cuestión es si estaremos a la altura de ofrecerles, además de un techo, un futuro digno.

Fotografía:Isle de Jean Charles, donde vive el pueblo indígena Biloxi-Chitimacha-Choctaw

España renueva su asiento en la OMI y refuerza su peso en la regulación marítima mundial

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El país revalida su puesto en el Consejo de la Organización Marítima Internacional y vuelve a impulsar la candidatura de Víctor Jiménez a la presidencia del órgano ejecutivo

España seguirá en la primera línea de la regulación marítima internacional durante los próximos dos años. La Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de Naciones Unidas encargado de fijar las reglas del transporte marítimo a escala global, ha reelegido a España como miembro de su Consejo, el órgano ejecutivo donde se toman las decisiones clave sobre seguridad, medio ambiente, digitalización y condiciones laborales en la mar. OMI

Las elecciones se celebraron en Londres, con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al frente de la delegación española. Con este respaldo, el Gobierno volverá a presentar como candidato a la presidencia del Consejo al actual presidente, Víctor Jiménez, representante permanente alterno de España ante la OMI, que ejerce el cargo desde 2021 y optará a su reelección el próximo 4 de diciembre.

“Esta elección es fruto de años de trabajo constante en el seno de la OMI y de una intensa labor diplomática en los últimos días”, subrayan desde el Ministerio, que interpreta el resultado como una confirmación del liderazgo español en la agenda marítima internacional y de la confianza del resto de Estados miembros en la capacidad de España para “tejer acuerdos y buscar consensos” en un momento delicado para el comercio mundial.

En unas breves declaraciones tras la votación, Víctor Jiménez expresó su satisfacción por el apoyo recibido y recordó que la presencia española en el Consejo permitirá seguir aportando una “visión experta y acreditada” en el diseño de un transporte marítimo “sostenible, ágil y resiliente” para el bienio 2026–2027. Según destacó, las prioridades pasan por acelerar la transición energética del sector, impulsar la adopción de tecnologías verdes, avanzar en la digitalización de procesos y reforzar la cooperación internacional en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y la fragilidad de las cadenas logísticas.

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, presente también en Londres, celebró la reelección de España y deseó suerte a Jiménez en la nueva carrera por la presidencia del Consejo. Núñez subrayó la importancia de mantenerse “en primera línea” en un momento en el que se están debatiendo cuestiones de fondo como las estrategias de descarbonización del transporte marítimo, la protección de los océanos o el futuro de la navegación autónoma.

La pertenencia al Consejo de la OMI no es nueva para España, pero sí estratégica. El país forma parte de este órgano desde 1973 y, desde 2001, se mantiene integrado en la categoría B, reservada a los diez Estados con mayores intereses en el comercio marítimo internacional. Es una pieza intermedia entre la categoría A —que agrupa a los diez países con más peso en la prestación de servicios marítimos a escala global— y la categoría C —que reúne a 20 países seleccionados por criterios geográficos para asegurar una representación equilibrada de todas las regiones marítimas del mundo—. En total, 40 Estados forman este “núcleo duro” desde el que se orientan las decisiones del plenario.

La reelección llega en un momento en el que el transporte marítimo vuelve a estar en el centro del tablero económico y político. Más del 80 % del comercio mundial se mueve por mar y cualquier disrupción —ya sea climática, bélica o logística— tiene efectos inmediatos en precios, suministros y estabilidad económica. En paralelo, crece la presión social y regulatoria para reducir las emisiones del sector, responsable de en torno al 3 % de las emisiones globales de CO₂, y para mejorar la protección de los océanos frente a vertidos, basura marina y otros impactos.

En ese marco, España ha tratado de posicionarse como un actor proactivo: impulsando la reducción progresiva de emisiones de los buques, defendiendo estándares más estrictos de seguridad y formación de la gente de mar, y apoyando la digitalización de los procesos marítimos —desde la ventanilla única portuaria hasta los sistemas de tráfico marítimo— como palanca para ganar eficiencia y transparencia. La continuidad de su asiento en el Consejo permitirá mantener esa línea de trabajo y, al mismo tiempo, reforzar la visibilidad de la comunidad marítima española en los debates globales.

Durante la semana de la Asamblea, la delegación española —integrada por responsables del Ministerio de Transportes y de la Dirección General de la Marina Mercante— ha mantenido una intensa agenda de contactos bilaterales con otros países y con representantes del sector. En las imágenes difundidas por el propio Ministerio se ve al ministro Óscar Puente junto a Víctor Jiménez, así como a la delegación posando ante el conjunto de banderas de los Estados miembros frente a la sede de la OMI en Londres, una puesta en escena que subraya el carácter “de Estado” de esta representación.

El reto ahora se traslada al interior del Consejo, donde España aspira a revalidar la presidencia que Víctor Jiménez ejerce desde 2021. Ese puesto sitúa al país en una posición privilegiada para moderar las grandes discusiones sobre el futuro del transporte marítimo, desde la definición de un posible precio global al carbono en el sector hasta la regulación de las nuevas rutas árticas o la seguridad de la navegación en zonas de conflicto.

En términos prácticos, el Gobierno confía en que esta presencia reforzada contribuya también a defender los intereses de la flota, los puertos y las industrias marítimas españolas, muy expuestas a los cambios normativos que se gestan en Londres. Las decisiones sobre estándares de eficiencia energética de los buques, requisitos de combustible, control de emisiones o digitalización de documentos tienen un impacto directo en armadores, navieras, astilleros, puertos y empresas de servicios marítimos de todo el país.

La nota de prensa del Ministerio de Transportes insiste en un mensaje que resume el sentido de este nuevo mandato: en un mundo lleno de incertidumbres, con conflictos regionales, crisis climática y tensiones en las cadenas globales de suministro, el transporte marítimo continúa siendo “la base que garantiza el comercio mundial”. En ese tablero, España quiere seguir jugando en la mesa donde se toman las decisiones. Y la reelección en el Consejo de la OMI, con la mirada puesta en la presidencia del órgano, es la confirmación de que, al menos por los próximos dos años, lo seguirá haciendo desde el centro mismo del puente de mando.

María Luisa Álvarez alerta en Celeiro: “El pescado está perdiendo la batalla del tiempo, del presupuesto y de la cocina”

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La directora general de FEDEPESCA reclama bajar el IVA, recuperar la cultura culinaria y adaptar la pescadería tradicional a una sociedad “cada vez más vaga y distraída”

Celeiro volvió a poner foco en el último eslabón de la cadena pesquera: el comercio minorista tradicional. En las Jornadas Técnicas del Puerto de Celeiro, la directora general de FEDEPESCA, María Luisa Álvarez, ofreció una intervención tan contundente como cargada de datos sobre el presente y el futuro de las pescaderías de barrio y del consumo de productos pesqueros en los hogares.

Álvarez dirige una organización que agrupa a 6.200 comercios especializados en toda España, que dan empleo a más de 20.000 personas, con una misión clara: prestigiar al sector, mejorar su competitividad y apostar por la innovación. FEDEPESCA ha sido reconocida con el Premio Alimentos de España, y la propia Álvarez recibió en 2024 la Encomienda al Mérito Pesquero del MAPA. Además, dirige FedePesca, la asociación provincial de pescaderos de Madrid. “Es una entidad inquieta, siempre probando proyectos nuevos e imaginativos que abren camino a otros”, se recordó en su presentación.

Desde ese bagaje, la responsable del sector mayorista y detallista puso el dedo en la llaga en tres grandes cuestiones: relevo generacional, representatividad del comercio tradicional y una reivindicación que lleva años defendiendo: la bajada del IVA del pescado. “Todavía no se ha conseguido —subrayó el moderador—, pero ojalá llegue por el bien del consumidor y de toda la cadena de valor”.

Una sociedad que cambia a toda velocidad

Álvarez partió de un diagnóstico socio-demográfico. España roza ya los 50 millones de habitantes, de los cuales en torno al 15% es de origen extranjero. “Los españoles estamos dejando de practicar nuestra dieta pesco-mediterránea y quienes llegan traen su propia cultura gastronómica, que no adoptan la nuestra automáticamente. Hay que pensar en ellos, en cómo hacerles llegar nuestros productos”, advirtió.

El mapa de los hogares también ha cambiado:

  • cada vez hay más hogares y más pequeños,
  • el 72% de los hogares de jóvenes son de una o dos personas,
  • muchos adultos comparten piso por la dificultad de acceder a una vivienda,
  • la familia tradicional “pareja con hijos” apenas representa ya alrededor del 17%.

“Queremos ser eternamente jóvenes y mantener hábitos juveniles durante más tiempo. Eso afecta a cómo comemos”, apuntó.

Adiós a la mesa compartida: se rompe la “comensalidad”

Uno de los conceptos que más subrayó fue el de “comensalidad”. Para Álvarez, la dieta pesco-mediterránea no es sólo una lista de alimentos, sino “un estilo de vida basado en lo que comemos y en cómo lo comemos”.

“Tradicionalmente comíamos en compañía; eso se está abandonando a marchas forzadas”, lamentó. Hoy mandan el tupper en el trabajo y las cenas descoordinadas:

“Cada miembro de la familia cena por su cuenta, con su tablet. La comensalidad, que es un gran cohesionador social, se está perdiendo”.

El marketing educa… y nos vende que cocinar ‘es un rollo’

La directora de FEDEPESCA fue muy crítica con el papel del marketing alimentario. Puso el ejemplo del salmón noruego, cuyo éxito atribuyó a “años de inversión constante en comunicación e imagen país”, pero amplió el foco hacia la industria de los ultraprocesados:

“El marketing nos está educando. Nos vende que cocinar es una pérdida de tiempo, que lo guay es estar muy ocupado y que los frescos son un rollo porque hay que ir a comprarlos y cocinarlos”.

Ese discurso, impulsado por grandes corporaciones que fabrican productos ultraprocesados, “está calando y mucho”, advirtió.

Más mascotas que niños… y pescado también para ellos

Entre los datos que sacudieron a la sala, uno ya casi tópico pero no por ello menos significativo: en España hay más mascotas que niños.

  • Más de 10 millones de perros,
  • cerca de un millón de gatos,
  • 28 millones de animales de compañía presentes en el 40% de los hogares.

FEDEPESCA ha decidido convertir esa realidad en oportunidad:

“Este año hemos lanzado a nuestras pescaderías la venta de productos pesqueros para mascotas. Hay una empresa española que hace una gama magnífica sólo a base de pescado, y está funcionando muy bien”.

“Tenemos que vender productos para toda la familia —añadió— y hoy la familia también son las mascotas. Los supermercados llevan años haciéndolo; ¿por qué no la pescadería tradicional?”.

Suplementos, pantallas y falta de tiempo: la tormenta perfecta

Álvarez enlazó otros tres fenómenos que compiten directamente con los alimentos frescos:

  1. El boom de los suplementos vitamínicos, que ya mueve unos 2.000 millones de euros. “En mi generación, que levante la mano la mujer que no toma omega 3 o magnesio. Los jóvenes están obsesionados con la salud, pero funcionan por ingredientes y pastillas más que por comida real”.
  2. El tiempo fagocitado por internet.
    Citó estudios que cifran en 5 horas y 42 minutos el tiempo medio diario que pasamos conectados y cerca de 2 horas en redes sociales.
    “Decimos que no tenemos tiempo, pero dedicamos horas a la pantalla. Hemos internalizado tareas que antes subcontratábamos —como gestionar viajes o banca—, mientras subcontratamos otras como cocinar o cuidar el cuerpo. El resultado: menos cocina”.
  3. La caída del acto de cocinar. “Casi un 41% de los españoles no cocina nunca o muy rara vez. Ocho millones de personas viven sobre todo de comida preparada. Es abrumador”.

Paradójicamente, cuando se pregunta al ciudadano cómo le gustaría comer, la respuesta casi unánime (93,4%) es: frescos, de temporada y locales. “Queremos unas cosas y hacemos otras. Hemos perdido la voluntad del esfuerzo para alcanzar nuestros propios objetivos”, resumió.

Menos pescado en casa, más platos preparados… y un relevo generacional roto

Los datos de consumo que manejó la directora general son preocupantes:

  • El consumo de productos pesqueros en el hogar ha caído alrededor de un 35% en diez años.
  • A julio de 2025 se sitúa en torno a 17,8 kilos por persona y año para el conjunto de frescos, congelados y transformados.
  • En hogares con niños, esa cifra baja a menos de la mitad.

“Se ha roto el canal educativo gastronómico de una generación a otra. Nadie enseña a los niños a comer pescado ni a cocinar”, advirtió. Fuera del hogar, el consumo crece, pero poco: unos 4–6 kilos por persona y año entre restauración y delivery, porcentajes inferiores a otros alimentos.

En paralelo, los platos preparados se han disparado un 514% en 20 años, hasta casi 17,2 kilos por persona y año, prácticamente el mismo volumen que el conjunto de productos de la pesca.

El canal de pescadería tradicional, explicó, está aguantando mejor que la media, pero sufre una sangría silenciosa:

“Perdemos puntos de venta no tanto por la competencia como por falta de relevo generacional. Los propietarios no han querido que sus hijos se quedaran y para muchos empleados ser autónomo hoy es casi heroico. Es un trabajo exigente y poco valorado”.

IVA, ultraprocesados y coste real de la mala alimentación

En este contexto, la reivindicación de bajar el IVA del pescado se convierte, para Álvarez, en cuestión de coherencia sanitaria y social.

Citó la nueva pirámide alimentaria 2025, que incorpora explícitamente la cocina, la actividad física, la sociabilidad y el consumo de productos locales y sostenibles, y un gran estudio internacional sobre ultraprocesados que califica estos productos como “una de las amenazas más urgentes para la salud pública en el siglo XXI”.

“Ese trabajo plantea gravar determinados ultraprocesados y liberar de impuestos los alimentos mínimamente procesados. Y el pescado está ahí, en el grupo de los alimentos de verdad. Con argumentos así, lo del IVA tenemos que conseguirlo”.

La directora de FEDEPESCA recordó que España gasta más de 26.000 millones de euros al año en enfermedades ligadas a la mala alimentación y que el absentismo laboral podría costar unos 33.000 millones.

“Cuando me dicen que el pescado es caro, yo respondo: caro es perder la salud. Eso sí que es caro”.

“Nos estamos volviendo vagos”: luchar por el presupuesto… y por el tiempo

El diagnóstico de Álvarez es duro, pero no pesimista. “Nos estamos volviendo vagos, muy vagos”, dijo sin rodeos, aludiendo a que el 47% de los españoles asegura que no tiene tiempo libre.

En esa realidad, resumió, el sector de la pesca lucha en dos frentes:

  • la batalla del presupuesto: cada euro compite con viajes, ocio, plataformas, pedidos a domicilio, gasolina o alquiler;
  • y la batalla del tiempo: cocinar requiere planificación y esfuerzo, mientras la oferta de soluciones listas para comer crece sin parar.

A ello se suma una “gran desconexión emocional” con el producto:

“Los niños ven una merluza y les parece un bicho raro; un pulpo les parece un diplodocus. Ya no se sabe de dónde sale lo que comemos”.

Pescadería gastronómica y nuevas ideas para no rendirse

Pese al panorama, María Luisa Álvarez sacó pecho de la capacidad de adaptación del comercio tradicional. FEDEPESCA impulsa el concepto de “pescadería gastronómica”:

  • mostrador de fresco como base,
  • obradores en tienda,
  • platos cocinados y listos para llevar,
  • degustaciones en el punto de venta,
  • servicios de delivery,
  • sushi y otras elaboraciones modernas.

“Algunas pescaderías están haciendo cosas apabullantes. A pequeña escala, sí, pero os aseguro que esos negocios van bien”, aseguró.

Su mensaje final fue doble. Por un lado, a las administraciones, para que actúen con políticas coherentes: educación alimentaria, comedores escolares saludables, combate a la desinformación y, sobre todo, rebaja del IVA a los productos pesqueros. Por otro, al propio sector y a la ciudadanía:

“La identidad culinaria es parte de nuestra cultura. Cocinar empieza a ser un acto de resistencia. Yo cocino todos los días y lo vivo como la mejor inversión en mi salud y en mi felicidad. Si queremos un mar vivo y una pesca con futuro, también necesitamos cocinas vivas y consumidores conectados con lo que comen”.

Gorka Azkona radiografía el futuro del pescado en la gran distribución: “Competimos por cuota de estómago”

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El responsable de compras de pescadería de Grupo Eroski alerta en Celeiro del reto del precio, los nuevos hábitos de consumo y la necesidad de innovar en producto y comunicación para que el pescado llegue a los jóvenes

¿Qué está pasando con el consumo de pescado cuando el cliente entra en un supermercado? ¿Por qué gana terreno el salmón mientras la merluza se resiente? ¿Qué hueco le queda al mostrador tradicional frente al envasado y los platos preparados? A estas y otras preguntas trató de responder Gorka Azkona, responsable comercial de pescadería del Grupo Eroski, durante su intervención en las jornadas de Celeiro.

Socio de la cooperativa desde 2001, Azkona conoce el negocio del pescado desde todos los ángulos: fue responsable de compras de pescadería y comida preparada entre 2013 y 2014 y, desde 2014, dirige el equipo de compradores de pescado del grupo, además de liderar el diseño de la promoción, la estrategia de gama y la política de precios.

En Celeiro, dejó claro desde el inicio que no venía a hablar del “modelo Eroski”, sino de tendencias de mercado:

«Voy a hablar en general de lo que veo y leo, apoyado en datos, no sólo en opiniones. Mi intención es desgranar claves para entender por qué pasan las cosas y poder anticiparnos».

De Chencho al algoritmo: cómo ha cambiado la pescadería

Azkona arrancó su ponencia con una imagen simbólica: la de Chencho, 93 años, fundador de las pescaderías de Eroski a principios de los años 80, haciendo la compra en una tienda del grupo a las nueve de la mañana.

«Yo estoy aquí porque él fue quien empezó con las pescaderías», recordó. Y a partir de esa figura repasó en clave comparativa todo lo que ha cambiado el negocio:

  • Estandarización de procesos: “Chencho bajaba a Mercabilbao, compraba el pescado, hacía el picking en los muelles lloviera o tronase… Hoy eso sería impensable”.
  • Legislación más exigente y seguridad alimentaria: alta de un proveedor que ahora puede tardar una semana por exigencias de certificaciones y auditorías; trazabilidad estricta; fin de las etiquetas “puestas luego”.
  • Información en tiempo real y competencia global: «Hoy sabemos lo que pasa en Noruega, en China o en Alaska casi antes que en el puerto de al lado».
  • Entrada masiva de la acuicultura: lo que eran “proyectos” (salmón, doradas, lubinas) son ahora parte central del negocio.
  • Tecnología e inteligencia artificial: «Antes el responsable escribía a boli en la factura los precios de venta; hoy a mí los precios me los propone una inteligencia artificial, aunque luego los revisemos».

Esa transformación, subrayó, es transversal: afecta al barco, a la logística, a la industria y, por supuesto, al comercio detallista.

Más datos, menos intuición: entender al cliente… y sus “puntos de dolor”

Para anticipar el futuro, Azkona insistió en dos ideas: mirar al pasado para entender inercias y, sobre todo, trabajar con datos fiables.

«En el mundo del pescado se ha mejorado mucho, pero aún nos queda recorrido. No podemos quedarnos en lo que me han contado, tenemos que apoyarnos en estudios serios», defendió.

Mostró un esquema del “viaje” del cliente desde que entra en la tienda hasta que consume el pescado en casa. El resultado, dijo, es elocuente:

«Lo que nos dice el cliente es que comprar pescado no le gusta, no le resulta sencillo. Ese recorrido está lleno de puntos rojos, lo que los expertos llaman puntos de dolor».

Entre esos puntos de fricción citó:

  • la dificultad para elegir pieza y corte,
  • la incomodidad de hacer cola o manchar en casa,
  • el olor a la hora de cocinar,
  • la gestión de espinas y residuos.

«En cambio, comer pescado sí gusta. Se consume por placer y por salud. Ahí tenemos una fortaleza indudable», apuntó. El reto, a su juicio, es reducir al máximo esos puntos de dolor, desde la tienda hasta el hogar, y para ello toda la cadena de valor tiene que implicarse: “Muchos de esos problemas se generan o se pueden solucionar según cómo nuestro proveedor nos sirve el producto”.

Más frescos en la cesta… pero jóvenes despistados y nuevas proteínas en alza

Azkona aportó también algunas claves de contexto:

  • El gasto en productos frescos crece y el pescado mantiene un papel relevante en la cesta, especialmente en edades avanzadas.
  • La curva de consumo por edad sigue siendo la de siempre: a más edad, más pescado; pero los jóvenes se incorporan más tarde y consumen menos cantidad.
  • Otras proteínas, como el huevo, están “disparadas” gracias a su imagen saludable, versatilidad y precio.

«Tenemos que saber contra qué competimos y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada proteína para posicionar mejor la nuestra», señaló.

Inflación, cestas pequeñas y miedo al desperdicio

La coyuntura económica también pesa. El responsable de Eroski describió así el escenario:

  • Cestas cada vez más pequeñas y más visitas a la tienda: la gente controla el gasto y compra más a menudo.
  • Eso es bueno para los perecederos —“si vinieran una vez al mes, el fresco sufriría mucho”—, pero hay un efecto colateral:
  • El ticket duele: “Cuando pasan por caja revisan el ticket y el pescado ‘canta’, porque una buena merluza sube mucho el importe frente a productos como el huevo”.
  • Crece la preocupación por el desperdicio alimentario, lo que penaliza productos de caducidad corta como el fresco sin transformar.

Redes sociales, dietas y airfryer: la cocina ha cambiado de manos

El análisis de Azkona se detuvo también en el impacto de las redes sociales y las nuevas modas de consumo:

  • La alimentación ha dejado de ser tan tradicional: “Hoy es muy fácil cambiar la pauta de alguien porque sigue a un influencer o una dieta de moda”.
  • Muchos jóvenes confunden “salud” con una hamburguesa vegana ultraprocesada: “Si en esa dieta el gurú de turno no mete pescado, estamos apañados”.
  • Nuevas tecnologías domésticas, como la airfryer, se han convertido en estándar: “Hace nada nadie tenía una; ahora es microondas, airfryer y colchón en el suelo”.

De ahí que insista en adaptar formatos:

«Necesitamos productos aptos para esas redes sociales, para esas airfryers, para el canal online. Si no, nos quedamos fuera del radar».

Pirámide envejecida, inmigración y pérdida de mano de obra

Las pirámides de población que mostró apuntan a un doble efecto: más mayores (buen dato para el pescado) pero también grandes dificultades para encontrar mano de obra en toda la cadena, incluida la pescadería tradicional:

«Cuesta encontrar gente. Y la pescadería clásica es una sección muy intensiva en personal», lamentó.

Sobre inmigración, la vio como una oportunidad gastronómica: “Es gente que cocina mucho y mantiene sus recetas; les gusta la gastronomía, también la rápida, pero cocinan”. Puso como ejemplo el auge del ceviche y del pescado crudo (sushi, poke, tartar):

«Ahí tenemos que meternos, no puede ser todo salmón. Cada uno tiene que jugar con sus fortalezas».

Precio, comodidad y espinas: las grandes barreras que ve el cliente

Cuando se pregunta al consumidor qué le frena, el veredicto es claro:

  • El precio: “El 80% dice que es una barrera importante. Siempre ha tenido fama de caro y no hemos sabido promocionarlo bien. Reclaman promociones y platos económicos, también en hostelería”.
  • La necesidad de producto limpio, cortado y que “me solucione la vida”:
  • «Una merluza entera asusta: no sé cómo meterle mano y me llena la basura».
  • Miedo a las espinas y a cocinar mal el producto.

Esto abre espacio a productos precocinados, despieces y elaborados sencillos, que faciliten la experiencia sin renunciar al sabor ni a la salud.

Hostelería y acuicultura: aliados y competidores

En restauración, Azkona recordó que muchos chefs apuestan por la acuicultura para estandarizar procesos: “Les garantiza calidad homogénea y precio más estable”.

Eso no significa que el pescado salvaje desaparezca; al contrario, la restauración lo ve como un elemento de prestigio y diferenciación. Pero, subrayó, “hay que ponérselo fácil” a la hostelería, igual que al consumidor doméstico: cortes adaptados, formatos prácticos y soluciones que no compliquen la operativa de cocina.

El mostrador retrocede, el envasado avanza

Una de las partes más crudas de la intervención fue la dedicada al formato de venta en tienda. Azkona no se anduvo con rodeos:

  • Los mostradores son cada vez más pequeños y los lineales de envasado más grandes.
  • Cada remodelación obliga a preguntarse si mantener, reducir o eliminar la pescadería tradicional: “El mostrador consume muchos recursos y es muy difícil ganar dinero en él”.
  • Durante la pandemia, la venta de producto envasado se disparó por razones higiénicas y de rapidez, y se ha mantenido: “La gente lo probó, le gustó y repite. Es lo que más crece con diferencia”.

Puso cifras orientativas:

  • langostino cocido: 50% mostrador / 50% envasado,
  • salmón fresco: 50/50,
  • pulpo cocido: 70% cocido y envasado,
  • mejillones elaborados: ya al 50% en valor entre formatos.

Mientras tanto, cadenas en fuerte expansión como Aldi y Lidl apuestan decididamente por el envasado, sin mostrador tradicional:

«Son operadores que necesitan operaciones muy económicas para vender barato. Se ‘cepillan’ el mostrador porque es caro de operar».

Incluso en formatos de franquicia, la pescadería se resiente: “Podemos tener cientos de franquicias y muy pocas con pescadería, porque cuesta mucho rentabilizarla”.

Guerra por la “cuota de estómago”: restauración vs. supermercado

Azkona describió una “batalla encarnizada” por lo que denominó la cuota de estómago.

  • La hostelería ha ganado terreno con el servicio a domicilio.
  • La gran distribución responde abriendo cocinas en tienda y ampliando la oferta de platos preparados.

Es ahí donde el pescado, reconoció, aún tiene poca presencia:

«Mi compañero de platos preparados me dice: “¿Qué pescado pongo? No seremos capaces de desarrollar productos para meter la cabeza aquí”. Y mientras tanto estamos perdiendo oportunidades».

Salmon marketing vs. merluza desaprovechada… y el problema del anisakis

En el debate posterior, surgió inevitablemente la comparación entre salmón y merluza. Azkona fue claro:

  • El salmón se ha convertido en un producto versátil, bien promocionado y omnipresente (sushi, poke, tartar, ahumado…).
  • Los exportadores destinan un porcentaje importante de sus ventas a marketing, con campañas en TV, redes y prensa.
  • La aquicultura permite calidad homogénea y menos “sustos” en cocina.

La merluza, en cambio, sufre por varios frentes: falta de adaptación a las nuevas recetas de moda, percepción de precio alto y, sobre todo, el impacto del anisakis:

«Ahí tenemos que hacer autocrítica: lo hemos gestionado mal. Hay mucha gente que ha dejado de comprar o que ha pasado a congelar todo el pescado».

Como respuesta, apuntó a la buena experiencia con lomos y filetes limpios de merluza, que funcionan “fenomenal” en lineal envasado. El problema es que al mostrador le cuesta dar el salto definitivo del pescado entero al despiece, entre otras cosas por la percepción del cliente: “Cree que el kilo de filete es mucho más caro que la pieza entera, aunque el valor real sea proporcional”.

Educación, influencers y tiempo: recuperar cultura gastronómica con nuevos códigos

Preguntado por el papel de las familias, Azkona reconoció que se ha perdido parte de la transmisión culinaria de abuelas a nietos, pero que la realidad social ha cambiado:

«Vamos todos con prisas, con las dos personas trabajando en casa… Eso exige soluciones rápidas. Hay que mantener esa cultura porque es un valor en sí mismo, pero sin negar la necesidad de formatos que encajen en las nuevas vidas».

Reclamó invertir no sólo en producto, sino en educación alimentaria y comunicación:

  • explicar de forma sencilla por qué un pescado fresco es más saludable que una hamburguesa ultraprocesada “con sabor a pescado”,
  • estar presentes en las dietas y prescripciones que siguen los jóvenes,
  • aprovechar su preocupación por la salud, el deporte y, en teoría, la sostenibilidad.

Y lanzó un mensaje al conjunto de la cadena pesquera:

«Las cosas cambian muy rápido. Si no diseñamos productos en los que todos ganemos —flota, industria, distribución y hostelería—, se irán recortando recursos y el pescado irá perdiendo peso. La buena noticia es que el cliente quiere comer pescado. La cuestión es si vamos a ser capaces de ponérselo fácil».

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