El hundimiento del buque pesquero español Villa de Pitanxo, ocurrido el 15 de febrero de 2022 frente a las costas de Terranova (Canadá), continúa generando conmoción. Según un informe oficial publicado el 22 de octubre por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes español, la tragedia —que causó 21 muertes— se debió a múltiples fallos evitables, tanto técnicos como humanos.

El Villa de Pitanxo había zarpado del puerto gallego de Marín con 24 tripulantes a bordo. Solo tres lograron sobrevivir, entre ellos el capitán, quien ahora enfrenta una investigación judicial por homicidio imprudente, al igual que el propietario del barco. Nueve cuerpos fueron recuperados y otros doce jamás fueron hallados, perdidos en aguas gélidas de apenas 2 °C.

El informe de la CIAIM señala una combinación de irregularidades: exceso de peso, mantenimiento inadecuado, fallos en los procedimientos de seguridad y decisiones cuestionables del capitán.

Entre las irregularidades más graves, se destaca que el barco estaba sobrecargado, con dos personas más de lo permitido, un exceso de equipo a bordo y depósitos de combustible no reglamentarios. Esta situación comprometió gravemente la estabilidad del buque.

Fugas de agua y fallos en los protocolos

Otro aspecto crítico fue la entrada de agua a través de conductos de drenaje mal cerrados. La comisión subraya que no existía un protocolo claro ni un responsable designado para cerrar esas válvulas tras su uso, lo que demuestra un desconocimiento del riesgo que implicaba dejarlas abiertas.

“Los marineros no parecían ser conscientes de la importancia de cerrar las aberturas estancas bajo la cubierta principal”, señala el informe. Con el mar agitado, el agua se filtró lentamente, desestabilizó la embarcación y provocó una avería del motor, desencadenando el naufragio.

La peor tragedia pesquera en décadas

El hundimiento del Villa de Pitanxo ha sido calificado como la peor tragedia marítima en la pesca española en casi cuarenta años. La magnitud de la pérdida humana dejó al país consternado y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la pesca industrial.

Este informe podría reforzar las acciones legales en curso y servir como base para reformas urgentes en los protocolos marítimos, con el objetivo de evitar que una catástrofe como esta vuelva a repetirse.

En una nota remitida en nombre de Pesquerías Nores Marín S.L., Juan Padín y José Antonio Nores Ortega, la defensa sostiene que existe una sentencia que desmonta “con pruebas contundentes” las conclusiones de la comisión de investigación, denuncia un cambio de criterio respecto a sus propios peritos y critica la falta de transparencia sobre votos particulares.

Los letrados que representan a Pesquerías Nores Marín S.L., a su administrador y al patrón del “Villa de Pitanxo”, han difundido una nota de prensa en la que rechazan el contenido del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) relativo al hundimiento del pesquero gallego. La defensa articula sus alegaciones en cuatro ejes: la existencia de una sentencia que invalidaría la base del informe, un giro de la CIAIM frente a la tesis de embarre defendida por sus propios investigadores judiciales, la mención a testigos falsos en el procedimiento penal y la omisión de votos particulares del pleno de la comisión.

Por su parte la la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha confirmado que el naufragio se debió a una suma de negligencias. La primera, que el buque iba sobrecargado. La segunda —y determinante en el coste humano de la tragedia—, que el capitán Juan Padín, uno de los tres supervivientes, valoró de manera “insuficiente o inadecuada” la dimensión de la situación de riesgo generada y ordenó la evacuación del buque “demasiado tarde”. El informe, filtrado a los medios antes de su publicación oficial,atribuye a gran Padín la responsabilidad del suceso.

Los técnicos del CIAIM apuntan que el naufragio se originó por una inundación “progresiva e incontrolada” durante la virada del arte de pesca en un episodio climatológico muy adverso. Debido a ello, el barco comenzó a perder flotabilidad y estabilidad, en parte porque también se superaban los límites de peso permitidos. La investigación apunta a las modificaciones realizadas en el barco para incrementar la capacidad de combustible, calados superiores a los autorizados, así como a la falta de control tanto por parte del patrón como de la empresa armadora.

1) “Hay una sentencia que desbarata los argumentos de la CIAIM”

No obstante, según la defensa, tras casi cuatro años de deliberaciones, la CIAIM atribuye al siniestro una serie de causas contribuyentes que ya habrían sido dilucidadas judicialmente en una resolución firme. Esa sentencia —señalan— abordó, entre otras cuestiones, la navegabilidad del buque, la presunta sobrecarga, las supuestas obras ilegales (tanques de combustible no aprobados), una hipotética escora permanente a babor, la cuestión de calados, la formación de hielo en cubierta y la existencia de protocolos como el cierre de la tolva de desperdicios. La resolución, añaden, se apoyó en documentación, testificales y periciales de particulares y cargos públicos —incluido el inspector de Capitanía Marítima de Vigo que certificó el buque antes de su última marea, el práctico que lo asistió a la salida, y la sociedad de clasificación Bureau Veritas—, concluyendo que no hay base para las inferencias ahora recogidas por la CIAIM.

2) Del “embarre” a la red “entre aguas”: la defensa ve un “giro” de la comisión

Los abogados recuerdan que dos investigadores de la CIAIM, designados por la Audiencia Nacional como peritos judiciales, sostuvieron en su informe pericial que el naufragio tuvo su origen en un embarre del arte de pesca y lo atribuyeron a un “error humano del capitán” al maniobrar para librar el supuesto arraigo al fondo. Ese planteamiento, indican, choca con los registros de posición, rumbo y velocidad del buque (AIS y caja azul) y con la inspección submarina del aparejo. En el informe final de la CIAIM, subrayan, la comisión ya no sostiene el embarre: reconoce que, desde las 03:40 UTC, el “Villa de Pitanxo” recuperó 3–4 nudos y que el saco “no quedó fijo” sino que se desplazaba “entre aguas”, lo que, para la defensa, desmonta la hipótesis inicial. La comisión plantea ahora —añaden— que la red podría llevar fango, aumentando tensiones en los cables, tesis que los letrados califican de “especulación”.

3) “Testigos falsos”: resoluciones firmes y querellas por falso testimonio

La nota apunta a la existencia de resoluciones firmes que habrían declarado falsos a determinados testigos —presentados por las acusaciones en el proceso penal— en relación con la realización de ejercicios de emergencia a bordo. A raíz de ello, la defensa afirma haber interpuesto querellas por delito de falso testimonio.

4) Votos particulares no publicados

La defensa reprocha a la CIAIM que el informe no mencione la existencia de votos particulares en el pleno de la comisión y que dichos votos no se hayan facilitado a las partes. Su contenido —sostienen— sería “interesante de conocer” para valorar la robustez de las conclusiones.

Contexto y cierre: petición de rigor y discrepancia con precedentes

En su conclusión, los letrados sitúan el informe del “Villa de Pitanxo” en una línea de precedentes —“Siempre Casina”, “Mar de Marín”— en los que, a su juicio, la CIAIM habría alcanzado “conclusiones incorrectas” y “desconectadas” de la prueba practicada en sede judicial. La defensa reivindica la preeminencia de las resoluciones judiciales frente a conclusiones administrativas y reclama rigor técnico y transparencia en una tragedia de alto impacto social.

Nota informativa: Este artículo refleja exclusivamente las posiciones y alegaciones contenidas en la nota de prensa difundida por la defensa de Pesquerías Nores Marín S.L., Juan Padín y José Antonio Nores Ortega. A fecha de publicación, no se recogen en este texto réplicas de la CIAIM ni de otras partes personadas en el procedimiento.

El debate parlamentario irlandés sobre las posibilidades de pesca para 2026 destapa la mayor crisis en décadas: el ICES aconseja recortes del 70% en caballa, 41% en bacaladilla y 22% en alfonsino; la flota blanca del Mar Céltico encara recomendaciones de “cero capturas”. Entre acusaciones de sobrepesca a Noruega, Islandia y Feroe y llamadas a sanciones comerciales, el Gobierno promete una línea dura en Bruselas y ayudas de emergencia para flotas y procesadores.

Dublín.— Irlanda ha puesto la pesca en el centro de su agenda política. El Ministro de Estado Timmy Dooley abrió en la Cámara un debate monográfico con un diagnóstico severo: la caballa (mackerel), principal especie por valor para el país, afronta en 2026 un recorte del 70% en el TAC recomendado por el ICES; la bacaladilla (blue whiting), –41%; y el alfonsino (boarfish), –22%. En el Mar Céltico, las cuotas de bacalao, eglefino y merlán encaran recomendaciones de “cero captura”. La traducción económica es inmediata: menos materia prima para la industria, tensión en puertos como Killybegs y Castletownbere y riesgo para cadenas auxiliares (ingenierías, talleres de redes, logística) levantadas durante medio siglo en torno a estas pesquerías.

El Gobierno vincula el desplome de caballa a años de sobrepesca unilateral de Noruega, Islandia, Islas Feroe y la Federación Rusa. Dooley citó a la North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA): más de un millón de toneladas de caballa por encima del consejo científico en cinco años. Irlanda exige a la Comisión Europea abandonar el “business as usual” y activar medidas de presión previstas en el Reglamento (UE) 1026/2012 —incluidos restricciones comerciales— contra terceros países que socaven la sostenibilidad de stocks de interés común.

En los escaños, la oposición elevó el tono. El veterano Pat “the Cope” Gallagher habló de un “Armagedón económico” si los recortes se trasladan tal cual a 2026: €130–€150 millones de impacto en litoral y miles de empleos en riesgo. Pádraig Mac Lochlainn y Conor D. McGuinness (Sinn Féin) denunciaron que “quien cumple paga” mientras “los incumplidores” mantienen acceso a aguas occidentales y mercados de la UE. Pidieron invocar sin titubeos las Preferencias de La Haya, un paquete financiero de emergencia y la creación de una oficina “Fish Ireland” en Bruselas para defensa permanente del sector.

El eje pelágico concentra la alarma. La caballa aportó €94 millones en exportaciones el último año y sostiene 10 de las 95 plantas de procesado (valor pelágico €122 millones, dentro de una economía del mar de €1.24 mil millones y casi 8.000 empleos directos sumando pesca, acuicultura y procesado). “Los procesadores necesitan pescado, no cheques”, admitió Dooley, que viajará a China con Bord Bia para apuntalar mercados mientras se negocian apoyos a inversión, desarrollo de producto y apertura comercial.

La línea de defensa en Bruselas combina política y técnica: mantener cohesión europea para frenar cuotas unilaterales, sostener ATQ y acuerdos que garanticen suministro a la industria y volver a invocar las Preferencias de La Haya —ya usadas en 2024 por primera vez en caballa— para proteger participación irlandesa allí donde el mecanismo lo permite. El Ejecutivo asegura, además, que en el Consejo AGRIFISH pedirá acciones urgentes para salvar los stocks pelágicos del Atlántico NE y medidas contra terceros países que persistan en la sobrepesca.

No todo es pelágico. En demersales, el escenario en Mar Céltico e Irish Sea es “especialmente preocupante” y aviva el debate sobre artículo 17 de la PPC (criterios sociales y ambientales en la asignación nacional de oportunidades), cierres en tiempo real y áreas biológicamente sensibles que protejan zonas de cría. Varias bancadas reclaman más peso para la flota artesanal (menor de 12 m) y un “reseteo” de la PPC para corregir la brecha histórica entre el 12% de aguas que controla Irlanda en la UE y menos del 6% del total de cuotas asignadas.

En el frente litoral, el debate desbordó la cuota. Puertos y muelles precisan dredgajes, abrigo y energía (Howth, Dunmore East, Helvick, Balbriggan, Bulloch Harbour): el Gobierno anunció €27,75 millones en capital para 2025, pero diputados de varios condados piden equilibrar la inversión entre grandes Centros de Pesca y puertos municipales (“50-50” y 100% de cofinanciación para ayuntamientos). La convivencia con la eólica marina —corredores, compensaciones, guardería de parques— se quiere fijar con protocolos claros que permitan ingresos alternativos sin perder flota.

En gestión interna, Dooley confirmó la prohibición de artes de arrastre y “seine” para buques >18 m dentro de las 6 millas a partir del 1 de octubre de 2026, con límite de 2.000 t de espadín (sprat) para grandes esloras en la franja; sin límite específico por ahora para <18 m. La medida busca blindar la pesca de bajura y reconectar recursos locales con flotas locales, aunque científicos del Marine Institute recomiendan prudencia y cuotas precautorias también para la flota menor.

El TCA UE–Reino Unido añade contexto: Irlanda aceptó extender hasta 2038 el marco de acceso recíproco sin nuevos traspasos de cuota, fórmula que aporta certeza pero consolida pérdidas previas del Brexit. En paralelo, el Ejecutivo insiste en lograr, por fin, una cuota comercial de atún rojo: hoy no hay asignación por falta de track record histórico, si bien Irlanda opera desde 2019 un programa científico de “captura–marcado–suelta” que documenta el retorno de la especie a aguas irlandesas.

Tampoco faltó Rockall. El Gobierno reiteró que no reconoce la pretensión británica de un mar territorial de 12 millas en torno al islote y seguirá dialogando con Londres y Escocia para restaurar seguridad jurídica a las pesquerías tradicionales (como calamar). En control y mercado, diputados de Donegal y Cork reclamaron pesaje en fábrica con videovigilancia para proteger calidad y tolerancia cero a “superarrastreros” que vacían caladeros, mientras otros pidieron sanciones inmediatas a los “rogue players” del Atlántico Norte y recuperar terreno en especies de alto valor (atún rojo, lubina).

El debate dejó, además, tareas para toda la cadena: BIM (agencia de desarrollo) deberá ahondar en un impacto sectorial “realista” —tras las críticas a su informe 2024 por “excesivo optimismo”—, Bord Bia abrir mercados para productos de más valor, y el propio Ministerio completar una “estrategia a cinco años” con Kieran Mulvey como facilitador para definir prioridades de flota, procesado, puertos y formación (plan de habilidades “The Next Wave”).

Conclusión. Irlanda llega al Consejo de diciembre con una consigna: seguir la ciencia para salvar los stocks y, a la vez, defender la cohesión social de su litoral. El paquete combina diplomacia dura (sanciones potenciales a terceros por 1026/2012), preferencias de La Haya, apoyos de emergencia ligados a procesado y empleo local, protección de la inshore dentro de 6 millas, y obras que den puertos seguros y eficientes. Si el 70% en caballa se impone sin contrapesos, Killybegs, Castletownbere, Howth o Dingle lo notarán de inmediato. De la firmeza irlandesa —y de la capacidad de la UE para poner orden entre Estados costeros— depende que la crisis sea un bache severo… o el punto de no retorno para cientos de familias del mar.

El proyecto “Redes de España” (Cepesca, CTAG y FNCP) celebra este 24 de octubre una nueva jornada de limpieza y sensibilización en la Playa del Parador de Mazagón (Huelva), tras retirar más de 12 kilos de residuos en Nerga y abrir un foro con rederas gallegas en Cangas. Ya se han recogido 65 toneladas de residuos y el objetivo son 100.

La iniciativa “Redes de España” desplegará el viernes, 24 de octubre, una nueva acción de limpieza, sostenibilidad y economía circular en la Playa del Parador de Mazagón, en la Costa de la Luz (Huelva). La jornada, denominada “Tejer orillas”, forma parte del programa impulsado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), con la colaboración de Amicos. El objetivo: recoger y clasificar residuos, reforzar la sensibilización ambiental y acercar al sector y a la ciudadanía los principios de la economía circular aplicada al mar.

La actividad arrancará con una charla divulgativa a cargo de María Hortigosa (Amicos), centrada en economía circular y reciclaje: identificación de residuos frecuentes en playa y vida diaria, y procedimientos de separación y tratamiento. A continuación, los equipos procederán a la retirada y clasificación de residuos en el arenal de Mazagón, siguiendo los protocolos de registro del proyecto.

El encuentro de Huelva llega tras dos hitos recientes. El 1 de octubre, en la Playa de Nerga, el dispositivo recogió y clasificó más de 12 kilos de plásticos, papel, restos pesqueros (maderas), colillas y vidrio. Un día después, el 2 de octubre, el salón de plenos del Ayuntamiento de Cangas acogió “Tejer el cambio”, un foro inaugurado por la alcaldesa, Araceli Gestido, con la participación de asociaciones de rederas de Galicia —Atalaia (A Guarda), O Cerco (Cangas), Virxe do Carme (Porto do Son), la Federación Gallega de Rederas O Peirao— y la Asociación de Rederas de Barbate (Amumabar), además de representantes de Cepesca, FNCP y CTAG. Allí se reconoció el papel esencial de las mujeres en el sector pesquero y se exploraron vías para integrar su conocimiento técnico en la reparación y confección de artes dentro de proyectos innovadores y tecnológicos.

“Con estas actividades, Redes de España reafirma su compromiso con un modelo innovador de trazabilidad, reciclaje y valorización de artes y redes de pesca descartadas (ARPD)”, señala Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca. “El proyecto promueve un sistema nacional de recogida y tratamiento con trazabilidad garantizada y salidas circulares hacia sectores industriales, acelerando la adopción de buenas prácticas en el sector pesquero”.

A día de hoy, el proyecto acumula cerca de 65 toneladas de residuos recogidos, con la meta de alcanzar las 100 toneladas. Además del impacto directo en playas y puertos, “Redes de España” visibiliza la reducción de microplásticos, la gestión responsable de residuos, la inclusión social —a través del trabajo con personas con discapacidad que desarrolla Amicos— y la transferencia de conocimiento entre pesca, ciencia y tecnología.

“Redes de España” cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea mediante el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura). La acción de Huelva es gratuita y se enmarca en la hoja de ruta del proyecto para multiplicar puntos de recogida, garantizar la trazabilidad y cerrar el círculo con nuevos usos industriales de materiales recuperados.

Con “Tejer orillas”, la Costa de la Luz suma un paso más en la conservación del litoral y en la articulación de una economía circular real en torno a los residuos marinos, apoyándose en la experiencia de las rederas, la capacidad tecnológica del CTAG y el liderazgo sectorial de Cepesca y la FNCP. Un modelo que cose, literal y simbólicamente, orillas, para devolver al mar parte de lo que el mar da.