El calentamiento acelerado de los océanos no solo desplaza peces: también descoloca la arquitectura política y científica que sostiene la pesca sostenible. Una nueva investigación liderada por el Marine Stewardship Council (MSC), publicada el 4 de noviembre en la revista Cell Reports Sustainability, advierte de que las pesquerías dirigidas a especies altamente migratorias —con los atunes en cabeza— son las más expuestas a la sobrepesca a medida que los recursos cambian de territorio buscando aguas más frías.
El estudio analiza más de 500 pesquerías certificadas o evaluadas según el estándar del MSC, desde el krill antártico hasta los grandes pelágicos, bajo un escenario pesimista de emisiones hasta 2050. Sus conclusiones dibujan un mapa de vulnerabilidad muy claro: en primer lugar aparecen las pesquerías de túnidos y otros grandes migradores; después, las de pequeños pelágicos como caballa, arenque, capelán o merlán azul; y, en tercer escalón, las de peces blancos como bacalao, eglefino o rape.
El mecanismo de riesgo es doble. Por un lado, el aumento de temperatura empuja a los stocks hacia latitudes más altas o zonas más profundas, alterando áreas históricas de pesca y rutas migratorias. Por otro, esos desplazamientos hacen que una misma población quede sometida a marcos regulatorios distintos —nuevos Estados ribereños, diferentes organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), o incluso zonas de alta mar con normas menos estrictas— sin que los acuerdos de reparto de cuotas se actualicen al mismo ritmo. El resultado potencial: conflictos entre países y tentación de capturar más antes de que lo haga el vecino.
Ejemplos recientes apuntados por el MSC y distintas fuentes científicas refuerzan la alerta: regreso del atún rojo a áreas del Atlántico noreste donde había desaparecido durante décadas, desplazamientos de túnidos tropicales en el Pacífico hacia el este, o movimientos al norte de pequeños pelágicos en el Atlántico nororiental. Cuando los peces cruzan fronteras sin que los tratados cambien con ellos, la sostenibilidad certificada se vuelve frágil.
Aunque el análisis se centra en pesquerías con certificación o en proceso de evaluación MSC —que en teoría cuentan con mejor ciencia, seguimiento y sistemas de control más robustos—, el mensaje de fondo es inquietante: si incluso estos casos “mejor gestionados” enfrentan riesgos crecientes, las pesquerías sin ese nivel de gobernanza pueden ser aún más vulnerables al binomio cambio climático–sobrepesca.
La fotografía no es homogénea. Las pesquerías de invertebrados bentónicos o sedentarios, como moluscos bivalvos, cangrejos o ciertas gambas, aparecen en el extremo opuesto del espectro: al no migrar largas distancias, están menos expuestas a disputas internacionales derivadas del cambio de distribución. Pero los autores recuerdan que estas especies sufren otros impactos climáticos —acidificación, olas de calor marinas, pérdida de hábitat— que no estaban en el centro de este trabajo.
De cara a la gobernanza global, la advertencia es directa. Si los Estados siguen gestionando como si los stocks fueran estáticos, los compromisos climáticos y los objetivos de pesca sostenible chocarán frontalmente. El MSC llama a reforzar los mecanismos de cooperación internacional, adaptar de forma dinámica las asignaciones de cuotas según la nueva distribución de las poblaciones, integrar escenarios climáticos en las evaluaciones de stock y blindar la toma de decisiones científicas frente a presiones a corto plazo. Entre las recomendaciones destacan la revisión periódica de acuerdos en las OROP, el uso sistemático de modelos que incorporen desplazamientos de especies y la condicionalidad de acceso para flotas que no respeten los nuevos marcos.
El mensaje llega, además, en un momento políticamente sensible: a las puertas de la COP30 en Brasil, donde océano, clima y seguridad alimentaria volverán a cruzarse en la agenda. Desde la oficina francesa del MSC, su dirección subraya que mantener pesquerías viables en un océano cambiante exige pasar de la simple “foto fija” de cuotas al enfoque de “objetivo móvil”: gestionar recursos que se mueven, con reglas capaces de moverse con ellos.
Para las flotas atuneras y pelágicas europeas —desde el Cantábrico hasta el Índico—, el estudio funciona como un espejo incómodo y una hoja de ruta: quien quiera seguir pescando mañana en un océano más cálido tendrá que asumir hoy acuerdos más flexibles, más científicos y, sobre todo, más compartidos.
A partir del 10 de enero de 2026, ningún pescador recreativo que lance sus aparejos en el mar español podrá desentenderse del móvil. La Secretaría General de Pesca ha confirmado la fecha oficial a partir de la cual será obligatorio registrar y notificar electrónicamente todas las capturas a través de la nueva aplicación PescaREC, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2842 que refuerza el control de la pesca marítima de recreo.
La medida supone un giro histórico para un colectivo tradicionalmente acostumbrado a trámites mínimos y a una percepción “aficionada” de su actividad. Bruselas y Madrid ya no la ven así: el impacto de la pesca recreativa sobre especies sensibles, especialmente en determinadas zonas y temporadas, ha dejado de ser marginal y pasa a integrarse plenamente en el sistema europeo de control pesquero.
Declarar todo: lo que se pesca, lo que se suelta… y cuando no pica nada
El comunicado de la Secretaría General de Pesca establece que cada pescador deberá cumplimentar, a través de PescaREC, una declaración diaria con todas las especies capturadas, tanto las retenidas como las devueltas al mar. Incluso las jornadas sin una sola pieza deberán registrarse expresamente como “sin capturas”, siguiendo el mandato del artículo 55 del Reglamento europeo.
El foco se sitúa, sobre todo, en las especies sometidas a medidas de protección específica, a planes plurianuales o a la obligación de desembarque, donde la mortalidad generada por la pesca recreativa se considera relevante y hasta ahora insuficientemente cuantificada. El nuevo sistema aspira a cerrar ese “agujero negro estadístico” que complicaba la evaluación de stocks en especies como el atún rojo o determinados depredadores costeros.
PescaREC: una app, una puerta de entrada y más control
PescaREC estará disponible en Google Play y App Store y se convertirá en la herramienta exclusiva para:
Registrar capturas de pesca marítima de recreo en aguas exteriores.
Solicitar autorizaciones específicas para especies reguladas, como el atún rojo.
Enviar preavisos de pesca cuando así lo exijan las normas.
Consultar tallas mínimas, artes y especies prohibidas, cierres temporales y avisos oficiales actualizados.
Para utilizarla será imprescindible disponer de una licencia de pesca marítima de recreo en vigor emitida por una comunidad o ciudad autónoma. La obligación se aplica a las capturas en aguas exteriores, aunque las autonomías podrán habilitar su uso también en aguas interiores, favoreciendo un sistema homogéneo a escala estatal.
En la práctica, el teléfono móvil pasa a ser tanto una libreta digital como un salvoconducto normativo: la Administración central concentrará los datos y los remitirá periódicamente a la Comisión Europea, integrando la actividad recreativa en el mismo circuito de control que la flota profesional.
De la confianza a la trazabilidad: la lógica de Bruselas y Madrid
El trasfondo de esta decisión está en la reforma del régimen de control pesquero europeo. El Reglamento (UE) 2023/2842 actualiza el sistema de seguimiento, registro y verificación para toda la flota y extiende por primera vez obligaciones precisas a la pesca recreativa, hasta ahora fragmentada entre licencias autonómicas, escaso control y estadísticas estimadas.
Para la Secretaría General de Pesca, el mensaje es doble:
1. Conservación y ciencia: disponer de datos reales de esfuerzo y capturas recreativas permitirá mejorar la evaluación de stocks, ajustar vedas, establecer cuotas más afinadas y evitar cierres repentinos basados en escenarios incompletos.
2. Equidad y cumplimiento: se busca reducir la sensación de “agravio comparativo” con la flota profesional, sometida desde hace años a exigentes sistemas de control, mientras parte de la mortalidad por pesca quedaba fuera de los radares oficiales.
Un cambio cultural para miles de aficionados
La implantación de PescaREC no es solo un trámite tecnológico, sino un cambio cultural. Afecta a pescadores de costa, embarcación, pesca submarina y competiciones deportivas, desde veteranos jubilados hasta clubs altamente tecnificados.
Entre los retos que ya se anticipan en el sector:
Brecha digital: aficionados de mayor edad o zonas con mala cobertura pueden encontrar dificultades para declarar en tiempo y forma.
Simplicidad real de la app: el éxito dependerá de que el registro se pueda hacer en pocos pasos, sin menús farragosos ni caídas del sistema.
Miedo a sanciones: la obligatoriedad de declarar incluso sin capturas genera inquietud sobre posibles errores formales y su traducción en multas.
Percepción de vigilancia: parte del colectivo interpreta la medida como una “sospecha generalizada” sobre la pesca recreativa, lo que exigirá pedagogía y transparencia.
Próxima normativa nacional y llamada a las organizaciones
La Secretaría General de Pesca ha avanzado que en las próximas semanas se aprobará una normativa nacional específica que detallará procedimientos, plazos, supuestos sancionables y régimen de autorizaciones ligadas a PescaREC. Paralelamente, se publicarán guías e instrucciones en la web del MAPA para facilitar la adaptación del sector.
El comunicado, firmado por Juan Antonio Agüero Monedero, subdirector general de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal, insta de forma expresa a federaciones, asociaciones, clubes náuticos, tiendas especializadas y plataformas del sector a difundir la información y acompañar a los usuarios en la transición hacia el nuevo sistema.
Hacia una nueva fotografía de la pesca recreativa
Con PescaREC, España se alinea con la nueva estrategia comunitaria: ningún segmento de actividad pesquera queda fuera del mapa. Si la herramienta funciona y la información se gestiona con rigor, el resultado será una imagen mucho más precisa del impacto real de la pesca recreativa sobre los recursos.
Para el aficionado, el reto será asumir que pescar “por ocio” ya no implica anonimato estadístico. Para la Administración, la obligación será convertir ese mayor control en decisiones más justas, proporcionadas y entendibles. Ahí se jugará, a partir de enero de 2026, la verdadera legitimidad de PescaREC.
El Gobierno Vasco activará fábricas de hielo, ayudas específicas a la industria pesquera y un ambicioso plan de inversiones portuarias y de gobernanza litoral
Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2025.– Euskadi mira al mar con un presupuesto que pretende ser algo más que una suma de partidas: una hoja de ruta para asegurar el futuro de la pesca, la cadena de valor marina y los pueblos costeros. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca gestionará en 2026 un total de 267,2 millones de euros, con un marcado componente transformador para el primer sector y, de forma muy destacada, para el litoral y el complejo pesquero-portuario vasco. Euskadi
La consejera Amaia Barredo define el proyecto como “el reflejo de un Gobierno que escucha, que planifica y que actúa”, y que invierte a la vez “en puertos y en pueblos, en ciencia y en tradición, en jóvenes y en quienes llevan décadas cuidando la tierra y el mar”. Una declaración que, trasladada al ámbito marítimo-pesquero, se traduce en medidas concretas: relevo generacional embarcado, mejora de servicios esenciales como el hielo, apoyo a la transformación y comercialización de pescado, nueva gobernanza en los puertos y fuertes inversiones en seguridad, operatividad y calidad de los espacios portuarios.
Relevo generacional y músculo organizativo en la pesca
En paralelo a las estrategias dirigidas al sector agrario, el Gobierno Vasco sitúa el relevo generacional en la pesca como prioridad de legislatura. El diagnóstico es claro: flotas con mandos y tripulaciones envejecidas, dificultades para atraer jóvenes a la mar y una normativa cada vez más exigente que requiere perfiles mejor formados.
Aunque las cifras globales de relevo se articulan a escala del primer sector, el departamento subraya que el apoyo abarcará también a jóvenes armadores, marinería y profesionales ligados a la cadena pesquera, desde lonjas hasta industrias transformadoras. El acompañamiento técnico, la formación específica, la digitalización y la profesionalización están llamados a convertirse en piezas clave para garantizar que las flotas de Euskadi sigan siendo competitivas y sostenibles en un contexto de cambio climático, regulaciones europeas más estrictas y presión internacional.
En este marco, el Ejecutivo vasco también ha reiterado su apoyo activo a los procesos de fusión entre Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP), con el objetivo de crear estructuras más fuertes y eficientes. Estas fusiones deben permitir negociar mejor, planificar capturas, optimizar la comercialización, adaptarse a las normas comunitarias y reforzar el peso del sector vasco en los foros de decisión.
El “Hellas Aphrodite”, con bandera maltesa, fue abordado por piratas armados tras una semana de avisos por aumento de actividad sospechosa. La misión europea Atalanta se movilizó de inmediato mientras la tripulación se refugió en la ciudadela del buque. El incidente reabre el debate sobre la seguridad en una ruta clave del comercio energético.
La tensión vuelve a las aguas del océano Índico frente a Somalia. El petrolero de productos “Hellas Aphrodite”, con bandera de Malta y gestionado por la compañía Latsco Marine Management, fue atacado y abordado por piratas armados en la mañana del 6 de noviembre, a varias centenas de millas de la costa somalí, en una zona que llevaba años tratando de dejar atrás la etiqueta de “alto riesgo”. Según los primeros reportes de los centros internacionales de seguridad marítima, los asaltantes emplearon armas automáticas y lanzagranadas propulsadas (RPG) contra el buque antes de lograr subir a bordo.
La tripulación, compuesta por 24 marinos, activó el protocolo de emergencia y se refugió en la ciudadela —el espacio reforzado y seguro diseñado para resistir un asalto— desde donde se mantiene el contacto con las autoridades. Por el momento, todos han sido reportados como “sanos y salvos”, sin constancia de heridos, un dato clave que ha sido confirmado por la empresa armadora.
Atalanta, en primera línea
El incidente se produce tras varios días de avisos. El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCHOA) y otros nodos de vigilancia habían emitido la semana pasada una alerta por incremento de actividades sospechosas frente a Somalia, incluyendo reportes de esquifes armados y posibles buques nodriza operando en aguas alejadas de la costa.
En respuesta al ataque, la operación naval europea Atalanta —la misión de la UE contra la piratería en el Cuerno de África activa desde 2008— movilizó uno de sus medios desplegados en la zona, que se encuentra cerrando distancias con el petrolero con el objetivo de evaluar la situación, disuadir a los piratas y, en su caso, coordinar una eventual intervención junto a otras fuerzas asociadas. La operación ya ha confirmado públicamente que trata el suceso como un episodio de piratería en curso y que está preparada para “responder de manera efectiva”.
Un golpe simbólico en una ruta estratégica
El “Hellas Aphrodite”, que transportaba gasolina desde Sikka (India) hacia Durban (Sudáfrica), navegaba por una de las arterias discretas pero esenciales del comercio energético global. El ataque se produce además en un contexto especialmente sensible: el desvío de rutas por la inseguridad en el mar Rojo, la presión sobre los fletes y la búsqueda de corredores alternativos han recargado de tráfico y relevancia las aguas del Índico occidental.
Que un petrolero europeo, sin equipo armado a bordo, haya sido abordado tras años de relativa contención de la piratería frente a Somalia lanza un mensaje inquietante a navieras, aseguradoras y autoridades: las capacidades de los grupos piratas siguen existiendo, son móviles y pueden proyectarse mar adentro con el apoyo de buques nodriza —en este caso, fuentes de seguridad apuntan a un pesquero de bandera iraní previamente capturado como posible plataforma de operaciones.
Piratería en mutación: del pico de 2011 al rebrote actual
La ofensiva internacional —Atalanta, fuerzas de la OTAN, coaliciones navales y medidas de autoprotección de la industria— había logrado reducir drásticamente los ataques somalíes desde el pico de 2010-2011. Sin embargo, los analistas advierten de un patrón preocupante: la combinación de inestabilidad política en Somalia, dificultades económicas locales, debilitamiento de algunas patrullas internacionales y el “efecto contagio” de otros focos de inseguridad marítima en la región habría creado un caldo de cultivo para nuevos intentos de secuestro.
En los últimos dos años se han registrado varios incidentes y abordajes que rompen la tendencia descendente y devuelven el riesgo a la agenda estratégica de la UE y de los grandes pabellones de conveniencia. El ataque al “Hellas Aphrodite” es descrito por expertos en seguridad marítima como la escalada más significativa desde 2024 y un posible punto de inflexión si no se refuerzan vigilancia, inteligencia y cumplimiento estricto de las recomendaciones de tránsito seguro.
Europa, bajo presión para sostener su presencia naval
La rápida movilización de Atalanta tiene también lectura política. La Unión Europea, que en los últimos años ha diversificado sus esfuerzos navales hacia el mar Rojo y otras crisis, se ve ahora obligada a demostrar que mantiene capacidad creíble en el Índico occidental. La protección de buques que transportan combustibles, granos o ayuda humanitaria forma parte del mandato original de la misión, alineado con resoluciones de Naciones Unidas y con la seguridad energética europea.
Fuentes diplomáticas comunitarias señalan que el caso del “Hellas Aphrodite” alimentará el debate sobre la necesidad de consolidar una arquitectura permanente de seguridad marítima en la región, coordinando medios europeos con aliados y con las autoridades costeras cuando existan capacidades.
Industria en alerta: protocolos, costes y responsabilidad
El ataque reabre, asimismo, el debate sobre los estándares de seguridad exigibles a los armadores: presencia o no de guardias armados, entrenamiento de la tripulación, diseño y eficacia de las ciudadelas, rutas recomendadas, velocidad de tránsito y cumplimiento de las directrices BMP (Best Management Practices). Cada incidente de éxito, aunque la tripulación quede a salvo, incrementa primas de seguro, costes operativos y riesgo reputacional, especialmente cuando afecta a banderas europeas.
Mientras la misión Atalanta y los centros de seguridad marítima siguen de cerca la evolución de la situación a bordo del “Hellas Aphrodite”, el mensaje que deja este caso es claro: la piratería frente a Somalia no es un capítulo cerrado, sino una amenaza latente que puede reactivarse cuando se relajan la vigilancia y la presión internacional.
FAAPE reclama volver a una media de 160–180 jornadas al año para garantizar empleo y suministro de pescado fresco y urge a revisar el plan de gestión vigente
El sector pesquero andaluz ha lanzado una crítica frontal a las instituciones europeas por la situación de la flota de arrastre del Mediterráneo. Tras la reunión mantenida esta semana en Málaga con responsables de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) acusa a Bruselas de haber “dado la espalda” a un segmento que considera estratégico para el empleo costero y la seguridad alimentaria. “Esta reunión ha confirmado lo que ya temíamos: la DG Mare ha abandonado a la pesca de arrastre del Mediterráneo”, denunció su presidente, José María Gallart, también vicepresidente de Cepesca para Mediterráneo y Golfo de Cádiz.
La demanda central del sector es clara: recuperar el esfuerzo pesquero y volver a una media de 160–180 días de trabajo al año, frente a los alrededor de 130 días actuales, que califican de “insostenibles” para mantener la viabilidad económica de las empresas y el suministro de pescado fresco local. “Nadie puede sobrevivir con la mitad del trabajo y el doble de incertidumbre. Lo contrario es condenar a las comunidades pesqueras al cierre definitivo”, advirtió Gallart.
FAAPE sostiene que las restricciones aplicadas en los últimos años han roto el equilibrio que, a su juicio, debe existir entre sostenibilidad ambiental, social y económica. “La Política Pesquera Común se ha desviado: se protege el recurso sobre el papel, pero se abandona a quienes viven del mar”, resumen desde la patronal andaluza, que insiste en que la flota de arrastre “no puede seguir siendo el enemigo público número uno” del debate europeo. El mensaje combina reproche y reivindicación: el sector recuerda las inversiones en selectividad y control, reclama “respeto y coherencia” y denuncia que las decisiones “tomadas desde despachos a miles de kilómetros” están “arruinando a familias enteras que llevan generaciones faenando de forma responsable”.
Uno de los puntos más sensibles es la aplicación del Plan Plurianual de Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental (WestMed), en vigor desde 2020. FAAPE afirma que el actual marco “está arrasando con el tejido pesquero”, con una pérdida constante de días de mar y empleo, y critica que la Comisión Europea no haya atendido, por ahora, las peticiones de revisión planteadas por los gobiernos de España, Italia y Francia. “Cada día que se retrasa esta revisión, un barco más queda amarrado y una familia más pierde su sustento”, subrayan.
El sector andaluz también reclama el fin del que califica como “doble castigo” sobre la gamba roja, sometida tanto a limitaciones de esfuerzo como a topes de captura. A su juicio, este doble régimen compromete la rentabilidad de “una de las pesquerías más selectivas y sostenibles del Mediterráneo” y resulta incoherente con el objetivo de premiar las buenas prácticas. “Ninguna especie debería soportar un sistema que asfixia aún más a una flota ya limitada”, sostiene Gallart.
Desde FAAPE insisten en que no cuestionan la necesidad de gestionar los recursos, pero sí el enfoque aplicado. Acusan a Bruselas de legislar “con datos incompletos y metodologías discutidas por la propia comunidad científica” y piden que las decisiones se apoyen en evaluaciones sólidas, transparentes y consensuadas. Reclaman, además, que se tenga en cuenta el impacto en 115 embarcaciones de arrastre andaluzas y 13 núcleos pesqueros, que, según sus cálculos, sostienen directa e indirectamente a más de 17.000 familias.
El comunicado termina con un llamamiento directo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para que intervenga y rectifique el rumbo. “El sector andaluz está plenamente comprometido con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. Pero exige reciprocidad y coherencia. No se puede hablar de sostenibilidad mientras se deja morir a quienes viven del mar”, afirma Gallart, que advierte de que la desaparición de la flota de arrastre del Mediterráneo no sería solo “un fracaso económico”, sino también “un fracaso moral y político para Europa”.
La eurodiputada Oihane Agirregoitia pide a la Comisión Europea compensaciones, plazos y un estudio de impacto tras la veda de más de 32.000 km² que afecta a artesanales y de altura; alerta de “riesgo económico y social” para las comunidades pesqueras
EAJ-PNV ha trasladado a Bruselas la inquietud de la flota vasca por la veda decretada por el Gobierno escocés sobre 42 áreas marinas —más de 32.000 kilómetros cuadrados entre las 12 y 200 millas de la costa— y ha reclamado a la Comisión Europea un paquete de medidas de protección para los barcos de la Unión que faenan en la zona. La eurodiputada Oihane Agirregoitia registró una batería de preguntas en el Parlamento Europeo en la que advierte de que la decisión, en vigor desde el 16 de octubre, “supone una amenaza para la estabilidad económica y social del sector”, con impacto tanto en la pesca artesanal como en la flota de altura, incluida la vasca.
Agirregoitia subraya que el cierre alcanza caladeros históricos como Rockall, donde la flota vasca ha mantenido actividad durante décadas y que, además, UE y Reino Unido acordaron mantener accesibles hasta 2038 en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación. “Lograr un equilibrio económico, social y medioambiental no es un eslogan: es una condición para la viabilidad del sector”, defiende la eurodiputada jeltzale, que reclama a la Comisión “respuestas concretas y rápidas”.
En su iniciativa, EAJ-PNV pide a la Comisión que detalle qué medidas compensatorias prevé para “proteger a las y los pescadores” afectados por las nuevas restricciones, en qué plazos y bajo qué condiciones podrían activarse, y si encargará un estudio de impacto que cuantifique las consecuencias económicas y laborales en las flotas de la UE que operan en aguas escocesas. Para el partido, el cierre masivo de áreas, incluso cuando se justifica por objetivos de conservación, “debe ir acompañado de mecanismos de transición que eviten el colapso de empresas y empleos en los puertos de origen”.
El Gobierno escocés ha defendido la veda como una herramienta para proteger especies y hábitats de importancia nacional y un “paso clave” para salvaguardar la biodiversidad marina. Sin cuestionar ese objetivo, Agirregoitia recuerda que “toda restricción a gran escala en zonas compartidas exige coordinación, evaluación y compensación”, y alerta de efectos colaterales como el desplazamiento de esfuerzo hacia otras áreas, el aumento de costes por más millas navegadas y la pérdida de días efectivos de pesca por la incertidumbre regulatoria.
En Euskadi, el impacto potencial se mide en las rutas y campañas de palangreros y arrastreros que, cada temporada, planifican su actividad entre varios caladeros del Atlántico nororiental. Con parte de esas “ventanas de trabajo” ahora cerradas, las empresas se ven obligadas a reensamblar planes de marea, renegociar logística y suministros y recalcular rentabilidades en un contexto de combustible caro y márgenes estrechos. “No hablamos solo de capturas: hablamos de puestos de trabajo a bordo y en tierra, de lonjas, astilleros, suministros y servicios portuarios que dependen de que los barcos puedan salir a faenar”, apuntan fuentes del sector consultadas por el grupo jeltzale.
La dimensión política del caso no es menor. EAJ-PNV advierte de que la decisión escocesa “tensiona” el espíritu del acuerdo UE–Reino Unido y pide a la Comisión que active los canales bilaterales necesarios para armonizar los objetivos de conservación con los derechos de acceso pactados y con la continuidad socioeconómica de las regiones pesqueras europeas. “La conservación y la pesca no son antagonistas si se planifican bien las transiciones”, insisten desde la delegación vasca.
Mientras tanto, el sector vasco pide certezas. En la práctica, los armadores reclaman seguridad jurídica para programar campañas y apoyos temporales —financieros y operativos— si el cierre de zonas obliga a reducir esfuerzo o cambiar de artes y destinos a corto plazo. También demandan que cualquier ajuste se diseñe con participación directa de la flota y basado en ciencia con metodologías compartidas, de forma que los beneficios ambientales esperados se midan y verifiquen y se compensen los costes que asume quien pesca de manera legal y controlada.
En su ofensiva parlamentaria, Agirregoitia insiste en un mensaje de fondo: la transición ecológica del mar requiere tiempos, datos y recursos, y no puede traducirse en cierres súbitos que dejen “descolgadas” a flotas que han invertido en selectividad y control. De la respuesta que dé la Comisión en las próximas semanas dependerá, en buena medida, el grado de alivio que llegue a los muelles vascos y del resto de la UE. Entre la urgencia climática y la supervivencia de las comunidades pesqueras, Bruselas vuelve a tener que coser fino.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Susinos, ha presentado hoy el presupuesto de su departamento para 2026 que alcanza los 197,3 millones de euros, un 3,47 % más que el año anterior. De esta cantidad, 125,3 millones proceden del Gobierno de Cantabria y el resto de fondos europeos FEADER y FEAGA.
El presupuesto de 2026, para la consejera «mira al futuro con esperanza y realismo», con medidas centradas en el relevo generacional, la modernización de las explotaciones e industrias, la protección del patrimonio natural y la promoción de los productos agroalimentarios de calidad.
«Sin un medio rural fuerte, no hay una Cantabria equilibrada ni próspera y este presupuesto es la mejor garantía de que seguimos avanzando por el buen camino», ha apostillado. Además, ha añadido que este presupuesto «garantiza estabilidad, certidumbre y futuro a uno de los pilares estratégicos de Cantabria, el sector primario y el mundo rural», ha insistido la consejera, acompañada de su equipo directivo. Susinos ha resaltado que el incremento del presupuesto refleja «el compromiso firme del Gobierno de Cantabria con la modernización, la sostenibilidad, el cuidado de nuestro patrimonio medioambiental y la mejora de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el medio rural». «Este presupuesto nace del diálogo con el sector y en él están recogidas sus preocupaciones, sus propuestas y las herramientas necesarias para seguir desarrollando su actividad con garantías», ha detallado. El presupuesto crece un 3,47 % respecto a 2025, lo que supone 4,2 millones de euros más, y entre las partidas más destacadas figuran los 15,7 millones en inversiones reales, un 20,25 % más que el año anterior, y el aumento de las transferencias corrientes en un 32,6 %, hasta los 14,6 millones de euros.
Regularización de las guardias de los Agentes de Pesca
Susinos ha destacado también la regularización de las guardias de los Agentes de Pesca, «una reivindicación, desde hace más de ocho años a la que este gobierno ha dado respuesta», y la inclusión de las jubilaciones anticipadas de los bomberos forestales. «Son compromisos históricos que este Gobierno cumple con hechos», ha remarcado.
En global, María Jesús Susinos ha explicado que el reparto por Direcciones Generales refleja la dimensión y el peso del trabajo de cada área. La Secretaría General supone un 9,29 % del presupuesto, la Dirección General de Desarrollo Rural un 18,57 %, la de Ganadería un 17,83 %, la de Pesca y Alimentación un 16,55 % y la de Montes y Biodiversidad un 37,76 %. «La estructura de este presupuesto demuestra que estamos reforzando todas las áreas estratégicas del sector primario y del medio natural, con una apuesta clara por la inversión, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos», ha afirmado Susinos.
Secretaría General
Contará con 11.652.415 euros, un incremento del 2,54 % respecto a 2025. «En este presupuesto hemos incluido una partida para modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería, mejorando las condiciones de los empleados públicos e incorporando nueve nuevos puestos de trabajo», ha detallado la consejera. Además, Susinos ha recordado la aprobación del Decreto que regula el funcionamiento del Operativo de Vigilancia e Inspección Pesquera, «una reivindicación histórica de los agentes de pesca que este Gobierno ha hecho realidad, regulando las guardias retribuidas por primera vez en ocho años». También se incluyen las jubilaciones anticipadas de los bomberos forestales, cumpliendo la nueva Ley Estatal, con un coste estimado de 800.000 euros.
«Este presupuesto nace del diálogo con el sector y están recogidas sus preocupaciones, sus propuestas»
Dirección General de Pesca y Alimentación
Dispondrá de un presupuesto de 20.751.718 euros, un 5,81 % más que en 2025 para «impulsar el desarrollo racional y sostenible del sector pesquero y agroalimentario», ha indicado la consejera.
Se destinan 6 millones de euros a inversiones en transformación y comercialización de productos pesqueros, y en modernización de la flota; un millón a cofradías, a su federación, a cooperativas y a asociaciones sin ánimo de lucro, y 920.000 euros a los Grupos de Acción Local pesquero. Además, la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental recibirá 120.000 euros para estudios de biodiversidad marina y marisqueo. Susinos ha puesto en valor el peso del sector agroalimentario en la economía regional: «nuestra apuesta por el sector agroalimentario es clara y firme», ha dicho. En la convocatoria de ayudas de 2021 la inversión de las empresas fue de 34.919.458 euros y el gobierno de Cantabria concedió ayudas por importe de 7,5 millones de euros. En la siguiente orden, convocada en 2024, las empresas presentaron proyectos por 61,8 millones de euros, y el Gobierno de Cantabria concederá ayudas por 16,6 millones, es decir, más del doble que el anterior Ejecutivo. Para la nueva convocatoria de 2025 alcanzará una inversión privada de entre 100 y 110 millones de euros y ayudas públicas por casi 22 millones, lo que requerirá un aumento presupuestario de 9,1 millones más en los próximos tres años.
En este sentido, la consejera ha expresado su «satisfacción» por haber conseguido acompañar a los empresarios con estas ayudas, lo que, a su juicio, demuestra «el compromiso de la presidenta Buruaga con el sector agroalimentario de Cantabria».
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA)
El organismo autónomo dependiente de la Consejería dispondrá de 2.255.556 euros, lo que supone un incremento de 639.778 euros. Entre sus líneas de actuación destaca la consolidación de la marca ‘Sabe a Norte’ que aglutina los productos cántabros con calidad diferenciada.
La ODECA promoverá además campañas de promoción en ferias nacionales e internacionales, acciones en centros educativos sobre alimentación saludable, el impulso de nuevas figuras de calidad como la IGP Patata de Valderredible y la actualización de los pliegos de los productos registrados en la Unión Europea. Finalmente, la consejera también ha anunciado la elaboración de una nueva Ley de la ODECA para actualizar su estructura y funciones y mejorar los sistemas de control y promoción de la calidad diferenciada y la agricultura ecológica.
La consejera ha estado acompañada en el acto por la secretaria general, Ángela Ruiz; la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, el director de la ODECA, Juan Luis Centeno y el director de gabinete, Alfonso Pérez.
Dirección General de Ganadería
Dispondrá de 22.355.979 euros, lo que supone una subida de 2,9 millones respecto al ejercicio anterior. «Este esfuerzo responde a compromisos adquiridos con el sector, especialmente con los ganaderos», ha asegurado Susinos. La gran novedad será el nuevo Plan de Recría, dotado con tres millones de euros dentro de un programa trianual de nueve millones, orientado a la cría de animales con líneas genéticas puras y la conservación de razas autóctonas. Además, se incorpora una nueva partida de 500.000 euros para el Plan Regional de Desarrollo de la Carne y 200.000 euros para mejoras en el CENSYRA, donde se desarrollará el futuro Centro de Genómica. También se mantienen las ayudas al sector lácteo, con 750.000 euros, y se refuerzan las partidas para hacer frente a enfermedades emergentes como la DNC o la gripe aviar.
Dirección General de Desarrollo Rural
Esta dirección gestionará 23.286.143 euros, un 6,57 % más que en 2025. Entre sus objetivos, la consejera ha citado la mejora de la viabilidad y competitividad de las explotaciones, el fomento del relevo generacional, la promoción del desarrollo económico, la formación y la investigación en las zonas rurales.
Las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes alcanza los 4,7 millones de euros, y con la cofinanciación alcanza los 9,7 millones de euros, «uno de los puntales del relevo generacional»; la Solicitud Única de la PAC contará con 4,1 millones de fondos autonómicos, que supera los más de 13 millones y medio cofinanciados por Europa; los Grupos de Acción Local dispondrán de 3,5 millones y se duplicará la inversión en nuevas infraestructuras rurales, pasando de 680.000 a 1.230.000 euros. «Esto significa más caminos rurales, más electrificación en pequeños municipios y más oportunidades para el desarrollo rural», ha destacado.
Dirección General de Montes y Biodiversidad
Contará con 47.347.579 euros, lo que representa un 37,76 % del presupuesto de la Consejería. «El Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales sigue siendo una prioridad», ha afirmado la consejera, explicando que se destinan 7 millones de euros a prevención y extinción, incluyendo la renovación de la flota con 132 nuevos vehículos.
Susinos ha señalado que se mantendrá el Pago por Servicios Ambientales, dotado con un millón de euros, del que ya se ha abonado el pago de la última convocatoria a 858 ganaderos. «Cantabria es la única Comunidad Autónoma que cuenta con esta medida, que favorece la biodiversidad y recompensa a quienes conviven con el lobo», ha destacado. Además, se va a continuar trabajando en un nuevo Plan Forestal de Cantabria que recoja las principales necesidades y retos del sector, con el objetivo de que esté finalizado en el primer semestre de 2026.
También se destinará, por primera vez una nueva línea de ayudas destinada a entidades locales propietarias de montes, que con una cuantía de 500.000 euros tiene como objetivo la repoblación de especies resilientes a los incendios forestales. También se destinan 50.000 euros a ayudas directas para medidas preventivas; 2,5 millones a primas de seguros frente a daños de fauna silvestre y 1,6 millones a la Red Cántabra de Desarrollo Rural a través del programa Naturea, que se incrementa por primera vez en diez años.
Expertos analizarán el Santísima Trinidad, el Reina Regente y el yate Bayesian para mostrar cómo la ingeniería moderna reescribe la historia marítima y esclarece siniestros actuales
La Fundación Exponav de Ferrol será el 26 de noviembre el escenario de una jornada singular que conectará tres siglos de historia naval a través de una misma herramienta: la Ingeniería Naval Forense. A partir de las 18.15 horas, en la Sala Carlos III, ingenieros y profesionales del sector conocerán cómo esta disciplina permite reconstruir buques históricos, esclarecer naufragios y aportar conclusiones técnicas sólidas en contextos donde se mezclan memoria, ciencia y responsabilidad.
La sesión, organizada por la Delegación Territorial en Galicia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), se articulará en torno a tres casos de estudio de naturaleza muy distinta: el navío de línea Santísima Trinidad, el crucero protegido Reina Regente y el moderno yate de lujo a vela Bayesian, hundido en 2024 frente a la costa de Palermo.
La Ingeniería Naval Forense, explican los organizadores, combina cálculos estructurales, hidrodinámica, análisis de averías, modelización digital, documentación histórica y peritaje técnico para dos grandes fines: reconstruir las características y prestaciones de buques de cualquier época y determinar las causas de accidentes, fallos o comportamientos anómalos en buques y artefactos marinos. Aplicada a estos tres casos, permite contrastar versiones oficiales, hipótesis históricas y datos técnicos con metodologías propias del siglo XXI.
En el caso del Santísima Trinidad, buque insignia de la Armada española en Trafalgar, el enfoque forense ayuda a revisar su capacidad real, su resistencia estructural y las condiciones que llevaron a su hundimiento frente a Barbate el 24 de octubre de 1805, tras ser capturado por la flota británica. El análisis del Reina Regente, desaparecido con toda su tripulación en 1895 en el golfo de Cádiz, permite cruzar diseño, carga, estabilidad, meteorología y decisiones operativas para arrojar luz sobre uno de los grandes enigmas de la Marina española. El estudio del Bayesian, yate de 56 metros hundido mientras permanecía fondeado en Sicilia en 2024 con resultado de siete fallecidos, ilustra cómo estas mismas técnicas se aplican hoy a embarcaciones modernas, donde entran en juego sistemas de fondeo, materiales, compartimentación, dinámica del buque y gestión de emergencia.
La jornada contará con dos ponentes de amplia trayectoria. Guillermo Gefaell Chamochín, ingeniero naval, exdecano y expresidente territorial de COIN-AINE en Galicia y miembro asociado de la Royal Institution of Naval Architects, aporta décadas de experiencia en proyectos, consultoría técnica y divulgación sobre buques históricos e ingeniería naval forense. Es además impulsor de jornadas técnicas y simposios sobre patrimonio naval, lo que le sitúa como una referencia en la reconstrucción rigurosa de navíos clásicos. Juan Manuel López Vázquez, piloto de la Marina Mercante, ingeniero formado en Southampton, especialista en soldadura, mecánica de fluidos y simulación CFD, con experiencia embarcada y en industria, suma la mirada operativa y analítica aplicada a buques contemporáneos y siniestros recientes. Ambos han participado en investigaciones y foros dedicados a la reconstrucción de buques emblemáticos y al análisis técnico de hundimientos.
Con esta convocatoria, COIN y AINE refuerzan el papel de Ferrol y de Exponav como polos de conocimiento naval, utilizando casos reales para acercar al público profesional y académico una disciplina cada vez más demandada en peritaciones judiciales, aseguradoras, armadores y administraciones. La sesión podrá seguirse de forma presencial o en streaming, previa inscripción a través del formulario habilitado por la organización en sus canales oficiales.
Más allá de la crónica de tres naufragios, la jornada aspira a lanzar un mensaje de fondo: en un tiempo marcado por la exigencia de transparencia, seguridad y preservación del patrimonio marítimo, la ingeniería no solo construye barcos; también ayuda a comprender por qué se pierden y qué lecciones dejan para las generaciones futuras.
El plan, enmarcado en el convenio con el MAPA bajo la estrategia Alimentos de España y la iniciativa #LlenaTuMesaDeMar, combina vídeo ASMR, radio y redes sociales para poner en valor la versatilidad de las latas
ANFACO-CYTMA ha puesto en marcha una nueva campaña para reforzar la presencia y el valor percibido de las conservas de pescado y marisco entre los consumidores españoles. La acción, iniciada el 4 de noviembre, se apoya en un enfoque sensorial y multicanal y se enmarca en el convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), bajo la estrategia Alimentos de España y la campaña #LlenaTuMesaDeMar.
El objetivo es triple: aumentar la notoriedad de la categoría, fomentar el consumo cotidiano de las conservas y poner en valor su versatilidad y beneficios, desde el sabor hasta la comodidad y la seguridad alimentaria que ofrece un producto listo para usar en múltiples recetas y momentos de consumo.
La pieza central es un vídeo promocional que apuesta por el lenguaje del ASMR para conectar con el público: el chasquido al abrir una lata, el crujido del pan, el sorbito de unos espaguetis… sonidos de la cocina que sumergen al espectador en una experiencia inmersiva y concluyen con un mensaje directo: “Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo”. La narrativa sonora se traslada también a una cuña de radio que reproduce esos gestos cotidianos de comer y cierra con el mismo claim, buscando una huella auditiva fácil de recordar.
La campaña vive en dos planos. En lo digital, el vídeo se difunde en Instagram, Facebook, YouTube Shorts y TikTok, con contenidos adaptados a cada plataforma y formatos breves pensados para el scroll móvil. En lo analógico, la emisión de la cuña se concentra en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Galicia y País Vasco, reforzando cobertura y frecuencia en territorios clave para la categoría. Como palanca de prescripción, el plan suma la colaboración del influencer gastronómico Pablo Suárez (@poesiadefogon), que elaborará propuestas sencillas para mostrar cómo una lata puede elevar desde un picoteo improvisado hasta un plato de cuchara o una ensalada completa.
Con esta acción, ANFACO-CYTMA quiere despejar tópicos y recordar que las conservas no son solo un “recurso de apuro”, sino ingredientes de calidad que encajan en cocinas rápidas y también en preparaciones más elaboradas. El enfoque sonoro no es casual: al priorizar texturas y sensaciones —el abrir, mezclar, servir—, la campaña busca activar la memoria gustativa y acercar la categoría a públicos jóvenes habituados a contenidos breves, emocionales y mobile first.
Además de su alcance, la iniciativa pone el acento en la frecuencia de uso: invita a incorporar las latas al día a día con ideas prácticas —desde combinar mejillones en escabeche con verduras de temporada, hasta sumar atún o bonito a bases de pasta, arroz o legumbres— y reivindica su versatilidad como aliado de una despensa equilibrada. La compra por impulso y la planificación semanal son dos momentos de consumo que la campaña aspira a activar con creatividad y repetición del mensaje.
El marco institucional —el convenio ANFACO-CYTMA y MAPA bajo Alimentos de España y #LlenaTuMesaDeMar— aporta estabilidad a un plan que combina medios tradicionales y digitales, además de prescripción gastronómica. La suma de canales pretende maximizar la recencia (llegar justo antes de la compra), la afinidad (apelar al disfrute y al sabor) y la memorización (un claim sencillo, un sonido reconocible).
En un contexto de hábitos de consumo en transformación, la patronal gallega apuesta por un relato positivo y sensorial que no habla de ausencia —“sin”—, sino de presencia: sabor, practicidad, disfrute y recetas para cada ocasión. Con “Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo”, ANFACO-CYTMA convierte el oído en puerta de entrada al paladar y recuerda que, a veces, la mejor campaña empieza al abrir una lata.
La tecnológica española Satlink expuso en Ondarroa su papel como aliado estratégico del sector pesquero en un taller organizado por Pesca España y la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Ondarroa (OPPAO), en el que detalló cómo la conectividad por satélite, el análisis de datos y los sistemas de monitorización electrónica se han convertido en herramientas claves para la competitividad y la sostenibilidad de la flota. Fundada en 1992 y con sede en Madrid, Satlink recordó que su origen está en las comunicaciones por satélite, pero subrayó que hoy opera como proveedor integral de soluciones para la pesca profesional, con una fuerte inversión en I+D y presencia técnica en puertos de referencia de todo el mundo.
La compañía explicó que trabaja con múltiples operadores satelitales y tecnologías —desde sistemas tradicionales hasta constelaciones de órbita baja— con un enfoque “agnóstico”, es decir, sin vincularse a un solo proveedor, con el objetivo de ofrecer a cada armador la opción que mejor se ajusta a su operativa. Uno de los puntos centrales de la intervención fue el impacto de la nueva generación de conectividad satelital en los buques pesqueros. Satlink destacó que el salto de anchos de banda de apenas unos pocos megas a velocidades de más de 200 Mbps ha transformado la gestión a bordo: permite mejorar las comunicaciones de la tripulación, conectar equipos y sensores en tiempo real, optimizar rutas, planificar mejor la actividad y facilitar obligaciones de control y trazabilidad. No obstante, alertó de que la clave no es solo “tener internet”, sino gestionarlo bien. Para ello la empresa presentó su sistema propio de gestión de conectividad, que integra en un único servidor los distintos enlaces (Starlink, otros satélites, 4G, etc.) y permite al armador controlar el uso del ancho de banda, asignar prioridades al tráfico operativo frente al de ocio, limitar consumos, supervisar qué aplicaciones tiran de datos y garantizar que la herramienta siga siendo, ante todo, un soporte de trabajo.
En el taller, Satlink subrayó también el papel de la tecnología en la mejora de la sostenibilidad. Explicó sus sistemas de monitorización electrónica con cámaras a bordo, concebidos para complementar o sustituir parcialmente a los observadores humanos, permitiendo registrar la actividad pesquera y revisar las imágenes desde tierra por equipos de biólogos.
Estos dispositivos, orientados exclusivamente a la actividad pesquera, facilitan verificar capturas, descartes e interacciones con especies sensibles, amplían la cobertura de control sin sobrecargar a las tripulaciones y se alinean con las exigencias de transparencia y buenas prácticas que vienen marcando las políticas europeas. Otra de las soluciones presentadas fue su línea de boyas inteligentes aplicadas al palangre, basadas en comunicaciones satelitales y alimentación solar. Estas boyas permiten localizar con precisión los artes a cualquier distancia, reducen tiempos de búsqueda, ahorran combustible y contribuyen a una pesca más ordenada y selectiva. La compañía destacó que su objetivo no es sustituir tecnologías existentes, sino ofrecer herramientas complementarias que aumenten la eficiencia de la flota. Completando el “ecosistema digital”, Satlink dio a conocer su software de información oceanográfica y meteorológica, diseñado para ayudar a las embarcaciones a tomar decisiones mejor informadas. Esta plataforma integra datos de corrientes, temperatura del agua, oleaje, viento y otros parámetros, permitiendo identificar zonas con condiciones favorables para las especies objetivo, anticipar cambios en la distribución debidos al clima y evitar áreas de mala mar o bajo rendimiento, todo ello en un entorno configurable según las necesidades de cada organización de productores o armador. Durante la jornada, responsables de Satlink insistieron en que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de tres objetivos: garantizar la seguridad y bienestar de las tripulaciones, mejorar la rentabilidad de las empresas pesqueras y demostrar, con datos, que es posible faenar de forma responsable. Pesca España y la OPPAO destacaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar al sector soluciones prácticas en un contexto de mayores exigencias ambientales, de control y de mercado. La sesión concluyó con un mensaje claro: la tecnología, bien gestionada y adaptada a la realidad de cada flota, puede ser una aliada decisiva para que la pesca de hoy llegue con garantías al futuro.
El veterano experto en tecnología pesquera Ignacio Soler, de Simrad, defendió en un reciente encuentro sectorial una idea clara: si la flota de arrastre del Mediterráneo quiere sobrevivir a costes disparados, restricciones europeas y creciente presión ambiental, la solución no pasa por faenar más, sino por faenar mejor. Y en ese cambio, las llamadas puertas voladoras —diseños que trabajan suspendidos del fondo— se han convertido en una pieza clave para reducir consumo de gasóleo, minimizar el impacto en los fondos marinos y mejorar la rentabilidad de los barcos.
Con más de medio siglo de experiencia a sus espaldas, hijo de armadores de Santa Pola y conocedor directo de la evolución del arrastre desde los años 70 hasta hoy, Soler trazó ante los pescadores un relato sin eufemismos: “Durante años respondimos a las limitaciones con más potencia, más hierro y más red. Acabamos trabajando para la gasolinera”. La entrada en la UE, las vedas, los recortes de días de mar, las tallas mínimas, las cuotas y las exigencias de selectividad obligaron a la flota a buscar caladeros más lejanos y a tecnificarse a marchas forzadas. El resultado fue una flota más potente, pero con costes energéticos desbocados y un esfuerzo de pesca difícil de sostener.
Frente a este modelo, Soler explicó cómo la innovación en artes —y en particular el desarrollo de puertas de arrastre de menor resistencia y, después, de puertas que prácticamente no tocan el fondo— ha permitido un giro radical. Estas puertas voladoras dejan de comportarse como grandes “arados” que surcan y remueven el lecho marino, y pasan a trabajar elevadas, con el peso y el diseño justo para abrir la red sin arrastrarse sobre el sedimento. Ese cambio, combinado con redes más selectivas y ligeras, se traduce, según los proyectos que expuso, en reducciones de hasta un 60–65% en la resistencia de las puertas y, en consecuencia, en un ahorro muy significativo de combustible.
Soler recordó uno de los casos más ilustrativos: un arrastrero mediterráneo de gran potencia que, con puertas tradicionales y artes pesados, veía cómo el gasóleo se comía la cuenta de resultados. Tras la incorporación de puertas de nueva generación más ligeras y eficientes, la resistencia bajó drásticamente y el consumo se redujo de forma notable. Al mismo tiempo, la calidad del producto mejoró: en pesquerías como la gamba roja, donde el precio depende de que el marisco llegue limpio y brillante, evitar el levantamiento de fango marca la diferencia entre una caja de máximo valor y otra depreciada. “Una puerta que no remueve barro es dinero para el armador y para la tripulación”, sintetizó.
El experto de Simrad subrayó que el verdadero cambio no es solo técnico, sino cultural: dejar de medir el éxito por kilos descargados y empezar a medirlo por euros ganados, días trabajados y huella ambiental. Las puertas voladoras, explicó, permiten mantener o incluso mejorar las capturas de tamaño comercial con menos esfuerzo efectivo: menos consumo, menos horas de arrastre inútil, menos desgaste del equipo y mayor selectividad, al combinarse con copos de malla cuadrada y diseños que favorecen la salida de los ejemplares pequeños. “Si la cuota de gamba es la que es, lo inteligente no es seguir atrapando pequeña barata; es capturar mejor la grande que paga el mercado”, insistió.
En su intervención, Soler también defendió que esta tecnología responde a las exigencias de la sociedad y de las propias normativas sin condenar al sector. Al reducir el contacto con el fondo, se limita el impacto sobre hábitats sensibles; al mejorar la eficiencia, disminuyen las emisiones asociadas a cada kilo de pescado capturado; al facilitar artes más selectivos, se reducen descartes y se protege el reclutamiento de las poblaciones. Todo ello, remarcó, sin obligar a la flota a “morir de regulación”, sino ofreciéndole herramientas para adaptarse.
El mensaje estuvo cargado de autocrítica hacia inercias históricas del propio sector. Soler recordó cómo durante años muchas embarcaciones rechazaron cambios que hoy se consideran básicos —desde la malla cuadrada hasta los sistemas de eco-sonda avanzada o la gestión fina de la velocidad de arrastre— por miedo a salir de la zona de confort. Pero defendió que las experiencias acumuladas con puertas voladoras y diseños ecosistémicos demuestran lo contrario: donde se han probado con rigor, se ha ahorrado combustible, se ha reducido el impacto en el fondo y se ha ganado dinero. “La pregunta no es si podemos seguir como antes, porque eso ya no es posible. La pregunta es si queremos usar la tecnología para pescar menos tiempo, gastar menos y ganar más”, planteó.
Soler encuadró estos desarrollos en un contexto más amplio, en el que los fondos europeos para innovación —como el FEMPA— y la presión regulatoria sobre la huella ambiental de la pesca obligan a anticiparse. Puertas programables que permiten fijar su altura sobre el fondo, combinadas con redes optimizadas y sensores que informan en tiempo real de la geometría del arte, ya no son prototipos lejanos, sino opciones reales para parte de la flota. “Nos guste o no, vamos hacia un modelo donde cada litro de gasóleo y cada metro cuadrado de fondo cuentan. El que entienda eso a tiempo tendrá futuro”, concluyó.
Su intervención dejó una idea central: las puertas voladoras no son solo un “invento técnico”, sino el símbolo de una nueva forma de entender el arrastre mediterráneo, en la que eficiencia económica, selectividad y menor impacto dejan de ser conceptos enfrentados para convertirse en la única salida viable.
El Gobierno Vasco, junto a las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa y la financiera pública Hazilur, rescata la unidad productiva de Pesquería Ondarroa, integra al sector en transformación y comercialización y asegura todos los puestos de trabajo.
El Gobierno Vasco ha impulsado la creación de Kofradia Basque Seafood, S.A., una nueva sociedad participada por las Federaciones de Cofradías de Pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa y por Hazilur, S.A. —vehículo de promoción financiera con participación del 50 % del Ejecutivo a través de HAZI— que ha adquirido la unidad productiva de la antigua Pesquería Ondarroa, S.A., en concurso y liquidación. La operación garantiza la continuidad de la actividad de transformación de pescado en Ondarroa y el mantenimiento de la totalidad de los empleos, y se presenta como un salto cualitativo en la estrategia de desarrollo de la bajura al incorporar al propio sector pesquero vasco en la cadena de valor más allá de la primera venta. La nueva compañía nace con una hoja de ruta clara: invertir en valor añadido y adaptarse a las nuevas pautas de consumo mediante una línea de productos de IV y V gama —fileteado y envasado listo para cocinar, así como platos preparados listos para consumir— elaborados con pescado del Cantábrico y sujetos a estándares de calidad y sostenibilidad.
Con ello, la bajura vasca gana músculo para estabilizar precios, diversificar mercados y acortar la distancia entre lonja, industria y hogar, reforzando además la marca de origen. El proyecto ha sido liderado por el Gobierno Vasco y el sector, tejiendo colaboración entre cofradías y herramientas públicas de financiación para sostener actividad, empleo y competitividad en el litoral. “Con Kofradia Basque Seafood, S.A. damos un paso más en la construcción de un modelo pesquero vasco moderno, sostenible y con futuro, donde el propio sector participa activamente en la cadena de valor y en la generación de empleo de calidad”, subrayó Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Más allá del rescate industrial de una planta clave en Ondarroa, la iniciativa consolida una política de país: transformar parte del pescado en origen, retener valor en la costa y profesionalizar la comercialización con criterios de eficiencia, trazabilidad y responsabilidad ambiental. En un momento de cambios en la demanda y presión de costes, Kofradia Basque Seafood articula un modelo de integración sectorial que acerca a la flota de bajura vasca a los lineales sin intermediaciones innecesarias y posiciona a Euskadi —por gobernanza, producto y capacidad de innovación— en la primera división de la transformación pesquera atlántica.Pensando
