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sábado, diciembre 6, 2025
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Washington amenaza con sanciones a los países que apoyen la tasa al carbono marítimo de la OMI

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EE. UU. califica de “neocolonial” la propuesta global para gravar las emisiones del transporte marítimo internacional y advierte de posibles represalias económicas

Estados Unidos ha lanzado una dura advertencia a los países que planean votar a favor de la nueva tasa al carbono sobre el transporte marítimo propuesta en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI). La medida, debatida en Londres, forma parte del llamado “Net-Zero Framework” (NZF), un mecanismo global destinado a reducir las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo internacional. Según Washington, este proyecto —que podría convertirse en la primera tasa global de carbono adoptada por una agencia de Naciones Unidas— constituye una “iniciativa neocolonial” que pondría en riesgo el comercio mundial y castigaría a las economías emergentes.

En un comunicado difundido por la agencia AFP, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los titulares de Energía y Transportes, afirmó que su país “combatirá con determinación cualquier intento de imponer costos adicionales a nuestros ciudadanos, empresas energéticas, navieras y turistas”. Los funcionarios estadounidenses advirtieron que se adoptarán sanciones económicas o restricciones comerciales contra aquellos países que respalden la implantación del impuesto ambiental.

Un rechazo frontal a la fiscalidad global del carbono

La OMI tiene previsto votar la próxima semana sobre la adopción del NZF, un marco regulatorio que establecería un precio internacional a las emisiones de CO₂ generadas por los buques mercantes en todo el mundo. El objetivo es avanzar hacia la descarbonización del transporte marítimo y financiar proyectos de transición energética, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, Washington sostiene que la medida afectaría gravemente a la competitividad global y generaría distorsiones económicas en el comercio internacional.

“Rechazamos categóricamente esta propuesta”, afirma el comunicado, insistiendo en que la administración estadounidense “no tolerará ninguna medida que aumente los costes del transporte y encarezca los productos básicos”. Según estimaciones citadas por el Departamento de Energía, la introducción de una tasa global al carbono podría elevar los precios del transporte marítimo en más de un 10 %, con impacto directo sobre la cadena de suministro y el comercio minorista.

Posibles sanciones y restricciones diplomáticas

Fuentes del Departamento de Estado han asegurado que Washington contempla imponer restricciones de visado y tasas adicionales portuarias a los países que voten a favor del nuevo marco climático de la OMI. Estas medidas buscarían disuadir a gobiernos aliados de apoyar lo que EE. UU. describe como un intento de “centralizar la fiscalidad marítima bajo criterios ideológicos europeos”.

El enfrentamiento diplomático se produce en vísperas de una votación considerada clave para la gobernanza ambiental global del transporte marítimo, un sector responsable de casi el 3 % de las emisiones de CO₂ en el planeta. La propuesta de la OMI, respaldada por la Unión Europea, Canadá, Japón y varios Estados insulares del Pacífico, prevé que los fondos recaudados se destinen a financiar tecnologías limpias y compensar a los países más vulnerables al cambio climático.

Divisiones internacionales y pulso geopolítico

La postura estadounidense ha generado inquietud entre sus socios europeos, que consideran la tasa al carbono marítimo una herramienta indispensable para acelerar la descarbonización del sector. Bruselas ha lamentado el tono “hostil y disuasorio” del comunicado de Washington y ha recordado que “el cambio climático es una amenaza común que requiere soluciones multilaterales”.

China e India, por su parte, han mostrado también reservas hacia la propuesta, aunque por motivos distintos: ambos países temen que el impuesto afecte negativamente a sus exportaciones y aumente los costes logísticos de sus flotas mercantes.

De aprobarse, la tasa se aplicaría progresivamente a partir de 2027, con un precio inicial estimado entre 100 y 150 dólares por tonelada de CO₂ emitida, según fuentes de la OMI. Los recursos se destinarían a un fondo verde internacional gestionado por el organismo para impulsar la innovación en combustibles alternativos, como el metanol verde, el amoníaco o el hidrógeno marítimo.

Un nuevo frente en la batalla climática global

El pulso abierto por la administración estadounidense evidencia las tensiones crecientes entre las potencias industriales y los países promotores de políticas climáticas globales. Mientras Europa y la ONU presionan para introducir instrumentos económicos vinculantes, Washington mantiene una línea más pragmática, centrada en la innovación tecnológica y la reducción voluntaria de emisiones.

El resultado de la votación en la OMI podría tener un impacto decisivo en el futuro del transporte marítimo internacional y en la credibilidad de los compromisos globales de descarbonización. Para muchos observadores, el debate trasciende lo económico: es una nueva expresión de la pugna entre el multilateralismo ambiental y el proteccionismo comercial.

En cualquier caso, la advertencia de Washington deja claro que la gobernanza climática del transporte marítimo será uno de los escenarios más sensibles de la diplomacia internacional en los próximos meses, donde la política, la economía y el medio ambiente se cruzan en alta mar.

La Justicia europea anula la norma que limitaba el ‘stiffening’ a 96 horas: la industria polaca del salmón gana la batalla y Anfaco exige respuestas a Bruselas

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El TJUE declara nulo el acto delegado de la Comisión Europea por no haber consultado a la EFSA, dejando en el aire el control sobre una práctica polémica del sector ahumador

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado el acto delegado adoptado en abril de 2024 por la Comisión Europea que limitaba a 96 horas el tiempo máximo permitido para el proceso de “stiffening” (enfriamiento a -11 °C) en la industria del pescado ahumado. La sentencia da la razón a la empresa Mowi Polonia S.A., que recurrió la normativa, y concluye que la Comisión incurrió en defectos procedimentales al no haber consultado a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) antes de fijar esos parámetros.

La anulación supone un duro revés para el sector transformador español, especialmente para Anfaco-Cecopesca, que había celebrado la aprobación del límite de 96 horas como un paso necesario para combatir prácticas irregulares detectadas en algunas fábricas del este de Europa.

Un conflicto originado en las auditorías sanitarias de Polonia

El acto delegado de la Comisión surgió tras una auditoría de la DG Sante en 2021, que reveló que varias plantas polacas mantenían productos de salmón y otros pescados en “stiffening” a -11 °C durante hasta tres meses, en lugar de aplicar la congelación a -18 °C exigida para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la presencia de parásitos como el anisakis.

Esa práctica, según Bruselas, eludía las normas de congelación aplicables a los productos del mar y generaba competencia desleal frente a los fabricantes de países que sí cumplían los estándares sanitarios. La limitación temporal a 96 horas pretendía cerrar esa laguna y armonizar la producción en toda la Unión Europea.

Sin embargo, la sentencia del TJUE considera que la Comisión no siguió el procedimiento adecuado, ya que las restricciones debían haberse establecido “tras el dictamen científico de la EFSA” y no únicamente mediante consultas a las partes interesadas o asociaciones sectoriales.

Reacciones en España: “un jarro de agua fría”

Desde Vigo, Anfaco-Cecopesca ha calificado la decisión judicial como “un jarro de agua fría para el sector transformador y conservero europeo”. Su secretario general, Roberto Alonso, ha lamentado que el fallo ignore el principio de precaución y deje sin efecto una norma que aportaba seguridad jurídica y sanitaria.

“La industria española del salmón ahumado apuesta por la calidad y la seguridad. Respetamos los tiempos de stiffening recomendados por la ESSA y garantizamos un producto de alto valor y trazabilidad total. Mowi Polonia ha demostrado con este recurso que sus intereses son otros”, afirmó Alonso.

Anfaco advierte además de que volver al marco anterior puede abrir la puerta al fraude en el etiquetado, ya que los productos sometidos a stiffening prolongado podrían evitar incluir la mención “descongelado” en sus envases, pese a haber sido almacenados durante meses antes de su fileteado y venta.

Un vacío normativo y riesgo sanitario

El fallo del TJUE deja en suspenso el control específico sobre esta práctica, generando inseguridad jurídica en la interpretación de conceptos como “producto congelado”, “almacenamiento” o “periodo limitado”. Para el sector español, este vacío normativo puede favorecer nuevas distorsiones competitivas y riesgos para la salud pública.

La Asociación Española de Fabricantes de Productos de la Pesca Ahumados (Anapa) se unirá a Anfaco en la petición de que la Comisión reactive de inmediato el expediente, consulte a la EFSA y redacte un nuevo acto delegado urgente que fije parámetros técnicos claros y aplicables en toda la Unión.

Controles adicionales y llamada a la transparencia

Paralelamente, Anfaco ha anunciado que sus laboratorios realizarán controles aleatorios y recurrentes en el mercado español sobre productos ahumados procedentes de Polonia, con el fin de verificar su seguridad y trazabilidad. Asimismo, la patronal planea solicitar la colaboración de organizaciones de consumidores y distribuidores para reforzar la vigilancia y promover buenas prácticas de fabricación en el sector.

“El consumidor tiene derecho a saber si el producto que compra ha estado almacenado durante meses o si ha sido procesado siguiendo estándares de calidad y seguridad. La transparencia es fundamental para proteger la confianza en el pescado ahumado europeo”, subraya Alonso.

Bruselas, ante la presión del sector

La sentencia del TJUE no solo cuestiona la capacidad de la Comisión para legislar sin el respaldo técnico de la EFSA, sino que también reactiva el debate sobre la competencia desleal dentro del mercado único. España, Francia y Dinamarca habían apoyado las restricciones de 2024, mientras que Polonia y algunos Estados del Este defendieron su flexibilidad como “adecuación tecnológica a las condiciones locales”.

Ahora, la pelota vuelve al tejado de Bruselas, que deberá convocar a la EFSA y a los Estados miembros para consensuar una nueva norma que combine rigor científico, seguridad alimentaria y equidad competitiva.

Mientras tanto, el sector español mantiene su advertencia: “La congelación y el stiffening no son lo mismo. Relajar los controles abre la puerta a riesgos que Europa no puede permitirse”.

Conxemar 2025, eje de muchos movimientos estratégicos

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La XXVI edición de Conxemar echó el cierre en el IFEVI con cifras históricas y un tono inequívocamente comercial: 30.405 visitantes profesionales (+12% interanual), 812 expositores de 46 países y un volumen de negocio estimado en 847 millones de euros, con 235 millones de impacto directo en el área de Vigo, según los datos difundidos por la organización y la Zona Franca/Universidade de Vigo. El éxito volvió a reavivar el debate sobre la ampliación del recinto ferial: la dirección calcula que se pierden oportunidades por unos 20 millones por edición por falta de espacio. 

Ventas navideñas: más valor añadido y tensión en mariscos “estrella”

La campaña de Navidad centró muchas de las conversaciones en los pasillos. Los grandes compradores trasladaron que, a diferencia de 2024, la demanda en retail y horeca llega mejor orientada hacia referencias de conveniencia (empanados “premium”, listos para hornear y formatos “snack”) y hacia cortes con mayor valor añadido, mientras que las gamas básicas se defenderán con promociones. En paralelo, la oferta de langostino argentino —referencia clave de diciembre en España— pinta ajustada, algo que ya se palpó en la feria. “El langostino argentino va a faltar, indudablemente”, resumían operadores gallegos, anticipando tensiones de precio en tallas L1–L3 si no entran sustitutos a tiempo. 

Argentina: presencia institucional y espejo de un año atípico

El pabellón argentino —inaugurado por el embajador Wenceslao Bunge y autoridades del área pesquera— fue de los más concurridos, con empresas de langostino y calamar buscando asegurar colocación y contratos de mantenimiento con Europa. El discurso fue doble: orgullo por el gran curso del Illex y cautela por la caída del langostino. En junio, el INIDEP ordenó el cierre de la temporada de calamar argentino (Illex argentinus) desde el 10 de junio por razones de conservación, tras una zafra muy intensa; a la vez, los informes de coyuntura muestran un 2025 de “caída histórica” en capturas y exportaciones de langostino, mientras el calamar ha tirado de las divisas. Ese contraste condiciona precios, márgenes y disponibilidad para Navidad. 

WOFCO: foco en integrar cartera y abastecer la recta final del año

Para WOFCO, que llega a Conxemar tras mejorar resultados y culminar operaciones corporativas en el último año, la prioridad pasa por asegurar suministro estable en langostino y reforzar su eje de cefalópodos (calamar patagónico/pota), además de empujar su línea retail propia en España y MENA. La compañía, con base en Vigo y fuerte exposición al Atlántico Sur, viene de elevar beneficios y proyectar crecimiento de doble dígito en 2025; el mensaje en feria fue consolidar acuerdos de aprovisionamiento y reforzar visibilidad de marca de cara a Navidad (stands 3C04 y 3D04). 

Profand: más I+D y salto decidido al atún de valor añadido

Profand utilizó la feria como escaparate de su empuje en I+D (con su rama Octolarvae) y para presentar la ampliación de su porfolio en atún con productos de mayor transformación. La entrada en esta categoría —en un momento de auge del congelado en España— responde a una estrategia de diversificación que busca ganar peso en la cesta de Navidad con referencias listas para cocinar y formatos de conveniencia. 

Congalsa: “El sabor (co)manda” y una batería de lanzamientos para horeca y retail

La gallega Congalsa redobló su apuesta por las soluciones listas para preparar, con una colección que viaja bien a las cartas navideñas: anillas a la andaluza, brochetas de calamar y langostino, frito mixto, “gamchito” panko con ajo y perejil, burger de abadejo, mozza sticks, empanadillas horneables, mini samosas y pasteis de bacalao. La campaña “El sabor (co)manda” fue uno de los claims más visibles en el IFEVI. Operadores consultados apuntan a rotación rápida de estos formatos en diciembre por su versatilidad y control de mermas. 

Otros movimientos corporativos y de expansión

La feria dejó también titulares en integración y expansión internacional: desde avances de grupos ibéricos en África hasta ampliaciones de capacidad en procesado de salmón congelado por parte de firmas nórdicas presentes en Vigo. El termómetro de contactos de este año —expositores de 46 países, con compradores de EEUU, Japón, China, Brasil, Arabia Saudí o Alemania— confirma a Conxemar como cita donde se cierran contratos y se pactan precios de referencia para el cuarto trimestre y el primer semestre de 2026. La organización aspira a rozar los 1.000 millones de euros en acuerdos, si el recinto acompaña. 

Este año, Conxemar 2025 ha sido escenario de movimientos estratégicos que podrían marcar las líneas del nuevo mapa del mercado europeo del producto del mar congelado. Dos de los casos más relevantes son los planes de Brasmar, que ha anunciado su intención de integrar una firma española de bacalao, y los pasos de Pereira hacia su expansión en África.

El grupo portugués Brasmar, muy activo en el mercado del cefalópodo y el bacalao congelado, ha dado un paso relevante al adquirir plantas españolas de procesamiento y consolidar su presencia ibérica. Según información recogida por medios del sector, esta operación no solo refuerza su capacidad productiva sino que le permite integrarse verticalmente en la cadena del bacalao en España.

Este movimiento responde a una estrategia de diversificación de riesgos y de menor dependencia de proveedores externos. Brasmar ya había señalado su interés por adquisiciones complementarias que “no dependan de tres o cuatro clientes” como parte de su camino hacia una posición de liderazgo global.

Paralelamente, Pereira, otro actor relevante en la industria de productos congelados, está sondeando mercados africanos como vía de crecimiento. Aunque los detalles de su plan no han sido divulgados ampliamente en fuentes accesibles, la mención en el contexto de Conxemar sugiere que seguirán la senda de expansión exterior como palanca de crecimiento.

El presidente de Conxemar aprovechó la edición para transmitir a la Comisión Europea la urgencia de garantizar el abastecimiento de materias primas y fortalecer mecanismos de apoyo financiero para la industria procesadora europea.


Desafíos y oportunidades: cadena de valor, sostenibilidad y competencia global

Estas operaciones, integraciones y expansiones no ocurren en el vacío: se insertan en un contexto de presión regulatoria, competencia internacional intensa y demandas crecientes de sostenibilidad.

La integración ibérica de Brasmar fortalece su posición en el mercado del bacalao español, un segmento tradicionalmente vulnerable a variaciones del precio del pescado blanco y los costes logísticos. Esta verticalización le permite optimizar márgenes y reforzar su cadena de abastecimiento.

El movimiento de Pereira hacia África sugiere una búsqueda de nuevos caladeros, menores costes y proximidad a mercados emergentes africanos, todo mientras Europa impone estándares más estrictos de trazabilidad y sostenibilidad.

Cuando Brasmar y Pereira se posicionan en mercados exteriores, también compiten con productores locales y enfrentan riesgos regulatorios, arancelarios y de reputación ambiental. En este sentido, la capacidad de demostrar cumplimiento con estándares europeos —y su replicación fuera de la UE— será clave.

Por su parte, Conxemar mismo actúa como plataforma de articulación entre empresa y política industrial, pidiendo a Bruselas que no solo cuide el acceso a materias primas, sino que revise las barreras reguladoras que pueden penalizar a operadores europeos frente a competidores de fuera.

La feria representa no solo la competencia comercial, sino también una exhibición de decisiones estratégicas: quién integra qué planta, quién sale al mundo africano, quién absorbe qué rival pequeño.

Para las empresas nacionales, la consolidación de grupos como Brasmar representa un desafío y una oportunidad a la vez: pueden perder cuota frente a grandes que absorben productores locales, pero también pueden sumarse como proveedores en redes más grandes.

Al final, los anuncios de Conxemar 2025 muestran que la batalla del sector no es ya solo por volumen o precio, sino por control tecnológico, integración de la cadena, presencia internacional y credenciales de sostenibilidad.

Instituciones: Planas, Xunta, Concello y el “tapón” del IFEVI

Luis Planas inauguró la edición con un mensaje de apoyo al sector y a la sostenibilidad. En paralelo, el presidente de Conxemar, Eloy García, reiteró la urgencia de ampliar el IFEVI para no seguir dejando expositores fuera (este año se ocuparon 37.000 m²) y perder negocio; el asunto tensó de nuevo a Xunta y Concello —con oferta de cofinanciación desde la Zona Franca— y dejó sobre la mesa la meta compartida de crecer. 

Balance: contratos “más selectivos”, precios sensibles y cautela logística

Contratos y contactos. Los expositores coinciden en que hubo “mucho comprador real”: agendas llenas desde el martes, cierres para suministro Q4 y preacuerdos de 2026, con especial tracción en cefalópodos, whitefish y ready-to-cook. Precios. Se observó mayor sensibilidad en mariscos (langostino) y más estabilidad en cefalópodos tras la buena campaña de Illex, aunque con el matiz del cierre de temporada en Argentina. Logística. Las navieras trasladan normalidad relativa en fletes para noviembre–diciembre, con cautelas puntuales en rutas Atlántico Sur–Europa. Riesgos. La escasez de langostino premium y la inflación de costes de elaborados pueden tensar promociones navideñas; en el lado positivo, la innovación de valor añadido compensa volumen con margen.

Mirando a 2026

Conxemar anunció que la próxima edición se celebrará del 6 al 8 de octubre de 2026. Si la ampliación del IFEVI llega a tiempo, el salón podría superar su techo de 2025 y consolidar ese objetivo simbólico del “milmillón” en acuerdos. Mientras, las empresas salen de Vigo con la maleta cargada de tarjetas, pedidos y un mensaje claro: la Navidad se ganará con surtido, servicio y fiabilidad de suministro. 

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas y China se acusan mutuamente tras una nueva colisión entre patrulleros

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El incidente cerca de las islas Spratly agrava la disputa marítima; Manila anuncia una protesta diplomática y denuncia “acciones agresivas” de Pekín

Una nueva colisión entre un buque de Filipinas y un patrullero chino ha reavivado la tensión en el mar de China Meridional, una de las zonas más conflictivas del planeta. El domingo 12 de octubre, los guardacostas filipinos acusaron a una embarcación china de haber “deliberadamente embestido” a un patrullero del Bureau de Pesca filipino, tras disparar contra él con cañones de agua cerca de la isla Thitu, en el archipiélago de las Spratly, una región que ambos países reclaman como propia.

El incidente, según informó Manila, ocurrió en torno a las 9:00 de la mañana, cuando el BRP Datu Pagbuaya, perteneciente al Ministerio de Agricultura, fue interceptado por un patrullero de la Guardia Costera de China. “Apenas tres minutos después del ataque con agua a presión, el buque chino colisionó intencionadamente con la popa de nuestra embarcación, causando daños menores pero sin heridos”, indicó un comunicado de las autoridades filipinas, recogido por la agencia AFP.

Manila denuncia hostigamiento y promete una acción diplomática

El Consejo Nacional Marítimo de Filipinas, organismo encargado de coordinar la política oceánica del país, condenó enérgicamente el incidente, calificándolo de “acto de hostigamiento agresivo e ilegal” y anunció que presentará una protesta diplomática formal ante Pekín.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores filipino, Angelica Escalona, confirmó que el Gobierno “expresará su más firme rechazo” a lo que considera una “violación del derecho internacional y de la soberanía filipina”.

Las autoridades de Manila publicaron además imágenes y vídeos que muestran un guardacostas chino persiguiendo al navío filipino mientras dispara su cañón de agua, una maniobra que ya se ha repetido en incidentes anteriores. “Pese a las tácticas de intimidación y las acciones agresivas, no nos dejaremos intimidar ni expulsar de nuestras aguas”, declararon los guardacostas filipinos en un comunicado.

Pekín culpa a Filipinas: “toda la responsabilidad es suya”

Desde el lado chino, la respuesta fue inmediata. El portavoz de la Guardia Costera de China, Liu Dejun, responsabilizó completamente a Filipinas del choque, ocurrido —según la versión de Pekín— cerca del banco de arena Sandy Cay, también dentro de las Spratly.
“El barco del gobierno filipino ignoró reiteradas advertencias de nuestra parte y se acercó de forma peligrosa al guardacostas chino 21559”, afirmó Liu. “Toda la responsabilidad recae en la parte filipina”, añadió.

China sostiene que sus acciones fueron “medidas defensivas necesarias” para proteger lo que considera su territorio soberano. Sin embargo, Filipinas y otras naciones del Sudeste Asiático, respaldadas por el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016, rechazan las reclamaciones chinas sobre casi toda la extensión del mar de China Meridional.

Escalada de incidentes en aguas disputadas

El suceso se suma a una serie de enfrentamientos recientes en la región. En septiembre, un marinero filipino resultó herido cuando un cañón de agua chino rompió la ventana del puente de mando de otro patrullero filipino cerca de un banco de arena disputado. Un mes antes, en agosto, un buque de la marina china colisionó con otro de sus propios guardacostas mientras perseguía a un navío filipino cerca del banco de Scarborough, otro enclave en disputa.

Los analistas temen que esta escalada de incidentes pueda derivar en un choque diplomático mayor entre Manila y Pekín, justo cuando ambos países intentaban reanudar canales de comunicación en materia de seguridad marítima.

La isla Thitu, donde ocurrió el último episodio, está bajo control filipino, aunque China reclama su soberanía junto con casi el 90 % del mar de China Meridional, una zona estratégica por la que circula un tercio del comercio marítimo mundial.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente inquietud este nuevo incidente entre dos países que, más allá de sus diferencias políticas, mantienen fuertes vínculos económicos y comerciales, pero cuyo enfrentamiento marítimo amenaza con convertirse nuevamente en un punto de fricción geopolítica clave en Asia-Pacífico.

Astilleros privados españoles al alza: Fitch eleva el rating de Pymar a A- con un año récord de pedidos

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La marca refleja confianza financiera en el sector naval privado, con 69 buques en construcción y más de 2.700 millones en cartera

La agencia de calificación Fitch ha elevado recientemente el rating crediticio de PYMAR —la sociedad que agrupa a los astilleros privados españoles— de BBB+ a A-, un salto que muchos interpretan como un voto de confianza internacional hacia el sector naval privado en España.

Lo hace en un momento de notable bonanza para la industria naval española: en 2025, los astilleros privados han alcanzado su mejor nivel de pedidos en 14 años, con 69 buques en construcción que suman una cartera valorada en más de 2.700 millones de euros.

Para Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR, la mejora del rating no es un simple reconocimiento simbólico, sino una confirmación de la “fortaleza y solvencia de la entidad y de los instrumentos financieros de los que dispone”, así como de su capacidad de colaboración público-privada con las administraciones.


¿Por qué es importante esta mejora para los astilleros privados?

1. Credibilidad ante armadores e inversores

Un rating más alto como A- mejora la percepción de riesgo crediticio de PYMAR, lo que puede facilitar que armadores nacionales e internacionales confíen en construir sus buques en España, con financiamiento más competitivo.

2. Refuerza la financiación del sector naval

La industria naval privado a menudo depende de líneas de crédito, avales o instrumentos financieros para ejecutar proyectos que son intensivos en capital y con plazos largos. Una calificación más sólida le permite negociar mejores condiciones, tasas más bajas y acceso a nuevos inversores.

3. Impulso a la industria nacional

Este reconocimiento no solo beneficia a PYMAR, sino que extiende su efecto como estímulo para todo el tejido industrial que sustenta la construcción naval: empresas auxiliares, subcontratas, astilleros locales y proveedores tecnológicos.

4. Competitividad europea

Según los datos publicados, con esta actividad los astilleros españoles se consolidan como la segunda potencia de contratación naval de la Unión Europea y alcanzan posiciones de prestigio en el ranking mundial, especialmente en segmentos tecnológicos como buques para investigación oceanográfica, acuicultura marina o unidades vinculadas a la electrificación y la energía offshore.


Retos que no desaparecen con un buen rating

Sin embargo, esta mejora no elimina los desafíos estructurales que arrastra el sector naval privado en España:

  • Ciclos de demanda: La construcción naval es muy cíclica. Las fases de escasez pueden golpear fuerte las condiciones de producción y empleo.
  • Competencia internacional: Astilleros en Corea, China o algunos países del sudeste asiático operan con costes laborales y regulaciones distintas, lo que obliga a los astilleros españoles a basar su competitividad en tecnología, eficiencia y especialización.
  • Regulación y burocracia: La ejecución de proyectos navales requiere permisos, homologaciones, controles medioambientales y coordinación administrativa en varios niveles (local, autonómico, estatal y europeo). A veces estos procesos retrasan entregas.
  • Retención de talento y digitalización: Para competir con astilleros globales y asumir buques con mayor complejidad, es crítico invertir en innovación, formación técnica, diseño naval y tecnologías como la automatización, la propulsión híbrida o la fabricación aditiva.
  • Riesgos financieros: Aunque el rating ha mejorado, hay que mantener la disciplina financiera, asegurar márgenes razonables y evitar sobreextensiones en cartera.

Un golpe de pedrada para el ánimo del sector local

Dentro del mapa naval español, centros como Vigo (Astilleros Armón, Freire, ex-Barreras), Ferrol, Cartagena y Cádiz acaparan buena parte de la actividad de nueva construcción naval. Por ejemplo, Astilleros Armon Vigo ha ampliado su gama hacia barcos para energía eólica marina.

Para estos astilleros, la mejora del rating de PYMAR representa una señal para atraer nuevos proyectos internacionales y reforzar la imagen de España como destino estratégico para construir buques de alta gama.


Conclusión: un paso en la dirección correcta

El ascenso del rating de PYMAR a A- es mucho más que una noticia financiera. Es un reflejo de que los astilleros privados españoles han logrado consolidar una carga de pedidos robusta en un mercado exigente, alineando capacidades industriales y credibilidad financiera.

Pero no es suficiente con un buen año. La verdadera prueba será mantener la consistencia en los próximos ejercicios, diversificar hacia segmentos emergentes (offshore, energías renovables marinas, acuicultura) y fortalecer los engranajes tecnológicos e institucionales que sostienen la construcción naval.

En definitiva, el sector privado naval español ha dado un paso adelante. Ahora le toca consolidarlo, innovar y hacer que ese impulso se traduzca en empleo estable, innovación y prestigio internacional.

El pulso por sancionar a Norebo pone en jaque la negociación de cuotas noruego-rusas en el mar de Barents

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La presión diplomática amenaza la reunión del mes, clave para fijar cuotas de bacalao, eglefino y otras especies

La controversia generada alrededor del consorcio pesquero Norebo, objeto de sanciones propuestas por presuntas irregularidades, ha tensado las relaciones entre Noruega y Rusia, poniendo en riesgo la celebración de la próxima reunión de la Comisión Mixta de Pesca Noruego-Rusa prevista para octubre. Esa cita es fundamental para acordar las cuotas de captura de especies clave como bacalao, eglefino y otras poblaciones demersales en la zona del mar de Barents.

Aunque ambos países venían colaborando en la gestión del caladero, la crisis con Norebo —empresa con amplias operaciones en esa área— ha introducido un elemento de incertidumbre. La sanción propuesta por Noruega o terceros podría generar un choque diplomático que impida alcanzar consenso en las discusiones sobre los límites de captura.

En juego están no solo intereses comerciales y pesqueros, sino también el equilibrio ecológico de la región ártica y el mantenimiento de la cooperación bilateral. Queda por verse si la Comisión Mixta podrá finalmente reunirse y fijar cuotas oficiales bajo estos nuevos vientos de conflicto.

Indonesia ordena suspender temporalmente las exportaciones de camarón a Estados Unidos por nuevas exigencias sanitarias

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La decisión del Gobierno de Yakarta responde a una directiva de la FDA que obliga a certificar los envíos como “libres de radiación” antes del 31 de octubre

El Gobierno de Indonesia ha ordenado a las plantas procesadoras de camarón en las regiones de Lampung y Java detener temporalmente los envíos hacia Estados Unidos, después de que la Food and Drug Administration (FDA) emitiera una directiva que obliga a certificar todos los cargamentos como “libres de radiación” antes del 31 de octubre.

La medida, que ha sorprendido al sector pesquero y exportador del país, se produce en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países y ha generado confusión entre los exportadores, que no tienen claro si el plazo impuesto por la autoridad sanitaria estadounidense se refiere al momento de embarque o al de llegada de los productos a destino.

Según una circular enviada por el propio gobierno indonesio a los procesadores —a la que han tenido acceso medios especializados del sector—, la interpretación oficial apunta a que la fecha límite sería la de entrada de las mercancías en territorio estadounidense. Esta aclaración ha provocado inquietud entre los exportadores, que temen retrasos logísticos y pérdidas millonarias por la paralización temporal del comercio.

El camarón es uno de los productos estrella de las exportaciones pesqueras indonesias, con Estados Unidos como su principal mercado, seguido de Japón y la Unión Europea. Cualquier interrupción en la cadena de suministro puede tener consecuencias significativas tanto para los ingresos del país como para la estabilidad del empleo en las zonas costeras dependientes de la acuicultura.

Fuentes del sector han señalado que la decisión “no tiene precedentes recientes” y que se adoptó sin una coordinación previa entre las autoridades de Yakarta y los operadores. “La incertidumbre sobre los plazos y los procedimientos genera un impacto directo en las fábricas, que deben detener operaciones mientras esperan directrices claras”, comentaron representantes de asociaciones de exportadores.

Un contexto de vigilancia y tensiones regulatorias

La orden de la FDA se enmarca en un contexto de mayor control sanitario y trazabilidad de los alimentos importados, especialmente de productos del mar. La agencia estadounidense no ha detallado las razones específicas detrás de la nueva exigencia de certificación, aunque algunos analistas vinculan la medida con un refuerzo de los estándares de seguridad alimentaria tras recientes alertas globales sobre contaminación radioactiva en productos pesqueros procedentes de Asia.

Indonesia, uno de los principales productores mundiales de camarón cultivado, ha invertido en los últimos años en modernizar sus instalaciones y fortalecer los controles sanitarios. Sin embargo, la nueva disposición podría ralentizar los envíos y aumentar los costes de inspección y certificación para los exportadores, que deberán acreditar el cumplimiento de la norma antes de poder retomar los embarques a Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca indonesio mantiene conversaciones con la FDA para aclarar los procedimientos y evitar un bloqueo prolongado que afecte la competitividad de su industria acuícola.

Mientras tanto, el sector aguarda con preocupación. Las cámaras frigoríficas acumulan producto sin salida inmediata y los operadores logísticos se preparan para reprogramar los envíos en cuanto se autorice la reanudación del comercio.

El episodio pone de relieve la vulnerabilidad de los países exportadores ante las decisiones regulatorias de los grandes mercados, en un contexto global donde la seguridad alimentaria y la transparencia en las cadenas de suministro se han convertido en factores estratégicos para el comercio internacional de productos del mar.

Los anguleros de Euskadi, indignados con el Gobierno Vasco por la suspensión unilateral de la campaña

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El sector acusa al Ejecutivo autonómico de “mala fe” y de incumplir el decreto de 2024, mientras Cantabria mantiene su temporada de pesca


El enfado de los anguleros de Euskadi no se ha apagado una semana después de que el Gobierno Vasco anunciara la suspensión de la campaña de pesca de la angula, una decisión adoptada —según denuncian— “sin diálogo ni coordinación” con el sector afectado.
La campaña, que tradicionalmente se desarrolla entre noviembre y enero, queda así paralizada por tiempo indefinido, en un movimiento que el Ejecutivo justifica como una medida de conservación ante el declive del recurso.

Sin embargo, desde la Asociación de Anguleros de Euskadi, su presidente Unai Eizaguirre califica la decisión de “unilateral y arbitraria”. “Ni se han sentado con nosotros para buscar una solución. Nos enteramos por la prensa al mismo tiempo que se hacía público el cierre”, denunció durante una rueda de prensa celebrada en Orio.


“Una decisión sin diálogo ni coordinación”

El malestar del colectivo se debe, en primer lugar, a lo que consideran un incumplimiento del decreto firmado en 2024, que establecía que cualquier modificación o suspensión de la temporada debía realizarse “en coordinación con las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica”.
No se ha cumplido el decreto, porque el mismo día que Euskadi anunciaba el cierre, Cantabria daba luz verde a su temporada, del 1 de noviembre al 28 de febrero”, denunció Eizaguirre.

“Los informes científicos son los mismos para Cantabria, Asturias y Galicia. ¿Por qué solo aquí se prohíbe pescar?”, se preguntó. “Parece que hay dos Euskal Herrias: una que pesca y otra que solo come angulas traídas de fuera”.


El Gobierno se ampara en criterios científicos

Desde el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el Ejecutivo defiende su decisión en base a informes del Plan Nacional de Gestión de la Angula, a una resolución del Ararteko de junio que instaba a una regulación más estricta y al estudio científico del centro AZTI, que será presentado ante el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).
La consejería argumenta que la medida busca “reforzar las acciones de recuperación antes de que la situación sea irreversible”.

Pero los pescadores consideran que el Gobierno ha actuado con precipitación y sin fundamento. “Si tan mal estaba la cosa, ¿para qué abren el plazo de licencias en junio?”, replican desde la asociación. “Nos piden responsabilidad, pero ellos ni siquiera cumplen con los compromisos adquiridos en el Parlamento en 2023, cuando se comprometieron a reunirse con nosotros, AZTI y los ecologistas”.


“Nos han dejado tirados”

El presidente de los anguleros relató que el sector lleva meses pidiendo reuniones para buscar soluciones conjuntas: “La única vez que nos han convocado este año ha sido para comunicarnos la suspensión. Ni una sola conversación más”.
Eizaguirre lamentó que muchos pescadores han invertido dinero en embarcaciones y licencias, confiando en la continuidad de la campaña. “Hay jóvenes que se han comprado barcos, han obtenido sus títulos de patrón y ahora se encuentran sin poder faenar. Es un golpe muy duro, hecho a mala fe”, afirmó.


El argumento de los anguleros: “Solo pescamos 30 días al año”

La Asociación sostiene que la actividad extractiva apenas representa entre el 10% y el 20% del impacto total sobre la especie, según estudios europeos. “Nosotros solo pescamos 30 días hábiles al año. El problema no somos nosotros”, defendió Eizaguirre.
El colectivo recuerda que la repoblación de ríos podría ser una medida eficaz, pero denuncian que la Diputación de Gipuzkoa la ha prohibido: “En su día repoblamos con angulas incautadas por la Guardia Civil y funcionó. Sin embargo, no nos dejan continuar con esos proyectos. España es de los pocos países europeos que no repuebla”.


Críticas al método científico de AZTI

Los pescadores también ponen en duda la metodología empleada para medir la población de angulas. “Los biólogos vienen una vez al mes al río Oria y muestrean en zonas donde apenas hay angulas. Con eso dicen cuántas quedan. Es ridículo”, ironizó Eizaguirre.
“Les hemos invitado a embarcarse con nosotros, a ver con sus propios ojos, pero no quieren venir”, añadió.

En defensa de su posición, la Asociación citó a los biólogos Andrew Kerr y Willem Dekker, antiguos responsables del ICES, quienes —según los anguleros— han reconocido en sus últimos trabajos que la situación del recurso “se ha estabilizado en la última década” y que la pesca profesional no es el factor principal del declive.

Los marineros del ‘Beti Aingeru’ niegan el motín y denuncian “explotación y racismo laboral”

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Arrantzales senegaleses y el sindicato LAB aseguran que la tripulación reivindicó sus derechos tras jornadas abusivas y agresiones a bordo


Los tripulantes del barco pesquero ‘Beti Aingeru’, con base en Pasaia, han negado este viernes que protagonizaran un motín, como se difundió a finales de septiembre cuando el buque se encontraba faenando en aguas de Asturias.
En una rueda de prensa celebrada en el puerto de Getaria, los marineros —de origen senegalés— acompañados por representantes del sindicato LAB, aseguraron que lo ocurrido fue “una reivindicación legítima de derechos laborales” ante una situación de “explotación y racismo” a bordo.

No fue un motín, fue una protesta por dignidad”, defendieron los arrantzales, que relataron haber soportado condiciones de trabajo abusivas y maltratos físicos y verbales por parte del armador.


“37 días seguidos en el mar”

Según el testimonio de los afectados, los tripulantes del Beti Aingeru permanecieron 37 días seguidos en el mar sin regresar a casa, y tras un descanso de apenas dos días, volvieron a embarcar otros 26 días consecutivos.
Esto no es normal en la pesca de bajura, donde las mareas suelen durar pocos días”, señalaron desde LAB, que calificó la situación de “inhumana y fuera de toda legalidad laboral”.

Los marineros denunciaron también amenazas, insultos y agresiones físicas, incluyendo el lanzamiento de objetos por parte del patrón. “Todo esto tiene un nombre: explotación y racismo laboral”, subrayó el sindicato.


El sindicato LAB pide control institucional

En la comparecencia, LAB contextualizó el caso dentro de una problemática más amplia: la precariedad estructural en el sector de la pesca vasca, especialmente entre los trabajadores migrantes.
“Los arrantzales siguen enfrentando jornadas abusivas, salarios que no se corresponden con las horas trabajadas y condiciones que ponen en riesgo su salud”, denunció la organización sindical.

LAB recordó que el sector de la bajura carece de un convenio colectivo propio que regule las condiciones laborales, lo que deja a los trabajadores “a merced de la discrecionalidad de los armadores”. Además, criticó la falta de inspecciones y controles efectivos sobre las condiciones reales a bordo.


“Un sector precarizado y racializado”

Todo esto no es casualidad: es un sector precarizado y racializado”, afirmó LAB, señalando que gran parte de la flota vasca depende actualmente del trabajo de pescadores senegaleses, muchos de ellos con escaso conocimiento de sus derechos laborales.
“Las empresas se aprovechan del miedo, el desconocimiento y la temporalidad. Así mantienen el control y el silencio de los trabajadores”, añadieron los representantes sindicales.

El sindicato denunció que, en muchos casos, los marineros no reciben información clara sobre sus contratos ni sobre sus derechos, y que la rotación de tripulaciones “dificulta la organización sindical y la defensa colectiva”.


“El informe de la Guardia Civil no habla de motín”

LAB mostró también su indignación por el uso del término “motín” en algunas informaciones iniciales, recordando que “ni la Guardia Civil ni la investigación oficial emplean esa palabra” en sus informes.
Ese relato fue difundido intencionadamente para favorecer los intereses de la patronal y alimentar imaginarios racistas que estigmatizan a los trabajadores extranjeros”, denunciaron.

El sindicato ha exigido el respeto inmediato de todos los derechos laborales de los pescadores del Beti Aingeru y pidió a la Administración vasca y estatal que “no sean cómplices del abuso”.
Debe haber un control efectivo sobre el cumplimiento de las leyes laborales en el mar, y sancionar a los armadores que las vulneren”, señaló LAB.


“No somos delincuentes, somos trabajadores”

Uno de los tripulantes senegaleses intervino visiblemente emocionado:

“No somos delincuentes, somos trabajadores. Solo queríamos descansar, cobrar lo que nos corresponde y que se nos trate con respeto.”

El marinero aseguró que la tripulación nunca puso en riesgo la seguridad del barco ni se negó a trabajar, sino que reclamó condiciones dignas tras semanas de agotamiento extremo.

El caso ha reavivado el debate sobre la realidad oculta de la pesca artesanal vasca, un sector que, pese a su relevancia económica y cultural, arrastra problemas de precariedad, racismo y falta de regulación.


Llamamiento a la acción y a la dignidad laboral

El mar no puede ser un espacio sin derechos”, afirmó LAB, que anunció que continuará acompañando a los trabajadores en sus reclamaciones.
El sindicato ha pedido la creación de un convenio sectorial de pesca de bajura, con garantías específicas para los marineros extranjeros y mecanismos de mediación frente a abusos.

Estamos convencidos de que solo mediante la organización y la lucha colectiva podremos frenar la vulneración de derechos”, concluyeron los representantes sindicales.


Una reivindicación que trasciende el ‘Beti Aingeru’

Más allá del caso puntual, la protesta de los arrantzales del Beti Aingeru se ha convertido en símbolo de una lucha más amplia por la dignidad laboral en el sector pesquero vasco.
En los muelles de Getaria, entre redes, motores y olor a salitre, los marineros senegaleses lanzaron un mensaje claro:

“Queremos trabajar, pero con derechos, con respeto y sin miedo.”

Un mensaje que resuena con fuerza en un tiempo en el que, bajo la superficie del mar Cantábrico, siguen emergiendo las desigualdades y los silencios del trabajo invisible.

Marín crece en pesca congelada y apuesta por la eficiencia portuaria

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El Puerto de Marín, situado en la ría de Pontevedra, se ha consolidado en 2025 como uno de los grandes polos logísticos de la pesca congelada en España. Según los últimos datos de la Autoridad Portuaria, el enclave ha experimentado un incremento superior al 10 % en el tráfico de productos pesqueros congelados, alcanzando cerca de 90.000 toneladas manipuladas hasta agosto de este año. El crecimiento se ha concentrado especialmente en el segmento no contenerizado, es decir, en las operaciones directas de descarga y almacenamiento en las amplias instalaciones frigoríficas del puerto, sin necesidad de tránsito por contenedores.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, ha atribuido este impulso al dinamismo del tejido empresarial asentado en el puerto, compuesto por compañías especializadas que no solo almacenan y distribuyen, sino que también procesan y comercializan pescado congelado, muchas de ellas con flota propia. Suárez Costa ha destacado además el papel de estas empresas en la proyección exterior del puerto, al participar con stand propio en ferias internacionales como Conxemar, donde Marín se presenta como un enclave estratégico en la logística del pescado congelado.

El puerto dispone actualmente de más de 70.000 metros cuadrados de superficie concesionada para uso frigorífico y una capacidad de almacenamiento superior a los 260.000 metros cúbicos, lo que le permite mantener un flujo constante de entrada y salida de mercancías. Este volumen de actividad ha ido acompañado de inversiones en eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con la política medioambiental de la Autoridad Portuaria. En los últimos meses, las empresas concesionarias han acometido obras de modernización de cámaras y sistemas de refrigeración, con el objetivo de reducir consumos y emisiones sin comprometer la capacidad operativa.

El auge del tráfico de pesca congelada se produce en un contexto mixto: aunque el puerto registró un descenso global del 7 % en el movimiento total de mercancías hasta mayo de 2025, debido a la caída de los graneles sólidos, el segmento de pesca congelada ha crecido de manera constante, compensando parcialmente esas cifras. De hecho, otros tráficos, como el de contenedores, también han mostrado un crecimiento del 5,7 % durante los primeros meses del año, lo que refuerza la posición de Marín como puerto equilibrado y diversificado dentro del sistema portuario gallego.

Durante la feria Conxemar 2025, los responsables portuarios destacaron la importancia de la pesca congelada en la economía local y su capacidad para generar empleo cualificado. Los operadores frigoríficos y logísticos del puerto emplean a centenares de personas en tareas de descarga, manipulación, conservación y distribución de productos pesqueros destinados tanto al mercado nacional como a la exportación. La consolidación de Marín como punto de referencia en este ámbito también ha atraído nuevas inversiones y empresas interesadas en aprovechar su ubicación estratégica y sus conexiones terrestres y marítimas.

El reto de cara a los próximos años será mantener este ritmo de crecimiento garantizando la eficiencia logística y la sostenibilidad ambiental. El puerto deberá seguir reforzando su infraestructura frigorífica, su red de transporte terrestre y la digitalización de procesos, a fin de evitar cuellos de botella y mejorar la trazabilidad de las operaciones. Desde la Autoridad Portuaria se insiste en que el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad será clave para el futuro del enclave.

En definitiva, el Puerto de Marín atraviesa un momento de expansión en su especialización pesquera. Su papel en la cadena del pescado congelado lo sitúa entre los principales nodos del Atlántico europeo, con una estrategia que combina inversión privada, eficiencia operativa y compromiso medioambiental. El puerto gallego reafirma así su vocación de ser un motor económico y logístico para Galicia, al tiempo que se proyecta como modelo de sostenibilidad y gestión inteligente en el sector marítimo-pesquero.

La nao ‘San Juan’ ya flota en Pasaia: una gesta de ingeniería naval y memoria marítima

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La botadura controlada del ballenero vasco del siglo XVI culmina más de diez años de trabajo de Albaola y convierte a Pasaia en referente internacional de recuperación del patrimonio marítimo.

La imagen quedará para la historia: la réplica de la nao San Juan, un ballenero vasco del siglo XVI reconstruido en Pasaia siguiendo técnicas de carpintería de ribera tradicional, comenzó por fin a flotar tras una compleja maniobra de “flotadura” que combinó precisión milimétrica, cálculo estructural y nervios de acero. No era una simple botadura: era el momento decisivo de un proyecto que lleva más de una década devolviendo a la vida uno de los símbolos de la navegación vasca.

La operación, dirigida por el equipo técnico de Albaola en colaboración con ingenieros navales y especialistas en maniobras de gran tonelaje, se desarrolló sobre una instalación de raíles de 120 metros que, por su estado, hubo que reducir a 80 metros útiles. Ese condicionante obligó a ajustar al límite el lastre del barco: unas 50 toneladas de piedra cuidadosamente calculadas. Diez toneladas más habrían puesto en riesgo la estructura; diez menos, la estabilidad de la maniobra. No había margen para el error.

Los técnicos fueron liberando el casco centímetro a centímetro, con un seguimiento permanente de esfuerzos, asentamiento en los carros y comportamiento del buque sobre la rampa. La escena, observada en silencio por decenas de voluntarios, autoridades y curiosos, condensaba el espíritu del proyecto: artesanía, ciencia, riesgo controlado y una enorme carga emocional. Al contactar con el agua y empezar a flotar por sus propios medios, un aplauso espontáneo certificó que la nao San Juan había superado su prueba más delicada.

Un laboratorio vivo de patrimonio marítimo

La flotadura no es solo un hito técnico: simboliza el éxito de un modelo de trabajo singular. Desde una antigua nave industrial en Pasaia, Albaola ha levantado, pieza a pieza, la réplica de un ballenero vasco hundido en Canadá en el siglo XVI, documentado arqueológicamente en Red Bay. Durante más de diez años, carpinteros de ribera, historiadores, aprendices y voluntarios han convertido el astillero en un taller abierto, donde el público ha podido seguir la construcción casi en directo.

El resultado es mucho más que un barco. La San Juan se ha convertido en un “aula flotante” de historia naval, un taller de formación para nuevas generaciones de oficios vinculados al mar y un poderoso imán turístico y cultural para Pasaia y todo el territorio. La flotadura marca el paso de la fase de construcción en seco a una nueva etapa de armamento, pruebas y, en el futuro, navegación experimental.

Ingeniería fina para una maniobra límite

La operación ha sido descrita por los propios responsables como una de las maniobras más delicadas de todo el proyecto. La limitación de la rampa a 80 metros obligó a diseñar una secuencia de trabajo en la que cada tonelada contaba. El reparto de pesos, la posición del centro de gravedad, la resistencia de los raíles y las zapatas, así como el comportamiento del casco al pasar del apoyo en seco al empuje del agua, se calcularon al detalle.

El uso de 50 toneladas de piedra como lastre provisional permitió controlar la inclinación del casco y evitar escoras peligrosas en el momento crítico del contacto con el agua. A cada fase le sucedían inspecciones visuales y mediciones, en un equilibrio constante entre experiencia tradicional y cálculo moderno. La maniobra, que podía haberse torcido por un simple deslizamiento excesivo o por una mínima sobrecarga, se completó sin incidentes.

Un éxito colectivo con vocación de ejemplo

La San Juan es hoy un referente internacional de cómo un proyecto cultural puede activar economía local, turismo, formación y orgullo comunitario. Desde Pasaia, la iniciativa lanza un mensaje de alcance mucho más amplio: es posible recuperar grandes piezas de patrimonio marítimo con ambición, rigor y continuidad, y convertirlas en motor de desarrollo.

La experiencia se mira ya desde otros territorios que buscan fórmulas para poner en valor su memoria industrial y marítima. Lo que Albaola y Pasaia han logrado con un ballenero del siglo XVI sirve de espejo para ciudades que quieren reactivar antiguos astilleros, fábricas o infraestructuras portuarias, transformándolos en espacios vivos, abiertos al público y conectados con la economía contemporánea.

Pasaia, puerto de futuro con raíces profundas

Con la nao San Juan ya flotando, Pasaia refuerza su imagen como puerto que mira al futuro sin renunciar a sus raíces. La flotadura es, en realidad, el principio de una nueva etapa: quedan por delante trabajos de armamento, aparejo, certificaciones de seguridad y, en su momento, singladuras que permitirán poner a prueba el barco en la mar.

Mientras tanto, el éxito de la operación confirma algo que muchos intuían desde el inicio del proyecto: cuando se combinan visión a largo plazo, oficio, ciencia y participación social, incluso los sueños más ambiciosos –como devolver a la vida un gran barco del siglo XVI y hacerlo flotar otra vez– pueden hacerse realidad. La nao San Juan ya está donde debía estar: en el agua, lista para seguir escribiendo la historia.

La Unión Europea cede a la presión de China y Estados Unidos y aplaza la aplicación del Green Deal a empresas extranjeras

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La Comisión Europea estudia excluir temporalmente a compañías no europeas del cumplimiento de las normas de sostenibilidad de la CSRD, lo que suscita críticas por “socavar la soberanía regulatoria” y la igualdad competitiva.


La Comisión Europea ha decidido posponer la aplicación de las normas de sostenibilidad del Pacto Verde (Green Deal) a las empresas extranjeras que operan en el mercado europeo, una medida que ha sido interpretada como un giro significativo en la política ambiental y económica de la Unión. El aplazamiento afecta a los actos delegados de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que debían imponer obligaciones de reporte social y ambiental a las compañías no comunitarias a partir de junio de 2026.

El anuncio se produce tras meses de presión diplomática y económica por parte de Estados Unidos y China, que habían expresado su rechazo a la aplicación extraterritorial de las normas europeas. La decisión, según analistas y eurodiputados, supone una cesión ante intereses externos y podría “debilitar la soberanía del derecho europeo” en materia de sostenibilidad.

Europa suaviza su ambición extraterritorial

La CSRD, aprobada en 2022, establece que todas las grandes empresas que operen en el territorio europeo, independientemente de su país de origen, deben publicar informes detallados sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG). Esta medida buscaba garantizar condiciones de competencia justas y evitar que compañías extranjeras —especialmente de países con regulaciones ambientales más laxas— pudieran operar en ventaja frente a las europeas.

Sin embargo, la Comisión ha decidido incluir esta obligación en una lista de normas “no esenciales” cuya aplicación será aplazada sin fecha definida. En la práctica, esto significa que las empresas estadounidenses y chinas no estarán obligadas a cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que las europeas al menos hasta 2027 o más allá.

Presión de Washington y Pekín

El cambio se produce en un contexto de fuerte presión internacional. En enero, la Administración Trump, a través de la Cámara de Comercio de EE. UU., advirtió a Bruselas de las consecuencias “para la competitividad de las empresas estadounidenses” si las normas de la CSRD se aplicaban también a filiales o empresas exportadoras al mercado europeo.

Desde China, las autoridades y grandes corporaciones, especialmente en sectores como la moda ultrarrápida (Shein, Temu), la automoción o la manufactura industrial, han presionado igualmente para bloquear las normas europeas, que obligarían a cumplir estándares ambientales y laborales más estrictos.

Críticas por “renunciar a la soberanía regulatoria”

La decisión ha sido recibida con inquietud en el Parlamento Europeo y entre los defensores de la sostenibilidad empresarial. Abrial Gilbert-d’Halluin, exrelatora de la CSRD en la Eurocámara, calificó el paso atrás de “error político grave” y “renuncia a la soberanía del derecho europeo”.

“Estamos ante una falta evidente de coraje político. Europa no puede prometer liderazgo verde y luego retroceder ante Estados Unidos o China”, declaró.

Según diversos observadores, este aplazamiento podría preludiar un repliegue más amplio, afectando también a otras piezas clave del Green Deal, como la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), que obligaría a las multinacionales extranjeras a respetar los estándares europeos en materia climática, social y de derechos humanos.

Un golpe a la competitividad europea

El temor de los sectores económicos y ambientales europeos es que esta medida agrave la desventaja competitiva de las empresas del continente, que sí están obligadas a asumir los costes de cumplimiento de las nuevas normas.

“Renunciar a aplicar las mismas reglas a todos los actores del mercado distorsiona la competencia y desincentiva el esfuerzo de las empresas europeas”, señala un informe interno del Comité Económico y Social Europeo.

El debate llega en un momento de tensión dentro de la propia UE, donde algunos gobiernos reclaman una “simplificación del Green Deal” para aliviar la carga administrativa sobre las empresas. Sin embargo, para la comunidad científica y las ONG ambientales, esta tendencia a la desregulación puede poner en peligro los avances logrados en materia de transparencia y responsabilidad corporativa.

Una Europa dividida entre la ambición verde y la realpolitik

El aplazamiento de la CSRD para empresas extranjeras se suma a otros retrocesos recientes, como la ralentización de la ley de restauración de la naturaleza o la revisión a la baja de los objetivos climáticos para 2040. Los analistas ven en esta secuencia una renuncia progresiva a la ambición ecológica europea ante la presión económica y geopolítica internacional.

“Europa se arriesga a perder credibilidad”, advierte Gilbert-d’Halluin. “Durante años hemos liderado la agenda de la sostenibilidad y ahora damos la señal contraria: que nuestras normas solo se aplican si no molestan a las grandes potencias.”

La incógnita del futuro del Green Deal

Por ahora, la Comisión Europea asegura que la medida es temporal y que su intención es “dar más tiempo a las empresas extranjeras para adaptarse”. Sin embargo, en Bruselas crece el temor de que el aplazamiento se convierta en una suspensión indefinida, con consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto verde europeo.

El futuro del Green Deal y de su dimensión global se decide así entre la ambición climática y la presión diplomática. Y, como alertan varias voces del Parlamento, ceder hoy ante las presiones externas podría costarle a Europa su liderazgo en la transición ecológica y su propia coherencia política.