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domingo, diciembre 28, 2025
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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima

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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de adaptar la normativa española a las últimas modificaciones europeas y reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la flota pesquera española es pionera en esta lucha,  que “defiende y practica el mayor nivel de sostenibilidad y seguridad de todas las actividades pesqueras que se llevan a cabo en el mundo” y que inspección pesquera es la única de Europa que cuenta con la certificación ISO 9001, desde el año 2015.  

El proyecto legislativo, que inicia ahora su tramitación parlamentaria en Congreso y Senado, establece un marco sólido para el control y la inspección, que garantice el cumplimiento de la Política Pesquera Común y refuerce la sostenibilidad de la actividad pesquera. Entre sus medidas destacan la aprobación de un Plan Nacional de Control e Inspección y la promoción de la cooperación con otras administraciones y con el propio sector, al objeto de asegurar una gestión coordinada y eficaz.

Se incorporan medidas de control, con el Centro de Seguimiento de Pesca como herramienta fundamental, y se refuerzan las acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para reforzar la protección de los ecosistemas marinos y el mercado legal de los productos pesqueros.

La ley introduce un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones claras y flexibles y una graduación según la gravedad de las conductas. Se crea una nueva categoría de infracciones leves, al objeto de guardar proporcionalidad con el acceso a las ayudas, dado que su percepción está vinculada a la ausencia de determinados antecedentes sancionadores.

La ley trata de garantizar un régimen más transparente, justo y adaptado a cada infracción, en línea con los estándares europeos. La norma también prevé la responsabilidad, en determinados casos, de armadores, patrones y titulares de licencias, y busca promover una cultura de prevención y cumplimiento en toda la actividad pesquera, tanto profesional como recreativa.

Disposiciones en materia de pesca

El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy tres reales decretos que modifican cuatro normas clave del sector pesquero. Uno de ellos adapta la regulación de la reserva marina y de pesca de la isla de Alborán para consolidar un espacio estratégico para la conservación de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos, y otro armoniza la talla mínima del pulpo en todos los caladeros nacionales.

El tercer decreto, en materia de ordenación de la flota pesquera, reduce la carga administrativa al simplificar los trámites, por ejemplo, en los cambios de propiedad en buques con varios propietarios al registrarse automáticamente, sin gestiones adicionales, ni interrupción de la actividad pesquera y facilita la regularización de motores, entre otras. Además, simplifica el procedimiento para la obtención de títulos profesionales del sector pesquero para apoya el relevo generacional mediante la reducción de la eslora mínima para obtener la habilitación de patrón costero polivalente.

El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica reclaman acciones urgentes para impulsar la eólica marina flotante

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El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica reclaman acciones urgentes para impulsar la eólica marina flotante y no perder una oportunidad industrial para España. Ambas organizaciones advierten de que la falta de avances en el desarrollo de eólica marina está generando perjuicios al tejido industrial y pérdida de competitividad, además de ayudar a perpetuar un sobrecoste de generación de la energía electricidad en zonas como en Canarias.
El sector reclama acciones inmediatas para no perder una oportunidad industrial para España. La falta de planificación y señales regulatorias amenaza el actual liderazgo tecnológico e industrial de España en esta tecnología disruptiva.

Para ello, es necesario aprobar la Orden Ministerial que regule la primera subasta de eólica marina flotante y avanzar en un mercado piloto en España. La eólica marina flotante es un proyecto de país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida.

La puesta en marcha urgente de una subasta de eólica marina en Gran Canaria con una capacidad entre 200 y 250 MW ahorrará al contribuyente más de 116 M€ al año, a partir de la entrada en servicio de la instalación.

El sector está comprometido con la protección ambiental, el diálogo con la pesca, el desarrollo regional y local y la transparencia. Los parques estarán situados a una distancia de la costa con impacto visual mínimo o imperceptible y en aquellas zonas identificadas para ello, donde la coexistencia con otras actividades marítimas será posible.

España se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo de la energía eólica marina flotante, una de las grandes oportunidades estratégicas de la transición energética y un motor industrial de alto valor añadido. El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) alertan de que la falta de avances regulatorios y de planificación para las primeras subastas y disponer de un mercado «piloto» a nivel nacional pone en riesgo el posicionamiento industrial ganado en España durante los últimos 10 años en una tecnología disruptiva como es la eólica flotante. Por ello, es necesario aprobar ya la Orden Ministerial que regule la primera subasta de eólica marina flotante.


El mercado «piloto» a nivel nacional implica la instalación del equivalente a 3 ó 4 parques eólicos marinos (1.000 MW aproximadamente), que estarían disponibles a partir de 2033. Los parques eólicos flotantes tendrán una capacidad de generación que mejorará en un 30-40% a sus equivalentes terrestres y cumplirán con los avances tecnológicos, habilitaciones y protocolos necesarios para garantizar una operación segura del sistema eléctrico.

El lugar idóneo para el primer parque eólico es Canarias por el extra-coste de la generación actual de electricidad que multiplica por cinco el de la península, y por el consenso político y el tejido industrial existente en el archipiélago. Teniendo en cuenta los datos más recientes publicados por el Operador del Sistema a través del portal ESIOS sobre el coste medio reconocido de generación con combustibles fósiles en Gran Canaria, y comparando con el rendimiento de generación de un parque eólico marino flotante que contase con la última tecnología y dimensiones adecuadas para Gran Canaria, el ahorro para el contribuyente ascendería a más de 36 M€ (1) anuales, sólo en términos de diferencia de coste de generación.

Hay que tener en cuenta que en 2024 los precios del petróleo Brent fueron relativamente estables entre los 70 y los 80 €/barril, por lo que existe una vulnerabilidad evidente para el sistema energético canario respecto al potencial encarecimiento o volatilidad de los precios de combustibles fósiles, que la eólica marina ayudará a mitigar.

Por otra parte, el mismo parque eólico flotante evitaría la emisión de más de 570.000 toneladas de CO2 al año. De acuerdo con las previsiones de los expertos en cuanto a la futura evolución del precio de los ETS, el ahorro anual en concepto de derechos ETS podría ser holgadamente superior a 80 M€ anuales.

Por tanto, la puesta en marcha urgente de una subasta de eólica marina en Gran Canaria y una capacidad entre 200 y 250 MW, podría ahorrar al contribuyente más de 116 M€ al año, a partir de la entrada en servicio de la instalación[2]. Cada año que pase sin avanzar será una pérdida de ahorro para todos.

Estrategia de país


La eólica marina flotante es un proyecto país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida.  Países como Francia, UK, Italia, ya nos han adelantado, formando también parte del mercado integrado europeo de electricidad y avanzado en las infraestructuras portuarias y astilleros para la eólica flotante. Otros países como Portugal o Marruecos también están dando pasos decididos.

«España cuenta con las empresas, la tecnología y los puertos necesarios, pero una vez aprobado el marco regulatorio general, necesitamos seguir dando los siguientes pasos para que la industria pueda invertir y planificar. Lanzar la consulta pública sobre la Orden Ministerial es un trámite necesario y urgente.», subraya Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.

La eólica marina flotante es una oportunidad para consolidar una cadena de valor nacional con alto potencial exportador. España dispone del 75% de la cadena industrial necesaria —ingeniería, construcción naval, fabricación, logística y operación de parques— y lidera el desarrollo tecnológico mundial de eólica flotante: 11 de las 13 plataformas flotantes instaladas en el mundo y 14 de los 50 prototipos globales son de diseño español.

El desarrollo de esta tecnología requiere una visión coordinada entre tecnología, fabricación, puertos y la capacidad en la red eléctrica, con una elevada intensidad inversora y tecnológica. Un mercado interno sólido – aunque sea con dimensión tipo «piloto» – permitirá mantener la base industrial española, crear empleo cualificado, impulsar la innovación y evitar la fuga de capital tecnológico e industrial hacia otros países que avanzan más rápido. Por ello, el sector considera crítico y urgente disponer de una planificación para las primeras subastas, comenzando por las zonas con mayor consenso —como Canarias—, y de una estrategia nacional que marque los pasos para los próximos años. La aprobación de una Orden Ministerial que regule la primera subasta en 2026 y un calendario indicativo son esenciales para activar los proyectos y garantizar la competitividad de la industria española.

«España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los grandes polos europeos de la eólica flotante, pero si no se actúa con decisión, esa oportunidad se desvanecerá. El despliegue de los primeros 1.000 MW previstos por el PNIEC podría generar más de 4.000 empleos, dinamizar las regiones costeras y posicionar a España como referente internacional en economía azul y sostenibilidad. Pero la inacción también tiene consecuencias ya que múltiples empresas que han invertido en nuestro país durante los últimos años por los avances que se han venido realizando tendrán que reorientar sus actividades.«, advierte la AEE.

La tecnología solar en el transporte marítimo interior marca nuevos hitos

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La tecnología solar en transporte marítimo interior (Blue Marlin) marca un nuevo paradigma de sostenibilidad, y los astilleros europeos deben prepararse para competir en esa transición. Por otro lado, el segmento de “pequeños buques especializados” (como el American Patriot) sigue ganando importancia frente al tradicional “megabuque”, lo cual redefine el mercado de construcción naval. Los astilleros offshore y de energía marina enfrentan un entorno de alto riesgo contractual y de mercado, lo que exige diversificación, flexibilidad en diseño y gestión de riesgo. Los eventos negativos (explosiones, retrasos, arbitrajes) resaltan la necesidad de robustecer cadena de suministro, estándares de seguridad y modelos financieros en la industria naval.

La compañía alemana HGK Shipping, dedicada al transporte fluvial de mercancías secas, ha dado un paso tecnológico relevante con la entrega del buque Blue Marlin, que se presenta como el primer barco de carga interior del mundo capaz de integrar energía solar directamente en su sistema de propulsión.
Equipado con 192 paneles solares, el sistema puede generar hasta 35 kW en condiciones óptimas y opera junto a cuatro generadores diésel, permitiendo maniobras de “peak shaving” (ahorro de picos) y la posibilidad de navegar parcialmente sólo con energía solar en trayectos descendentes o carga ligera.
Este avance técnico tiene implicaciones importantes: por un lado, reduce la huella de carbono en transportes interiores de Europa; por otro, marca una tendencia hacia buques más autónomos energéticamente. El reto ahora será demostrar la fiabilidad operativa en rutas reales y la economía de mantenimiento frente a barcos convencionales.
De cara al futuro, el sector marítimo interior europeo vigilará el desempeño del Blue Marlin como test-case para replicar el modelo en otras flotas interiores, lo que podría abrir mercado para renovaciones navales y sistemas híbridos.

Nueva catamarán costero de crucero: American Patriot de American Cruise Lines (EE.UU.)

La naviera estadounidense American Cruise Lines ha puesto en servicio su nuevo catamarán American Patriot, perteneciente a la clase Patriot, construida por Chesapeake Shipbuilding. El buque apunta al segmento de itinerarios costeros y fluviales en la costa Este de EE.UU., especialmente Nueva Inglaterra.
Con capacidad para aproximadamente 125–130 pasajeros, amplios camarotes con balcón privado y un diseño adaptado a puertos pequeños, el American Patriot se inscribe en la tendencia de “cruceros boutique” donde la experiencia, la comodidad y la cercanía predominan frente al volumen.
El impacto para la industria naval es doble: muestra que hay demanda para barcos de menor tamaño pero alta especialización, y abre oportunidades para astilleros que trabajen en este nicho. En Europa, aunque el mercado de cruceros lo domine buques grandes, segmentos similares podrían replicarse para costas más pequeñas o ríos.

Contrato para astillero de Singapur Seatrium por terminación de contrato de construcción de buque para Maersk Offshore Wind

La empresa singapurense Seatrium ha recibido un aviso de arbitraje por parte de una filial de Maersk Offshore Wind, tras la terminación anticipada del contrato para la construcción de un buque de instalación de parques eólicos marinos.
Este litigo revela los riesgos contractuales en la industria naval vinculada a renovables: cambios de especificación, retrasos en licencias, exigencias técnicas y variaciones en los mercados pueden convertir proyectos lucrativos en litigiosos.
Para los astilleros europeos especialistas en offshore, esta noticia invita a ser más cautos en la gestión de contratos, diseño modular, provisión de riesgo y renegociaciones ante nuevas normativas o requisitos.

Retraso en entrega de buque de apoyo a la construcción para Eidesvik Agalas (Noruega)

El astillero encargado de construir la nueva unidad de apoyo a la construcción (Construction Support Vessel – CSV) para la empresa noruega Eidesvik Agalas ha pospuesto su entrega al tercer trimestre de 2026.
Los retrasos en entregas navales son habituales por dificultades de financiación, retrasos en equipos, cambios de especificación o cadenas de suministro. En este caso, representa riesgo para la planificación de operaciones navales y offshore, y para los astilleros socios que deberán absorber costes adicionales y posibles penalidades.

Un marco para “sentir” a los peces: el IATS-CSIC propone medir el bienestar emocional en acuicultura

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El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC) publica en Proceedings of the Royal Society B un marco que integra condición física y estado afectivo, incorporando pruebas de sesgo cognitivo para evaluar si los peces experimentan emociones positivas o negativas.

La acuicultura afronta un crecimiento sostenido y sistemas de producción cada vez más intensivos, un contexto que ha situado el bienestar animal en el centro del debate científico y social. Un equipo del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) plantea ahora un nuevo marco conceptual que va más allá de los indicadores clásicos —salud, estrés o conducta— y combina métricas físicas, fisiológicas y comportamentales con la valoración del estado afectivo de los peces. El trabajo, liderado por María Victoria Alvarado, José Miguel Cerdá-Reverter y Felipe Espigares, se ha publicado en Proceedings B (Royal Society) y propone estandarizar cómo se capta y se interpreta esa dimensión emocional.

El punto de inflexión es incorporar protocolos ya consolidados en otros sectores ganaderos: los paradigmas de sesgo cognitivo. En esencia, los peces aprenden a asociar una señal con una recompensa positiva (comida o interacción social) y otra con una experiencia aversiva o menos deseable. Ante una señal ambigua —mezcla de ambas—, la rapidez con que se acercan o su vacilación permite inferir su estado emocional (más “optimista” o “pesimista”), ofreciendo una ventana objetiva e indirecta a su bienestar.

Los autores sostienen que la lectura multidimensional —condición física, estrés, comportamiento y afecto— reduce sesgos y evita depender de un único indicador, un problema habitual cuando se extrapolan métricas aisladas a conclusiones generales sobre bienestar. El enfoque se apoya en material suplementario metodológico y en la propuesta de baterías de pruebas adaptables a especies y fases de cultivo, con el fin de armonizar la evaluación entre granjas, proyectos de I+D y auditorías.

“Este nuevo enfoque sitúa el estado emocional en el centro de la evaluación del bienestar y combina medidas físicas, fisiológicas y de comportamiento”, subraya el investigador Felipe Espigares. Para Alvarado, primera firmante, el marco “supera las limitaciones de los indicadores clásicos y actualiza las metodologías de investigación y gestión del bienestar de peces” que demanda la sociedad y ya exploran reguladores e industria. Las conclusiones de la nota institucional del CSIC inciden en que medir emociones no sustituye a la vigilancia sanitaria: la complementa para describir experiencias positivas/negativas y orientar mejoras de manejo.

La implicación práctica es directa: empresas y autoridades pueden diseñar protocolos que integren lecturas fisiológicas de bajo estrés (p. ej., cortisol en matrices no invasivas), observación estandarizada de conductas y tests de sesgo cognitivo en checklists compatibles con certificaciones y auditorías. El resultado sería una radiografía más fina del bienestar, útil para tomar decisiones sobre densidades, estructuras de tanque, enriquecimiento ambiental, alimentación o momentos de manipulación.

El equipo del IATS-CSIC enmarca este avance en una línea de investigación más amplia sobre estrés y bienestar en especies clave de la acuicultura mediterránea (dorada, lubina, corvina), que busca trasladar ciencia útil a granja y responder a expectativas sociales crecientes sobre el trato a los animales de cultivo. Para el sector, incorporar el estado afectivo puede ser también un activo reputacional y de mercado en un momento de mayor escrutinio regulatorio y del consumidor.

Referencia científica:
Alvarado, M. V., Cerdá-Reverter, J. M., & Espigares, F. (2025). A functional framework for a comprehensive study of welfare in fishes. Proceedings of the Royal Society B, 292(2056), 20251833. https://doi.org/10.1098/rspb.2025.1833. Royal Society Publishing

Más información y materiales (CSIC): versión en español y en valenciano con infografías y recursos divulgativos. iats.csic.es+1

La Xunta apuesta por la producción y comercialización del mejillón

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El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Cándido Rial, mantuvo este martes sendas reuniones con representantes de dos de los colectivos más representativos del sector miticultor de Galicia, la Denominación de Origen Protegido Mejillón de Galicia y la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega). El objetivo, seguir ahondando en el impulso de la producción y comercialización de este producto, tal y como viene avanzando en distintos foros la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

La DOP cuenta con 18 años de existencia y hoy en día constituye un elemento claramente diferenciador que aglutina al sector, suponiendo, en paralelo, nuevas oportunidades de negocio. Por eso, en el transcurso del encuentro, se analizaron las distintas acciones de la Administración autonómica para contribuir a poner en valor este producto de origen 100% de las rías gallegas. Es el caso del convenio suscrito, a través del que la Administración autonómica aporta 200.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y dirigido a la mejora de la comercialización de este producto.

En 2024 la certificación Mejillón de Galicia se incrementó un 56% hasta alcanzar las 18.700 toneladas. En la actualidad, hace más de 2.000 viveros para la producción bajo este distintivo, que representa el 61% de las bateas instaladas en el litoral gallego. A esto hay que añadir 12 centros de depuración, 39 empresas transformadoras y más de 120 entidades y marcas autorizadas o en proceso de autorización para comercializar este molusco bajo su amparo.

Por lo que respecta a la reunión con Opmega, se abordaron los últimos datos de producción de esta OPP -la única de la comunidad que cuenta con esta consideración en el ámbito de la producción de mejillón-, al tiempo que se analizaron vías de trabajo de cara a promover medidas que reviertan en el desarrollo y potenciación de esta actividad tanto en términos económicos como de empleo.

En la actualidad, Opmega está integrada por 579 bateas y 312 socios agrupados en 11 delegaciones distribuidas en las rías de Muros y Noia, Arosa, Pontevedra, Vigo y Portugal.

Chile abre un frente global contra la cría de pulpos: una propuesta de ley enciende el debate sobre ética y sostenibilidad

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Chile se ha convertido en el primer país de América Latina en plantear la prohibición del cultivo intensivo de pulpos, un movimiento que sitúa al país andino en el centro de la discusión internacional sobre los límites éticos y ambientales de la acuicultura. La iniciativa, presentada por la diputada Marisela Santibáñez con el apoyo de otros siete parlamentarios, introduce el principio de precaución en un terreno aún incipiente: si se aprueba, vetaría el establecimiento de granjas de pulpo en territorio chileno. El proyecto se encuentra actualmente bajo análisis de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso.

La propuesta llega en un momento de redefinición del modelo acuícola a escala global. Defensores del texto sostienen que avanzar hacia nuevas especies de cultivo sin resolver impactos del pasado sería un error estratégico. En esa línea, el proyecto apela a razones ambientales, sanitarias y de seguridad alimentaria, con énfasis en la protección de ecosistemas marinos vulnerables y en la salud pública. Uno de los argumentos centrales es de balance ecológico: los pulpos son carnívoros y su engorde depende de insumos proteicos derivados de stock silvestre, lo que elevaría la presión sobre pesquerías ya tensas y desplazaría alimento clave para otras especies.

La trama internacional aporta contexto: en distintos países ganan terreno las restricciones al cultivo de pulpos, tanto por dudas sobre su bienestar —se trata de animales solitarios e inteligentes, sensibles al estrés— como por los altos requerimientos de proteína marina que implicaría su engorde a escala industrial. En Estados Unidos, estados como Washington y California han dado pasos en la misma dirección, y otras jurisdicciones debatieron o debaten medidas similares. Para los promotores chilenos, este clima refuerza la oportunidad política de marcar un estándar preventivo antes de que la actividad eche raíces.

El impacto sectorial de la medida sería, por ahora, acotado: la acuicultura chilena orbita principalmente en torno a la salmonicultura y el cultivo de mitílidos (chorito), por lo que el veto a los pulpos operaría como cláusula de contención ante la posible irrupción de un nuevo subsector intensivo. Lejos de leerse como freno a la innovación, sus impulsores lo presentan como una señal de política pública: orientar la inversión hacia soluciones tecnológicas y productivas más compatibles con los límites ecológicos, y proteger a la pesca artesanal y a las comunidades costeras de eventuales impactos en la competencia por insumos o por espacio marítimo.

El texto, no obstante, abre interrogantes de aplicación. ¿Cómo tipificar y fiscalizar la prohibición? ¿Qué criterios sancionadores se aplicarían ante eventuales proyectos piloto o pruebas de investigación? ¿Cómo armonizar la medida con regímenes de concesiones acuícolas ya otorgadas y con la agenda de innovación universitaria y privada? El debate, admiten los actores, no es solo jurídico: reclama criterios científicos para el bienestar animal en cefalópodos, así como estándares de certificación y trazabilidad que hoy no están consolidados para esta especie al nivel de otras producciones.

Detrás de la discusión late un conflicto de modelos. Los defensores del cultivo de nuevas especies arguyen que la demanda mundial de proteína empuja a diversificar; los críticos responden que hacerlo con especies carnívoras intensifica la huella ecológica al convertir peces silvestres en alimento para granja, encareciendo además la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de esos recursos. A esto se suman posibles externalidades locales: desde la carga orgánica en aguas cercanas a centros de cultivo hasta riesgos sanitarios por enfermedades asociadas a sistemas intensivos.

En términos políticos, el proyecto coloca a Chile en una posición de liderazgo normativo en América Latina al establecer un límite ex ante a una industria aún no desplegada. Sus partidarios creen que el país puede evitar errores sufridos en otras ramas de la acuicultura aprendiendo antes de expandir; sus detractores temen cerrar puertas a posibles desarrollos científicos y productivos. La comisión parlamentaria deberá sopesar estos argumentos, escuchar a expertos en ecología marina, sanidad de animales acuáticos, ética y economía pesquera, y trazar un dictamen que luego pasará al pleno.

Sea cual sea el desenlace legislativo, la señal ya ha surtido efecto: el cultivo de pulpos se ha instalado como caso test de hasta dónde puede —y debe— avanzar la acuicultura sin comprometer ecosistemas, biodiversidad y cohesión social en las costas. En un país cuya identidad marítima es innegable, y que busca reconciliar producción con conservación, la iniciativa funciona como punto de inflexión: obliga a reimaginar la innovación no como expansión ilimitada, sino como selección responsable de qué producir, cómo y para quién. Chile, al abrir este debate, envía un mensaje nítido a la región y al mundo: la sostenibilidad no es un adorno regulatorio, sino la condición de posibilidad para cualquier futuro de la economía azul.

Los astilleros del norte ante el “muro” del acero: Bruselas recorta cupos y duplica aranceles

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La construcción naval queda condicionada por la situación de l acero. La propuesta de la Comisión reduce a 18,3 Mt las importaciones libres y eleva al 50% el gravamen fuera de cuota: Galicia, más expuesta por su dependencia extracomunitaria; Asturias y Euskadi, con impacto por tensión de precios y plazos.

Los astilleros del noroeste peninsular encaran un otoño de incertidumbre por el brusco giro que prepara Bruselas en el comercio del acero: la Comisión Europea ha planteado recortar casi a la mitad las cuotas de importación libres de arancel —hasta 18,3 millones de toneladas anuales— y elevar del 25% al 50% el gravamen sobre cualquier tonelaje adicional. La medida, concebida para frenar el desvío de excedentes globales —con China como gran origen— y apuntalar a la siderurgia europea, llega en un momento de carga de trabajo relevante para la construcción naval en Galicia, Asturias y el País Vasco y reabre una vieja brecha: quién compra acero fuera y quién se abastece en el mercado europeo.

En Galicia, buena parte de los cascos en curso se nutren de chapas y perfiles importados —por precio, disponibilidad de calidades y plazos—, de modo que un arancel del 50% cuando se supere la cuota libre tensaría las hojas de costes de los programas que no tengan el material ya asegurado. A diferencia de otras subcontrataciones, el acero es crítico y temprano en el cronograma: fija espesores, condiciona cortes y curvados, y determina la logística de acopio. El nuevo sistema no solo encarecería los excedentes, sino que estrecharía el “colchón” de cupos, con acceso más competitivo a la parte libre de arancel durante el trimestre; si ese cupo común se agota antes, la penalización entra en juego y el diferencial de precio puede desbaratar márgenes en buques de baja serie o en contratos firmados a precio fijo.

Asturias vive la foto desde la otra orilla. Allí, los constructores y talleres que compran mayoritariamente acero europeo —con ArcelorMittal Asturias como referencia— están menos expuestos al salto arancelario, porque su dependencia de cupos extracomunitarios es reducida. El impacto les llegaría, sobre todo, por efectos de segunda ronda: si las importaciones extracomunitarias se encarecen y escasean, el acero de la UE puede subir de precio por tensión de demanda y por la propia estrategia de protección de la producción comunitaria, que incluye cambios como la reducción del ritmo de liberalización (del 1% al 0,1% trimestral) y límites al uso de cuotas no consumidas de terceros. En ese escenario, el reto para los astilleros asturianos será amarrar contratos de suministro con antelación y cláusulas de revisión que amortigüen volatilidad.

En el País Vasco, donde conviven grandes casas de casco de acero, astilleros especializados y una potente industria auxiliar de calderería y equipos, el mapa es mixto: quienes importan aceros específicos para proyectos “a la carta” —grados, anchos o espesores menos habituales— ven con preocupación que el cupo libre de arancel se reduzca un 47% respecto a 2024; los que trabajan con suministro europeo reaccionan con mayor calma, aunque advierten de que la trazabilidad “melt & pour” que quiere introducir la Comisión endurecerá controles y documentación, y cualquier cuello de botella en laminación comunitaria podría trasladarse en plazos al corte y montaje de bloques. En ambos casos, la planificación de compras y la diversificación de orígenes certificados pasan de ser una buena práctica a convertirse en factor de viabilidad de propuestas comerciales.

El argumento de fondo de Bruselas es conocido: la capacidad ociosa global y las desviaciones de comercio tras los aranceles de EE. UU. han presionado el mercado europeo, con plantas operando por debajo del 70% de utilización. De ahí un paquete que, además del hachazo a los cupos, duplica el recargo fuera de cuota al 50% y refuerza la trazabilidad para evitar elusión (por ejemplo, mediante transformaciones mínimas en terceros países). Think tanks y analistas avalan el diagnóstico, aunque alertan de que un cierre excesivo puede trasladar inflación a cadenas que dependen del acero —naval, automoción, bienes de equipo— si no se calibra bien la transición.

Para los astilleros gallegos, el riesgo inmediato es doble: precio y plazo. La construcción de barcos de trabajo (offshore, pesqueros, oceanográficos) compite globalmente euro a euro; un sobrecoste de materia prima que no esté cubierto en oferta puede comerse el margen o forzar reaperturas con el armador. En el País Vasco y Asturias, el desafío se centra en blindar disponibilidad y contratos marco con acerías y centros de servicio, y en revisar cláusulas de revisión de precios. En los tres territorios, además, la ingeniería deberá sopesar sustituciones posibles de grado o optimización de “nesting” para reducir desperdicio de chapa, mientras que compras y logística explorarán entregas escalonadas para encajar en las ventanas trimestrales de cupo sin arancel.

El calendario también cuenta. La Comisión ha abierto consultas y prepara el reemplazo del actual sistema de salvaguardias —que caduca en junio de 2026— por un régimen más estricto de cuotas y aranceles; los borradores en circulación fijan la nueva “línea roja” de 18,3 Mt como tope anual libre de arancel y dan por hecho el 50% fuera de cupo. Mientras tanto, los ajustes intermedios (recortes en liberalización y fin de algunos “carry-overs” entre trimestres) ya estrechan el pasillo por el que se mueven importadores y transformadores. Para la construcción naval, que vive de hitos (corte de chapa, puesta de quilla, botadura), el riesgo de choque entre hitos y cupos se vuelve un asunto de gestión diaria.

¿Qué puede hacer el sector? Primero, revisar ofertas vigentes y en curso con escenarios de acero +10% / +20% y validar cláusulas de ajuste por “cambio normativo”. Segundo, bloquear toneladas con cartas de crédito o opciones de compra antes de los picos de consumo de chapa gruesa. Tercero, abrir alternativas dentro de la UE —incluida compra a centros de servicio con cupo asignado—, y fuera, asegurando que el proveedor puede entrar en cuota y cumplir con requisitos de origen y trazabilidad. Cuarto, reforzar el diálogo con armadores para explicar el entorno regulatorio y evitar sorpresas. La Comisión, por su parte, sostiene que la salvaguarda ampliada es imprescindible para devolver capacidad y estabilidad a las acerías europeas y, con ello, a las cadenas industriales que dependen de ellas, entre ellas la naval. El equilibrio entre protección y competitividad marcará la diferencia entre un encarecimiento pasajero y un cambio estructural en los costes de construir barcos en el norte de España.

«El planeta en el filo: claves del Global Tipping Points Report 2025»

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El reciente informe Global Tipping Points Report 2025, elaborado por un consorcio internacional de científicos y organizaciones de conservación, constituye una de las alertas más claras que se han emitido hasta la fecha sobre los riesgos que afronta la Tierra. Aquí se expone en qué consiste, qué cuestiones aborda y por qué resulta de vital importancia para el futuro del planeta.


El informe fue elaborado por 160 autores procedentes de 23 países y 87 instituciones, y se presenta justo antes de la COP30 (cumbre del clima de la ONU). 

Su objetivo es sintetizar los avances del conocimiento científico sobre los denominados «puntos de inflexión» (tipping points) en el sistema terrestre —es decir, los umbrales más allá de los cuales un cambio en el sistema se vuelve abrupto, difícil o imposible de revertir—. 

Se analiza tanto los riesgos —tipificación de lo que podría colapsar o cambiar drásticamente— como las oportunidades, llamados “tipping positivos”, es decir los momentos en que se podría generar un cambio virtuoso que se auto-refuerce. 


¿Qué significa un “punto de inflexión” global?

Un punto de inflexión es un umbral dentro de un sistema terrestre (como los hielos polares, los bosques tropicales, las corrientes oceánicas) que, si se sobrepasa, puede llevar a una transformación rápida y posiblemente irreversible del sistema, aun si las causas que lo provocaron cesan o disminuyen. 

En términos prácticos: por ejemplo, un casquete polar que se derrite por encima de cierto nivel podría desencadenar pérdidas de superficie de hielo que ya no se recuperan; un arrecife de coral sometido a temperaturas demasiado elevadas podría entrar en muerte masiva y dejar de funcionar como ecosistema viable. El informe señala que ya algunos de estos umbrales podrían estar siendo cruzados. 


Principales conclusiones del informe

Entre los mensajes clave que lanza el informe destacan los siguientes:

  • El planeta ya está entrando en una “nueva realidad”: el calentamiento global ha alcanzado aproximadamente 1,4 °C por encima del nivel preindustrial, lo que implica que varios sistemas están muy cerca —o ya han sobrepasado— sus puntos de inflexión. 
  • Se destaca que los riesgos crecen rápidamente cuando se sobrepasa la barrera de 1,5 °C, situando al mundo en una “zona de peligro” donde los puntos de inflexión múltiples podrían activarse. 
  • Es fundamental minimizar el sobrepaso de 1,5 °C: cada fracción de grado y cada año cuenta para evitar que se activen estos umbrales. Para ello, el informe insta a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 (respecto a 2010), alcanzar “cero emisiones netas” hacia 2050, y luego adoptar la remoción de carbono de la atmósfera. 
  • La acción ya no puede esperar: los compromisos nacionales actuales (las famosas “Contribuciones Nacionalmente Determinadas”, NDCs) no son suficientes para evitar los puntos de inflexión. Se requiere una aceleración sin precedentes en las políticas climáticas. 
  • La acción local también es vital: más allá del gran debate climático, hay que abordar los “impulsores no-climáticos” de vulnerabilidad de ciertos sistemas —por ejemplo, sobrepesca, contaminación de nutrientes en arrecifes, deforestación en la Amazonía—, pues mejorar la resiliencia local puede hacer la diferencia. 
  • El informe introduce también la idea de finanzas habilitadoras para los “tipping positivos”: por ejemplo, reducir el coste del capital en el Sur global para activar modelos de gestión comunitaria de recursos marinos que tengan efectos multiplicadores. 

Cuestiones específicas que aborda

El informe aborda varias dimensiones concretas :

  1. Sistemas del planeta en riesgo. Se identifican más de 25 partes del sistema terrestre que tienen potencial de punto de inflexión: hielos polares, corrientes oceánicas, bosques tropicales, permafrost, arrecifes de coral, etc.
    • Por ejemplo, los arrecifes de coral de aguas cálidas están ya cruzando su umbral térmico, lo que podría causar su colapso irreversible. 
    • El bosque amazónico se encuentra en riesgo de transformación (de bosque a sabana) por debajo de los 2 °C de calentamiento si continúa la deforestación y degradación. 
    • La circulación atlántica de vuelco meridional (AMOC) —una gran corriente oceánica que regula el clima en el Atlántico Norte— está considerada como vulnerable y el informe advierte que podría colapsar, con implicaciones globales. 
  2. Probabilidad de activación. El informe y estudios asociados analizan las probabilidades de que estos puntos de inflexión se activen bajo distintos escenarios de emisiones (conocidos como SSP – Shared Socioeconomic Pathways). Por ejemplo, en un escenario intermedio-alto, la media de probabilidad de activar uno o más puntos de inflexión supera el 60 %. 
  3. Impactos humanos y sociales. No se limita a la ciencia física: el documento aborda cómo esos cambios podrían afectar a la estabilidad social, la seguridad alimentaria, la migración, los derechos humanos y la gobernanza global. Se subraya que cuando un sistema terrestre “ya no puede recuperarse”, se convierten en cuestiones de derechos humanos. 
  4. Oportunidades de cambio (“tipping positivos”). Un apartado relevante es la exploración de cómo pueden generarse cambios rápidos y auto Refuerzos en sentido positivo (por ejemplo, transición energética acelerada, modelos de gestión comunitaria de recursos, tecnologías que bajan de coste), de modo que se invierta la trayectoria. 
  5. Recomendaciones de gobernanza. Se incluyen marcos de gobernanza, finanzas, políticas de mitigación y adaptación, escenarios de riesgo y oportunidad, además de la coherencia con la agenda de la COP30. El mensaje es que se espera acción global coordinada, localmente adaptada, y con plazos urgentes. 

¿Por qué es especialmente relevante para 2025?

  • El informe llega en un momento crítico: las temperaturas globales ya superan de hecho los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial en algunas mediciones, lo cual coloca al planeta en un terreno de mayor riesgo de activación de múltiples puntos de inflexión. 
  • La COP30 debe fijar políticas que eviten el sobrepaso prolongado de 1,5 °C y establezcan medidas robustas para los próximos diez años; el informe plantea que el margen para actuar se está cerrando. 
  • Es un aviso a los países de que los compromisos actuales no bastan: aunque muchas naciones se han comprometido a ser “neto cero” hacia 2050, los expertos señalan que incluso esos horizontes pueden dejar activar puntos de inflexión si no se actúa con rapidez. 

Riesgos y controversias que conviene tener presentes

  • Aunque el informe es contundente, aún persisten amplias incertidumbres científicas sobre los umbrales precisos de activación de muchos puntos de inflexión —qué nivel de calentamiento, qué ritmo, qué interacciones— lo cual dificulta determinar con certeza cuándo ocurrirán. 
  • Algunos críticos advierten del riesgo de que la narrativa de “punto de no retorno” provoque parálisis o fatalismo, en lugar de movilización. Pero el informe recalca que la acción aún puede marcar la diferencia. 
  • También hay dimensión de gobernanza: pasar de advertencia a implementación real requiere voluntad política, financiación, capacidades locales y equidad —y ahí están los mayores desafíos.

Qué implicaciones tiene para España y Europa

Desde la perspectiva europea y española, el informe impone varias reflexiones:

  • La menor distancia del umbral de 1,5 °C incrementa el riesgo de fenómenos extremos en el sur europeo (olas de calor, sequías, incendios), lo que hace que la adaptación sea urgente.
  • Europa debe liderar —y asegurarse de que la transición energética, la reducción de emisiones y la financiación climática global avancen— para evitar que otros sistemas globales (como la selva amazónica o la AMOC) colapsen y repercutan indirectamente en Europa.
  • A nivel local, la resiliencia de ecosistemas mediterráneos, costas e infraestructuras críticas debe reforzarse —el informe subraya que la acción local puede mitigar o retrasar puntos de inflexión para ciertos sistemas vulnerables.
  • Desde la política de la Unión Europea, el informe refuerza la necesidad de que el Green Deal, los fondos de reconstrucción y la financiación climática se orienten no solo a la mitigación sino también a evitar los puntos de inflexión —y a movilizar lo que se llama “tipping positivos”.

Siete gigantes japoneses del mar crean una mesa de sostenibilidad para impulsar la compra responsable

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Kyokuyo, Marubeni Seafoods, Maruha Nichiro, Mitsubishi, Nichirei, Nissui y Seven & i Holdings han lanzado la Japan Responsible Seafood Roundtable, una mesa sectorial con la que aspiran a coordinar políticas y estándares comunes de debida diligencia ambiental y en derechos humanos, además de avanzar en trazabilidad interoperable a lo largo de la cadena de suministro pesquera.

El anuncio se realizó en el Sustainable Seafood Summit celebrado recientemente en Osaka, bajo el impulso de la organización con sede en Tokio Seafood Legacy, que ejercerá de catalizador para alinear a fabricantes, distribuidoras y grandes minoristas en torno a objetivos medibles.

Por qué importa: peso global y problemas comunes

Las siete empresas fundadoras figuran entre los mayores actores del mundo por ingresos: Mitsubishi, Marubeni y Maruha Nichiro están entre las cinco primeras a nivel global, mientras Kyokuyo y Nissui se sitúan en el top 20. Ese músculo industrial confiere capacidad para influir aguas arriba (pesquerías, granjas marinas, flotas y procesadores) y aguas abajo (retail y restauración), justo donde la sostenibilidad tropieza en la práctica.

El diagnóstico compartido es claro: la cadena del mar encara riesgos ambientales (sobrepesca, impactos en hábitats, emisiones, descartes) y sociales (trabajo forzoso, condiciones precarias a bordo o en plantas), además de retos sistémicos como la pesca INDNR (IUU) y la fragmentación de sistemas de trazabilidad que impide seguir el producto desde el caladero al lineal.

El mar es una proteína vital que los consumidores valoran, pero el sector se enfrenta a cuestiones difíciles”, destacó Yusuke Sato, director de Sostenibilidad de Maruha Nichiro. “Para resolverlas es esencial que las empresas comprometidas con la compra responsable piensen, debatan y actúen juntas en un marco no competitivo”.

Tres frentes de trabajo

La Japan Responsible Seafood Roundtable ha arrancado formalmente en octubre y organizará su labor en tres grandes líneas:

  1. Derechos humanos: armonizar sistemas y prácticas de debida diligencia, desde evaluaciones de riesgo por país/arte de pesca hasta mecanismos de verificación y remedio.
  2. Medio ambiente: criterios comunes para debida diligencia ambiental, cubriendo trazas de carbono, estado de stocks, selectividad de artes y salvaguardas de ecosistemas.
  3. Trazabilidad: esfuerzos conjuntos para interoperar plataformas y estandarizar datos críticos (origen legal, especie, zona FAO, método de captura/cultivo, eslabón de proceso), de modo que la información fluya con garantías hasta el consumidor.

Como primer hito, el foro está elaborando un conjunto de principios guía que pretende consolidar en 2026 y trasladar a hojas de ruta corporativas y requisitos a proveedores.

“Como fabricante de alimentos del mar, Nissui tiene la responsabilidad de legar la riqueza de los océanos a las próximas generaciones mediante una compra sostenible”, señaló Akihiko Nishi, director del Departamento de Sostenibilidad de la compañía. “Esperamos que esta mesa sirva de plataforma de colaboración intersectorial y genere acciones concretas que creen una nueva tendencia en la distribución responsable”.

De la teoría a la práctica

Aunque Japón ha avanzado en certificaciones y códigos voluntarios, el sector reconoce que muchos desafíos no se resuelven empresa a empresa. La mesa busca, por tanto, economías de escala en auditorías, alineación de requisitos para evitar “multiplicar formularios” a un mismo proveedor y pilotos compartidos (por ejemplo, trazabilidad digital y verificaciones en origen) que generen evidencia pública de mejora.

“Con el lanzamiento de esta mesa, Seafood Legacy se compromete a apoyar avances tangibles hacia cadenas de suministro de mariscos responsables y sostenibles en Japón”, subrayó su vicepresidenta ejecutiva, Aiko Yamauchi.

Lo que viene

A corto plazo, los miembros trabajarán en:

  • Mapa de riesgos común por especie, origen y método de producción.
  • Glosario y métricas compartidas (KPIs) para medir progreso.
  • Pilotos de trazabilidad con intercambio de datos seguro y verificable.
  • Guías de compra para categorías prioritarias y cronograma de despliegue.

Si el plan prospera, Japón podría marcar un nuevo estándar nacional de “compra responsable de productos del mar” que combine competitividad, seguridad de suministro y credenciales ESG verificables. En un mercado cada vez más sensible al origen y a las condiciones de producción, mover el centro de gravedad del sector japonés hacia prácticas consensuadas puede convertirse en una ventaja estratégica dentro y fuera de sus fronteras.

Hacia una acuicultura sin plásticos: Francia desarrolla la primera red de engorde biodegradable para mejillones

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El proyecto FILL, impulsado por el sector conchylicultor de Normandía y el Canal de la Mancha, busca sustituir las tradicionales redes plásticas por materiales biodegradables y resistentes

Francia se prepara para dar un paso decisivo hacia una acuicultura más sostenible y libre de plásticos. El sindicato mixto Synergie Mer et Littoral (SMEL), junto con el Comité Regional de la Conchyliculture (CRC) de Normandía y Mancha Mer du Nord, ha lanzado el proyecto FILL (Filet Innovant pour la culture des Moules), una iniciativa pionera que desarrolla una red de “catinage” biodegradable destinada al cultivo de mejillones de bouchot —una de las joyas gastronómicas del litoral francés—.

El objetivo es doble: reducir drásticamente la contaminación por plásticos derivada de la acuicultura y ofrecer a los productores una alternativa viable que mantenga la resistencia y durabilidad de los materiales actuales sin comprometer la productividad.


Un cambio estructural en la conchylicultura francesa

En los criaderos tradicionales de mejillones , los productores utilizan redes hechas de polímeros sintéticos para sostener las cuerdas donde los moluscos crecen durante varios meses. Con el paso del tiempo y la exposición al mar, muchos de estos materiales se fragmentan o se pierden en el medio marino, contribuyendo a la acumulación de microplásticos en los ecosistemas costeros.

El proyecto FILL surge precisamente como respuesta a este problema. Financiado por fondos públicos y con el apoyo técnico de centros de investigación en materiales sostenibles, la iniciativa persigue diseñar una red innovadora, biodegradable y compostable al final de su vida útil, que cumpla los estándares de resistencia, elasticidad y durabilidad que exige la actividad mytilícola.

Según los promotores, el nuevo material permitirá que, una vez finalizado su ciclo productivo, la red se degrade de forma natural, evitando que fragmentos plásticos queden dispersos en el mar o en los sedimentos litorales.


Una innovación al servicio de la transición ecológica

El desarrollo de la red biodegradable encaja dentro del compromiso asumido por Francia de eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso antes de 2040, meta que incluye a todos los sectores productivos, desde la alimentación hasta la pesca y la acuicultura.

La acuicultura debe ser parte activa de esta transición, no solo por una cuestión de imagen ambiental, sino porque dependemos directamente de la calidad del medio marino”, ha señalado un portavoz del CRC Normandie. “Los productores de mejillón son conscientes de que proteger el ecosistema costero es también proteger su futuro económico”.

El proyecto FILL se inscribe asimismo en la estrategia europea de economía azul circular, que busca sustituir materiales sintéticos persistentes por soluciones biobasadas y biodegradables procedentes de recursos renovables como el almidón, la celulosa o el ácido poliláctico (PLA).


Ensayos técnicos y validación en mar abierto

El SMEL y el CRC han confirmado que, durante 2025 y 2026, se realizarán ensayos experimentales a gran escala en las costas de Normandía y Bretaña, con la participación de productores locales. Los primeros prototipos de red ya han sido probados en laboratorio, con resultados prometedores en cuanto a resistencia a la tracción, durabilidad en agua salada y capacidad de biodegradación controlada.

El siguiente paso será evaluar su comportamiento real en condiciones de cultivo, donde factores como las corrientes, la salinidad o la adherencia de los moluscos determinarán su éxito final. “La clave es encontrar el equilibrio perfecto entre resistencia y degradabilidad”, explican los técnicos del SMEL. “Debe soportar todo el ciclo de cultivo —unos 12 a 18 meses— y luego degradarse sin dejar residuos”.


Un desafío industrial y económico

El reto no es únicamente tecnológico, sino también económico e industrial. Los materiales biodegradables suelen tener costes de producción más elevados que los plásticos convencionales, por lo que la viabilidad comercial dependerá de su escalabilidad y apoyo institucional.

En este sentido, el proyecto FILL se beneficiará de mecanismos de financiación regional, nacional y europea, destinados a acelerar la innovación en materiales sostenibles para el sector pesquero y acuícola. Si los resultados son positivos, Francia podría convertirse en referente mundial en la sustitución de plásticos en la acuicultura, marcando un precedente replicable en otros países con fuerte tradición mytilícola, como España, Italia o los Países Bajos.


Impacto ambiental y trazabilidad

Más allá del cambio material, los impulsores del proyecto subrayan que esta transición permitirá mejorar la trazabilidad ambiental del producto, aportando un valor añadido a las etiquetas de calidad y a la comercialización internacional del mejillón de bouchot, reconocido con denominaciones de origen y apreciado por su sabor y textura.

Según estudios del IFREMER (Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar), el sector mytilícola francés genera cada año cientos de toneladas de residuos plásticos, entre redes, cuerdas y material de soporte. La sustitución por materiales biodegradables podría reducir hasta un 90 % esa huella y contribuir a una mejor conservación de los fondos marinos y de la fauna bentónica.


De Normandía al mundo: un modelo replicable

El éxito del proyecto FILL podría tener alcance internacional. Francia, uno de los mayores productores de mejillón de Europa junto con España, Italia y los Países Bajos, podría exportar la tecnología y el modelo de cooperación público-privado a otros países que buscan soluciones frente a la contaminación plástica en el mar.

Además, el modelo de innovación del SMEL y del CRC —basado en la colaboración entre científicos, empresas locales y administraciones— representa un ejemplo de gobernanza sostenible aplicable a otros ámbitos de la economía azul.


Un horizonte libre de plásticos

En última instancia, el proyecto FILL no solo es una apuesta tecnológica, sino un símbolo del cambio de paradigma que vive la acuicultura europea: pasar de una lógica extractiva y dependiente del plástico a un modelo regenerativo y circular, donde la innovación se pone al servicio de la naturaleza.

Si la nueva red biodegradable logra cumplir sus promesas, las costas de Normandía y del Canal de la Mancha podrían ser, en pocos años, el escenario de una revolución silenciosa: la de un mar que, sin renunciar a la productividad, empieza a liberarse del lastre plástico que lo ha acompañado durante décadas.

Y con ello, la mytilicultura francesa daría un paso firme hacia un futuro donde la sostenibilidad y la rentabilidad ya no se excluyen, sino que se refuerzan mutuamente.

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Me puede cambiar el término conchylicultura por su término en español?

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Hacia una acuicultura sin plásticos: Francia desarrolla la primera red de engorde biodegradable para mejillones de bouchot

El proyecto FILL, impulsado por el sector del marisqueo y la acuicultura de Normandía y el Canal de la Mancha, busca sustituir las tradicionales redes plásticas por materiales biodegradables y resistentes

Francia se prepara para dar un paso decisivo hacia una acuicultura más sostenible y libre de plásticos. El sindicato mixto Synergie Mer et Littoral (SMEL), junto con el Comité Regional de la Acuicultura (CRC) de Normandía y Mancha Mer du Nord, ha lanzado el proyecto FILL (Filet Innovant pour la culture des Moules), una iniciativa pionera que desarrolla una red de “catinage” biodegradable destinada al cultivo de mejillones de bouchot —una de las joyas gastronómicas del litoral francés—.

El objetivo es doble: reducir drásticamente la contaminación por plásticos derivada de la acuicultura y ofrecer a los productores una alternativa viable que mantenga la resistencia y durabilidad de los materiales actuales sin comprometer la productividad.


Un cambio estructural en la acuicultura francesa

En los criaderos tradicionales de mejillones de bouchot, los productores utilizan redes de catinage hechas de polímeros sintéticos para sostener las cuerdas donde los moluscos crecen durante varios meses. Con el paso del tiempo y la exposición al mar, muchos de estos materiales se fragmentan o se pierden en el medio marino, contribuyendo a la acumulación de microplásticos en los ecosistemas costeros.

El proyecto FILL surge precisamente como respuesta a este problema. Financiado por fondos públicos y con el apoyo técnico de centros de investigación en materiales sostenibles, la iniciativa persigue diseñar una red innovadora, biodegradable y compostable al final de su vida útil, que cumpla los estándares de resistencia, elasticidad y durabilidad que exige la actividad acuícola.

Según los promotores, el nuevo material permitirá que, una vez finalizado su ciclo productivo, la red se degrade de forma natural, evitando que fragmentos plásticos queden dispersos en el mar o en los sedimentos litorales.


Una innovación al servicio de la transición ecológica

El desarrollo de la red biodegradable encaja dentro del compromiso asumido por Francia de eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso antes de 2040, meta que incluye a todos los sectores productivos, desde la alimentación hasta la pesca y la acuicultura.

La acuicultura debe ser parte activa de esta transición, no solo por una cuestión de imagen ambiental, sino porque dependemos directamente de la calidad del medio marino”, ha señalado un portavoz del CRC Normandie. “Los productores de mejillón son conscientes de que proteger el ecosistema costero es también proteger su futuro económico”.

El proyecto FILL se inscribe asimismo en la estrategia europea de economía azul circular, que busca sustituir materiales sintéticos persistentes por soluciones biobasadas y biodegradables procedentes de recursos renovables como el almidón, la celulosa o el ácido poliláctico (PLA).


Ensayos técnicos y validación en mar abierto

El SMEL y el CRC han confirmado que, durante 2025 y 2026, se realizarán ensayos experimentales a gran escala en las costas de Normandía y Bretaña, con la participación de productores locales. Los primeros prototipos de red ya han sido probados en laboratorio, con resultados prometedores en cuanto a resistencia a la tracción, durabilidad en agua salada y capacidad de biodegradación controlada.

El siguiente paso será evaluar su comportamiento real en condiciones de cultivo, donde factores como las corrientes, la salinidad o la adherencia de los moluscos determinarán su éxito final. “La clave es encontrar el equilibrio perfecto entre resistencia y degradabilidad”, explican los técnicos del SMEL. “Debe soportar todo el ciclo de cultivo —unos 12 a 18 meses— y luego degradarse sin dejar residuos”.


Un desafío industrial y económico

El reto no es únicamente tecnológico, sino también económico e industrial. Los materiales biodegradables suelen tener costes de producción más elevados que los plásticos convencionales, por lo que la viabilidad comercial dependerá de su escalabilidad y apoyo institucional.

En este sentido, el proyecto FILL se beneficiará de mecanismos de financiación regional, nacional y europea, destinados a acelerar la innovación en materiales sostenibles para el sector pesquero y acuícola. Si los resultados son positivos, Francia podría convertirse en referente mundial en la sustitución de plásticos en la acuicultura, marcando un precedente replicable en otros países con fuerte tradición en el cultivo de moluscos, como España, Italia o los Países Bajos.


Impacto ambiental y trazabilidad

Más allá del cambio material, los impulsores del proyecto subrayan que esta transición permitirá mejorar la trazabilidad ambiental del producto, aportando un valor añadido a las etiquetas de calidad y a la comercialización internacional del mejillón de bouchot, reconocido con denominaciones de origen y apreciado por su sabor y textura.

Según estudios del IFREMER (Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar), el sector acuícola francés genera cada año cientos de toneladas de residuos plásticos, entre redes, cuerdas y material de soporte. La sustitución por materiales biodegradables podría reducir hasta un 90 % esa huella y contribuir a una mejor conservación de los fondos marinos y de la fauna bentónica.


De Normandía al mundo: un modelo replicable

El éxito del proyecto FILL podría tener alcance internacional. Francia, uno de los mayores productores de mejillón de Europa junto con España, Italia y los Países Bajos, podría exportar la tecnología y el modelo de cooperación público-privado a otros países que buscan soluciones frente a la contaminación plástica en el mar.

Además, el modelo de innovación del SMEL y del CRC —basado en la colaboración entre científicos, empresas locales y administraciones— representa un ejemplo de gobernanza sostenible aplicable a otros ámbitos de la economía azul.


Un horizonte libre de plásticos

En última instancia, el proyecto FILL no solo es una apuesta tecnológica, sino un símbolo del cambio de paradigma que vive la acuicultura europea: pasar de una lógica extractiva y dependiente del plástico a un modelo regenerativo y circular, donde la innovación se pone al servicio de la naturaleza.

Si la nueva red biodegradable logra cumplir sus promesas, las costas de Normandía y del Canal de la Mancha podrían ser, en pocos años, el escenario de una revolución silenciosa: la de un mar que, sin renunciar a la productividad, empieza a liberarse del lastre plástico que lo ha acompañado durante décadas.

Y con ello, la acuicultura francesa daría un paso firme hacia un futuro donde la sostenibilidad y la rentabilidad ya no se excluyen, sino que se refuerzan mutuamente

Fincantieri apuesta por la nueva generación de drones navales junto a la startup Defcomm

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El gigante italiano acelera su transición hacia la automatización marítima y refuerza la soberanía tecnológica europea en defensa y seguridad marítima

El grupo naval italiano Fincantieri, uno de los mayores constructores de buques del mundo, ha dado un paso decisivo hacia la autonomía naval inteligente al firmar una alianza estratégica con la startup Defcomm, especializada en sistemas no tripulados. Ambas compañías cooperarán en el desarrollo e industrialización de drones de superficie no tripulados (USV, por sus siglas en inglés), un campo en plena expansión que redefine el futuro de la defensa marítima y la vigilancia civil.

El acuerdo, anunciado el 21 de octubre, se inscribe en la tendencia global de adoptar tecnologías de uso dual, es decir, plataformas aplicables tanto a misiones militares como a operaciones civiles —desde la seguridad portuaria hasta la monitorización medioambiental—. Fincantieri, que ya acumula experiencia en buques de combate, submarinos y cruceros de última generación, amplía así su espectro de innovación hacia un ámbito clave en la digitalización naval y la autonomía operativa.

Según fuentes del grupo, la alianza prevé coinvertir en la fase de industrialización de los vehículos diseñados por Defcomm, tras superar con éxito pruebas de resistencia, navegación de larga duración y capacidad de operación en entornos marítimos adversos. Los nuevos drones podrán funcionar de manera autónoma, remota o manual, ofreciendo una versatilidad estratégica para misiones de patrullaje, inteligencia, rescate y vigilancia costera.

Integración en unidades navales y visión modular

Una de las claves del acuerdo radica en la integración directa de estos sistemas en las unidades construidas por Fincantieri, lo que permitirá ofrecer a los clientes una solución integral —buque madre y vehículo autónomo— plenamente interoperable. Esto facilitará misiones combinadas, en las que los drones puedan desplegarse desde plataformas mayores para realizar tareas específicas, reduciendo riesgos humanos y costes operativos.

Además, el pacto incluye un plan de formación especializado para personal técnico y militar, con el fin de asegurar una transición fluida hacia la operación de flotas híbridas en las que convivan buques tripulados y no tripulados.

Innovación y soberanía industrial

Para Federico Zarghetta, director de Defcomm y uno de los principales expertos italianos en automatización naval, la colaboración con Fincantieri representa “la culminación de décadas de trabajo en soluciones no tripuladas”. A su juicio, la combinación de la agilidad tecnológica de Defcomm con la infraestructura y la capacidad industrial de Fincantieri permitirá “llevar los drones de superficie al siguiente nivel, combinando rendimiento, sostenibilidad y soberanía tecnológica europea”.

Por su parte, Fincantieri subraya que esta iniciativa forma parte de su estrategia de reforzar la soberanía industrial italiana y su liderazgo en la transición tecnológica del sector marítimo, un objetivo alineado con los planes de innovación de la Unión Europea en materia de defensa, seguridad y transición digital.

Una tendencia imparable en los mares

El desarrollo de USV (Uncrewed Surface Vehicles) se ha convertido en una prioridad global. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega o Japón ya despliegan unidades autónomas capaces de realizar tareas de patrullaje o de control de fronteras marítimas. En el Mediterráneo, Italia aspira a posicionarse como referente tecnológico, integrando innovación civil y defensa bajo un enfoque sostenible.

Los nuevos sistemas también representan un impulso para la industria de astilleros y componentes navales, que deberá adaptarse a la producción de estructuras ligeras, sistemas de inteligencia artificial, sensores de alta precisión y software de navegación autónoma.

Perspectivas de futuro

En los próximos meses, Fincantieri y Defcomm prevén iniciar la fase de pruebas conjuntas en entornos reales, posiblemente en el Adriático, con vistas a iniciar la producción en serie en 2026. La empresa italiana estudia también su participación en programas europeos de cooperación en defensa marítima, que fomentan el uso de plataformas no tripuladas interoperables entre los estados miembros.

En un contexto de creciente competencia global, esta alianza no solo refuerza el papel de Italia como potencia naval tecnológica, sino que anticipa un cambio estructural en la forma de entender el mar: una nueva era en la que los barcos no tripulados convivirán con flotas tradicionales, transformando las operaciones marítimas y ampliando los límites de la ingeniería naval europea.

Europêche advierte que los recortes de financiación y las propuestas de “captura cero” pondrían en jaque a la pesca europea

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La patronal pide un Marco Financiero Plurianual (MFP) “justo”, reglas comerciales equilibradas y una gestión pesquera viable, ante la posibilidad de un recorte del 67% en los fondos específicos para el sector y en plena negociación de las posibilidades de pesca de 2026.

La industria pesquera europea ha encendido de nuevo las alarmas. En nombre del sector comunitario, Europêche ha trasladado una petición urgente a las instituciones de la UE para que eviten recortes drásticos de financiación, rechacen propuestas de captura cero sin alternativas viables y garanticen reglas comerciales que no penalicen a la flota europea frente a la competencia global. El llamamiento llega cuando se acelera el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 y los Estados miembros encaran la recta final de las cuotas de pesca para 2026.

La organización sectorial elevó sus preocupaciones tras una reunión con el comisario de Pesca, Costas Kadis, y agregados de pesca de una docena de países de la UE, en la que se abordaron financiación, oportunidades de pesca 2026, negociaciones internacionales y nuevas medidas regulatorias.

Un tijeretazo del 67% que “paralizaría inversiones”

El punto más espinoso para Europêche es la propuesta de presupuesto comunitario para 2028–2034, que en su redacción actual reduciría en un 67% los fondos finalistas para la pesca, dejándolos en 2.000 millones de euros para todo el periodo. A juicio del sector, el golpe llegaría en el peor momento: costes operativos al alza, presión regulatoria creciente, competencia internacional y escasez de mano de obra.

Un recorte profundo, unido a la necesidad de competir con otros sectores por los mismos recursos, asestaría un serio golpe a la inversión en pesca sostenible y baja en carbono”, alerta Daniel Voces, director general de Europêche, en declaraciones a SeafoodSource. “Riesga frenar el progreso en la gestión marina y la protección de los ecosistemas, a la vez que socava los esfuerzos por atraer a jóvenes trabajadores y mejorar las competencias y las condiciones laborales. En definitiva, la competencia por la financiación de la UE podría retrasar o cancelar proyectos esenciales para la transición verde y la competitividad del sector”.

Captura cero: el sector pide ciencia, gradualidad y alternativas

Además del presupuesto, la industria vuelve a poner el foco en las propuestas de captura cero que la Comisión ha barajado en algunos caladeros o stocks en situación delicada. Europêche admite la necesidad de recuperar poblaciones y mejorar el estado de los ecosistemas, pero reclama que las decisiones se basen en la mejor evidencia científica disponible, tengan en cuenta la realidad socioeconómica de las comunidades costeras y ofrezcan herramientas transitorias (selectividad, cierres temporales y espaciotemporales, planes de adaptación) que eviten impactos irreversibles en empleo y tejido productivo.

Lo que pide la industria

  • Financiación estable y suficiente en el próximo MFP, con una línea específica para modernización sostenible de la flota, descarbonización (eficiencia energética, combustibles alternativos) y seguridad laboral.
  • Gestión pesquera equilibrada, que combine objetivos biológicos con evaluaciones de impacto socioeconómico y calendarios realistas para alcanzar las metas ambientales.
  • Reglas comerciales equitativas, de modo que los productos importados cumplan estándares comparables a los exigidos a la flota europea.
  • Políticas de empleo y formación para atraer relevo generacional y cubrir perfiles en puertos, a bordo y en la cadena de valor.

Qué se juega la UE

Para Europêche, lo que está en juego no es solo la cuenta de resultados del sector, sino tres vectores estratégicos de la política europea:

  1. Soberanía alimentaria y seguridad de suministro de proteína marina de alta calidad;
  2. Transición energética de una flota que necesita inversión para reducir emisiones y consumo;
  3. Cohesión social de millares de empleos en regiones costeras dependientes de la pesca y de su industria auxiliar.

Próximos pasos

Con el calendario apretando —negociaciones de posibilidades de pesca para 2026 y discusión del MFP 2028–2034— la industria quiere que los Estados miembros y la Comisión introduzcan salvaguardas en el presupuesto y flexibilidades en la regulación que permitan planificar inversiones y evitar parones en proyectos críticos de sostenibilidad.

La pesca europea ya está en una senda de reducción de impactos y mejora de la gestión”, concluye Voces. “Lo que necesitamos no son golpes de timón que vacíen los puertos, sino estabilidad para culminar la transición verde sin dejar a nadie atrás”.