La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado un paso inédito para proteger a uno de los colectivos más invisibles de la cadena del pescado: los pescadores migrantes. La pasada semana, en Ginebra, gobiernos, armadores y organizaciones de trabajadores aprobaron las nuevas “Guidelines for Fair Labour Market Services for Migrant Fishers”, un documento que fija por primera vez estándares mínimos globales sobre cómo deben ser reclutados y contratados estos trabajadores.

Las federaciones sindicales del transporte ITF (International Transport Workers’ Federation) y ETF (European Transport Workers’ Federation) celebran el acuerdo como “un paso crucial” para la defensa de los derechos de los pescadores migrantes en todo el mundo, pero advierten: su impacto dependerá de que gobiernos y empresas lo apliquen sin dilación.

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Reclutamiento sin abusos y contratos comprensibles

Las nuevas directrices, negociadas durante cinco días en la sede de la OIT, establecen cuatro compromisos básicos:

• La contratación de pescadores migrantes debe ser gratuita, justa y transparente.
• Los contratos han de estar por escrito y en un idioma que el trabajador entienda.
• Deben garantizarse condiciones dignas de trabajo y de vida a bordo.
• Los pescadores deben tener acceso real a la justicia y a mecanismos de reclamación.

El texto desarrolla medidas concretas: obliga a clarificar las responsabilidades entre gobiernos, armadores y agencias de contratación; exige sistemas de licencias y supervisión de esas agencias; pide garantías financieras para casos de abandono, acuerdos tipo para pescadores y reclutadores, y canales de denuncia accesibles, incluso a través de la cooperación entre Estados.

Las directrices complementan el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT (C188, de 2007), que fija las condiciones mínimas de trabajo y vida a bordo. Ahora, el foco se desplaza a la fase de entrada al sistema: la contratación, el lugar donde con más frecuencia se producen engaños, deudas ilegítimas y situaciones que derivan en trabajo forzoso.

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Una industria global construida sobre mano de obra migrante

La FAO estima que 33,6 millones de personas trabajan en la pesca en todo el mundo. La OIT calcula que, en el sector pesquero comercial, al menos 128.000 personas son víctimas de trabajo forzoso, muchas de ellas migrantes, especialmente en grandes flotas de altura donde el control es más difícil.

“Durante demasiado tiempo los pescadores migrantes han sido invisibles en la industria mundial del marisco, pese a ser esenciales para poner pescado en nuestros platos”, recuerda Johnny Hansen, presidente de la sección de pesca de la ITF, que subraya cómo estos trabajadores han quedado a menudo fuera de los marcos de derechos básicos.

Las federaciones ITF y ETF insisten en que el documento de la OIT no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones. Reclaman que los Estados de pabellón, los Estados portuarios y los países que suministran mano de obra adapten su legislación para incorporar las directrices, refuercen las inspecciones y recopilen datos específicos sobre la realidad de los pescadores migrantes.

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Del papel a la ley: presión sobre gobiernos y empresas

Las organizaciones sindicales han aplaudido el respaldo del Reino Unido a las directrices y su plan para crear en abril de 2026 una Fair Work Agency específica para el sector pesquero. Según Chris Williams, coordinador de la sección de pesca de la ITF, ese organismo “puede ser un cambio de juego”, siempre que tenga mandato claro sobre el sector y haga cumplir los estándares fijados en las nuevas directrices: contratación justa, contratos claros y rendición de cuentas real para una industria cada vez más dependiente de trabajadores migrantes.

Pero la presión no se queda en los gobiernos. ITF y ETF miran también a la parte alta de la cadena: retailers, marcas y compradores de marisco. Les exigen que integren las nuevas directrices en sus políticas de compra responsable y en sus auditorías de cadena de suministro.

“Si su empresa gana dinero con pescado capturado por trabajadores migrantes, tiene la obligación de asegurarse de que esas personas son contratadas y tratadas de forma justa”, advierte Juan Manuel Trujillo, presidente de la sección de pesca de la ETF, que anuncia que se señalará públicamente a cualquier compañía que venda “pescado sostenible” apoyándose, en realidad, en mano de obra explotada.

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Hacia una “sostenibilidad” que incluya condiciones laborales

Las directrices llegan en un momento en que la presión pública sobre la sostenibilidad de los productos del mar se ha concentrado sobre todo en la dimensión ambiental: estado de los recursos, impacto de las artes de pesca, huella de carbono de las flotas. El movimiento sindical recuerda que no hay pesca sostenible si se sostiene sobre trabajo precario o forzoso.

De ahí que uno de los mensajes centrales del texto de la OIT sea que la protección de los pescadores migrantes no puede depender solo de códigos voluntarios. ITF y ETF subrayan que:

• Las agencias de contratación deben estar obligatoriamente licenciadas y supervisadas.
• Las inspecciones en puerto han de incluir la verificación de contratos, pagos y condiciones de vida a bordo.
• Deben existir mecanismos de queja confidenciales y accesibles, sin riesgo de represalias.
• Los grandes compradores y navieras tienen que rendir cuentas de lo que ocurre en toda su cadena.

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Una oportunidad para cambiar las reglas del juego

Las nuevas directrices de la OIT no son un convenio vinculante, pero sí un estándar de referencia que gobiernos, empresas y certificadoras ya no podrán ignorar.

Para las organizaciones de pescadores, representan “algo más que palabras en un papel: son una promesa a las personas que alimentan al mundo”. La batalla, a partir de ahora, será conseguir que esa promesa se traduzca en leyes, inspecciones y contratos reales.

En un sector clave para la seguridad alimentaria mundial, pero marcado por zonas opacas y banderas de conveniencia, la forma en que se aplique este nuevo marco servirá como termómetro de hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a avanzar hacia una verdadera sostenibilidad social en las pesquerías: aquella en la que nadie tenga que jugarse la vida ni sus derechos fundamentales para llevar pescado a la mesa.

EAPO y Europêche alertan de que la falta de TAC para caballa y bacaladilla, el aislamiento de la UE y el peso de Rusia ponen en cuestión la gobernanza pesquera internacional

La última reunión anual de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC), celebrada en Londres del 11 al 14 de noviembre, ha dejado un sabor amargo en la flota pelágica europea. Lejos de aportar estabilidad y seguridad jurídica para 2026, el encuentro se saldó sin acuerdo sobre los totales admisibles de captura (TAC) de caballa, bacaladilla (blue whiting) y arenque atlanto-escandinavo, y sin avances en medidas clave de control. fresh europeche

En un comunicado conjunto, la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO) y Europêche, que agrupa a las empresas pesqueras de la UE, reclaman “un enfoque fresco” para evitar que la gestión compartida en el Atlántico Nordeste entre en vía muerta. La industria denuncia que las delegaciones han optado por “juegos geopolíticos” y posiciones de bloqueo, en lugar de trabajar por acuerdos equilibrados basados en la ciencia. fresh europeche

NEAFC, en contraste con otros organismos regionales

En Londres se sentaron a la mesa la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Islas Feroe, Groenlandia y la Federación Rusa, con el mandato de fijar las reglas de explotación de algunas de las pesquerías pelágicas más importantes del mundo. Sin embargo, la reunión terminó sin TAC para caballa y bacaladilla, sin refuerzo de las normas contra el transbordo en alta mar y sin garantías sobre la presentación de datos de captura por parte de Rusia, información crucial para los dictámenes científicos. fresh europeche

Para la flota europea, el contraste con otros organismos regionales de pesca —como NAFO (Atlántico Noroeste), SPRFMO (Pacífico Sur) o IOTC (Océano Índico)— es cada vez más evidente: mientras estos foros han logrado cerrar acuerdos de gestión, en el Atlántico Nordeste se acumulan años de consultas bilaterales y multilaterales fallidas, sin cohesión y con creciente tensión política. fresh europeche

La UE, aislada y preocupada por el peso de Rusia

Uno de los elementos que más inquietan a EAPO y Europêche es el creciente aislamiento de la UE en las negociaciones. Según el sector, los debates “frecuentemente se alejaron de enfoques sensatos y responsables” y favorecieron las posiciones de la Federación Rusa, que reaparece como actor central en el seno de la NEAFC. fresh europeche

La industria subraya que no existe “ninguna buena razón” para que la reunión no haya cristalizado en un TAC de bacaladilla —que ya estaba perfilado en las consultas de Estados Costeros de octubre— ni en un paquete integral para la caballa que incluya cuota total, reparto entre países y medidas de apoyo como limitar las capturas en aguas internacionales. La falta de cifras complica la planificación de la campaña 2026 en un contexto de fuertes recortes de cuota para buena parte de la flota pelágica europea. fresh europeche

Caballa al límite y riesgo de consejo de “cero capturas”

El comunicado recuerda que la caballa, pese a su notable resiliencia, ha caído a un nivel crítico tras años de sobrepesca vinculada a cuotas unilaterales infladas, intercambios de cuota y acuerdos parciales entre algunos Estados costeros que consolidan “historiales ilegítimos”. La situación se agrava con las capturas indeterminadas de Rusia, que no se integran de forma transparente en la evaluación científica.

Los expertos de la industria advierten de que, si en 2026 no se respeta estrictamente el dictamen científico, podría llegarse en 2027 a una recomendación de “cero capturas” para caballa, con un impacto devastador para la flota y para el suministro de proteína marina en Europa. Estudios de “hindcast” citados por el sector señalan que, de haberse evitado los excesos de captura en la última década, hoy se podría pescar, de media, hasta un 30 % más de forma sostenible.

La UE, única que mantiene el último acuerdo de reparto

EAPO y Europêche subrayan que la Unión Europea es, a día de hoy, el único Estado costero que no se ha desvinculado del último acuerdo de reparto de caballa. El resto de partes ha fijado cuotas unilaterales por encima de los niveles acordados, ha intercambiado parte de esas cuotas sobredimensionadas o ha tejido acuerdos parciales que consolidan esos nuevos porcentajes. Todo ello, según la industria, alimenta un patrón de sobrepesca sistemática. fresh europeche

Ante la ausencia de un nuevo acuerdo global, las organizaciones piden a Bruselas que utilice las herramientas comerciales a su alcance, en particular el Reglamento (UE) 1026/2012 —recientemente revisado— para aplicar medidas dirigidas contra las importaciones procedentes de países que permiten una pesca no sostenible. fresh europeche

Llamamiento a una revisión de la gobernanza y a mayor peso político

Para el portavoz del sector pelágico europeo, Tim Heddema, la gestión en el Atlántico Nordeste “está en una encrucijada” y es hora de dejar de “librar pequeñas batallas” que nadie gana. La industria propone un “reset” que permita revisar el papel de la NEAFC como órgano de gobernanza, reconstruir relaciones entre Estados costeros y colocar en el centro el objetivo compartido de mantener stocks saludables que sigan contribuyendo a la seguridad alimentaria global.

Las organizaciones piden que la presidencia de las consultas de caballa actúe con mayor determinación para reencauzar el proceso, incluyendo, si es necesario, la implicación directa de responsables políticos de alto nivel. En paralelo, reclaman claridad urgente en los TAC de 2026 para poder organizar las mareas de unas flotas que, recuerdan, han invertido en selectividad, reducción de emisiones y certificaciones de sostenibilidad, pero que necesitan reglas del juego previsibles.

Mientras tanto, la industria pelágica europea, incluida la española, asegura que seguirá apostando por una explotación responsable, pero insiste en que sin un marco internacional coherente y respetado por todos, ni los recursos ni las comunidades costeras del Atlántico Nordeste podrán mirar al futuro con tranquilidad.

España lidera, junto a otros seis países, la petición de simplificar la Política Pesquera Común, reclama más días de pesca en el Mediterráneo y una PAC 2028-2034 más equitativa y flexible.

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, volvió a situar este lunes a España en el centro del debate comunitario sobre el futuro de la pesca y la agricultura. En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, el titular español defendió una revisión profunda de la Política Pesquera Común (PPC) y de las reglas de la futura PAC 2028-2034 para adaptarlas a un escenario marcado por el cambio climático, la inestabilidad geopolítica y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

España, junto a Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal —y con el apoyo de Dinamarca, actual presidencia de turno del Consejo—, ha conformado un “grupo de amigos con intereses pesqueros” que reclama a la Comisión Europea una simplificación de la PPC y una actualización de sus herramientas. “Han pasado más de 12 años desde la anterior reforma y el contexto es radicalmente distinto”, subrayó Planas, que advirtió de que la flota se enfrenta a retos que van desde la competencia internacional a la crisis climática.

Un informe para “aligerar” la maraña normativa

El ministro entregó al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, un “Informe de simplificación de la PPC” que también se ha remitido a los Estados miembros y al propio sector español. El documento analiza en detalle diez reglamentos comunitarios que, a juicio del Gobierno, deberían modificarse para adecuar la gestión pesquera a la realidad actual.

Entre los puntos más sensibles, España carga contra los límites del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El reglamento fija un tope de 6 millones de euros o el 15 % de la asignación nacional para financiar la renovación de la flota, la modernización, las paradas definitivas y las paradas temporales.

Según Planas, este doble techo obliga a los Estados a “elegir entre compensar la inactividad o impulsar el relevo generacional”, lo que en la práctica dificulta tanto la salida ordenada de barcos como la incorporación de jóvenes armadores y tripulantes.

El ministerio también considera “anticuada” la prohibición de subvencionar la construcción de nuevos buques y la modernización de motores en embarcaciones de más de 24 metros. “Se confunde renovación con sobrecapacidad”, advierte el informe. España pide poder renovar los barcos sin incremento de capacidad neta y eliminar las restricciones ligadas a la eslora cuando el objetivo sea mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones.

Mediterráneo: más días de pesca tras años de sacrificios

El otro gran frente pesquero de la jornada fue el Mediterráneo. Planas reclamó a la Comisión que los buenos datos científicos se traduzcan por fin en un aumento de los días de faena para 2026.

El último informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF) muestra una mejora “muy significativa” de la situación de la merluza, el salmonete, la gamba roja y otras especies sometidas al plan plurianual del Mediterráneo. Muchas poblaciones se encuentran ya cerca del rendimiento máximo sostenible (RMS), lo que, según España, avala un cierto desahogo para las flotas de arrastre y artes fijas que han soportado cinco años consecutivos de recortes.

El ministro recordó que la flota española ha hecho “enormes esfuerzos” tanto por la vía del esfuerzo pesquero —reducción de días— como por la mejora de la selectividad: cambios de mallas en todos los buques, instalación de puertas voladoras en más de un tercio de la flota, vedas espacio-temporales, cierres de caladeros y cumplimiento estricto de tallas mínimas.

España reclama además modificar el reglamento del plan de gestión plurianual para introducir “más flexibilidad” y abandonar el enfoque que supedita toda la pesquería a la especie más vulnerable como único factor limitante. “Hablamos de pesquerías multiespecíficas y la regulación debe reflejar esa realidad”, insistió Planas.

La propuesta definitiva de la Comisión llegará de cara al Consejo de Ministros de Pesca de los días 11 y 12 de diciembre, en el que se negociarán los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 en el Atlántico y el Mediterráneo. Para el Atlántico, el ministro reclamó que las propuestas vayan acompañadas de informes científicos actualizados y recordó que buena parte de las posibilidades de pesca dependen de acuerdos aún en negociación con Noruega y Reino Unido.

Mercosur y Estados Unidos: abrir mercados sin bajar la guardia

En el ámbito comercial, Planas apostó por seguir diversificando las relaciones de la UE. Defendió la conveniencia de cerrar el proceso de ratificación del acuerdo con Mercosur para que pueda entrar en vigor en 2026, siempre garantizando cláusulas de reciprocidad y respeto a los estándares europeos.

El ministro abogó igualmente por negociar nuevas exenciones a los aranceles impuestos por Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios europeos, con el fin de mejorar la competitividad exterior del sector.

En conjunto, el mensaje lanzado por España en Bruselas fue claro: si la UE quiere mantener una pesca y una agricultura fuertes en un contexto de guerra, crisis climática y competencia global, necesita normas “más simples, más justas y más pegadas al terreno”, respaldadas por un presupuesto suficiente y una visión estratégica de largo plazo.

La UAPF apuesta por boyas inteligentes y herramientas digitales a bordo para ganar en eficiencia, seguridad y sostenibilidad

La digitalización da un paso adelante en la pesca francesa. La Union des armateurs à la pêche de France (UAPF), principal organización de armadores del país, ha anunciado un acuerdo estratégico con la empresa tecnológica Marine Instruments con un objetivo claro: acelerar la llegada de soluciones digitales a bordo de los buques y avanzar hacia una flota “más conectada, eficiente y sostenible”.

El acuerdo, hecho público el martes 18 de noviembre, marca el inicio de una colaboración estable entre la patronal francesa y la compañía de origen español, especializada en tecnologías aplicadas a la pesca y al seguimiento oceánico. El plan pasa por desplegar, progresivamente, distintos equipos y servicios en los barcos asociados a la UAPF, desde boyas inteligentes hasta herramientas de declaración electrónica y gestión de datos en tiempo real.

Boués inteligentes y datos en tiempo real

En el corazón del acuerdo está la idea de convertir al buque pesquero en una verdadera plataforma de datos. Las boyas y dispositivos inteligentes proporcionan información continua sobre la posición de los objetos de pesca, las condiciones oceanográficas o la presencia de recursos, mientras que las aplicaciones de a bordo permiten registrar capturas, esfuerzo y maniobras de forma automatizada y enviarlas a tierra casi al instante.

Para los armadores, se trata de ganar en eficiencia operativa —optimizar mareas, reducir tiempos de búsqueda, ahorrar combustible— y, al mismo tiempo, responder a las crecientes exigencias de trazabilidad de los mercados europeos e internacionales. En un contexto de costes al alza y mayor escrutinio sobre las pesquerías, disponer de datos precisos y verificables se convierte en un activo competitivo.

De la gestión en papel a la trazabilidad digital

El partenariado contempla también la implantación de herramientas de declaración en línea que sustituyan progresivamente buena parte de la gestión en papel. A bordo, los patrones y tripulaciones podrán introducir y transmitir la información requerida por las autoridades —diarios de pesca, zonas de actividad, especies y tamaños— mediante sistemas digitales integrados.

La UAPF subraya que esta transición no se limita a “cumplir expediente” con las nuevas obligaciones europeas, sino a aprovechar la digitalización para simplificar tareas administrativas, reducir errores y disponer de una base sólida para decisiones de negocio y diálogo con la administración. Para los tripulantes, la patronal insiste en que será clave el acompañamiento y la formación, de modo que la tecnología se perciba como una ayuda y no como una carga añadida.

Más seguridad y mejor huella ambiental

La dimensión de seguridad es otro de los pilares del acuerdo. Los sistemas conectados permiten conocer en tiempo casi real la posición de los buques, compartir alertas, monitorizar condiciones meteorológicas y de mar, y anticipar riesgos. Todo ello refuerza la protección de las tripulaciones, especialmente en zonas remotas o en condiciones de mal tiempo.

En paralelo, la digitalización se presenta como una aliada de la sostenibilidad. Una flota que dispone de datos finos sobre esfuerzo, capturas y descartes puede ajustar mejor su actividad, reducir faenas poco rentables, minimizar interacciones con especies sensibles y documentar sus avances ambientales ante mercados y reguladores. El uso de información oceanográfica y de comportamiento de los recursos también permite planificar mejor las campañas y reducir consumos de combustible, clave en la lucha contra las emisiones.

Alianza franco-española en tecnología marina

Para Marine Instruments, el acuerdo con la UAPF supone reforzar su presencia en una de las grandes flotas europeas y extender a nuevos segmentos —más allá del atún— soluciones que ya se utilizan en pesquerías de altura y gran altura. Para los armadores franceses, la alianza ofrece acceso preferente a equipos probados, soporte técnico especializado y la posibilidad de participar en proyectos piloto y desarrollos a medida.

La colaboración se enmarca en un movimiento más amplio de transición digital del sector pesquero europeo, impulsado por la Política Pesquera Común y por las crecientes exigencias de los mercados en materia de trazabilidad, lucha contra la pesca ilegal y verificación independiente de las prácticas a bordo.

El mensaje de fondo es claro: en un sector sometido a fuertes cambios regulatorios, climáticos y económicos, la flota que quiera seguir siendo competitiva tendrá que ser, también, una flota conectada. Con este acuerdo, los armadores franceses y Marine Instruments buscan adelantarse a esa curva y demostrar que la tecnología puede ser, a la vez, aliada del negocio y de la sostenibilidad.

España y la UE defienden un incremento de capturas avalado por la ciencia mientras Washington reclama máxima prudencia en ICCAT

Sevilla se ha convertido estos días en el epicentro mundial de la gestión de los grandes túnidos. Más de sesenta países negocian desde este fin de semana, en el seno de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), el futuro inmediato del atún rojo del Atlántico y el Mediterráneo, una de las especies más emblemáticas –y sensibles– del planeta. En esa mesa, España y la Unión Europea llegan con el objetivo de traducir en más cuota la recuperación del stock, mientras Estados Unidos se ha colocado en la línea de contención, oponiéndose a un incremento significativo del Total Admisible de Capturas (TAC) y abogando por una lectura mucho más restrictiva del dictamen científico.

Sobre la mesa está el reparto del atún rojo oriental para el trienio 2026-2028. El TAC actual ronda las 40.000 toneladas anuales para el Atlántico y el Mediterráneo oriental, cifra fijada en el marco del nuevo plan de gestión y de la “management procedure” adoptada por ICCAT en 2022 para dar estabilidad a la pesquería. Los científicos han avalado la buena salud del stock, con una mortalidad por pesca por debajo del nivel de rendimiento máximo sostenible, lo que abre la puerta a un incremento de las capturas en un rango aproximado del 12 % al 20 %, siempre dentro de límites de riesgo considerados aceptables.

España, primer país europeo en cuota con 6.783,67 toneladas asignadas en el trienio en vigor, defiende junto a la Comisión Europea que el nuevo TAC recoja de forma clara esa mejora biológica, con un aumento en torno al 19 % que permita aliviar la presión económica sobre los distintos segmentos de flota que dependen del atún rojo –cerqueros del Mediterráneo, almadrabas del Estrecho, barcos de cebo vivo del Cantábrico, cañeros canarios y flotas artesanales del Mediterráneo y del Estrecho– sin poner en riesgo la sostenibilidad.

Frente a esa posición, Estados Unidos está encabezando el bloque de países que piden frenar el entusiasmo. Según fuentes del sector presentes en Sevilla, la delegación estadounidense ha mostrado su negativa a aceptar los escenarios de incremento más ambiciosos y ha cuestionado la conveniencia de elevar el TAC mientras sigan abiertas algunas incógnitas científicas: el efecto del cambio climático sobre la distribución del stock, la interacción entre poblaciones migradoras y residentes, o las incertidumbres asociadas a los nuevos modelos de evaluación. Washington se presenta así como la voz de la precaución, reclamando que la prioridad siga siendo “consolidar la recuperación” antes que traducirla plenamente en más toneladas.

Mientras la Unión Europea y varios países ribereños del Mediterráneo llegan a ICCAT con la vista puesta en nuevos aumentos de la cuota de atún rojo, Estados Unidos juega otro papel: el del freno. No se opone al crecimiento de la pesquería en sí, pero sí a las “subidas grandes” o a repartos que, a su juicio, ponen en riesgo la sostenibilidad del stock occidental o perpetúan un trato histórico poco favorable a su propia flota.

Detrás de esa postura hay ciencia, legislación interna, intereses económicos muy concretos y también una apuesta estratégica: convertir ICCAT en el escaparate mundial de la gestión basada en procedimientos científicos, sin concesiones al regateo político.

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El corazón del problema: proteger el stock occidental y el “mixed stock”

Formalmente, ICCAT gestiona dos unidades de atún rojo:

• El stock Este + Mediterráneo, donde concentran su esfuerzo la UE, el norte de África y otros países ribereños.
• El stock Oeste, explotado sobre todo por EE. UU., Canadá y en menor medida Japón y otros países del Atlántico occidental.

Pero los túnidos no entienden de líneas imaginarias en el océano. La frontera del 45º Oeste, que separa sobre el papel ambos stocks, es mucho menos nítida en la realidad. Una parte de los ejemplares nacidos en zonas de puesta occidentales termina siendo capturada en el Atlántico oriental y, sobre todo, en el Mediterráneo. Es el llamado “mixed stock”, la mezcla biológica que ICCAT reconoce y que complica cualquier decisión de gestión.

La consecuencia es directa:

• Subir mucho la cuota en el Este no es un tema aislado: puede aumentar la mortalidad de peces de origen occidental, comprometiendo la recuperación del stock Oeste, tradicionalmente más delicado.

Por eso, la delegación estadounidense llega a las reuniones de ICCAT con dos líneas rojas claras:

• Subidas muy controladas del TAC, siempre dentro de los márgenes que arroja el Management Procedure (MP) adoptado en 2022 para ambos stocks. El MP fija automáticamente el Total Admisible de Capturas en función de indicadores científicos preacordados.
• Rechazo a los “atajos políticos”: nada de elevar el TAC por encima de lo que marca el MP, ni de relajar controles en el área oriental si eso puede traducirse en una presión extra sobre el stock occidental vía mezcla de poblaciones.

En la práctica, EE. UU. se presenta como el garante de que la recuperación del Oeste no quedará sacrificada en aras de un crecimiento acelerado de las capturas en el Mediterráneo.

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La camisa de fuerza legal y la imagen “verde” de Washington

El discurso estadounidense no solo responde a la biología. También está condicionado por su propia legislación pesquera, especialmente la Ley Magnuson-Stevens, que obliga a gestionar las poblaciones siguiendo el mejor asesoramiento científico disponible y a evitar el retorno a situaciones de sobrepesca.

Eso tiene varias implicaciones:

• La administración (NOAA) no puede permitirse acuerdos que contradigan de forma flagrante las recomendaciones científicas o los resultados de los modelos.
• Ante la opinión pública interna y las ONG, EE. UU. quiere mantener la imagen de potencia que impulsa procedimientos científicos robustos. El MP de atún rojo, con base en el Management Strategy Evaluation (MSE), es un producto que la propia delegación ha ayudado a impulsar y que ahora defiende como ejemplo de “buena gobernanza”.

Washington insiste en que las decisiones no pueden basarse en el argumento de que “el recurso va bien” y por tanto hay margen para repartir más. Su relato es otro:

No se trata de cómo perciben los operadores la abundancia, sino de lo que dicen las simulaciones del MSE, las probabilidades de mantener la biomasa por encima de B_MSY y el riesgo de volver a la sobreexplotación.

Así, cuando la UE o los países mediterráneos reclaman aumentos significativos del TAC del stock oriental o ajustes en el reparto que incentiven más esfuerzo allí, EE. UU. se sitúa en posición de “guardián del MP”:

“Aceptamos lo que diga el procedimiento; no aceptamos subidas por motivos políticos”.

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Intereses económicos: quién se queda con la parte grande de la tarta

La narrativa oficial es conservacionista, pero detrás late un interés económico muy concreto.

La flota estadounidense opera sobre todo sobre el stock occidental, con una cuota relativamente modesta si se compara con los grandes actores mediterráneos, pero de altísimo valor comercial y recreativo. No solo se trata de ventas de pescado: también de todo el negocio asociado a la pesca deportiva, charters y turismo de alto poder adquisitivo ligado al atún rojo.

En este contexto, Washington:

• Empuja para aumentar su cuota en el Oeste, apoyándose en nuevos estudios que apuntan a una abundancia mayor de lo que se creía y a un stock occidental en proceso avanzado de reconstrucción.
• Sostiene que su cuota histórica en el Oeste ha estado “deprimida” respecto a su contribución a la recuperación y al valor económico que genera.

Eso explica su cautela frente a un gran aumento global del TAC cuando el diseño de reparto hace que la mayor parte del incremento vaya al stock oriental, dominado por flotas de la UE, Turquía y países norteafricanos.

En términos prácticos, la posición de EE. UU. se resume así:

• Sí quiere más cuota, pero sobre todo más cuota para el Oeste y para su flota, no un crecimiento desequilibrado que refuerce aún más el peso del Mediterráneo.
• Desconfía de subidas fuertes del TAC oriental que no le repercuten directamente y que, además, pueden dañar el mismo stock con el que opera vía mezcla de poblaciones.

El debate sobre sostenibilidad y el debate sobre equidad en el reparto histórico van, en su caso, de la mano.

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Blindar el “modelo ICCAT”: menos regateo anual y más reglas automáticas

Hay, por último, un componente claramente estratégico.

En las dos últimas décadas, EE. UU. ha invertido cantidades importantes en investigación sobre atún rojo: programas específicos, estudios de mezcla, genética, técnicas “close-kin” de parentesco y todo el andamiaje científico que ha permitido refinar la comprensión de los stocks y desarrollar el MSE.

Esa inversión viene acompañada de una apuesta política: convertir ICCAT en organización de referencia mundial en gestión basada en procedimientos científicos, alejándose del modelo clásico de “negociación anual de cuotas” donde todo es intercambiable.

Desde esa óptica, las presiones para:

• elevar el TAC en el Este por encima de lo que marca el MP,
• o flexibilizar los controles y obligaciones asociadas al plan de recuperación,

no son solo una cuestión de riesgo biológico, sino también una amenaza al “modelo ICCAT” que Washington quiere consolidar.

El mensaje estadounidense es nítido:

• “No rompamos el MP en el segundo ciclo de aplicación”.
• “Si la ciencia ofrece nuevas señales –por ejemplo, que el Oeste está mejor de lo previsto–, ajustemos dentro del procedimiento y revisemos en la ventana prevista, 2026–2028, sin volver al mercadeo ad hoc”.

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Una oposición matizada: ni “no” al aumento, ni “sí” sin condiciones

Cuando en los pasillos de ICCAT se dice que Estados Unidos “se opone” a subir la cuota de atún rojo, la frase esconde una posición mucho más matizada.

Washington no niega la recuperación del recurso ni cierra la puerta a nuevos incrementos de TAC, pero:

• Rechaza las subidas grandes o mal repartidas que favorecen, sobre todo, al stock oriental y a sus principales flotas.
• Exige que cualquier aumento esté perfectamente respaldado por el MP y por la ciencia, sin atajos.
• Y protege con especial celo los intereses del stock occidental, del que depende tanto su flota comercial como todo un ecosistema económico ligado a la pesca recreativa.

En ese equilibrio entre ciencia, cuotas e influencia geopolítica se juega una parte clave del futuro del atún rojo en el Atlántico. Y, a día de hoy, Estados Unidos prefiere ser el socio incómodo que pisa el freno antes que el aliado complaciente que celebra un aumento rápido y, quizás, efímero.

Ese choque de enfoques marca el pulso político de una reunión que ICCAT celebra en formato híbrido –presencial y telemático– hasta el 24 de noviembre, y en la que la Unión Europea negocia en bloque en nombre de sus 27 Estados miembros. En torno a la mesa se sientan, por un lado, potencias con larga tradición atunera y derechos históricos sobre el recurso –como la propia UE o Japón– y, por otro, países emergentes que aspiran a desarrollar su pesca y a ganar peso en el reparto de cuotas. El encaje de esas ambiciones, con Estados Unidos empujando hacia una lectura conservadora del dictamen científico, complica el camino hacia un consenso.

Para la flota española, que llega a Sevilla con la sensación de haber cumplido la parte más dura del plan de recuperación –años de recortes, ajustes de esfuerzo pesquero y fuertes inversiones en control–, la resistencia norteamericana resulta difícil de digerir. El sector subraya que el atún rojo es hoy uno de los grandes casos de éxito de gestión pesquera a escala internacional, precisamente gracias a las drásticas medidas adoptadas desde finales de los 2000, y reclama que los beneficios de esa recuperación se trasladen ahora a las comunidades que han soportado el coste.

Las organizaciones de productores y las almadrabas insisten en que un incremento del TAC dentro de las horquillas recomendadas por los científicos permitiría reforzar la viabilidad económica de muchas empresas y dar aire a las flotas artesanales más afectadas por la desaparición de otras especies en determinadas áreas, como consecuencia de factores ambientales o de la invasión de especies exóticas. Recuerdan, además, que cualquier subida se mantendría bajo la tutela de la “management procedure” aprobada en 2022, que limita explícitamente el riesgo de que el stock caiga por debajo de los niveles de seguridad.

Estados Unidos, sin embargo, alerta de que la propia adopción de esa herramienta de gestión moderna exige no forzar sus parámetros al máximo desde el primer ciclo. En la práctica, la negativa estadounidense al aumento planteado por la UE se traduce en dos posibles escenarios de negociación: mantener el TAC prácticamente congelado durante el próximo trienio o aceptar un incremento mucho más moderado que el defendido por los países con mayor dependencia del atún rojo oriental. El resultado final tendrá consecuencias directas sobre la distribución interna de las cuotas en España, donde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha avanzado que, si se produce un aumento significativo, se planteará una reasignación que permita incorporar nuevos segmentos de flota y atender mejor las capturas accidentales.

Más allá del atún rojo, la agenda de Sevilla incluye otros dosieres relevantes: el bonito del norte, cuya situación es calificada como “excelente”; el pez espada, con diferencias claras entre el buen estado del stock del Atlántico Norte y las mayores incertidumbres en el Sur; y varias especies de tiburones, algunas de ellas en situación comprometida y para las que los grupos conservacionistas reclaman medidas más estrictas de protección. También se debatirá la gestión de los atunes tropicales –rabil, patudo–, claves para la industria europea de conservas y la gran flota atunera de cerco que opera en Atlántico, Índico y Pacífico.

Pero es el atún rojo el que concentra la carga simbólica y mediática de la reunión. Lo que está en juego en Sevilla no es sólo un porcentaje de subida o congelación de la cuota, sino el mensaje que ICCAT envía al mundo tras más de una década de esfuerzos: si el éxito de la recuperación se traduce en una gestión prudente pero coherente con la mejor ciencia disponible, o si la división entre bloques –con Estados Unidos en el papel de guardián del freno de mano– termina bloqueando la posibilidad de repartir de forma más generosa un recurso que, esta vez sí, parece haber dejado atrás la fase crítica.

Hasta el cierre de la cita, el próximo día 24, las delegaciones seguirán buscando un equilibrio entre biología, economía y geopolítica. De su capacidad para acercar posiciones dependerá no sólo cuántas toneladas de atún rojo se podrán capturar entre 2026 y 2028, sino también la credibilidad de ICCAT como foro capaz de conciliar conservación y actividad pesquera en uno de los recursos más valiosos del Atlántico y el Mediterráneo.

Cuota total España 2025: 6.783,67 t

Las toneladas de la tabla son un cálculo aproximado aplicando el % del BOE sobre las 6.783,67 t (en el BOE vienen los porcentajes, no siempre la tonelada exacta

Modalidad

Flota de cebo vivo del Cantábrico (Caladero Cantábrico-Noroeste) 19,3650 % ≈ 1.313,66 t
Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho 6,0127 % ≈ 407,88 t
Flotas de palangre y línea de mano 12,3154 % ≈ 835,44 t
Flota de cerco del Mediterráneo 25,2347 % ≈ 1.711,84 t
Almadrabas 24,2223 % ≈ 1.643,16 t
Cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario 7,9263 % ≈ 537,69 t
Flota de artes menores del Mediterráneo 2,8754 % ≈ 195,06 t
Flota de buques artesanales en el Estrecho de captura limitada 0,8978 % ≈ 60,90 t
Reserva para sobrepasar cuota y flotas fuera del censo específico 0,4000 % ≈ 27,13 t
Almadraba de túnidos menores del Mediterráneo 0,0231 % ≈ 1,57 t
Capturas fortuitas curricaneros de bonito del norte y palangreros de superficie
0,1696 % ≈ 11,51 t
Retención de eventuales ejemplares muertos en pesca recreativa 0,5577 %

La secretaria general de Pesca destaca la importancia del multilateralismo para la gobernanza internacional de los océanos y la pesca sostenible

Isabel Artime subraya la cooperación internacional para garantizar la conservación de los recursos pesqueros y del medio marino para las generaciones futuras

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha destacado hoy la “necesidad de la cooperación internacional y la responsabilidad compartida para proteger los recursos pesqueros y el medio marino para las generaciones futuras”.
 
Artime ha participado hoy en la apertura de la vigésimo novena reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés), que se celebra en Sevilla del 17 al 24 de noviembre. Allí, ha resaltado que esta organización, con casi 60 años de historia, se ha convertido en un referente global en la conservación de los recursos marinos vivos y en la gestión sostenible de túnidos y especies afines en el Atlántico y el Mediterráneo.

La secretaria general ha destacado los logros de ICCAT, como la recuperación del atún rojo, una especie que estuvo al borde del colapso hace 20 años y que hoy se encuentra en excelente estado, lo que permite revisar al alza sus posibilidades de pesca. Asimismo, Artime ha reafirmado el compromiso de España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los océanos.

Durante esta semana, ICCAT decidirá cuestiones clave, como la cuota de atún rojo para el trienio 2026-2028, así como medidas sobre otras especies como pez espada, atún blanco y tiburones.

ICCAT es una de las principales Organizaciones Regionales de Pesca, encargada de la gestión de túnidos y especies afines en el Atlántico y el Mediterráneo. Actualmente cuenta con 55 partes contratantes, entre ellas la Unión Europea. España forma parte de esta organización desde 1969.

WWF insta a ICCAT a adoptar medidas firmes para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías de atunes en el Atlántico

Con motivo de la 29.ª reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebra en Sevilla del 17 al 24 de noviembre, WWF pide a los países miembros que refuercen su compromiso con una gestión pesquera basada en la ciencia, capaz de garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de atunes y la salud de los ecosistemas marinos del Atlántico y el Mediterráneo y, así, el bienestar de las familias que dependen de ellos.

Ante la celebración de la 29º reunión de ICCAT, WWF recuerda que las poblaciones de atunes muestran claros signos de recuperación, gracias al esfuerzo conjunto realizado durante años. Sin embargo, los avances siguen amenazados por la sobrecapacidad de las flotas y la falta de control efectivo. La organización insiste en que no podemos permitir que se repita la historia de sobreexplotación del pasado. 

Dentro de las especies claves que se tratarán en esta reunión de ICCAT, destacan: 

Atunes tropicales (rabil, patudo y listado)

WWF advierte de que las capturas de atún rabil siguen superando el límite anual permitido (110 000 toneladas). La organización pide mantener ese límite, asignar cuotas por país y abordar el exceso de capacidad de la flota.  

En cuanto al patudo, la organización apoya mantener un TAC (Total Admisible de Capturas) precautorio de 73 000 toneladas, que permitiría mantener el stock en niveles saludables en 2034.  

Asimismo, insta a adoptar en 2025 una estrategia de gestión para el atún listado del Atlántico occidental y a mejorar el control de los dispositivos agregadores de peces (FAD) mediante la puesta en marcha de sistemas de registro y trazabilidad obligatorios. 

Atún rojo del Atlántico

WWF celebra la recuperación de esta especie gracias a un marco de gestión basado en la ciencia. Sin embargo, advierte sobre el aumento de la mortalidad no declarada, como ocurre con los cadáveres de atunes que se encuentran en el mar. La organización pide que se revisen las cuotas para el próximo ciclo (2026-2028) en base a las Reglas de Control de Capturas vigentes y que se garantice el cumplimiento de las normas para evitar mortalidades ocultas, por ejemplo, registrando los ejemplares muertos en las operaciones de pesca de cerco o en la recreativa.  

WWF recuerda que la recuperación de esta especie es una oportunidad para hacer un reparto más justo de las cuotas; tratándose de un recurso estratégico alternativo, por ejemplo, para las flotas artesanales que sufren la degradación ambiental y sobreexplotación de sus caladeros.  

Pez espada

La población del Atlántico norte se mantiene estable, mientras que la del sur sigue sobreexplotada. WWF reclama que se intensifique el seguimiento de los planes de recuperación, que se anticipe la nueva evaluación de las poblaciones del Mediterráneo y que se refuerce la recogida de datos sobre las nuevas artes de pesca, como las líneas de trampa. También insta a mejorar la trazabilidad y a aplicar la prohibición de redes de deriva en el Mediterráneo. 

Tiburones y rayas

La organización pide mantener la prohibición total de capturar tiburón marrajo dientuso y reducir el TAC de tintorera en el Atlántico Sur.  

Asimismo, exige una moratoria para la tintorera del Mediterráneo, mejorar las medidas de mitigación de las capturas accidentales y la aplicación de la política de «aletas adheridas naturalmente» sin excepciones a todas las especies de tiburones comerciales.  

La organización recuerda la urgencia de proteger los hábitats esenciales para su cría y alimentación, y de fortalecer la cooperación mediante convenios internacionales como CITES, CMS y el Acuerdo sobre Biodiversidad en Alta Mar. 

Control de flota y pesca ilegal

WWF alerta de la creciente sobrecapacidad de las flotas en el Atlántico y pide que se adopten registros cerrados de buques a partir de 2026, junto con una cobertura del 100 % de observadores a bordo o mediante sistemas electrónicos en buques industriales y trasbordos en alta mar.  

También reclama el cumplimiento de las medidas (REC 24-14) para garantizar la seguridad de los observadores, reforzar la lucha contra la pesca ilegal y promover de manera complementaria al VMS, el uso del sistema AIS para aumentar la seguridad, transparencia y el control en el mar. 

“ICCAT ha abierto el camino de la recuperación y gestión sostenible de los atunes y especies similares a nivel global y, en Sevilla, tiene una oportunidad decisiva para demostrar su liderazgo y garantizar la gestión de los recursos marinos y la conservación de su ecosistema se base en la mejor ciencia y no en intereses a corto plazo. Solo con decisiones firmes y coordinadas podremos mantener pesquerías sostenibles, un océano saludable y medios de vida estables para las comunidades costeras que dependen de ellos”, comentó Raúl García, Coordinador de Pesquerías de WWF España, que participa en la reunión 

Y concluyó: “Ante tales retos, desde WWF instamos a todas las Partes a ratificar la Convención de ICCAT, adoptada en 2018. Su entrada en vigor ampliaría su mandato a la conservación de especies altamente migratorias como los tiburones y reforzaría principios como el enfoque ecosistémico y precautorio”.  

Notable recuperación de la especie

La flota española de atún rojo entra desde hoy en una semana decisiva en Sevilla, donde más de 60 países negocian en el seno de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) el reparto de las capturas de túnidos en el Atlántico y el Mediterráneo hasta 2028. La reunión, que se prolongará hasta el 24 de noviembre en formato híbrido, tiene un protagonista claro: la revisión al alza de la cuota de atún rojo, una especie emblemática cuya recuperación ha sido avalada por los informes científicos de la propia organización.

España, que ya es el país europeo con mayor cupo de atún rojo, acudirá al encuentro decidida a defender un incremento “ambicioso pero responsable” de sus posibilidades de pesca. El Gobierno y el propio sector apuntan a un aumento cercano al 19 % para el trienio 2026-2028, dentro de la horquilla del 12-20 % que los científicos de ICCAT consideran compatible con el buen estado del stock tras años de severas restricciones.

Actualmente, el Total Admisible de Capturas (TAC) de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo ronda las 40.000 toneladas anuales y España dispone de algo más de 6.780 toneladas, repartidas entre la flota de cerco del Mediterráneo, las históricas almadrabas del Golfo de Cádiz, los barcos de cebo vivo del Cantábrico, los cañeros de Canarias y las flotas artesanales del Estrecho y del Mediterráneo. Ese reparto interno también está sobre la mesa: si ICCAT aprueba una subida significativa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha anunciado una revisión del real decreto que regula esta pesquería para abrir la mano a nuevos segmentos de flota y atender las demandas de la pesca artesanal y de las capturas accesorias.

La delegación europea negociará en Sevilla en nombre de los 27 Estados miembros, en un escenario complejo en el que se cruzan intereses históricos y nuevas aspiraciones. De un lado, potencias pesqueras con flotas altamente desarrolladas como la UE o Japón; de otro, países emergentes que reclaman una mayor porción del recurso para desarrollar sus propias pesquerías. El presidente de ICCAT, Ernesto Penas, ya ha advertido en los días previos que, tras el éxito del plan de recuperación, “no se puede fallar ahora” en la gestión, y ha llamado a encontrar un equilibrio entre la explotación económica y la sostenibilidad a largo plazo.

Para la flota española, la cita de Sevilla es algo más que una batalla de cifras. El atún rojo se ha convertido en una especie refugio para muchas empresas afectadas por la caída de otras pesquerías, la presión de especies invasoras o la competencia creciente en los mercados internacionales. En el Estrecho y el Golfo de Cádiz, las almadrabas y los barcos artesanales denuncian desde hace años que la expansión del atún, unido a la invasión del alga Rugulopteryx okamurae, ha cambiado por completo el equilibrio ecológico y ha reducido la presencia de especies tradicionales como el voraz, el pez sable o el pulpo, lo que aumenta la dependencia de una cuota suficiente de atún rojo para sostener las economías locales.

En el Cantábrico, las empresas de cebo vivo subrayan que llevan más de una década aplicando medidas estrictas de control, cupos individualizados y sistemas de seguimiento que han contribuido de forma decisiva a la recuperación de la especie. El mensaje que llega desde las organizaciones de productores y cofradías es nítido: el esfuerzo realizado por la flota europea y, en particular, por la española debe verse recompensado con un escenario de estabilidad y crecimiento moderado que permita planificar inversiones, renovar buques y mantener empleo en tierra y a bordo.

En paralelo a la “gran batalla” del atún rojo, la agenda de ICCAT incluye otros dosieres relevantes para el sector español. La organización debatirá sobre la situación del bonito del norte, que los científicos sitúan en un estado biológico muy favorable, así como sobre el pez espada del Atlántico norte y sur, con situaciones diferenciadas, y varias especies de tiburones sometidas a una fuerte presión pesquera. También se analizará la gestión de los atunes tropicales (rabil, listado y patudo), esenciales para la industria conservera, incluidos los periodos de veda y el uso de dispositivos concentradores de peces (FAD).

La reunión de Sevilla llega después de un intenso trabajo técnico a lo largo del año, en el que el comité científico de ICCAT ha desarrollado nuevos modelos de evaluación y ha testado estrategias de gestión basadas en reglas de control de capturas. El objetivo es dotar a la Comisión de herramientas que permitan ajustar los TAC de forma predecible en función del estado del stock, reduciendo así la incertidumbre política que rodea cada trienio de negociación. De hecho, los documentos preparatorios apuntan ya a dos escenarios concretos de aumento del TAC global de atún rojo, que podrían situarlo en torno a las 45.000-48.000 toneladas anuales en el periodo 2026-2028.

Más allá de los números, la reunión de la ICCAT en Sevilla tiene una fuerte carga simbólica para España, que alberga la sede de la organización en Madrid desde 1966 y se ha consolidado como una de las potencias clave en la gobernanza internacional de los túnidos. El sector pesquero español llega con la vista puesta en un resultado que consolide el “caso de éxito” del atún rojo y permita, al mismo tiempo, responder a las necesidades de la flota y de las comunidades costeras que dependen de esta especie.

Durante los próximos días, la negociación se desarrollará en sesiones de panel, grupos técnicos y encuentros bilaterales en los pasillos del hotel sevillano que acoge la cumbre. En ellos se calibrarán apoyos, se intercambiarán propuestas de texto y se buscarán equilibrios que permitan cerrar un acuerdo de consenso antes del 24 de noviembre. Para la flota española, el objetivo está claro: lograr un aumento significativo de la cuota de atún rojo que reconozca el esfuerzo realizado, consolide el empleo y fortalezca su posición en un mercado global cada vez más competitivo, sin perder de vista que el verdadero capital a proteger sigue siendo el buen estado de los stocks.

 

Armada, Comisión Europea, navieras, hidrógeno verde y puertos coinciden: las soluciones existen, pero el reto es escalarlas a tiempo y con reglas claras

La pregunta que daba título a la mesa no podía ser más directa: “Sostenibilidad en la Economía Azul – ¿Existe tecnología para acometer la transición?”. La respuesta, tras una hora de debate intenso, fue matizada pero clara: la tecnología está, pero falta velocidad, escala, regulación estable y financiación para que llegue a todos los buques y puertos.

La sesión reunió a cinco actores clave del nuevo tablero marítimo: la Armada española, a través del teniente de navío (CIA) Daniel Torrado Ramo, técnico de Plataformas Navales de la Dirección de Construcciones; Julia Rodríguez Estrada, project manager del Green Hydrogen Andalusian Valley (Moeve); Delilah Al Khudhairy, directora de Política Marítima y Economía Azul en la Comisión Europea (Energy Transition Partnership), conectada online; Simon Bennett, secretario general adjunto de la International Chamber of Shipping (ICS); y Rocío Díaz Pereira, directora de La Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva. Moderó el debate Jaime Fernández, director regional de AON en Andalucía, uniendo las piezas desde la óptica del riesgo y el aseguramiento.

La Armada y la OTAN: combustibles limpios… pero seguros y disponibles

Desde la óptica de la defensa, Daniel Torrado situó el debate en un contexto poco habitual en foros civiles: el de la OTAN y la seguridad energética. Recordó que las marinas aliadas están obligadas a reducir su huella de carbono, pero también a garantizar la interoperabilidad y el suministro en escenarios de crisis.

Para la Armada, explicó, hablar de nuevos combustibles significa contar con soluciones que puedan funcionar en entornos extremos, con cadenas logísticas robustas y mezclas compatibles con el parque de buques actual. De ahí su interés por los combustibles drop-in (biocombustibles avanzados, e-fuels) que se puedan introducir de forma gradual en motores existentes, sin comprometer operatividad.

Torrado subrayó que la transición, en el ámbito militar, será “forzosamente dual”: una fase larga de convivencia entre combustibles fósiles y nuevos vectores energéticos. El reto para la OTAN y las marinas es no quedarse atrás respecto al sector civil, pero tampoco dar pasos que comprometan la seguridad de suministro en zonas sensibles.

Hidrógeno verde: de la “promesa” a los corredores reales

Desde Moeve, Julia Rodríguez Estrada trasladó al foro la visión de los grandes proyectos de hidrógeno renovable, con el Green Hydrogen Andalusian Valley como uno de los más emblemáticos del sur de Europa. Recordó que el hidrógeno por sí solo no va “del electrolizador al barco”, y que el verdadero salto estará en su transformación en amoniaco, metanol u otros combustibles sintéticos aptos para el transporte marítimo.

Rodríguez incidió en que ya hay tecnología probada para producir hidrógeno verde y derivados, pero la clave es desplegar corredores verdes puerto a puerto, con demanda asegurada y contratos a largo plazo que permitan cerrar la financiación de plantas y redes logísticas. La conexión entre los valles de hidrógeno del hinterland y los muelles es, a su juicio, uno de los puntos donde se jugará la competitividad de los puertos del sur de Europa.

Bruselas: regulaciones para empujar la transición… y evitar la fuga de carbono

La representante de la Comisión Europea, Delilah Al Khudhairy, recordó que la UE ya ha puesto sobre la mesa un paquete regulatorio muy exigente para el sector marítimo: inclusión del transporte en el EU ETS, aplicación de FuelEU Maritime desde 2025 y hoja de ruta de la Estrategia de la Economía Azul Sostenible.

Al Khudhairy señaló que el objetivo europeo es doble: reducir emisiones y, al mismo tiempo, evitar desventajas competitivas frente a otros bloques. De ahí el énfasis en instrumentos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y en acuerdos internacionales en el seno de la OMI.

Según su visión, sí existe tecnología para que la flota que opera en Europa acelere la transición –desde soluciones híbridas y eficiencia energética hasta combustibles alternativos–, pero hace falta señal de precio estable, fondos de apoyo a la primera ola de proyectos (“first movers”) y un marco que dé seguridad jurídica a armadores e inversores.

La voz de las navieras: la tecnología no basta sin modelos de negocio viables

Desde la International Chamber of Shipping (ICS), Simon Bennett aportó la perspectiva global de las navieras. Recordó que el sector se ha comprometido a la neutralidad climática en 2050, pero que el grueso de la flota mundial está formado por buques que seguirán en servicio 15 o 20 años más.

Bennett subrayó que ya existen buques piloto movidos por metanol, GNL o baterías en rutas cortas, y que la eficiencia operativa (optimización de rutas, reducción de velocidad, digitalización) puede recortar emisiones de forma inmediata. Pero advirtió de tres obstáculos:

1. Disponibilidad real de combustibles alternativos a escala global.
2. Coste muy superior respecto al fuel tradicional, que ninguna compañía puede asumir en solitario.
3. Riesgo regulatorio y fragmentación, si cada región del mundo aplica reglas diferentes.

Desde ICS se insiste en la necesidad de mecanismos financieros internacionales –fondos de transición, tasas globales sobre el carbono en el transporte marítimo, esquemas de “fuel standard” armonizados– que eviten una carrera de deslocalización hacia puertos y banderas más laxos.

Puerto de Huelva: la innovación portuaria como laboratorio de la transición

La experiencia más aterrizada llegó de la mano de Rocío Díaz Pereira, directora de La Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, primer hub de innovación abierta en un puerto español. Díaz explicó cómo el puerto onubense se está posicionando como banco de pruebas para soluciones aplicadas a la economía azul: sensórica, eficiencia energética, trazabilidad, logística inteligente o gestión de nuevos combustibles.

Insistió en que la transición tecnológica no ocurrirá solo en los buques: los puertos serán nodos críticos para el suministro de combustibles alternativos, la recarga eléctrica, la digitalización de la cadena logística y la formación de nuevos perfiles profesionales. La Lonja de la Innovación funciona como puente entre startups, industria y autoridades portuarias para acelerar proyectos reales, no solo “presentaciones en power point”.

El prisma del riesgo: aseguradoras y financiación como aceleradores o freno

El moderador, Jaime Fernández (AON), fue hilando las intervenciones desde una óptica poco visible pero decisiva: el riesgo técnico y financiero. Recordó que la adopción de nuevas tecnologías –desde motores dual fuel hasta sistemas de almacenamiento de hidrógeno– implica incertidumbres operativas, regulatorias y de responsabilidad civil que afectan a primas de seguros, condiciones de financiación y percepción de los inversores.

En ese marco, los instrumentos de gestión de riesgos, seguros adaptados y esquemas de partenariado público-privado pueden convertirse en catalizadores de la transición, siempre que haya información suficiente, datos de operación y marcos normativos claros.

¿Hay tecnología suficiente? Un “sí, pero” unánime

Al cierre de la mesa, el consenso fue amplio:

• Sí existen tecnologías maduras y en desarrollo para descarbonizar buena parte de la economía azul: nuevos combustibles, eficiencia energética, electrificación parcial, digitalización, captura de carbono en origen, etc.
• No basta con que existan: hay que producirlas a gran escala, abaratar costes, desplegar infraestructuras portuarias, formar tripulaciones y técnicos, y armonizar normas internacionales.

La Armada pide soluciones seguras y compatibles; los promotores de hidrógeno reclaman demanda y contratos a largo plazo; Bruselas marca objetivos y reglas; las navieras piden certidumbre y apoyo financiero; los puertos se ofrecen como laboratorios de innovación. Todos miran al mismo horizonte: una economía azul baja en carbono.

La respuesta a la pregunta inicial quizá se podría resumir así: la tecnología para la transición marítima no es ciencia ficción; el verdadero desafío es convertirla en rutina antes de que el reloj climático y geopolítico marque el tiempo de descuento.